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"Alcances de las facultad morigeradora de los jueces en el proceso concursal en relación a los créditos fiscales"




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"ALCANCES DE LAS FACULTAD MORIGERADORA DE LOS JUECES EN EL PROCESO CONCURSAL EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS FISCALES"
Ruben Ricardo Morcecian
Instituto de Derecho Comercial y de la Empresa del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes

AUTOS: DISPENZA HUMBERTO S/ INCIDENTE DE REVISION (188) (en autos Dispenza Roger y ot. s/ Quiebra Indirecta (del crédito de AFIP- DGI)) EXPTE: Nº 25567 Juzg. 3. Reg.: 202. Quilmes, 16 de octubre de 2007.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agréguese el dictamen que antecede, téngase presente. AUTOS y VISTOS: para resolver el presente incidente de revisión, de los que RESULTA: I. Que a fs. 45/53 se presenta el Sr. Humberto Dispenza revisionando el crédito de la AFIP-DGI declarado admisible en el proceso principal (art.36 LCQ), por los siguientes conceptos: deuda previsional: aportes y contribuciones RNSS y R.T. Autónomos; deuda impositiva : IVA, Bienes persona les, ganancias. Argumenta su petición en el hecho de que el organismo fiscal no prueba, con la emisión de boletas de deudas basadas en cálculos sobre bases presuntas, la causa de los créditos que insinuó. Asimismo, manifiesta -desconocer su carácter de contribuyente- que los intereses calculados a los montos debidos por impuestos, son excesivos y abusivos, dándose, en muchos supuestos, la figura del anatocismo. Plantea la inconstitucionalidad de las normas que los fijan, sin fundamentar el perjuicio que le genera ni la norma constitucional que vulneran. Acompaña cálculos por él efectuados respecto de cada uno de los conceptos, planilla de cálculo de intereses al 6% anual, y algunos recibos de pago de distintos impuestos, comprobante que da cuenta que desde el año 2005 se encuentra acogido al sistema jubilatorio, y ofrece la documental acompañada en oportunidad de plantear la observación del crédito del fisco (art. 34 de la ley 24.522). Por último, en atención a que se encuentra percibiendo el beneficio jubilatorio desde el año 2005, solicita que se declare la inadmisibilidad del crédito declarado admisible en concepto de Autónomos. II. Corrido que fue el pertinente traslado a la sindicatura y al acreedor, lo contesta parcialmente la Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 65, allanándose a lo solicitado por el concepto de Autónomos, manifestando haber reconocido ciertos pagos efectuados por el contribuyente. A su vez, solicita prórroga para contestar por el resto de los conceptos, y ratifica su presentación efectuada en oportunidad del art. 32 de la ley de la materia. III. A fs. 68/70 la sindicatura se presenta efectuando la contestación del traslado conferido, manifestando que la concursada -hoy fallida- no ofreció prueba, que debería estarse a la oportunidad en que el acreedor complete su contestación con la prueba de que intente valerse, para luego conferírsele traslado a los fines de emitir dictamen final. A fs. 83/99, sin que el acreedor hubiere completado su contestación en traslado, para lo cual oportunamente solicitara prórroga, la sindicatura emite dictamen final. Y CONSIDERANDO : I) Principio por señalar que, en cuanto a la defensa que introduce el hoy fallido en torno a la falta de acreditación de la causa a través de las boletas de deudas expedidas por órgano fiscal, tiene recientemente dicho nuestro más alto Tribunal provincial que, cuando como en el caso de autos, la deuda fue contraída por el fallido en virtud de las declaraciones juradas por él presentadas, implica un reconocimiento de la deuda y, además de ello, se encuentra avalada por los certifica dos de deuda suscriptos por funcionarios cuyos actos gozan del carácter otorgado por el art. 979 incs. 2 y 5 del Código Civil. Siendo ello así, cabe recordar que los instrumentos públicos hacen plena fe hasta que sean arguidos de falsos (art. 993, Código Civil), trámite que en autos no fue efectivizado. Partiendo de estas circunstancias, no se advierte que se haya incumplido el art. 32 de la ley 24.522 que impone la indicación del monto, causa y privilegios, siendo suficiente, a este efecto, la liquidación efectuada por el organismo nacional recaudador. Corresponde señalar que, aún admitiéndose la unilateralidad de las actuaciones administrativas, las acreencias correspondientes al decreto 93/2000 están basadas en el acogimiento del concursado al régimen de facilidades de pago establecido por el mencionado decreto, y efectivizado mediante la presentación de los formularios correspondientes que tienen el carácter de declaración jurada (en este sentido, C.N.Com., Sala C, 22XI1978, en La Ley , 1979A476; SCBA, Ac 88538 S 7-2- 2007 , Juez NEGRI (SD) AFIP DGI s/ Incidente de revisión en autos Garello s/ Concurso preventivo ), por lo que conduce a concluir que la liquidación efectuada, cumple con la exigencia del art. 32 de la ley 24.522 ya que, como tiene dicho el doctor Roncoroni sobre el tema, ..la exigencia de indicar la causa del crédito rige, en verdad, para los títulos abstractos (pagarés, cheques, le tra de cambio, etc.), pero no para los títulos causales, pues el título mismo porta la expresión sobre su génesis. Ante la liquidación de un tributo y la pretensión verificatoria, podrá objetarse que el impuesto fue pagado, que prescribió, que fue mal calculado, etc. Lo que no puede arguirse, es que se desconoce la fuente de la obligación...(sus votos en las causas Ac. 80.384, sent. del 24IX2003; Ac. 80.752, sent. del 29/X/2003). II) Zanjada la cuestión que precede, y vistas las constancias de autos y el meduloso trabajo efectuado por la sindicatura, conforme surge del profundo estudio efectuado por el experto de la causa y de la documentación oportunamente acompañada junto con el informe individual del art. 35 de la ley de la materia, adelanto que, en lo sustancial, no me apartaré del dictamen de fs. 83/99 al que -en honor a la brevedad y claridad- me remito, haciendo mías las conclusiones a las que arriba el experto (arts. 34, 36, 473 y ctes. del CPCC y 275 y ctes. de la ley 24.522). Asimismo, en atención al allanamiento efectuado por el órgano fiscal (v.fs. 65 vta.) en lo relativo al impuesto R.T Autónomos, corresponde que as sumas oportunamente declaradas admisibles por éste concepto, sean detraídas de las sumas debidas al fisco nacional, de clarándose su inadmisibilidad. Ahora bien, me detendré en el acápite de los intereses aplicados por el órgano fiscal nacional a los créditos de origen impositivo y previsional adeudados por el fallido. El revisionante, en su escrito postulatorio, se queja de lo abusivas que son las tasas de interés que fijan las leyes fiscales y, a todo evento, deja plante ada la inconstitucionalidad de las mismas (v. fs. 46 vta./47). Adentrándome en la cuestión planteada señalo que la pretensión traída por el incidentista requiere -de su parte- la demostración acabada de la forma en que la norma atacada vulnera la Constitución Nacional y, una vez cumplido tal extremo, hallo prudente requerirle que en su desempeño, señale de manera concreta el perjuicio o gravamen sufrido a raíz de su aplicación. Ello se justifica por lo sustentado por nuestra pacífica jurisprudencia, la que comparto en forma plena, que pos tula que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, al ser una medida de extrema gravedad, no debe ser acogida como remedio de la situación si hay otras alternativas igual de eficaces y menos gravosas que permiten dirimir la cuestión traída a los estrados judiciales. Por ello, el simple pedido de inconstitucionalidad de una norma, sin fundamentar tal reclamo, no puede habilitar su tratamiento. Sin embargo, tiene dicho el Señor Ministro de la Corte Provincial, doctor Roncoroni (Ac. 79.204, sent. del 6/V/2003), que la actuación de la facultad morigeradora de los jueces, no depende de una previa declaración de inconstitucionalidad cuando, como en este caso, la tasa de interés ha sido fijada no por la ley fiscal sino por la autoridad de aplicación en quien se delegó hacerlo (art. 42 de la ley 11.683 t.o. 1988, actual art. 37 del decreto 821/1998). Más aún, la facultad de la justicia para reducir un interés que considere excesivo, se funda en el principio de que nada contrario al orden público y a las buenas costumbres puede tener amparo judicial. Ello así, incluso, si no media observación, pues el tribunal no puede aprobarla si sus rubros no se concilian con la moral y las buenas costumbres (cf. voto Roncoroni en Ac. 85.055, sent. de 24/III/2004). Dispone el art. 42 citado que La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percep- ciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengarán desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un resarcitorio , añadiendo que La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , interés que ... no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina... . Ahora bien, aún cuando se trata de una tasa resarcitoria de origen legal determinada por delegación, destinada a reparar los daños que la sociedad sufre derivados del incumplimiento del contribuyente, ella no se encuentra al margen del control jurisdiccional. Dicho control puede ser ejercido, obviamente, en el proceso concursal, porque también resulta evidente que, por tratarse de resolver y superar los efectos de la insolvencia patrimonial, aquél se encuentra más justificado aún (conf. S.C.J. de Mendoza, Sala I, 9/XII/1999, in re Pierandrei, Roberto y otros s/ Concurso preventivo s/ Revisión, en Jurisprudencia Argentina del 3/I/2001, págs. 66 y ss.; C.N.Com. Sala C, 23/VI/2000, Zonda Express S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de revisión por la D.G.I. , citado por RIVERA, ROITMAN Y VITOLO, Ley de concursos y Quiebras, Tomo I, p. 240; C.N.Com., Sala A, 16/VI/2000, Asistant SA s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión por D.G.I. y D.G.A. , citado por RIVERA, ROITMAN Y VITOLO, Ley de concursos y Quiebras, tomo I, p. 241; C.N.Com., Sala E, 29/IX/2000, Pedro Works y Cía. S.R.L. s/Concurso preventivo s/ incidente de revisión por D.G.I. en Revista de Sociedades y Concursos, nº 7, p. 191). Considero que las tasas de interés cuya aplicación pretende la AFIP, que resultan de diferentes resoluciones del organismo, en el caso bajo análisis no responden adecuadamente al parámetro de equidad consagrado por la Carta Magna (art. 4) y, precisamente, la falta de equidad constituye suficiente causal invalidante de las mismas. Por lo expuesto, y en un todo de acuerdo con la propuesta del doctor Roncoroni en su observación al fa llo en la causa A.F.I.P.-D.G.I. s/ Incidente de revi sión en autos: Hugo Santiago e Hijos S.A. s/Concurso preventivo. (SCBA, Ac 93514 S 8-3-2007), entiendo que tratándose de una contribución nacional, la tasa que debe aplicarse es la activa que por períodos mensuales informó el Banco de la Nación Argentina para el lapso comprendido entre la fecha de constitución en mora del deudor y la fecha de su presentación en concurso pre ventivo (arts. 19, ley 24.522; 279, C.P.C.C.), por ser ésta, a mi entender, la que mejor consulta los intereses generales comprometidos cuando un contribuyente no cumple, en término, con sus obligaciones fiscales. Por lo que habré de decidir que a los montos de capital debidos por el fallido, y que fueran calculados por la sindicatura en base a los pagos parciales efectuados por el deudor y oportunamente receptados por el organismo fiscal, se les deberá aplicar en concepto de intereses, la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días -tasa activa-, sin capitalizar (conf. art. 623 del Cód. Civ.), en los distintos períodos comprendidos entre la fecha de mora y su presentación en con curso, debiendo, una vez firme la presente, serán calculados por el órgano sindical. III. COSTAS: En atención a la forma en que se resuelve el presente incidente y la forma en que devinieron los hechos, las costas deberán ser soportadas en el orden causado (arts. 68, 69 del CPCC). Por lo expuesto, lo normado por los arts. 953, 979 del Cód. Civ., arts. 19, 37, 274, 275 de la ley 24.522, arts. 34, 36, 384, 385 del CPCC, jurisprudencia y doctrina cita das, RESUELVO: I) Hacer lugar, parcialmente, al incidente de revisión deducido por el fallido y, en consecuencia, declarar admisible el crédito de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el pasivo del deudor, por las siguientes sumas, conceptos y privilegios: $ 103.401,31 en concepto de capital intimado y fuera de los Decretos 93 y 863/00 y capital caducidad de los Decretos mencionados, con privilegio general (art.246 de la ley 24.522), con más los intereses sobre dicho capi tal, calculados a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días, sin capitalizar, en sus distintos períodos de aplicación, desde la fecha de mora del deudor hasta su presentación en concurso preventivo, esto es, hasta el 28/3/06, con carácter quirografario. II) Consentida, o firme la presente, encomendar a la sindicatura a que en el plazo de cinco días, acompañe liquidación de los intereses sobre el capital de clarado admisible, conforme las pautas que preceden. III) Imponer las costas en el orden causado por los fundamentos dados en el considerando IIII. (art. 69 CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR SECRETARIA. DIANA IVONE ESPAÑOL. JUEZA En /10/07 se libraron tres cédulas a la AFIP, Dispenza y sindicatura por Quilmes.-------
Sumario:

I)Introducción . El fallo en análisis.-

II) Distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales.

III) Nuestra posición.-





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