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Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014

  • BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014



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    BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014
    Se reanuda la sesión a las nueve horas.
    El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
    4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.
    4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE GARANTICE LA PRESTACIÓN SANITARIA DE TODOS LOS ESPAÑOLES DESPLAZADOS AL EXTRANJERO.

    (Núm. exp. 671/000108)

    AUTOR: GPS
    El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.
    El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado enmiendas.

    En el turno a favor tiene la palabra el senador Varela.


    El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

    Señorías, desde hace unos meses, los últimos meses del pasado año, venimos observando que el Gobierno desarrolla una amplia batería de medidas gubernamentales y también actuaciones que traslada a las Cámaras, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, en relación con la condición de la residencia de los españoles y con la asistencia sanitaria cuando nos encontramos fuera de nuestro país.

    Y lo cierto, señorías, es que, según las propias afirmaciones del Partido Popular y de la señora ministra, se trata de no modificar nada para no menoscabar ningún derecho; pero el artículo 3, que hace referencia a los titulares de los derechos en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ha sufrido en los últimos tiempos reiteradas modificaciones. Modificaciones que se realizan mediante el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por el que pasa a denominarse “de la condición de asegurado”, que por fuerza habrá de considerarse más restrictiva que la anterior. Modificaciones que se realizan mediante el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España. Modificaciones que se realizan mediante la disposición final vigésimo octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Modificaciones que se realizan mediante la disposición final decimoprimera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y que introduce el requisito de residencia en España respecto de la regulación anterior. Y modificaciones que se realizan por los efectos que esta última tiene con la disposición final cuarta, apartado séptimo, de pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos de la propia Ley 22/2013, que establece el límite máximo de residencia en el extranjero en noventa días al año para mantener el derecho a las prestaciones sanitarias.

    Pues bien, después de todas estas modificaciones, de todas estas actuaciones del Gobierno, en el Pleno anterior preguntamos a la ministra, la señora Mato, cuál es el objetivo de esta abultada batería de actuaciones y modificaciones legislativas a instancias del Gobierno, y la respuesta fue que la intención de todas estas medidas, de todas estas actuaciones era que no tuvieran ningún efecto. Eso nos dijo la señora ministra. Sí, señorías, todo este diseño, todas estas actuaciones dirigidas por el Gobierno, concienzudas, estudiadas, todo ese esfuerzo es para no afectar a nada ni a nadie, según nos dice el Gobierno. Tantas molestias, total, para nada. Cosas de la señora ministra que, como saben, tiene cierta tendencia a relativizar las cuestiones de importancia.

    Cualquier ciudadano medianamente racional, incluso podemos incluir en ese grupo al senador de esta Cámara que está defendiendo esta moción, debe pensar que todo esto tiene una intención, que se hace para algo, que se pretende algo con esa serie de actuaciones. Y mi grupo y este senador, en nuestra estulticia, no somos capaces de entender qué es lo que nos está diciendo la señora ministra cuando toda esta batería de medidas no va a tener ninguna consecuencia. Pensamos que sí. Sabemos que sí, y ya está empezando a tener consecuencias. Sabemos que tiene consecuencias sobre las personas, sobre sus vidas, sobre su salud, sobre su futuro. No nos ha convencido la señora ministra. No nos ha convencido porque, por mucho que pretenda, esta regulación no es un límite a los trabajadores extranjeros que han abandonado nuestro país en evitación de un fraude. Lo cierto es que la última regulación normativa tiene carácter genérico, por cuanto se refiere al beneficiario, sin otra especificación en relación con la nacionalidad.

    Hablando en plata, señorías, se han puesto en marcha una serie de medidas destinadas a que los trabajadores españoles que hayan agotado su prestación por desempleo o su subsidio o situación asimilada no puedan tener asistencia sanitaria en el extranjero si permanecen más de noventa días fuera, se trata de trabajadores que pueden estar buscando un empleo durante ese periodo, trabajadores que pueden estar en una formación no reglada o convalidada con la formación en España, y que se van a encontrar en una situación de absoluta indefensión, porque estos trabajadores que están fuera...


    El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
    El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

    Como decía, estos trabajadores que están fuera, desgraciadamente, no tienen capacidad económica para disponer de otro tipo de asistencia sanitaria que no sea la que le pueda facilitar su derecho de haber cotizado en España durante mucho tiempo y de ser ciudadano español. Es una medida destinada a ese efecto, y por ello presentamos esta moción, para evitar que eso se pueda producir.

    Muchas gracias.
    El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

    Turno en contra.

    Senador Rubio, tiene la palabra.
    El señor RUBIO MIELGO: Gracias, señor presidente.

    Buenos días, señorías.

    Señor Varela, voy a intentar explicar, una vez más, los motivos y el alcance de las disposiciones aprobadas recientemente y que su grupo solicita derogar en esta moción, que ya le anticipo que nosotros no vamos a apoyar.

    Las modificaciones aprobadas por el Gobierno hasta la fecha han estado dirigidas a facilitar la extensión de la cobertura sanitaria a todos los españoles y a los residentes en España hasta hacerla prácticamente universal; algo que, por cierto, no ocurría antes de 2012, cuando ustedes gobernaban, ya que en aquella época existían amplios colectivos, como eran los desempleados de larga duración, que habían agotado sus prestaciones, o los profesionales liberales, que no tenían reconocido el derecho a la asistencia sanitaria.

    Con las diferentes modificaciones que ha mencionado usted de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se han establecido los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para acceder a las condiciones de asegurado o de beneficiario. Y en el artículo 3 modificado se establece que tienen derecho a la asistencia sanitaria los trabajadores, los pensionistas, los perceptores de cualquier prestación periódica de la Seguridad Social y las personas que, habiendo agotado la prestación por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, se encuentren en situación de desempleo, no acrediten la condición de asegurado por cualquier otro título y residan en España.

    Pero es que, miren, señorías, a mayores, por si hay alguna duda, además, en aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del espacio económico europeo o de Suiza que residan en España y aquellos extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente. También en dicha ley se regula la asistencia sanitaria a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, quienes recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: de urgencia, por enfermedad grave o accidente cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; de asistencia al embarazo, parto y postparto, y, en todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

    Como puede comprobarse, existe una cobertura prácticamente universal para todos los españoles y ciudadanos comunitarios extranjeros con autorización para residir en España y una cobertura de las más solidarias de Europa para los inmigrantes en situación irregular, y digo prácticamente universal porque solamente puede dejar fuera a aquellos ciudadanos que tengan unos ingresos superiores a 100 000 euros.

    Aclarado este punto, que considero fundamental, hay que decir que se estaban produciendo situaciones concretas de fraude de ley consistentes en que ciudadanos extranjeros, una vez agotado su derecho a la prestación por desempleo, abandonaban España en dirección a su país de origen o a cualquier otro país de la Unión Europea solicitando y obteniendo la tarjeta sanitaria europea, que les facilitaba la atención sanitaria en el país de destino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esto contribuía a que nuestro Sistema Nacional de Salud llegara a erigirse en un sistema internacional, algo que, como sus señorías pueden comprender, no nos podemos permitir.

    Para finalizar esta intervención quiero poner de manifiesto que con las modificaciones emprendidas, siempre en aplicación de los reglamentos 883/2004 y 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social y sus normas de aplicación, los ciudadanos españoles que se desplacen temporalmente al extranjero en ningún caso –repito, en ningún caso- pierden el derecho de asistencia sanitaria en España.

    Usted se refiere en su moción a la portabilidad a otros países del derecho de asistencia. En este sentido y de forma general los ciudadanos españoles que se desplacen temporalmente a países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, incluida Suiza, cualquiera que sea el motivo, tienen garantizada la asistencia a través de la tarjeta sanitaria europea o del certificado provisional sustitutorio. Y más concretamente, los ciudadanos que se encuentren en paro y hayan agotado las prestaciones por desempleo o similares, cuando salen a un Estado miembro de la Comunidad, tienen garantizada la asistencia durante tres meses a través del certificado provisional sustitutorio, tiempo que puede considerarse prudencial para la búsqueda de un empleo. Pero en caso de que permanezcan más tiempo fuera de España, y solo hasta su regreso, la asistencia sanitaria será la que corresponda al aplicar la legislación del país de residencia, siempre de acuerdo con los reglamentos comunitarios que he mencionado anteriormente, como ocurre en nuestro país.

    Muchas gracias. (Aplausos.)
    El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.

    Pasamos al turno de portavoces.

    Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.
    El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

    Como ocurre en tantas ocasiones, a lo largo del discurso político con el que se justifica una medida adoptada por el Gobierno se va produciendo una evolución que puede llevar a que, transcurrido no mucho tiempo, nos olvidemos de cuáles son los motivos y las razones de esa decisión. Ni el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su turno en contra, ni la ministra en la interpelación del Pleno anterior destacaron lo que aparece escrito en la memoria económica que sirve de base a esta decisión: se busca un ahorro económico, estamos ante un nuevo recorte en el gasto sanitario. ¿Y quiénes son los damnificados en este caso? Se insiste mucho en que en la búsqueda de ese ahorro económico, que supone una reducción del principio de universalidad del sistema, quiérase o no, se excluye de la cobertura del sistema a un colectivo, el de los trabajadores españoles que han agotado la prestación y que salen de nuestro país por un tiempo superior a noventa días, y se trata de impedir que otros ciudadanos que no tienen la nacionalidad española puedan verse beneficiados por una cobertura sanitaria con cargo a las arcas del Estado español. Pues bien, si ese hubiera sido el único objetivo, ¿por qué se mete a los españoles en el mismo paquete? ¿Por qué se regula de forma expresa en relación con los ciudadanos españoles que se encuentran en esa situación?

    En primer lugar, no nos vale como argumento que en caso de que se vayan a la Unión Europea contarán con cobertura durante el tiempo de vigencia de la tarjeta sanitaria europea, y después la que corresponda en el Estado en el que se encuentren. ¡Solo faltaría que no se les aplicara la legalidad vigente a los españoles, a los italianos o a los franceses cuando estén en un Estado de la Unión que no sea el suyo! Eso no es mérito del Gobierno de España; forma parte de las reglas del juego de la Unión Europea, y la legislación española no está en condiciones ni de mejorarlo ni de empeorarlo, se escapa a la competencia de esta Cámara y a las decisiones del Gobierno de España.

    Esta medida va a afectar a un número cada vez más importante de ciudadanos, porque además la Unión Europea no es el único destino de los parados españoles que emigran. Por suerte, o por desgracia –en la mayoría de los casos lamentablemente por desgracia−, nuestros emigrantes tienen que buscarse la vida cada vez más lejos, en América. Estados Unidos es uno de los destinos que está recibiendo más emigrantes, por detrás de Francia y del Reino Unido, y, desde luego, el sistema sanitario norteamericano no es precisamente un ejemplo; pero incluso a Asia también están emigrando los españoles. Cierto es que no tenemos el boom de la emigración de los años sesenta, cuando dos millones de ciudadanos españoles salieron de nuestro país, pero empieza a ser un fenómeno importante.

    Según la Fundación la Caixa, si no fuera por la emigración, el paro en España sería hoy del 27,9%, como en Grecia. Las fuentes oficiales hablan de que entre 2008 y 2012 se habrían marchado buscando trabajo 225 000 españoles. Son datos parciales, porque los que van a la Unión Europea normalmente no realizan el trámite de inscribirse en la oficina consular. Otras fuentes hablan de entre 460 000 y 700 000. En el primer semestre de 2013, según el Instituto Nacional de Estadística, salieron de nuestro país 39 690 españoles, representando un incremento del 26,3% sobre el semestre anterior. El estudio Randstad de 2013 refleja que el 65% de los jóvenes españoles estaban dispuestos a emigrar, no porque de repente tuvieran una vocación de viajar sino porque no veían expectativas de vida en nuestro país; eso representa 10 puntos más que el año anterior,

    Por tanto, estamos ante un problema que cada vez es más serio, y precisamente porque el Gobierno detecta que el problema es cada vez más serio toma medidas para que no suponga un coste, y aplica ajustes y recortes que reducen el carácter universal de la asistencia del sistema público nacional de nuestro país y que deja a un colectivo de españoles fuera de esa cobertura.

    Gracias.
    El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

    Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.


    El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño, con su permiso.

    Nosotros, en principio, vamos a estar a favor de la moción, no tanto por el detalle sino por una cuestión conceptual, como ha dicho también el senador Iglesias.

    El paso del sistema de sanidad universal al sistema de sanidad por aseguramiento nos lleva a tener que hacer este tipo de ajustes, que pueden estar bien o pueden estar mal, pero, evidentemente, van contra el concepto que nosotros hemos defendido en esta sala y que también estamos defendiendo por las responsabilidades de gobierno que nos toca ejercer. Eso no quita para que no se persiga el fraude y las malas prácticas, evidentemente, pero hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer es montar una norma general pensando en los casos particulares. Además, en este caso, viendo que no existe consenso al valorar los cambios efectuados en sanidad, hacerlo a través de una disposición adicional en los presupuestos generales no ayuda precisamente a que se acepten estos cambios.

    Por lo tanto, anunciamos que vamos a votar a favor de la moción.

    Muchas gracias, señor presidente.
    El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

    Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.


    El señor BRUGUERA BATALLA: Con la venia, señor presidente. Señorías, buenos días.

    Hace unos años una chica joven, después de terminar sus estudios universitarios, decidió viajar y estuvo cerca de un año recorriendo Centroamérica. Esta chica joven tuvo un problema al cabo de unos meses y recibió asistencia sanitaria. Pues bien, esta chica joven, mi propia hija, si hoy hiciese lo mismo, transcurridos los tres meses podría ir al médico, por supuesto, pero pagándolo de su bolsillo.


    I és que la seva reforma sanitària, senyories, més enllà de les retallades econòmiques, la privatització de serveis, l’augment de les llistes d’espera, la reducció de professionals i la precarització de la seva feina, ha comportat també l’expulsió del sistema de més de 800 000 persones, 800 000 persones que s’han quedat sense coberta sanitària: una punyalada al principio d’universalitat del nostre sistema sanitari. I la moció conseqüència d’interpel·lació que ha defensat el senador Valera posa sobre la taula una segona punyalada que incrementarà encara més aquesta escandalosa xifra de persones, espanyols, que quedaran sense la targeta sanitària.

    Ja s’ha comentat, una disposició final –a part de moltes altres modificacions– a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, a la qual, per cert, el nostre grup parlamentari, i altres grups parlamentaris, tot sigui dit, hi va presentar una esmena posant sobre la taula aquest problema i aquestes esmenes no van ser ateses pel grup majoritari, doncs bé, aquesta disposició final el que regula és el sistema d’assegurat i acaba –no ho torno a llegir, perquè ja ho ha llegit el senador del Grup Popular– amb la coletilla “residir en España”. I aquí comença el problema, a “residir en España”, és a dir, els estudiants espanyols, els milers d’espanyols especialment joves que intenten guanyar-se la vida i trobar feina fora del nostre país, els cooperants espanyols que estan fent una feina extraordinària fora del nostre país, els espanyols que per qualsevol circumstància són fora del nostre país, si són aturats de llarga durada o han perdut les prestacions o la pensió mínima, si resten fora de l’Estat espanyol més de tres mesos, de noranta dies, perden la targeta sanitària i, per tant, l’assistència sanitària.

    Efectivament, el Govern ho argumenta sobre la base de lluitar contra l’ús i l’abús, contra el frau de llei que representa que estrangers que marxen del nostre país a un altre país de la Unió Europea o fins i tot tornen a casa seva al seu país d’origen continuen utilitzant d’una manera fraudulenta la targeta sanitària espanyola. Evidentment, contra això s’ha de lluitar i estic d’acord amb el que ha dit el senador Cazalis, però això creiem que d’alguna manera ja queda regulat al Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost.

    Per tant, hi ha dues explicacions possibles, des del nostre punt de vista, només n’hi ha dues. O bé es tracta d’un error involuntari, no desitjat, un perjudici i una conseqüència no desitjada ni volguda pel Govern, o bé el Govern atempta greument contra la coberta sanitària universal dels espanyols. Si es tracta del primer cas, la solució és relativament senzilla, fàcil: votar a favor d’aquesta moció conseqüència d’interpel·lació i retirar la coletilla “residir en España” de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i d’altres normatives.

    Vostès trobaran altres arguments, però jo els en dono un parell o tres: No ho havíem previst; no era la nostra voluntat; de savis és rectificar, etc. Del contrari, si aquesta moció no s’aprova perquè el Grup Parlamentari Popular hi vota en contra, si no rectifiquen, quedarà clara la seva voluntat de limitar la cobertura sanitària universal a una part important, o una part almenys, dels ciutadans del nostre país, que és en definitiva el que nosaltres sospitem, el que creiem que és la seva intenció real amb aquesta modificació.

    En definitiva, i amb això acabo, de vostès depèn: o rectifiquen votant aquesta moció o diguin clarament que trenquen la igualtat de tots els espanyols a rebre atenció sanitària independentment de la seva situació laboral i personal.



    Moltes gràcies. (Aplaudiments.)
    Y es que su reforma sanitaria, señorías, más allá de los recortes económicos, de la privatización de servicios, del aumento de las listas de espera, de la reducción de profesionales y de la precarización de su trabajo, ha comportado también la expulsión del sistema de más de 800 000 personas, que se han quedado sin cobertura sanitaria; una puñalada al principio de universalidad de nuestro sistema sanitario. Y la moción consecuencia de interpelación que ha defendido el senador Varela pone sobre el tapete una segunda puñalada, que va a incrementar aún más esta escandalosa cifra de personas, de españoles, que van a quedar sin su tarjeta sanitaria.

    Se ha comentado ya la disposición final –además de muchas otras modificaciones– de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a la que, por cierto, mi grupo parlamentario y otros grupos presentaron enmiendas poniendo sobre el tapete el problema que entrañaba, pero estas enmiendas no fueron atendidas por el grupo mayoritario. Como decía, esta disposición final estipula el sistema de seguro y –como ha leído el portavoz del Grupo Popular– la necesidad de residir en España. Ahí termina el texto, pero empieza el problema: residir en España. Es decir, que los estudiantes españoles, los miles de españoles –sobre todo jóvenes– que intentan ganarse la vida y encontrar trabajo fuera de nuestro país, los cooperantes españoles que están realizando una labor extraordinaria, o los españoles que por cualquier circunstancia están fuera de nuestras fronteras, si son desempleados de larga duración, han perdido sus prestaciones o la pensión mínima, etcétera, cuando permanezcan más de tres meses, noventa días, fuera del Estado español, perderán la tarjeta sanitaria y, por lo tanto, la asistencia sanitaria.

    El Gobierno lo argumenta por la lucha contra el abuso o el fraude de ley que significa que extranjeros que salen de nuestro país y se trasladan a otro de la Unión Europea o regresan a su país de origen sigan utilizando de forma fraudulenta la tarjeta sanitaria española. Evidentemente debemos luchar contra esto, y estoy de acuerdo con lo dicho por el senador Cazalis; sin embargo, pensamos que esto ya queda regulado en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto.

    Por lo tanto, desde nuestro punto de vista solo hay dos explicaciones posibles: o bien se trata de un error involuntario, no deseado, un perjuicio y una consecuencia no deseados ni buscados por el Gobierno; o bien el Gobierno está atentando gravemente contra la cobertura sanitaria universal de los españoles. De tratarse del primer caso, la solución es relativamente sencilla: votar a favor de esta moción consecuencia de interpelación y retirar la coletilla de “residir en España” de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de otras normas.

    Entiendo que ustedes encontrarán otros argumentos, pero les daré dos o tres: No lo habíamos previsto; no era nuestra voluntad; es de sabios rectificar, etcétera. De lo contrario, si esta moción no se aprueba porque el Grupo Parlamentario Popular vota en contra, si no rectifican, va a quedar clara su voluntad de limitar la cobertura sanitaria universal a una parte de los ciudadanos de nuestro país, que, al fin y al cabo, es lo que sospechamos, lo que creemos que es realmente su intención con esta modificación.

    En definitiva, depende de ustedes: o rectifican y votan a favor de esta moción, o díganlo claramente, que rompen la igualdad de todos los españoles a la hora de recibir atención sanitaria, con independencia de su situación laboral y personal.


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