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GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea 2da. Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 1263
4 DE OCTUBRE DE 2017
Presentado por el representante Alonso Vega
Referido a las Comisiones de Asuntos del Consumidor,

Banca y Seguros; y de lo Jurídico


LEY
Para crear la “Ley para el Bienestar Social y Alivio Económico en Ocasiones de Desastres Naturales”; para establecer el procedimiento para que el Gobernador de Puerto Rico pueda activar en ocasión de desastres naturales, las disposiciones de esta Ley y requerir que todas las instituciones bancarias o financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico, establezcan un plan de repago que permita al deudor satisfacer la totalidad de los pagos de préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas y tarjetas de crédito que vencieran dentro del periodo comprendido entre la fecha del desastre natural y los posteriores noventa (90) días; y para prohibir que las instituciones bancarias o financieras cobren a sus clientes recargos por pagos tardíos en préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas y tarjetas de crédito, y/o realicen gestiones de cobro, incluyendo procedimientos judiciales en cobro de dinero y ejecución de hipoteca.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los problemas socio-económicos ya existentes en Puerto Rico, se agudizan aún más a consecuencia de los desastres naturales que azotaron la Isla durante el mes de septiembre. La magnitud de la destrucción causada por estos fenómenos atmosféricos, provocó que quedasen al descubierto muchas de nuestras penosas realidades: un país dónde más del 46% de la población está bajo los niveles de pobreza; una Isla que importa el 85% de lo consume con sujeción a las condiciones onerosas de las Leyes de Cabotaje; una economía local que se ha estado contrayendo durante una década, que ha producido un flujo constante de puertorriqueños emigrando hacia los Estados Unidos; un proceso de quiebra que intenta reducir la carga de $74 billones que adeuda el Gobierno de Puerto Rico; un sistema de pensiones insolvente; una población en declive que no hace más fácil sufragar la deuda que se queda atrás, entre otras realidades.
Recientemente, el pueblo de Puerto Rico ha pasado por el peor desastre natural en su historia moderna. La devastación que dejó el huracán María fue catastrófica. La destrucción a la infraestructura eléctrica, vial, portuaria y de vivienda -por mencionar unas pocas- ha sido tan impactante que el tiempo de recuperación es indefinido. El Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, declaró que un desastre mayor existe en Puerto Rico y ordenó asistencia federal para suplementar los esfuerzos de recuperación local en las áreas afectadas por el Huracán María.
Nuestro Pueblo, necesita recuperarse económica y financieramente del férreo embate de estos fenómenos climatológicos. Es nuestro deber como Asamblea Legislativa promulgar una ley que viabilice esa recuperación. Esto, aunque el alcance de la pieza legislativa trastoque de algún modo u otro, ciertas obligaciones contractuales de naturaleza privada.
Como respuesta para proteger a las personas que han sido adversamente afectadas por los efectos de los fenómenos atmosféricos más recientes, esta Asamblea Legislativa entiende prudente que los residentes bona fide de Puerto Rico reciban un tiempo adecuado para normalizar sus finanzas personales y que aquellos que tienen obligaciones de pago por préstamos personales, préstamos de auto, hipotecas y por tarjetas de crédito con instituciones financieras en Puerto Rico, puedan aplazar sus pagos sin ser que se les impongan cargos por mora o que la institución rinda un informe negativo a las agencias de crédito. Asimismo, entendemos indispensable para la consecución del bienestar de nuestro Pueblo, que las instituciones paralicen cualesquiera procesos de ejecución de hipoteca y cobro de dinero.
Nuestra ley suprema contiene una cláusula que limita la facultad de esta Asamblea Legislativa para aprobar estatutos que menoscaben las obligaciones contractuales existentes. La Sección 7 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado, dispone que “no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales”. También, la Constitución de Estados Unidos contiene una disposición análoga que establece que: “No state shall ... pass any ... law impairing the obligations of contracts.” Art. I, Sec. 10, Const. E.E. U.U., U.S.C.A. Const.; L.P.R.A., Tomo 1.
El origen de nuestra cláusula fue el Art. 2 de la Ley Jones de 1917, específicamente sus párrafos primero y quinto. Se decidió incorporar a nuestra Constitución esta norma, sin enmiendas, porque los asesores de la Convención Constituyente lo recomendaron para evitar que se originaran malas interpretaciones que perjudicaran “las medidas encaminadas a traer inversiones y fomentar la producción en todos sus aspectos” R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, págs. 858–859.
El propósito de esta disposición es asegurar la estabilidad en las relaciones contractuales, porque se consideran un valor social importante que requiere la protección de nuestro ordenamiento. Menoscabar las obligaciones contractuales implicaría modificar las consecuencias legales de lo pactado, en perjuicio de una de las partes contratantes. En otras palabras, no existiría certeza de lo pactado, ni habría fundamento racional para los actos o negocios jurídicos. Tal situación, provocada por la acción legislativa, resultaría en la desconfianza de las partes contratantes y en la desestabilización de la sociedad. Domínguez Castro v. ELA, 178 D.P.R. 1 (2010); a la pág. 132.
Sin embargo, este principio de protección de las obligaciones contractuales no es absoluto, porque tiene que ser balanceado con el poder de reglamentación del Estado. Es decir, debe existir una relación consistente entre la búsqueda de certeza en las contrataciones que persigue la limitación constitucional y la excepción a la norma, fundamentada en el poder que tiene el Estado para reglamentar medidas que salvaguarden el bienestar de la sociedad. De lo contrario, se perdería el objetivo de las garantías constitucionales de proteger al ciudadano contra las actuaciones arbitrarias e irrazonables sostenidas mediante el palio del poder soberano del Estado. Domínguez Castro v. ELA, supra.
Es imperativo reconocer que no todo menoscabo contractual viola la garantía constitucional. Al analizar si un estatuto viola la cláusula de menoscabo de las obligaciones contractuales es necesario referirnos a la interpretación que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha realizado de este precepto, puesto que ésta representa el mínimo de protección que nuestro ordenamiento le puede proveer a los ciudadanos. Claro está, siempre considerando que “nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la Constitución federal con respecto a derechos tales como la prohibición del menoscabo de obligaciones contractuales”. Domínguez Castro v. ELA, supra.
La jurisprudencia ha elaborado un análisis para determinar si una legislación es inconstitucional, a la luz de la cláusula de menoscabo de las obligaciones contractuales. El primer paso en este análisis conlleva identificar el tipo de relación contractual afectado, en términos de si el contrato es estrictamente entre partes privadas o si el Estado es una de las partes contratantes. AMPR v. Sistema de Retiro, 190 D.PR. 854 (2014). El segundo paso es evaluar si la modificación que la medida legislativa provocó en el contrato es sustancial o severa. United States Trust Co. v. New Jersey, 431 U.S. 1 (1977); págs. 21 y 22.
En el caso de los contratos privados, el tercer paso requiere examinar si el interés que persigue el gobierno con el estatuto es legítimo, como lo sería si la medida tuviera la finalidad de resolver un problema económico o social general. Finalmente, se utiliza un criterio de razonabilidad para evaluar si existe una relación razonable entre el interés del Estado y el medio seleccionado para lograrlo. Se trata de “un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes”. Respecto a la evaluación de razonabilidad de una ley, el Tribunal Supremo federal le ha conferido deferencia al juicio legislativo. Domínguez Castro v. ELA, supra; a la pág. 134.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la ocasión de expresarse anteriormente sobre este particular en el caso Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 386 (1973):
Nos merecen profundo respeto las declaraciones legislativas sobre los males sociales que el legislador intenta remediar. Pero tales expresiones deben estar fundadas en hechos de conocimiento general y no constituir un mero fíat legislativo.
Ciertamente, el Estado debe tener la libertad para ejercer su poder de reglamentación y de esta forma, proteger los intereses de los ciudadanos y salvaguardar el bien común. Aún a pesar de las ayudas federales extendidas, el País se halla al filo de una crisis humanitaria. El estado de vulnerabilidad en el que nuestro País y nuestra gente ha quedado –y pudiese quedar– expuesto tras el embate de un desastre natural, es claro e incuestionable.
Esta Asamblea Legislativa estima razonable e indispensable la aprobación de esta medida para que nuestros constituyentes puedan hacer frente a los problemas sociales y financieros que se derivan de los fenómenos atmosféricos. Sólo así, nuestro pueblo tendrá las herramientas para mitigar las consecuencias económicas y emocionales inmediatas que resultan de los desastres naturales, al mismo tiempo que, reganen la confianza en la capacidad de recuperación de nuestro país.
En lo aquí pertinente, cabe puntualizar que desde principios del siglo pasado, se aprobaron disposiciones cónsonas con el espíritu de esta medida, cuya aplicación estuvo pensada para situaciones como las que atraviesa nuestra Isla hoy. Así las cosas, el Artículo 48 de la Ley de Bancos, Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, dispone que en caso de:
“periodos recesionarios o de depresión que afecten en un alto grado la estructura económica y monetaria del país con su consabido efecto desfavorable sobre la banca, el Gobernador podrá proclamar un estado de emergencia y tomar las medidas de emergencia con relación a los bancos para la protección del público y los mejores intereses de Puerto Rico”. 7 L.P.R.A. sec. 204(a).
No se debe escatimar esfuerzo alguno para crear las circunstancias óptimas bajo las cuales Puerto Rico pueda comenzar el camino de reconstrucción y desarrollo económico. Los pactos sociales entre los diversos componentes de un pueblo no deben deshacerse sino expandirse hacia nuevas fronteras de justicia social. Nuestros retos económicos no pueden ser solventados ignorando la situación que enfrentan nuestros ciudadanos. Ante los nuevos retos, son necesarias nuevas medidas de bienestar social.

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