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Aroldo wilson quiroz monsalvo




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ANTECEDENTES
1. La promotora, sin hacer petición concreta, reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.
2. La queja constitucional se sustenta, en síntesis, en lo siguiente:
2.1. El 16 de septiembre de 2014 la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad promotora inmobiliaria TU CASA Ltda.
2.2. Indicó la accionante que era proveedora de la promotora inmobiliaria TU CASA Ltda. en liquidación, siendo su acreedora desde el año 2009 de un crédito de $331.736.682, el que constaba en un pagaré, en el que pactaron el 2% de interés mensual, empero, ante el incumplimiento en el pago del mismo, celebró un acuerdo extrajudicial en la reorganización de dicha sociedad, el que tampoco fue observado.
2.3. Señaló que previamente había promovido un juicio ejecutivo, el que cursaba en el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá y fue suspendido para vincularlo al proceso de insolvencia.
2.4. Adujo que en el proyecto de graduación y calificación de créditos, su acreencia fue reconocida como de cuarta clase por $331.736.682, «indicándose que dentro de los créditos postergados igualmente aparecían los intereses del precitado capital», y en la audiencia de 10 de marzo de 2015 fueron aprobados dichos créditos, ordenándole al liquidador proceder con la venta de activos del inventario (folio 138, cuaderno 1).
2.5. Sostuvo que en la audiencia de 6 de diciembre de 2016, la que tenía como objeto la confirmación de la adjudicación de bienes, «la juez» dispuso iniciar un trámite incidental para el pago de intereses, estableciendo «un nuevo momento procesal inexistente en la ley, que implicaba imponer una nueva carga procesal a los acreedores para que nuevamente se acreditara[n] [l]a existencia de los créditos, a pesar de haber sido reconocidos en el mismo proceso e incluso pagados» (folio 138, cuaderno 1).
2.6. Refirió que para dicho trámite «la juez» únicamente concedió diez días para demostrar la existencia del crédito y aportar las pruebas, decisión que fue notificada en estrados, pero como no acudió a la audiencia porque estaba anunciada como de confirmación de adjudicación de bienes, no conoció oportunamente del lapso otorgado.
2.7. Relató que solo hasta el 13 de enero de 2017 presentó la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios, pero la misma fue denegada el 3 de febrero siguiente por extemporánea, decisión que recurrió en reposición, pero que se mantuvo en auto de 23 de marzo.
2.8. Aseveró que el 30 de enero de 2017 el liquidador presentó una nueva liquidación de intereses, excluyendo los suyos, la cual fue objetada dentro del término, pero fue rechazada en la audiencia de 4 de mayo aduciendo las mismas razones de ausencia de tempestividad.
2.9. Afirmó que el término que le otorgaron para demostrar la existencia del crédito y aportar las pruebas, era un periodo que carecía de sustento legal, pues en la Ley 1116 de 2006 no se prevé la necesidad de volver a acreditar el derecho sobre el capital para liquidar y reconocer intereses; y se desconoció el derecho a percibir réditos sobre la deuda, tal como lo prevé el artículo 1617 del Código Civil, sin justa causa.
2.10. Manifestó que se crearon nuevas etapas procesales, lo que condujo a que no pudiera ejercer su derecho sustancial de percibir intereses sobre un crédito reconocido y pagado dentro del mismo proceso de liquidación; existe un perjuicio irremediable, ya que pagadas todas las obligaciones, los recursos estarían disponibles para los socios.
2.11. Aseguró que lo único exigible para el reconocimiento de intereses es la acreditación del derecho sobre el capital, lo que ya había sido admitido en la calificación y graduación de créditos; la Superintendencia acusada ha precisado que los acreedores tienen derecho al pago de réditos si hubiere saldo después de cancelarse el capital.

2.12. Agregó que se transgrede la igualdad, al desconocer el derecho reconocido por la ley de percibir intereses «aduciendo un formalismo excesivo»; prevalece el derecho sustancial sobre las formalidades de los procesos de liquidación (folio 148, cuaderno 1).

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