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Aroldo wilson quiroz monsalvo




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LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal constitucional negó el amparo al considerar que la sociedad accionante no hizo uso de los mecanismos de defensa con los que contaba frente a la determinación de conceder un término a los acreedores para que presentaran ante el liquidador los documentos del crédito, pues la misma gestora admitió que ni siquiera acudió a la audiencia en la que se profirió tal determinación y que presentó la solicitud de intereses moratorios solo hasta el 13 de enero de 2017; que no se evidencia una circunstancia excepcional, como fuerza mayor o caso fortuito, que pusiera a la demandante en situación de indefensión o imposibilidad para hacer uso de dichos mecanismos, sin que se considere como tal la sola circunstancia que se hubiese convocado a la audiencia del 6 de diciembre de 2016 solamente para la confirmación de adjudicación de bienes, ni la falta de conocimiento del plazo, pues es deber de las partes estar atentas a las resultas del proceso, así como concurrir al despacho cuando sean citados por el fallador y acatar sus órdenes, razones por las que no existe justificación real alguna que le impidiera a la accionante cuestionar la decisión ahora controvertida.
Agregó que la determinación criticada fue justificada razonablemente; ningún reproche merece el término que la funcionaria señaló, pues el artículo 117 del Código General del Proceso dispone que a falta de uno legal, el juzgador señalará el que estime necesario; que dicha determinación es oportuna, pues la Ley 1116 de 2006 prevé que el liquidador no solo procederá a la entrega material de los bienes, sino que vencido un término de cinco días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación, el auxiliar de la justicia presentará una rendición de cuentas finales de su gestión; y la aplicación de las citadas normas se encuadra dentro de una hermenéutica razonable.


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