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Código de procedimientos penales para el estado de aguascalientes




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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ORDENAMIENTO, VER ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 331 PUBLICADO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL P.O. DE 20 DE MAYO DE 2013, QUE ESTABLECE EL INICIO DE VIGENCIA EN FORMA GRADUAL Y PROGRESIVA.

N. DE E. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS SEGUNDO DE LA DECLARATORIA Y PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 63 DEL P.O. DE 11 DE JUNIO DE 2014 Y REFORMADO EN EL P.O. DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL RÉGIMEN JURÍDICO LOCAL Y DE INICIO DE VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO SEÑALA QUE DICHA DECLARATORIA SURTIRÁ SUS EFECTOS EL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE PARA EL INICIO DE VIGENCIA DEL REFERIDO CÓDIGO, POR LO QUE QUEDARÁN DEROGADOS, DE MANERA PROGRESIVA Y GRADUAL, LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON LA SALVEDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTÉN TRAMITANDO CON BASE EN SUS DISPOSICIONES, EN CUYO CASO SE SEGUIRÁN APLICANDO HASTA SU RESOLUCIÓN.

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Código publicado en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 20 de mayo de 2013.

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXI Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto Número 331

ARTÍCULO PRIMERO.-.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIBRO PRIMERO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- Debido Proceso y Principio Pro Homine. A nadie se le aplicará una pena o medida de seguridad, sino después de haberse dictado una resolución firme, obtenida en un debido procedimiento, llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código, con observancia estricta de los derechos humanos, fundamentales y garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos del que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y toda normatividad que derive de ellos.

Siempre deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones que intervengan o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derecho, establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias e (sic) perjuicio de los sujetos procesales interesados. Se prohíbe la interpretación extensiva, la analogía y la mayoría de razón, mientras no favorezcan a la libertad del imputado o el ejercicio de una facultad conferida a los que intervengan en el procedimiento.

En caso de que disposiciones normativas aplicables sean contradictorias, o que de su interpretación o de una norma deriven diversos significados, deberá escogerse aquel que beneficie más a la protección y garantía de los derechos fundamentales. En el supuesto de que se encuentren enfrentados derechos de diversas personas, deberá observarse, además, las reglas de adecuación, necesidad y proporcionalidad para equilibrar los derechos en la medida de lo posible.

ARTÍCULO 2º.- Juez natural. Ninguna persona podrá ser procesada, penada o sometida a una medida de seguridad, sino por los tribunales o instituciones designadas y facultadas por este Código, antes del hecho de la causa.

ARTÍCULO 3º.- Jurisdiccionalidad. Corresponde exclusivamente a los tribunales del Estado todo lo relativo a la imposición de penas y medidas de seguridad así como su modificación, duración y ejecución en los términos de las leyes de la materia.

ARTÍCULO 4º.- Fases del procedimiento penal ordinario. El procedimiento penal ordinario se integra con las siguientes fases:

I. La de averiguación previa, cuyo objetivo será el de llevar a cabo la investigación de los hechos punibles; estará a cargo exclusivamente del Ministerio Público y de sus auxiliares, y será lo suficientemente completa para que pueda determinarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal;

II. La de averiguación procesal, que se subdivide en preinstrucción e instrucción.

La preinstrucción comprende del auto de radicación del procedimiento por la autoridad judicial, hasta la resolución que decide la situación jurídica del inculpado, con el auto de formal prisión o el de libertad por falta de elementos. Tiene por objeto la realización de las actuaciones que permitan determinar la existencia del hecho punible, materia de la instrucción y del juicio, su clasificación conforme a la figura típica aplicable mediante el acreditamiento del cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del inculpado, con fijación de los correspondientes niveles de autoría, participación o complicidad.

La instrucción comprende, del auto de formal prisión al auto que la declara cerrada. Abarca las diligencias practicadas por y ante la autoridad judicial, con el fin de averiguar las circunstancias peculiares del inculpado y los factores existenciales concurrentes en el hecho punible típico, para el efecto de determinar la existencia de la culpabilidad o inculpabilidad de aquél y de las posibles causas de justificación, así como la información necesaria para el establecimiento de los montos relativos al pago de la reparación de daños y perjuicios;

III. La del juicio, que comprende del auto que declara cerrada la instrucción a la sentencia ejecutoria. En esta etapa, el Ministerio Público funda su acusación y el inculpado su defensa ante la autoridad judicial, la cual valorará los medios probatorios aportados para pronunciar la sentencia definitiva; y

IV. La de ejecución, que comprende el momento en que el sentenciado es puesto a disposición del Juez de Ejecución por virtud de sentencia ejecutoriada, para que cumpla con la sentencia, hasta la extinción de las penas y medidas de seguridad aplicadas. En la solicitud de los beneficios de preliberación o de libertad preparatoria deberá intervenir el Ministerio Público, para resolver lo relativo a la adecuación de las penas o medidas de seguridad.

ARTÍCULO 5º.- Regla sobre procedimientos especiales. Los procedimientos especiales que se den con motivo de hechos punibles claramente tipificados y en los que hayan intervenido personas inimputables, servidores públicos con fuero constitucional o fármaco dependientes o alcohol dependientes, se regirán por las disposiciones establecidas en este Código. Los procedimientos para menores de 18 años, se regirán por la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes.

TÍTULO SEGUNDO

SUJETOS Y AUXILIARES DEL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I

Víctima y Ofendido

ARTÍCULO 6º.- Víctima y ofendido. Se considera víctima al titular del bien jurídico afectado o puesto en peligro por un hecho punible.

Se consideran ofendidos a las personas que acrediten plenamente la relación familiar o la dependencia económica que tengan o hayan tenido con la víctima.

Respecto de la relación familiar con la víctima, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden de prelación:

I. Cónyuge;

II. Concubina o concubinario; o

III. Parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado.

ARTÍCULO 7º.- Derechos. En la integración de los procedimientos penales ordinario y especiales, a cargo de las autoridades facultadas para el efecto, la víctima u ofendido de los hechos punibles materia de la investigación, podrá hacer valer todos y cada uno de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho Internacional de los Derechos humanos del que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y toda normatividad que derive de ellos, por lo que se les reconoce legalmente el carácter de sujetos del procedimiento penal. Para tal efecto, podrán solicitar se les tenga por designado como representante legal a quien posea título de Licenciado en Derecho debidamente registrado en términos de ley.

Así mismo, si la víctima u ofendidos carecen de medios económicos o no son beneficiarios de algún sistema de seguridad social, recibirán de parte del Gobierno del Estado, por medio de la institución autorizada para el efecto, la atención médica y psicológica que sea necesaria, así como el pago de los servicios funerarios que se requieran, en los términos que disponga la ley aplicable, cuyo costo se incluirá en la sentencia que en su momento se dicte y en la que se establezca la responsabilidad penal del inculpado, quien cubrirá al Estado los gastos realizados al efecto. Tal apoyo sólo se realizará tratándose de hechos punibles que afecten la vida, la libertad, la salud personal, la libertad sexual, la seguridad sexual, el normal desarrollo físico y psicosexual, así como la familia.

La víctima, ofendido o sus legítimos representantes, podrán solicitar el aseguramiento de sus derechos o la restitución en el goce de éstos, o que se decrete el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva, en su oportunidad, la reparación de los daños y perjuicios, en los términos previstos por este Código.

ARTÍCULO 8º.- Notificación de determinaciones. El Ministerio Público deberá notificar personalmente a la víctima u ofendido de un hecho punible, las determinaciones que establezca sobre el no inicio de la averiguación previa, no ejercicio de la acción penal, reserva de la averiguación previa o ejercicio de la acción penal.

ARTÍCULO 9º.- Coadyuvancia con el Ministerio Público. La víctima u ofendido del hecho punible, o sus representantes legítimos, coadyuvarán con el Ministerio Público durante el desarrollo del procedimiento, proporcionando a los tribunales, por conducto de aquél o directamente, todos los elementos que tenga y que conduzcan a comprobar el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del hecho punible. Cuando las autoridades ministeriales o judiciales consideren que no es necesario el desahogo de la diligencia solicitada, deberán fundar y motivar adecuadamente tal negativa.

Reconocida la personalidad procesal de la víctima u ofendidos del hecho punible por el tribunal que conozca del asunto, o de sus representantes legítimos, formularán conclusiones y podrán interponer los recursos que este Código señala.

CAPÍTULO II

Ministerio Público

ARTÍCULO 10.- Funciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público, en los términos previstos por los Artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la investigación de los hechos punibles y la persecución de sus autores o partícipes, del ejercicio de la acción penal y de la acusación que corresponda en el procedimiento, ante los tribunales e instituciones facultadas del Estado. Con este propósito, realizará todos los actos necesarios para cumplir este fin, conforme a las disposiciones de este Código y a la ley que lo organiza.

Será responsable, específicamente, de integrar la averiguación previa, dirigir a la policía y a sus auxiliares en tales funciones, y tendrá el carácter de autoridad durante esta fase, con pleno respeto a la investidura jurisdiccional; de sujeto procesal en las fases de la averiguación procesal, juicio y de ejecución. Tratándose de procedimientos penales especiales, el Ministerio Público tendrá la intervención que este Código específicamente le señale.

ARTÍCULO 11.- Auxiliares del Ministerio Público. Serán auxiliares del Ministerio Público para el desempeño de sus funciones, los servidores públicos que señala la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 12.- Deber de objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la norma penal y deberá formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio.

ARTÍCULO 13.- Actuación exhaustiva. El Ministerio Público formulará sus determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, debidamente fundadas y motivadas, de manera que se basten a sí mismas, sin remitirse a dictámenes anteriores.

ARTÍCULO 14.- Facultades expresas. En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público dispondrá sólo de las facultades y poderes que este Código le autoriza. Si la regla que otorga tal facultad o poder no discrimina, a él también le corresponderá la respectiva facultad.

CAPÍTULO III

La Policía

ARTÍCULO 15.- Auxilio de la policía. Los funcionarios policiales serán auxiliares del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa.

La policía, por orden del Ministerio Público, deberá investigar los hechos punibles que se le encomienden, impedir que los atentados o cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los presuntos responsables y reunir los elementos de prueba útiles para dar base al ejercicio de la acción penal.

La policía podrá solicitar información a cualquier persona y deberá rendir informe previo al Ministerio Público, sobre el resultado de sus investigaciones, dentro de los primeros cinco días, a partir de haber recibido la solicitud de auxilio y el informe definitivo a más tardar dentro de los quince días siguientes; pero no obtener confesiones, si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.

ARTÍCULO 16.- Dirección en el procedimiento. Los funcionarios o elementos de la policía, sea identificada ésta como preventiva, de vialidad, ministerial, bancaria o privada, realizarán sus tareas de apoyo a la investigación de hechos punibles, bajo la supervisión directa del Ministerio Público, y deberán ejecutar sus órdenes, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual estén sometidos.

Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes penda el procedimiento.

El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de las funciones de la policía en lo que se refiere a la investigación de hechos punibles, y podrá girarle instrucciones generales al respecto, cuidando su organización administrativa, para tales fines.

ARTÍCULO 17.- Labores de la policía. Los funcionarios o elementos de policía, en la tarea de investigación que les es propia, cumplirán con lo siguiente:

I. Cuidar que se conserven los vestigios, rastros o indicios del hecho punible y que el estado de cosas no se modifique hasta que llegue al lugar de los hechos la autoridad ministerial y así lo disponga ésta, por instrucción particular o general, o el tribunal de la causa en su caso, describiendo provisionalmente el estado de personas, cosas y lugares;

II. Allanar domicilios y llevar a cabo las inspecciones de personas y lugares, y los aseguramientos urgentes, con autorización emitida para el efecto por las autoridades jurisdiccionales;

III. Privar de la libertad personal deambulatoria a los probables responsables, en los casos y términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por este Código, con la obligación de ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público; y

IV. Prevenir todos los hechos punibles que llegaren a su conocimiento, informar al Ministerio Público sobre ellos y proceder a practicar las investigaciones preliminares.

ARTÍCULO 18.- Sanciones. Los funcionarios o elementos de policía que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados por sus superiores jerárquicos, a pedido del Ministerio Público responsable de la averiguación previa correspondiente, previo informe del interesado, con:

I. Apercibimiento;

II. Multa de hasta 5 días de salario; o

III. Suspensión de sus labores hasta por 30 días.

Lo anterior sin perjuicio de iniciar persecución penal cuando corresponda.

CAPÍTULO IV

Peritos


ARTÍCULO 19.- Funciones de los peritos. Los peritos oficiales, como auxiliares inmediatos del Ministerio Público, serán responsables con éste y con los funcionarios de policía, del aseguramiento de la prueba o cadena de custodia en la investigación de cada hecho punible.

ARTÍCULO 20.- Cadena de custodia. La cadena de custodia se integra por todas aquellas medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba o indicios, sean alterados, ocultados o destruidos, y garantizar la autenticidad de tales elementos, para su adecuado examen, asegurando que pertenecen al hecho investigado, sin confusión, adulteración o sustracción. Estos elementos de prueba o indicios se mantendrán en lugar seguro y protegidos, sin que puedan tener acceso a ellos personas no autorizadas en su manejo.

Al momento de recaudar los elementos materiales de prueba o indicios, se debe dejar constancia en el acta de la diligencia que corresponda, haciendo la descripción completa y discriminada, registrando su naturaleza, lugar exacto de donde fue removido o tomado y funcionario que lo obtiene.

Al solicitarse un procedimiento de análisis técnico o científico, o para la elaboración de dictámenes periciales, la recolección la debe de efectuar el personal calificado, capacitado o entrenado para tal actividad. En consecuencia, toda transferencia de custodia debe quedar registrada en el expediente que corresponda, indicando fecha, hora, nombre, firma de quien recibe y de quien entrega, descripción del elemento material, y el lugar donde habrá de depositarse.

CAPÍTULO V

Tribunales

ARTÍCULO 21.- Jurisdicción. La valoración jurídica de los hechos punibles consignados por el Ministerio Público y la aplicación de las consecuencias jurídicas de privación de derechos establecidos en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, le corresponderá a los tribunales que establezcan la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su jurisdicción será improrrogable e irrenunciable.

ARTÍCULO 22.- Facultades de los tribunales. Corresponde exclusivamente a los tribunales con jurisdicción en materia penal del Estado y con sujeción a las disposiciones de este Código y de las demás leyes aplicables:

I. Determinar cuando un hecho punible constituye o no delito;

II. Declarar sobre la existencia o no existencia de la responsabilidad penal de las personas consideradas como probables responsables en la comisión de un delito; y

III. Imponer las penas y medidas de seguridad que se establecen en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes y conforme a lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO VI

Inculpado

ARTÍCULO 23.- Denominación. Para los efectos de este Código, se denominará Indiciado a toda persona, perseguida penalmente, y en contra de la cual aún no se le haya decretado auto de formal prisión; procesado a aquella persona a quien se le haya decretado auto de formal prisión, y sentenciado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia ejecutoria. El concepto de inculpado se utilizará para hacer referencia a cualquiera de los tres rubros señalados, indistintamente.

ARTÍCULO 24.- Identificación. En la primera oportunidad, el inculpado será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se negare a proporcionar tales datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos o por otros medios que se consideren útiles. La duda o el error sobre ellos, no alterará el curso del procedimiento, y podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución de la pena o medida de seguridad. Si la corrección se realiza en la fase de ejecución de la pena o medida de seguridad impuesta, se informará de ello a las autoridades que conocieron del procedimiento, para que hagan las anotaciones correspondientes.

Durante el desarrollo del procedimiento, se tomarán fotografías del inculpado o se podrá recurrir a la identificación dactiloscópica o a otro medio semejante, aún contra su voluntad, pero ello no implicará su ingreso en un registro o antecedente penal, que solamente podrá establecerse con sentencia condenatoria firme. Tal fotografía e identificación dactiloscópica se agregará necesariamente a las constancias de actuación que correspondan, previa la determinación que señale a una persona como posible autor, partícipe o cómplice de un hecho punible, por parte de las autoridades facultadas para la persecución penal.

En todo caso la expedición de constancias de antecedentes penales, le corresponderá al Juez de Ejecución, y sólo a solicitud de otras autoridades judiciales en materia penal, para los efectos procedimentales a que haya lugar, y para aquellos casos en que leyes específicas así lo establezcan.

ARTÍCULO 25.- Domicilio. El inculpado deberá proporcionar en la primera oportunidad su domicilio real y fijar su domicilio dentro de la jurisdicción de la autoridad que conozca del asunto, y con posterioridad mantendrá actualizados esos domicilios, comunicando al Ministerio Público o al tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren.

La inexactitud de su domicilio real será considerada como indicio de fuga, con todas las consecuencias legales que ello implique, pero las notificaciones realizadas en el domicilio especial, serán válidas. Si tal situación se presenta en la etapa de ejecución y el sentenciado se encuentra gozando de algún beneficio respecto de la pena de prisión que se le haya impuesto, se informará de ello al Juez de Ejecución para el efecto de que se ordene la búsqueda y captura del sentenciado.

ARTÍCULO 26.- Representación de inimputable. Si el inculpado fuere considerado inimputable, quien ejerza la patria potestad o su tutor, podrán intervenir en el procedimiento con todas las facultades defensivas que la Ley otorga a los inculpados, sin perjuicio de su propia intervención.

Si la patria potestad fuere ejercida por el padre y por la madre, ellos actuarán bajo una única representación. El conflicto que pudiere suscitarse entre ellos, lo resolverá la autoridad que conozca del asunto.

ARTÍCULO 27.- Examen obligatorio. El inculpado, deberá ser sometido a exámenes de carácter físico y mental, si el hecho punible que se le atribuye es de contenido sexual o se espera una pena superior a los cinco años de privación de la libertad; si se trata de un mayor que haya cumplido los sesenta años de edad, tales exámenes deberán ser valorados plena y necesariamente por las autoridades encargadas de la aplicación de las penas o medidas de seguridad al momento de dictar resolución definitiva. Lo anterior se hará independientemente de la realización de los estudios técnicos de personalidad a cargo de las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.

ARTÍCULO 28.- Investigación corporal. Se podrá ordenar la investigación corporal o mental del inculpado, para la constatación de circunstancias de importancia para resolver en el procedimiento. Con esta finalidad, serán admisibles pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello y otras intervenciones corporales, así como su inspección u observación, que no provoquen ningún perjuicio para la salud según la experiencia común, y que se efectuarán según las reglas de la ciencia médica. Podrán ser ordenadas por el Ministerio Público o el tribunal, siempre y cuando el inculpado otorgue su consentimiento informado, y el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa.

ARTÍCULO 29.- Declaración de prófugo. Será declarado prófugo el inculpado que, sin grave impedimento, no compareciere a una citación, o se fugare del establecimiento o lugar donde estuviere bajo prisión preventiva, o se ausentare, sin permiso del Ministerio Público o del tribunal, del lugar asignado para residir.

La determinación o resolución de estar prófugo será emitida por la autoridad judicial, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiéndose, en consecuencia, las ordenes de reaprehensión relativas. Tales órdenes se darán a conocer también a las autoridades encargadas del control para salir del país, con mandato expreso de que lo impidan. Se podrán requerir informes y la ejecución de las órdenes de forma inmediata, por los medios de comunicación establecidos, publicando, incluso, la fotografía, dibujo, datos y demás señas personales.

La determinación o resolución de estar prófugo implicará la revocación de la libertad que le hubiera sido concedida al inculpado, o del beneficio al sentenciado con pena de prisión.

ARTÍCULO 30.- Información de derechos. Antes de comenzar su declaración ante las autoridades competentes, se comunicará detalladamente al inculpado, el hecho punible que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación típica, un resumen del contenido de las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables.

Se le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, así como del valor de su declaración a partir del conocimiento pleno de los supuestos referidos en el párrafo anterior.

En las declaraciones que preste será además instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho. En este caso, si no estuviere presente, se dará aviso inmediato al Defensor por cualquier medio, para que comparezca y, de no ser hallado, se designará inmediatamente a un Defensor de Oficio.

Será informado también acerca de que puede requerir la práctica de medios de prueba, efectuar las citas de las personas que considere convenientes, dictar su declaración o presentarla por escrito.

ARTÍCULO 31.- Declaración del inculpado. Si el Inculpado desea declarar, se comenzará por invitarlo a dar su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio real y legal, principales lugares de residencia, condiciones de vida, nombre, estado y profesión de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quien vive, de cuáles dependen o están bajo su cuidado, a expresar si antes ha sido perseguido penalmente, y en su caso, por qué causa, ante qué tribunal, que sentencia recayó y si ella fue cumplida. En las declaraciones posteriores bastará que confirme los datos ya proporcionados.

Inmediatamente después, se dará oportunidad al inculpado para declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho punible que se le atribuye y para indicar los medios de prueba cuya práctica considere oportuna.

Tanto el Ministerio Público como el Defensor podrán dirigir al inculpado las preguntas que estimen convenientes, en la medida en que aquél esté en disposición de responderlas. Si la diligencia se desarrolla ante una autoridad judicial, las preguntas serán autorizadas por quien presida el acto, quien a su vez, podrá hacer las preguntas que considere convenientes.

Las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas, y las respuestas no serán instadas perentoriamente.

ARTÍCULO 32.- Registro de la declaración. La declaración del inculpado se hará constar en un acta que reproducirá, del modo más fiel posible, lo que suceda en la diligencia utilizando el propio lenguaje del declarante. En este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes.

Si el inculpado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla, se establecerá el motivo.

El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro. En este caso, quien presida el acto, determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.

ARTÍCULO 33.- Señalamiento de errores. Todos los intervinientes en las diligencias donde declara un inculpado, podrán indicar las inobservancias legales en que se incurra, a su juicio, y de no ser corregidas inmediatamente, exigir que su protesta conste en el acta.

ARTÍCULO 34.- Prohibición de malos tratos. En ningún caso se le requerirá al inculpado ratificación solemne de su exposición, ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo aquellas expresamente autorizadas por este Código, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.

Toda medida que menoscabe la libertad de decisión del inculpado, su memoria o capacidad de comprensión y dirección de sus actos, está prohibida, en especial los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el engaño, o la administración de psicofármacos.

El inculpado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una resolución firme le imponga una pena o medida de seguridad.

Las únicas medidas de coerción posibles en contra del inculpado, son las que este Código autoriza; tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes.

ARTÍCULO 35.- Prohibición de doble procesamiento. Nadie debe ser procesado penalmente más de una vez por el mismo hecho punible. Sin embargo, será admisible un nuevo ejercicio de acción penal cuando la primera haya sido intentada ante un tribunal incompetente y que por ese motivo haya concluido el procedimiento, o cuando decretada la negativa de orden de aprehensión o de citación para declaración preparatoria o dictado auto de libertad por falta de elementos o de libertad por desvanecimiento de datos, las actuaciones sean devueltas a las autoridades ministeriales para reintegración de averiguación previa.

ARTÍCULO 36.- Inviolabilidad de la defensa. Es inviolable la defensa en el procedimiento. Salvo las excepciones expresamente previstas en este Código, el inculpado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento y a formular todas las observaciones que considere oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario por la autoridad correspondiente, cuando perjudique el curso normal de los actos procedimentales. Cuando esté privado de su libertad personal, podrá formular las observaciones por intermedio del encargado de su defensa, quien las tramitará en las instancias correspondientes.

Los derechos señalados en el párrafo anterior para el inculpado, también le corresponden a la parte ofendida en lo conducente.

ARTÍCULO 37.- Defensa pública o privada. El inculpado tiene derecho a elegir un Defensor de su confianza. Si no lo hiciere, la autoridad que conozca del procedimiento le designará un Defensor de Oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre los hechos que sean motivo de investigación.

Si prefiriese defenderse por sí mismo, la autoridad que conozca del procedimiento así lo autorizará, pero igualmente le designará a un Defensor de Oficio, sin que ello menoscabe el derecho del inculpado para formular las observaciones que crea pertinentes.

La misma disposición rige para el sujeto penado o para aquél a quien se le hubiera aplicado una medida de seguridad, en lo pertinente, hasta la extinción de la pena o de la medida de seguridad aplicadas.

ARTÍCULO 38.- Ejercicio de facultades de defensa. Las facultades que las leyes fundamentales de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y que este Código otorgan a los inculpados de un hecho punible, pueden hacerlas valer las personas a quienes se les atribuya participación en el mismo, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización.

Se entenderá por primer acto del procedimiento, cuando se encuentren datos que señalen a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, por parte de las autoridades facultadas para la persecución penal.

ARTÍCULO 39.- Declaraciones del inculpado. Durante la etapa de averiguación previa, el inculpado prestará declaración ante el Ministerio Público cuando él mismo lo pidiere, compareciendo espontáneamente, o cuando lo ordenare tal autoridad, y siempre en presencia de un Defensor.

El inculpado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.

La policía no podrá interrogar autónomamente al inculpado. Sólo podrá dirigirle preguntas para constatar su identidad y los datos básicos de información sobre el hecho punible. En caso de que el inculpado manifieste su deseo de declarar, deberá instruírsele de que esto sólo podrá hacerse ante el Ministerio Público o tribunal respectivo, con asistencia de un Defensor.

El inculpado declarará siempre libre en su persona y sin la presencia de personas diferentes a las autorizadas para asistir; pero la diligencia se puede llevar a cabo en recintos cerrados, apropiados para impedir su fuga, cuando estuviere privado de su libertad.

ARTÍCULO 40.- Declaración de varios inculpados. Cuando hubiera varios inculpados, se recibirán las declaraciones, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.

El inculpado no será obligado a carearse con testigos u otros inculpados.

CAPÍTULO VII

Defensa


ARTÍCULO 41.- Defensa técnica. La designación del defensor se efectuará sin dilación alguna, desde el comienzo del procedimiento y en todo caso, antes de la declaración del inculpado. Si, consultado el inculpado, no lo eligiere, no fuera admitida la defensa personal propuesta o el elegido no aceptare inmediatamente el cargo, se nombrará a un Defensor de Oficio.

Sólo podrán ser designados defensores quienes posean el título de Licenciado en Derecho, debidamente registrado en términos de ley.

La exhibición de título en el tribunal en que pretenda actuar, no será en un primer momento requisito indispensable para autorizar su intervención, pero el juez fijará un plazo, prorrogable según las necesidades del caso, para que el defensor cumpla con tal requisito. Vencido el plazo, cesará su intervención y se procederá conforme a las reglas del abandono.

ARTÍCULO 42.- Impedimentos para ser defensor. No se admitirá la intervención de un defensor en el procedimiento o se le apartará de la participación ya acordada, cuando haya sido testigo del hecho o cuando, por decisión fundada, se compruebe como muy probable que:

I. Haya participado o participa en alguno de los hechos punibles que conforman el objeto del procedimiento;

II. Participe con el inculpado en una asociación ilícita que guarde relación con el hecho punible que conforma el objeto del procedimiento; o

III. Participe en la evasión del inculpado o en su tentativa.

ARTÍCULO 43.- Permanencia y revocación de la defensa. Los defensores serán admitidos por el Ministerio Público así como por la autoridad judicial competente.

El defensor designado en la averiguación previa o en el término constitucional fijado para resolver la situación jurídica del inculpado, seguirá teniendo tal carácter en todas las etapas e instancias del procedimiento, mientras no se haga nuevo nombramiento.

Para dictar las resoluciones sobre la exclusión de un defensor y sobre su revocación, será competente el Supremo Tribunal de Justicia. Al efecto, el Ministerio Público, los tribunales de primera instancia, incluido el Juez de Ejecución, ante las cuales penda el procedimiento, efectuarán la petición, cuando adviertan un motivo de exclusión, con todos los elementos disponibles para fundarla.

El Supremo Tribunal de Justicia podrá ordenar en caso necesario, una investigación, encomendando a uno de sus miembros que la lleve a cabo y, previa audiencia del defensor cuestionado, emitirá la decisión. La revocación procederá de oficio o a petición fundada de parte interesada.

El trámite de la investigación y la decisión no suspenderán el procedimiento. Se dará oportunidad al inculpado de elegir otro defensor, y si no lo nombra, se procederá a designarle el Defensor de Oficio.

ARTÍCULO 44.- Defensa de varios inculpados. La defensa de varios inculpados en un mismo procedimiento por un mismo Defensor es, en principio, inadmisible. El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio Público, a solicitud del defensor, podrá permitir la defensa común cuando con evidencia no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, esta situación podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor.

ARTÍCULO 45.- Defensa simultánea. El inculpado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados en las audiencias o en un mismo acto.

Cuando intervengan dos o más defensores, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los términos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley, expresamente, imponga una división de funciones.

ARTÍCULO 46.- Defensor sustituto. Cada defensor podrá designar a un sustituto para que intervenga si tuviere algún impedimento, con el consentimiento del inculpado. En caso de urgencia, se permitirá su actuación, aún faltando ese consentimiento, pero en la primera oportunidad, se recabará la decisión del inculpado.

Negado el consentimiento, si el titular no hubiese continuado la defensa, se procederá conforme a las reglas del abandono.

El abogado sustituto asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá un derecho especial a prórrogas de términos o de audiencias, a menos que la ley lo permita en los casos particulares. Si el titular abandona la defensa, aquél lo sustituirá definitivamente.

ARTÍCULO 47.- Renuncia del defensor. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el inculpado lo reemplace, vencido el cual será sustituido por un Defensor nombrado de Oficio.

El renunciante no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga su reemplazante. No se podrá renunciar durante el período del juicio o en el desarrollo de las diligencias o audiencias.

Si el defensor del inculpado abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, se procederá a su reemplazo inmediato por un Defensor de Oficio y aquél no podrá ser de nuevo nombrado en el procedimiento. La resolución se comunicará de inmediato al inculpado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza.

ARTÍCULO 48.- Abandono. El abandono constituirá falta grave y obligará a quien incurriere en él, al pago de los gastos provocados por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes que se establecen en este Código.

El abandono será comunicado inmediatamente al Supremo Tribunal de Justicia, el cual, previa audiencia del interesado, podrá sancionarlo con una multa de 25 a 90 días de salario, según la gravedad del caso.

ARTÍCULO 49.- Nombramiento de defensor de oficio. El nombramiento de oficio de un defensor, para los casos en que está previsto, se regirá por las reglas aquí establecidas y de su propia Ley.

ARTÍCULO 50.- Derechos del defensor. Son derechos del defensor:

I. Consultar el expediente del procedimiento y obtener las copias y certificaciones que solicite sobre constancias que obren en el mismo; y

II. Comunicarse directa y personalmente con el inculpado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal del procedimiento o de las diligencias o audiencias.

ARTÍCULO 51.- Obligaciones del defensor. Son obligaciones del defensor:

I. Asesorar al inculpado sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le imputan;

II. Estar presente en las diligencias o audiencias que se practiquen durante las diversas etapas del procedimiento;

III. Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para la defensa del inculpado;

IV. Hacer valer aquellas circunstancias probadas en el procedimiento, que favorezcan la defensa del inculpado;

V. Formular las conclusiones, en los términos previstos en este Código;

VI. Interponer los medios de impugnación necesarios para la defensa del inculpado, y expresar los agravios correspondientes;

VII. Promover todos aquellos actos procesales que sean necesarios para el desarrollo normal del procedimiento y el pronunciamiento de la sentencia; y

VIII. Solicitar, en la etapa de ejecución, el trámite de los beneficios y estímulos fijados en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, en el caso de la pena de prisión.

TÍTULO TERCERO

ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I

Reglas Generales

ARTÍCULO 52.- Mantenimiento del orden. Los agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados, tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde a ellos, como a las demás autoridades y a los sujetos procesales interesados, el respeto y la consideración debidos, tanto por parte de las personas que ocurren a los tribunales y agencias del Ministerio Público, como por parte de los servidores públicos adscritos a estas dependencias.

Cuando se presenten actos que contravengan este precepto, realizados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se procederá a la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. En los demás casos se sancionará a los infractores inmediatamente con correcciones disciplinarias.

ARTÍCULO 53.- Cumplimiento de los actos. En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados, podrán requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.

ARTÍCULO 54.- Justicia gratuita. En materia penal no se pagarán costas y todos los gastos que se originen en las diligencias que integren un procedimiento, serán cubiertos por el erario del Estado, con excepción de aquellos trámites propuestos en interés directo de los sujetos procesales, así como los pagos que tengan que realizarse a terceros cuya intervención sea necesaria y a solicitud de los mencionados.

ARTÍCULO 55.- Cambio de personal. Cuando cambiare el personal de un tribunal o de una Agencia del Ministerio Público, no se proveerá auto o determinación alguna haciendo saber el cambio, sino que en el primero que proveyere el nuevo funcionario, se insertarán su nombre y apellidos completos.

Cuando no tenga que dictarse resolución alguna antes de la sentencia, se hará saber a los sujetos procesales interesados, en auto especialmente dictado, el cambio de personal.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

ARTÍCULO 56.- Justicia pronta. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado y los Tribunales dictarán de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, los sujetos procesales interesados podrán solicitar la orientación de tales autoridades sobre puntos del procedimiento que ante éstas se desarrollen, como cómputos, plazos y circunstancias para la promoción y desahogo de pruebas, así como otras cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la debida marcha del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo que las autoridades deban resolver en los autos o en la sentencia. La información que se proporcione constara en acta específica.

Las autoridades que conozcan del procedimiento penal, rechazarán de plano, sin necesidad de sustanciar Artículo, incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolas o improcedentes.

ARTÍCULO 57.- Idioma de actuaciones. Las actuaciones se deberán practicar usando el idioma nacional para provocar sus efectos propios y poder ser valoradas.

La exposición de personas que ignoren el idioma nacional o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse entender por escrito y los documentos o grabaciones en idioma distinto, u otra forma de transmisión de información, sólo podrán provocar sus efectos una vez realizada su traducción o interpretación, según corresponda.

ARTÍCULO 58.- Idioma en interrogatorios. Las personas serán interrogadas en el idioma nacional o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. La autoridad que conozca del asunto, podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación, pero en este caso, la traducción o la interpretación precederán a la contestación.

ARTÍCULO 59.- Temporalidad de actuaciones. Las actuaciones podrán practicarse a toda hora y aún en los días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación, y en cada una de ellas se expresará el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se practiquen.

Las autoridades que las realicen podrán constituirse en cualquier lugar del territorio del Estado que abarque su competencia.

ARTÍCULO 60.- Constancia de actuaciones. El Juzgador y el Ministerio Público, estarán acompañados en todas las diligencias que practiquen, de sus secretarios o de dos testigos de asistencia, que los auxiliarán en sus labores. Queda a cargo de los primeros el dar fe o constancia de todo lo que en ellas ocurra.

En las diligencias podrán emplearse, según el caso y a juicio del funcionario que las practique, cualquier medio que tenga por objeto reproducir imágenes o sonidos. Se hará constar en el acta respectiva el medio que se haya empleado en aquéllas, que podrá ser elaborada en la forma convencional o mediante el uso de sistemas de informática o electrónica.

ARTÍCULO 61.- Registro en actuaciones. A cada actuación se agregará el brevete marginal que indique el objeto de la misma. Todas las fechas y cantidades se escribirán con letra.

En las actuaciones y promociones no se emplearán abreviaturas. Las palabras equivocadas se corregirán según el medio de impresión que se esté utilizando.

Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar hojas o espacios en blanco, y cuando haya que agregar documentos, se hará constar cuáles son las fojas que les corresponden.

ARTÍCULO 62.- Conservación de actuaciones. Las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales deberán realizarse con letra clara, por triplicado tratándose del primero y por duplicado en el segundo caso, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos, pudiéndose utilizar los respaldos informáticos o electrónicos autorizados para el efecto.

Concluidas las actuaciones del día o agregados los documentos recibidos, la autoridad que realice el trámite foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello que corresponda en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras.

Si alguna de las piezas de actuaciones fuere retirada del expediente, no se enmendará la foliatura, sino que se dejará razón de los folios retirados.

ARTÍCULO 63.- Firma de diligencias. Cada diligencia se asentará en acta por separado, que firmarán al final los que en ella intervinieron. Si no supieren firmar, imprimirán la huella de alguno de los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue.

Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar el motivo.

Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieran alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente, expresándose los motivos que dijeron para hacerla.

ARTÍCULO 64.- Promociones de los sujetos procesales. Las promociones que se hagan por escrito deberán presentarse por triplicado o duplicado, según el caso, y estarán firmadas por su autor o llevar su huella digital, pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario; pero deberán ser siempre ratificadas si el que las hace no las firma por cualquier motivo.

Los documentos que se acompañen a las promociones, deberán ser originales o con copia fotostática debidamente autorizada.

En caso de utilización de respaldos informáticos o electrónicos, las promociones también podrán realizarse por ese medio.

ARTÍCULO 65.- Respuesta a las promociones. Los agentes investigadores o secretarios deberán dar cuenta al Ministerio Público o al juzgador, dentro del término de veinticuatro horas, con las promociones que se hicieran, salvo el caso de asuntos urgentes, en que darán cuenta inmediatamente. Para el efecto, se hará constar en el expediente el día y la hora en que se presenten las promociones.

A cada promoción recaerá una resolución específica por separado, que el Ministerio Público o el tribunal fundarán y motivarán en los términos y plazos establecidos por la ley, y de no existir término o plazo, dentro de las 48 horas siguientes.

ARTÍCULO 66.- Resguardo de expedientes. Los expedientes no podrán entregarse a los sujetos procesales interesados, los cuales podrán imponerse de ellos en la Secretaría del Tribunal o en la Agencia del Ministerio Público correspondiente. Esto no operará respecto del Ministerio Público o del Defensor de Oficio, en su caso, cuando se les dé vista para formular conclusiones, pero tal entrega se hará en las propias oficinas adscritas al tribunal correspondiente.

En caso de utilizar medios informáticos o electrónicos, sólo los sujetos procesales autorizados tendrán acceso a la información de tal medio, mediante la aplicación de los mecanismos de control existentes para el efecto.

ARTÍCULO 67.- Copias de constancias. Los Secretarios de los tribunales o el Ministerio Público en su caso, cotejarán las copias o testimonios de constancias que se mandarán expedir, y las autorizarán con su firma y sello correspondiente.

Para sacar copia de algún auto o diligencia se requiere autorización del Ministerio Público o del tribunal en su caso, y sólo será en favor de las personas legitimadas en el procedimiento para obtener dichos documentos.

ARTÍCULO 68.- Nulidad de actuaciones. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera que se cause perjuicio a cualquiera de los sujetos procesales interesados, así como cuando la ley expresamente determine la nulidad. Esta no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. La nulidad de una actuación se reclamará por quien la promueva, en la actuación subsiguiente en que ésta deba intervenir, y se substanciará conforme al procedimiento previsto para los incidentes no especificados. Cuando se resuelva la nulidad del acto, serán igualmente nulas las actuaciones posteriores al acto anulado que se deriven precisamente de éste. Las resoluciones que resuelvan sobre la nulidad invocada, serán apelables.

CAPÍTULO II

Competencia

ARTÍCULO 69.- Competencia. Será competente el tribunal del partido judicial en que el hecho punible se hubiera cometido. Si se hubiera ejecutado en más de uno, será competente el que haya prevenido en la causa.

Si el hecho punible se hubiere cometido fuera del territorio del Estado, pero hubiera producido su resultado dentro de éste, será competente el juzgador del lugar en el que se haya producido tal resultado; si éste se hubiera producido en más de una circunscripción, será competente el juzgador que haya prevenido en la causa.

ARTÍCULO 70.- Tramitación simultánea de procedimientos. Cuando una persona hubiere participado en dos o más hechos punibles cuyo conocimiento corresponda a tribunales de distinta competencia, los procedimientos respectivos se tramitarán simultáneamente y se sentenciará, en lo posible, sin atender a ningún orden de prelación, prestándose ambos tribunales el auxilio judicial debido, salvo que para ello se presentaren inconvenientes de carácter práctico, especialmente los derivados de las funciones de defensa, en cuyo caso los procedimientos se tramitarán y se sentenciarán sucesivamente, con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten las sentencias.

Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea posible la tramitación simultánea, tendrá prelación aquel que conozca del hecho punible más grave; a igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua.

En estos casos se suspenderá el término para la prescripción.

ARTÍCULO 71.- Acumulación. Los procedimientos que se sigan por hechos punibles conexos, deberán acumularse y será competente:

I. El tribunal que deba conocer el hecho punible típico que tenga señalada una punibilidad mayor; o

II. El tribunal que haya prevenido la causa si la punibilidad es equivalente.

ARTÍCULO 72.- Conexidad. Los hechos punibles son conexos:

I. Cuando hayan participado varias personas conjuntamente;

II. Cuando hayan sido cometidos por varias personas en distintos lugares o tiempos, si ha mediado acuerdo entre ellas; o

III. Si se han cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otros, o para procurar a los responsables la impunidad.

ARTÍCULO 73.- Declaración de incompetencia. En cualquier etapa del procedimiento que corresponda a la autoridad jurisdiccional, antes de que se dicte sentencia, los tribunales estarán facultados para declararse de oficio incompetentes para conocer de determinados asuntos y ordenar su remisión a aquél que considere competente. No podrá realizarse tal declaración en los casos en que se tenga que resolver previamente sobre medidas procedimentales urgentes, tales como arraigo, cateo, orden de aprehensión o resoluciones de término constitucional.

ARTÍCULO 74.- Formas de promoción de competencia. Cualquiera de los sujetos procesales reconocidos en un procedimiento y con interés legal suficiente, podrán promover una cuestión de competencia, bien por inhibitoria, ante aquel tribunal al cual consideran competente, o por declinatoria, ante aquel tribunal que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente. Quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplearlos simultánea y sucesivamente.

Al promover la cuestión, quien la proponga, deberá expresar, como requisito para que se admita la Instancia, que no ha utilizado el otro medio; si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuere abandonada, se le aplicará una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado.

La cuestión de competencia o la fundada en la conexión de causas, sólo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia final de juicio.

ARTÍCULO 75.- Declinatoria. Propuesta la declinatoria, el tribunal mandará dar vista a los otros sujetos procesales interesados, por el término de tres días comunes y resolverá lo que corresponda dentro de los tres días siguientes. Si el tribunal decide que es competente, continuará conociendo del asunto. En caso contrario, remitirá el expediente al tribunal que estime conveniente. Este último resolverá si acepta o no la competencia en un término de tres días, y en caso afirmativo seguirá conociendo del asunto. Si no la acepta, suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, comunicando de esto al tribunal que le haya remitido tal expediente.

El Supremo Tribunal de Justicia emitirá resolución al respecto dentro de un término de cinco días, contados a partir de la fecha en que reciba el expediente, y enviará el mismo al tribunal que sea declarado competente.

ARTÍCULO 76.- Inhibitoria. La inhibitoria se promoverá ante el tribunal que se estime competente, el cual resolverá lo que corresponde dentro de los tres días siguientes de acordada la solicitud. Si estima que es competente, librará oficio inhibitorio al tribunal que conozca del procedimiento, a fin de que le remita el expediente.

El tribunal requerido dará vista a los sujetos procesales interesados por el término de tres días, para que se manifiesten sobre su competencia, y resolverá dentro de los tres días siguientes. Si admite la competencia del tribunal requirente, le remitirá el expediente. En caso contrario, suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, comunicando de esto al tribunal requirente para que, a su vez, remita sus actuaciones a tal instancia.

El Supremo Tribunal de Justicia emitirá resolución al respecto dentro de un término de cinco días, contados a partir de la fecha en que reciba el expediente y constancias de actuaciones relativas, y enviará éstas al tribunal que sea declarado competente.

ARTÍCULO 77.- Continuación del procedimiento. El tribunal declarado competente, continuará de oficio el procedimiento, a partir del último acto realizado por el primero. Lo actuado por el tribunal incompetente será válido si se tratare del mismo fuero. Si fuere de distinto fuero, el tribunal competente dictará auto declarando abierta la Instrucción, procediéndose enseguida conforme a las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 78.- Tramitación de incidente de competencia. Los incidentes sobre competencia se tramitarán por cuerda separada.

CAPÍTULO III

Excusas y Recusaciones

ARTÍCULO 79.- Excusas. Los Magistrados, los Jueces y los Secretarios deben excusarse de conocer los asuntos en que intervengan, cuando exista cualquiera de las causas de impedimento que en este Artículo se señalan. Su silencio y omisión se considerará falta grave.

Son causas de excusión las siguientes:

I. Tener parentesco en línea recta, sin limitación de grados; en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los sujetos procesales interesados, sus representantes o defensores;

II. Tener amistad íntima o enemistad con alguna de las personas a que se refiere la Fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la Fracción I;

IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la Fracción I, en contra de alguno de los sujetos procesales interesados;

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la Fracción I, un juicio contra alguno de los interesados, o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que haya seguido hasta la en que se tome conocimiento del asunto;

VI. Haber sido sujeto de procedimiento penal el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma Fracción I, en virtud de denuncia presentada ante las autoridades por alguno de los sujetos procesales interesados, sus representantes, patronos o defensores;

VII. Tener pendiente de resolución, su cónyuge o sus parientes en los grados expresados por la Fracción I, un asunto semejante al que se trata;

VIII. Aceptar presentes o servicios de alguno de los sujetos procesales interesados;

IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los sujetos procesales interesados, sus representantes o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los sujetos procesales interesados;

XI. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los sujetos procesales interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o legado, o ha hecho alguna manifestación en ese sentido;

XII. Ser el cónyuge o alguno de los hijos del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los sujetos procesales interesados;

XIII. Haber sido el magistrado, juez en el mismo asunto, en otra instancia, o el juez, haber sido secretario en la misma instancia; y

XIV. Haber sido agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los sujetos procesales interesados.

Cuando un magistrado, juez o secretario no se excuse a pesar de tener algún impedimento, las partes podrán recusarlo sólo con expresión de causa.

Las causas de impedimento no pueden ser dispensadas por voluntad de los sujetos procesales interesados.

ARTÍCULO 80.- Recusaciones. La recusación puede interponerse en cualquier tiempo, pero antes de la audiencia final de juicio en primera instancia o antes de la vista del asunto en segunda instancia, y su promoción suspenderá el procedimiento en lo principal, pero sólo cuando se cuestione a magistrados o jueces.

Si después de las audiencias señaladas en el párrafo anterior, hubiera cambio en el personal de los tribunales, la recusación sólo será admitida si se propone dentro de los tres días siguientes al en que se notifique el auto de cambio de personal.

ARTÍCULO 81.- Trámite de la recusación. Interpuesta la recusación por la parte interesada, la cual deberá ser por escrito en el que se indiquen los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes, el recusado deberá dirigir oficio al superior que deba calificar aquélla, con inserción del escrito en que se haya promovido, del proveído correspondiente y de las constancias que sean indispensables. Dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que se reciba la documentación referida, se dictará la resolución que corresponda.

Admitido el impedimento o calificada como existente la causa de una recusación, el impedido o recusado quedará separado del conocimiento del asunto, remitiéndose éste a quien corresponda de conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando se deseche la recusación, se impondrá al recusante una multa de 10 a 50 días de salario mínimo general vigente en el Estado.

ARTÍCULO 82.- Improcedencia de la recusación. No procederá la recusación:

I. Al cumplimentar exhortos;

II. En los incidentes de competencia;

III. En la calificación de los impedimentos para efecto de excusa o recusación; y

IV. Cuando se interponga durante el término constitucional fijado para resolver la situación jurídica del inculpado.

ARTÍCULO 83.- Improcedencia de impugnación. Contra las resoluciones que califiquen un impedimento o decidan sobre la procedencia o no de la recusación, no cabe recurso alguno.

ARTÍCULO 84.- Excusas y recusaciones de los funcionarios del Ministerio Público. Los funcionarios del Ministerio Público deberán apartarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los magistrados, jueces y secretarios.

El apartamiento de oficio o la recusación, serán resueltos informalmente, en principio por el superior jerárquico, según su ley orgánica, cuidando de averiguar los hechos que lo fundan y de dar suficiente oportunidad a los interesados para que manifiesten sus puntos de vista. Producido el requerimiento, se reemplazará inmediatamente al funcionario.

La resolución no dará lugar a recurso alguno y sólo podrá renovarse el requerimiento si nuevas circunstancias apoyan el mismo motivo u otro diferente.

Si la resolución establece el apartamiento, el reemplazo será definitivo, aunque posteriormente desaparezcan sus motivos.

CAPÍTULO IV

Términos

ARTÍCULO 85.- Cómputo y vencimiento. Los términos son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad.

Los términos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los determinados por días, comenzarán a correr al día siguiente al de la fecha de la notificación. Se computarán sólo los hábiles, salvo que la ley o la resolución judicial indiquen expresamente otra cosa.

Los términos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación.

Los términos que sólo tienen como fin regular la tarea de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento, serán observados rigurosamente por ellos; su inobservancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones y la sanción disciplinaria procederá de oficio, previa audiencia del interesado.

ARTÍCULO 86.- Fijación de término. El tribunal o servidor público que deba practicar el acto fijará el plazo conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que debe cumplirse, cuando la ley no lo establezca o cuando, al contrario, subordine la extensión del plazo a su voluntad.

ARTÍCULO 87.- Renuncia o abreviación de término. El Ministerio Público, el inculpado y los demás intervinientes podrán renunciar a los términos establecidos en su favor o consentir su abreviación, por manifestación expresa.

Cuando el término sea común para varios intervinientes o para todos ellos, se necesitará del consentimiento de todos y del tribunal correspondiente, para abreviar o prescindir del término.

ARTÍCULO 88.- Reposición de término. Quien, sin su culpa, por defecto en la notificación, por fuerza mayor que no le sea imputable o por un acontecimiento fortuito insuperable, se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del término, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley, a su pedido.

La solicitud de reposición del término se presentará por escrito, en el tribunal ante el cual hubiera debido observarse, inmediatamente después de desaparecido el impedimento o de conocido el acontecimiento que da nacimiento al término, y deberá contener:

I. Indicación concreta del motivo que imposibilitó la observación del término, su justificación y la mención de todos los elementos de prueba de los cuales se vale para comprobarlo; y

II. Actividad omitida y la expresión de voluntad de llevarla a cabo.

ARTÍCULO 89.- Resolución de la reposición de término. Analizada la solicitud, el tribunal señalará día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y la resolución que corresponda, la cual no será recurrible. Si se acepta la reposición del término, el mismo comenzará a correr al día siguiente de dictada la resolución.

CAPÍTULO V

Autos y Resoluciones

ARTÍCULO 90.- Resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales son:

I. Sentencias definitivas, si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal;

II. Sentencias interlocutorias, si resuelven una cuestión incidental;

III. Autos, si dan principio o ponen fin a una etapa del procedimiento; y

IV. Acuerdos, las demás resoluciones y las de mero trámite.

ARTÍCULO 91.- Resoluciones del Ministerio Público. Las resoluciones del Ministerio Público son:

I. Determinaciones, si resuelven sobre el inicio o no de una averiguación previa, sobre el ejercicio de la acción penal, reserva de diligencias y no ejercicio de la acción penal y aquellas que clarifican la identidad del indiciado; y

II. Acuerdos, las demás resoluciones que se dicten dentro de la etapa de la averiguación previa.

ARTÍCULO 92.- Contenido de las resoluciones. Toda resolución expresará el lugar, la fecha y hora en que se pronuncia, así como designación de la autoridad que la suscribe, y se redactará por escrito en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine y deberá cumplirse o ejecutarse en sus términos.

Igualmente contendrá una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de su motivación y fundamentos legales.

ARTÍCULO 93.- Contenido de las sentencias definitivas. Las sentencias definitivas contendrán, además de los requisitos fijados en este capítulo:

I. La totalidad de los datos que se obtengan del inculpado durante el desarrollo del procedimiento;

II. Un extracto breve de los hechos procedimentales conducentes a la resolución;

III. La descripción del hecho o hechos punibles que serán objeto de valoración jurídica, así como de los medios probatorios aportados para demostrar su existencia;

IV. Las consideraciones y los fundamentos legales que se establezcan para acreditar la existencia de la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad correspondientes, y por ende la responsabilidad penal del inculpado;

V. La condena o absolución que proceda, clarificando en el primer caso la pena y/o medida de seguridad que se vaya a aplicar;

VI. Lo relativo a los apoyos que se hayan otorgado por parte del Estado a la víctima y ofendidos, que deberán restituirse al Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito, así como los términos de ello en cumplimiento a la ley aplicable; y

VII. Los demás puntos resolutivos correspondientes.

Deberán dictarse dentro de los 10 días siguientes a la citación para oír sentencia, salvo que el expediente excediera de 300 fojas, en cuyo caso se aumentará un día más por cada 50 de exceso.

ARTÍCULO 94.- Acuerdos de mero trámite. Los acuerdos que contengan resoluciones de mero trámite, deberán dictarse dentro de 24 horas, contadas desde aquella en que se haga la promoción; los autos, salvo los que la ley disponga para casos especiales, dentro de 3 días.

ARTÍCULO 95.- Validez de las resoluciones. Las resoluciones se dictarán por el servidor público respectivo, y serán firmadas por él y por el secretario que corresponda, o a falta de éste, por testigos de asistencia, asentándose los nombres de quienes las suscriban.

La falta de alguna firma provocará la invalidez del acto.

ARTÍCULO 96.- Validez de resoluciones de tribunal colegiado. Para la validez de las sentencias y de los autos que no sean de mero trámite, dictados por un tribunal colegiado, se requerirá el voto de la mayoría de sus miembros.

Cuando alguno de los integrantes de un tribunal colegiado no estuviere conforme con la resolución de la mayoría, expresará sucintamente las razones de su inconformidad, en voto particular que se agregará al expediente.

ARTÍCULO 97.- Firmeza y ejecución de las resoluciones. Ninguna resolución después de firmada puede modificarse si no es mediante la substanciación del medio de impugnación o incidente que corresponda.

No se estimarán consentidas las resoluciones, sino cuando los sujetos procesales interesados manifiesten expresamente su conformidad o no las recurran oportunamente.

Ninguna resolución judicial se ejecutará sin que previamente se haya notificado de la misma al Ministerio Público y a quien corresponda, conforme a la ley.

CAPÍTULO VI

Exhortos


ARTÍCULO 98.- Práctica de diligencias ministeriales. Las diligencias del Ministerio Público que deban practicarse fuera del territorio del Estado en que se esté tramitando alguna averiguación, se encargarán a quien toque desempeñar esas funciones en el lugar donde deban practicarse, enviándole la averiguación original o un oficio con las inserciones necesarias, en términos de lo previsto por los Acuerdos de Coordinación ordenados por el Artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 99.- Exhorto y oficio. Cuando tengan que practicarse diligencias judiciales fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conozca del asunto, se encomendará su cumplimiento por exhorto al funcionario judicial de igual categoría del territorio jurisdiccional donde deban practicarse.

Los tribunales se comunicarán con funcionarios públicos o autoridades que no sean judiciales, por medio de oficio.

ARTÍCULO 100.- Cumplimiento. Cuando un tribunal no pueda dar cumplimiento al exhorto, por hallarse en otra jurisdicción las personas o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al tribunal en que aquélla o éstas se encuentren, y lo hará saber al requirente.

El cumplimiento de los exhortos no implica prórroga ni renuncia de la competencia.

ARTÍCULO 101.- Contenido de los exhortos. Los exhortos contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza de las diligencias que hayan de practicarse; llevarán el sello del tribunal e irán firmadas por el servidor público correspondiente y por el secretario respectivo o testigos de asistencia en su caso.

ARTÍCULO 102.- Comunicación en casos urgentes. En casos urgentes, podrá resolverse que se haga uso de la vía telefónica, del telefax o de cualquiera otro medio de comunicación, expresándose con toda claridad las diligencias que han de practicarse, el sujeto procesal que las solicitó, el nombre del inculpado, si fuere posible, el hecho punible de que se trata y el fundamento de la providencia. En la misma fecha en que se lleve a cabo la comunicación, el tribunal requirente enviará por correo el exhorto u oficio relativos.

Para el efecto de cumplimentar alguna orden de aprehensión de inculpado que radique fuera del territorio del Estado, se estará a lo ordenado por los Convenios de Colaboración realizados en términos del Artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 103.- Cumplimiento de exhorto. El tribunal que recibiere un exhorto extendido en debida forma, procederá a cumplimentarlo en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de su recibo; si por la naturaleza o circunstancia de la diligencia no fuere posible su cumplimentación en el plazo indicado, el tribunal lo resolverá así, determinando o razonando las causas de ello.

ARTÍCULO 104.- Incumplimiento de exhorto. Cuando un juzgador no dé cumplimiento a un exhorto o lo devuelva por fundamentos o motivos que el exhortante considere injustificados, este último podrá ocurrir en reclamación ante el superior de aquél.

Si el tribunal exhortado estimare que no debe cumplimentar el exhorto por interesarse en ello su jurisdicción, oirá al Ministerio Público y resolverá dentro de tres días, promoviendo en su caso la competencia respectiva.

ARTÍCULO 105.- Autenticidad. Se dará entera fe y crédito a los exhortos y requisitorias que libren los tribunales federales o estatales, debiendo cumplimentarse siempre que se llenen los requisitos fijados en este Código.

ARTÍCULO 106.- Exhortos extranjeros. Los exhortos dirigidos a los tribunales extranjeros se remitirán, con aprobación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la vía diplomática y por los conductos nacionales debidos, al lugar de su destino. Las firmas de las autoridades que los expidan, serán legalizadas por el Gobernador del Estado, y la de éste en la forma que determine la ley correspondiente.

Los exhortos de los tribunales extranjeros deberán tener, además de los requisitos que indiquen las legislaciones respectivas y los tratados internacionales, la legalización que haga el representante autorizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde sean expedidos.

CAPÍTULO VII

Notificaciones y Citaciones

ARTÍCULO 107.- Términos de las notificaciones. Las resoluciones de los tribunales se darán a conocer a quienes corresponda mediante notificación que se efectuará a más tardar el día siguiente al en que se dicten.

Deberán ser practicadas por quien disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial o por quien designe el tribunal especialmente.

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con 48 horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, salvo que se trate de diligencias a realizar durante la fase de la pre-instrucción.

ARTÍCULO 108.- Información sobre recursos. Cuando la notificación se realice respecto de la sentencia que se dicte en primera instancia, el inculpado y la víctima u ofendido, serán informados, verbalmente o por escrito, según la forma de su notificación, acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos.

De la información se dejará constancia.

ARTÍCULO 109.- Lugar para notificaciones. Las personas que intervengan en un procedimiento y sean sujetos de notificaciones, designarán en la primera diligencia un domicilio ubicado en el lugar, para recibirlas. Si por cualquier circunstancia no hacen designación, cambien de domicilio sin dar aviso a la autoridad que conozca o señalen uno falso, las notificaciones, aún las personales, se les harán por lista. En casos urgentes, podrá resolverse que se haga uso de la vía telefónica, del telefax o de cualquiera otro medio de comunicación electrónica que para el efecto haya sido proporcionado por el sujeto procesal interesado, o que utilice la información electrónica que al efecto adopte el Poder Judicial del Estado.

Cuando el inculpado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para que reciba las notificaciones que correspondan a la defensa.

Si no se hace esta designación, la notificación surtirá sus efectos haciéndola a cualquiera de los defensores nombrados.

ARTÍCULO 110.- Notificación personal. Sólo las sentencias que se dicten en primera y segunda instancia, así como las resoluciones que al efecto se señalan en este Código, serán notificadas personalmente a los sujetos procesales interesados. Las demás resoluciones judiciales y las determinaciones del Ministerio Público, se notificarán en los términos por esta ley establecidos.

ARTÍCULO 111.- Forma de notificación personal. Las notificaciones personales se harán en el tribunal, o en el domicilio designado. Si no se encuentra el interesado en este último, se le dejará con cualquiera de las personas que allí residan, una cédula que contendrá: nombre del tribunal que la haya dictado; causa en la cual se dicta; transcripción, en lo conducente, de la resolución que se le notifique; día y hora en que se hace la notificación, y nombre de la persona en poder de la cual se deje, recabando la firma o huella digital de quien la recibe o la razón de no haber querido hacerlo; expresándose además, el motivo por el cual no se hizo en persona al interesado.

Si el que debe ser notificado se niega a recibir al servidor público encargado de hacer la notificación, o las personas que residen en el domicilio se rehúsan a recibir la cédula, o no se encuentra a nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta de la entrada, asentándose razón en autos.

ARTÍCULO 112.- Notificación por lista. Los servidores públicos a quienes corresponda hacer las notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en los tableros del tribunal, a primera hora, una lista de los asuntos acordados el día anterior, expresando el número del expediente, el nombre del inculpado y una relación brevísima del acuerdo, y asentarán constancia de este hecho en los expedientes respectivos. Las notificaciones realizadas en esta forma surtirán sus efectos por la simple publicación de la lista.

Tratándose del Ministerio Público y de los Defensores de Oficio adscritos a los correspondientes tribunales, la notificación que se les haga siempre será por lista.

ARTÍCULO 113.- Nulidad de notificaciones. Si se probase que una notificación decretada se hizo en forma distinta a lo previsto por este Código, los sujetos procesales interesados podrán promover su nulidad, mediante el trámite previsto para incidente no especificado, nulificándose además, las actuaciones que de dicha mala notificación se deriven y el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta y se le juzgará con arreglo a la ley si actuó dolosamente. En caso contrario, se le impondrá alguna corrección disciplinaria.

Si una notificación que sin ser personal, se notifica de esta forma, surtirá plenos efectos y no habrá lugar a lo previsto en el párrafo anterior.

Si se demuestra que falsamente se asentó como hecha una notificación no realizada, se dará vista al Ministerio Público para lo que legalmente proceda.

ARTÍCULO 114.- Validez de la notificación. Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que previene este Código, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación, sin perjuicio de aplicar, en lo conducente, la corrección que corresponda al servidor público encargado de realizarlas.

ARTÍCULO 115.- Citación. Cuando sea necesaria la presencia de alguna persona para llevar a cabo un acto, el tribunal o el Ministerio Público la citará por medio de cédula, por telégrafo, por teléfono, telefax o verbalmente, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.

Se les hará saber a los citados el tribunal o funcionario ante el cual deban comparecer, el motivo de la citación, la identificación del expediente y la fecha y hora en que deban comparecer. Al mismo tiempo se les advertirá que la incomparecencia injustificada provocará la aplicación de una medida de apremio, y que en caso de impedimento, deberán comunicarlo inmediatamente, por cualquier vía, a quien los cita, justificando plenamente el motivo.

La incomparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento.

Quedan exceptuados de esta obligación las personas señaladas en el Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 116.- Investigación de residencia. Cuando se ignore la residencia de la persona que deba ser citada, se solicitará al Ministerio Público encargue a la policía que lo averigüe y proporcione el dato. Si esta investigación no tuviere éxito y quien ordene la citación estime conveniente, podrá hacerlo por medio de un periódico de mayor circulación, o por los medios de comunicación social que estime necesarios para el efecto.

(REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

ARTÍCULO 117.- Registro de citaciones. El empleado del tribunal o de la Fiscalía General del Estado dará cuenta, por medio de informe que se hará constar en autos, del resultado de la entrega de las citas que se le encomendaren, precisamente antes de la hora señalada para la diligencia para la cual fue expedida, y dentro del mismo tiempo, la policía dará dicho informe, por escrito, cuando a ella se le encomiende la citación.

La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el tribunal o por la Fiscalía General del Estado con multa de hasta 10 días de salario mínimo vigente en el Estado.

CAPÍTULO VIII

Audiencias Judiciales

ARTÍCULO 118.- Publicidad. Las audiencias judiciales serán públicas, excepto en los casos en que la propia moral pública exija lo contrario, y para tal efecto así deberá acordarse en autos.

ARTÍCULO 119.- Presencia ininterrumpida de los sujetos procesales. No podrá celebrarse una audiencia judicial sin la presencia del Ministerio Público, del inculpado y del defensor. Si faltare el Ministerio Público o Defensor de Oficio, el juez lo comunicará a sus superiores jerárquicos, según el caso, para que designen a un suplente.

Las audiencias judiciales se suspenderán mientras no estén presentes el Ministerio Público y el Defensor de Oficio. En su caso, el juez solicitará a los superiores jerárquicos la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa conducente. Si no se pudiere celebrar la audiencia, se citará para otra dentro de los tres días siguientes.

Si el defensor fuere particular y no asistiere a la audiencia, o se ausente de ella sin razón, se estará a lo dispuesto en este Código en el capítulo relativo a los derechos y obligaciones de la defensa.

Si faltare el inculpado, y su presencia no sea fundamental para el desarrollo o continuación de la audiencia, se continuará ésta sin su presencia.

A las audiencias también deberá ser citada la víctima o el ofendido o su representante, para que exprese en ella lo que a su derecho convenga.

ARTÍCULO 120.- Uso de la palabra y réplica. En las audiencias judiciales el Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa, a su vez, contestar en cada caso.

Antes de cerrarse el debate, el servidor público que presida la audiencia preguntará al inculpado si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

ARTÍCULO 121.- Orden y disciplina. En las audiencias judiciales y de desahogo de pruebas, el orden y disciplina estará a cargo del servidor público que presida.

Respecto de las diligencias de desahogo de pruebas, éstas se desarrollarán conforme a las reglas que establece este Código en el título correspondiente a medios probatorios.

CAPÍTULO IX

Correcciones Disciplinarias y Medios de Apremio

ARTÍCULO 122.- Correcciones disciplinarias. Durante el procedimiento penal, la autoridad que conozca según la fase, podrá aplicar, por acciones u omisiones que realicen las personas o funcionarios, cualquiera de las siguientes correcciones disciplinarias:

I. Apercibimiento;

II. Desalojo de la sala u oficina de audiencias;

III. Multa por el equivalente a entre 1 y 15 días de salario mínimo vigente en el Estado, en el momento en que se cometa la falta que amerite corrección. Tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, el de un día de ingreso;

IV. Arresto hasta por 36 horas; y

V. Suspensión.

La suspensión sólo se podrá aplicar a servidores públicos, con la duración prevista por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 123.- Audiencia del interesado. Contra cualquier providencia en la que se imponga una corrección disciplinaria, se oirá al interesado, si lo solicita, dentro de las 24 horas siguientes a que tenga conocimiento de ella. En vista de lo manifestado por el interesado, el servidor público que la hubiera impuesto, resolverá desde luego, lo que estime procedente.

ARTÍCULO 124.- Medios de apremio. El Ministerio Público en la fase de la averiguación previa y los tribunales en las fases de averiguación procesal y juicio, podrán emplear como medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, las correcciones disciplinarias establecidas en el Artículo 122 de este Código y el auxilio de la fuerza pública. Cuando a juicio de la autoridad que haya empleado los medios de apremio, el o los usados resultaren ineficaces para hacer cumplir su determinación, pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales que correspondan.

TÍTULO CUARTO

MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I

Prisión Preventiva

ARTÍCULO 125.- Prisión preventiva. Sólo por hecho punible típico que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la ejecución de las penas o medidas de seguridad.

Los inculpados que hayan pertenecido a organismos de policía o al ejército y que estuvieren sujetos a prisión preventiva, deberán permanecer en lugares separados donde no tengan acceso los detenidos con distinta calidad.

ARTÍCULO 126.- Temporalidad. La prisión preventiva no podrá exceder del máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley para el hecho punible típico que motivare el procedimiento. En consecuencia, vencido el plazo, el juez ordenará que se ponga de inmediato en libertad al inculpado, sin perjuicio de continuar con el procedimiento para otros efectos.

ARTÍCULO 127.- Cómputo. En toda pena privativa de la libertad que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo en que el inculpado estuvo privado de la misma.

ARTÍCULO 128.- Reglas en la detención. Cuando deba aprehenderse a un servidor público o a un particular que esté en ese momento trabajando en un servicio público, se procurara que éste no se interrumpa, tomándose las providencias necesarias a fin de que el inculpado no se fugue, entretanto se obtiene su relevo o finaliza su actividad.

Cuando se ejecute una orden de aprehensión dictada contra una persona que maneje fondos públicos, se tomarán las providencias necesarias para que no se interrumpa el servicio y se haga entrega de los fondos, valores y documentos que tenga en su poder el inculpado, dictándose entretanto las medidas preventivas que se juzguen oportunas para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia.

Al ser aprehendido un servidor público, empleado o encargado de un servicio público, se comunicará la detención, sin demora, al superior jerárquico respectivo.

CAPÍTULO II

Arraigo

ARTÍCULO 129.- Arraigo. El arraigo es la medida cautelar, autorizada por la autoridad judicial, para que el indiciado permanezca a su disposición en el lugar, bajo la forma y los medios de realización solicitados por el Ministerio Público, con la vigilancia de éste y sus órganos auxiliares; que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable probado para culminar la investigación del hecho, y que en ningún caso y bajo ningún concepto podrá exceder de cuarenta días.



A petición del Ministerio Público, la autoridad judicial deberá pronunciarse dentro de un plazo no mayor a doce horas contadas a partir del momento de la recepción de la solicitud de arraigo del indiciado, de manera fundada y motivada, siempre que se trate de hechos punibles que puedan ser adecuados en figuras típicas calificadas como graves y cuando exista riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia o para la protección de personas o bienes jurídicos, a fin de lograr el éxito de la investigación.

CAPÍTULO III

Restitución

ARTÍCULO 130.- Restitución de derechos. Cuando estén plenamente comprobados en el procedimiento los datos que acrediten el cuerpo del delito, el servidor público que conozca del asunto, dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente justificados.

Si se tratare de bienes muebles o inmuebles, únicamente podrán retenerse, previo aseguramiento, cuando, a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para el éxito del procedimiento. En caso de no ser necesario, se levantará dicho aseguramiento.

Si la entrega del bien pudiere lesionar derechos de terceros, de la víctima u ofendido, o del inculpado, la devolución se hará mediante caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios. La autoridad que conozca, fijará la naturaleza y el monto de la caución, fundando y motivando su determinación, en vista de las circunstancias del caso.

Cuando el inculpado se encuentre privado de su libertad, la restitución a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, sólo podrá decretarse hasta después de dictado el auto de término constitucional, en que se resuelva sobre su situación jurídica.

CAPÍTULO IV

Cateos

ARTÍCULO 131.- Cateo. Cuando durante las diligencias que realice el Ministerio Público con motivo de la integración de una averiguación previa, se estimare necesaria la práctica de un cateo, aquél acudirá ante el juez respectivo solicitándole la práctica de la diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen. Cuando el Ministerio Público considere urgente la práctica de la diligencia de cateo, manifestará al tribunal las razones que tuviere para ello, quedando obligados los jueces a resolver de inmediato, aún en horas y días considerados inhábiles.



El cateo podrá igualmente ser decretado por el juez en cualquier momento del desarrollo de la averiguación procesal, tanto a petición del Ministerio Público como de la defensa.

Cuando al iniciarse la diligencia de cateo el ocupante del lugar permita la entrada de autoridades que lo hayan de practicar, se recabará su consentimiento por escrito y la diligencia se realizará de acuerdo con las reglas de la prueba de inspección, si se tratare de inspeccionar un lugar o cosas. Si el fin de la diligencia es el de sustraer cosas, se recogerán las mismas por la autoridad que las practique, entregándose el recibo correspondiente al ocupante o a la persona con quien se entienda la diligencia. Si se tratare de ejecutar una orden de aprehensión, se cumplimentará la misma si se localiza al inculpado.

ARTÍCULO 132.- Requisitos del cateo. En toda orden de cateo se especificarán:

I. La autoridad judicial que lo ordena y la sucinta identificación del procedimiento;

II. El señalamiento concreto del lugar o lugares que habrán de ser registrados;

III. El lugar o las cosas que han de inspeccionarse o las cosas que han de sustraerse o a las personas que haya de aprehenderse;

IV. La autoridad que practicará la diligencia y en cuyo favor se extiende la orden;

V. Los límites a que se sujetará la autoridad al practicar la diligencia; y

VI. El levantamiento de un acta circunstanciada, al concluir la diligencia, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado y en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.

ARTÍCULO 133.- Práctica del cateo. El cateo será practicado:

I. Por el funcionario que la autoridad judicial autorice, en los casos de inspección de objetos o lugares, o de sustracción de objetos; y

II. Por la Policía, con asistencia del Ministerio Público, cuando se trate de ejecutar una orden de aprehensión.

ARTÍCULO 134.- Ejecución del cateo. La orden de cateo será notificada a quien habita el lugar o al encargado, entregándole una copia, procediéndose en adelante, conforme a los Artículos precedentes.

Si quien habita el lugar se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro, se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo. Este procedimiento constará en el acta respectiva.

Para la práctica de un cateo en la residencia o despacho de otro de los Poderes del Estado, o de las autoridades federales, el tribunal recabará la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 135.- Nulidad del cateo. El incumplimiento de los requisitos y formalidades señaladas en este capítulo, produce la nulidad absoluta de la diligencia de cateo.

CAPÍTULO V

Inspección Personal

ARTÍCULO 136.- Inspección personal. Cuando fuere de absoluta necesidad para averiguar la existencia del hecho punible o para aprehender al inculpado, se procederá a la inspección corporal de cualquier otra persona, así como a su observación, separadamente, y cuidando que se respete su pudor. Tal inspección será practicada por una persona del mismo sexo.

CAPÍTULO VI

Embargo Precautorio

ARTÍCULO 137.- Embargo precautorio. Dictado el auto de radicación por la autoridad judicial, el Ministerio Público, la víctima u ofendido, o sus legítimos representantes, podrán solicitar al tribunal que decrete el embargo precautorio sobre bienes del inculpado o de un tercero obligado, que garanticen la reparación de daños y perjuicios.

El tribunal ordenará el embargo precautorio sobre todo cuando se trate de hechos punibles típicos calificados de graves, y la diligencia correspondiente se llevará a cabo en los términos previstos por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Los vehículos de motor y otros objetos de uso lícito utilizados en el hecho punible, se podrán embargar de oficio si son propiedad del inculpado o a petición de la víctima u ofendido, o de sus legítimos representantes, si son de tercero obligado, para asegurar el pago de la reparación de daños y perjuicios que pueda determinarse.

ARTÍCULO 138.- Levantamiento de embargo. El embargo no se decretará o en su caso se levantará, cuando el embargado u otra persona a su nombre, otorguen caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios causados.

El embargo también se levantará si se decreta la libertad del inculpado, y en el caso del tercero obligado, si es legalmente desligado de la obligación.

CAPÍTULO VII

Aseguramiento

ARTÍCULO 139.- Aseguramiento. La autoridad ministerial o jurisdiccional competente, que esté conociendo del procedimiento, procederá al inmediato aseguramiento, para efecto de decomiso, destrucción o pérdida o posterior embargo precautorio, de los bienes relacionados con el hecho punible, cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos utilizados. Tendrá el carácter de provisional y se ordenará su levantamiento si se determina el no ejercicio de la acción penal o la reserva de diligencias; o cuando se ordene el sobreseimiento del procedimiento, se decrete sentencia absolutoria o la condenatoria no ordene el decomiso, destrucción o pérdida de objetos, instrumentos o productos del delito.

TÍTULO QUINTO

PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

CAPÍTULO I

Averiguación Previa

ARTÍCULO 140.- Objeto. La averiguación previa consiste en la investigación de la existencia del hecho punible de que tenga conocimiento el Ministerio Público por denuncia o por querella, con el objeto de comprobar los datos que acrediten el cuerpo del delito determinado en la figura típica correspondiente y para el establecimiento de la probable responsabilidad del o de los inculpados, y resolver con ello sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal.

El hecho punible se integra con los siguientes elementos fácticos:

I. Un resultado, que puede ser la afectación o puesta en peligro de cualquiera de los bienes jurídicos protegidos por las figuras típicas descritas en el Código Penal del Estado;

II. Una o varias conductas;

III. El nexo existente entre la conducta y el resultado, en el que se determine la atribuibilidad del resultado a la conducta o conductas específicas, o la imputación objetiva de tal resultado; y

IV. Los factores existenciales concurrentes al resultado, a la conducta y al nexo.

ARTÍCULO 141.- Acta circunstanciada. En aquellos hechos punibles no calificados como graves en los cuales se requiera cumplir con algún requisito de procedibilidad que corresponda subsanarlo a la víctima u ofendido, el Ministerio Público levantará la denuncia en un acta circunstanciada y orientará y asesorará al denunciante a fin de poder cumplimentar a la brevedad dichos requisitos.

Dichas actas se registrarán en un libro denominado de Actas Circunstanciadas y cuando aparecieren los datos que permitieran el esclarecimiento de los hechos o la individualización de los responsables, el Ministerio Público procederá a anotar esa circunstancia en el libro e iniciará la averiguación previa correspondiente.

ARTÍCULO 142.- Denuncia y querella. La denuncia es el medio por el que cualquier persona hace del conocimiento del Ministerio Público o de sus Auxiliares, del hecho punible, y suficiente para iniciar la averiguación previa.

La querella tendrá los mismos efectos establecidos en el párrafo anterior, y solo podrá formularla la víctima u ofendido, salvo el caso que éstos se encuentren imposibilitados para hacerla por sí mismos. La querella deberá formularse cuando se trate de las figuras típicas señaladas en el Artículo 83 del Código Penal del Estado.

Todo funcionario o servidor público que en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho punible perseguible de oficio, tiene el impostergable deber a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviese, poniendo a su disposición, desde luego a los inculpados, si hubieren detenidos.

La denuncia o querella se formularán verbalmente o por escrito, y deberán contener, en lo posible, el relato circunstanciado de la totalidad del hecho punible o de alguna de sus partes, sin calificarlo jurídicamente, con indicación de los autores, partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, y los demás datos exigidos para el inicio de una averiguación previa. Agregará también las pruebas documentales en su poder, o indicará el lugar donde ellas están.

La persona que formule denuncia o querella dará a conocer, además de lo establecido en el párrafo anterior:

I. El nombre y apellidos, de la persona que se querella o que denuncia, la Entidad Pública o su legítimo representante facultado expresamente para ello, cuando proceda;

II. El domicilio real y legal, o ambos, en su caso;

III. El documento, nacional o extranjero, que sirva para identificarlos, cuando proceda; y

IV. En el caso de personas colectivas, la razón, domicilio social, personas que la dirigen y documento legal que lo identifique.

Cuando la denuncia o querella no reúna los requisitos previstos para cada caso, el Ministerio Público hará la prevención para que se modifique, ajustándose a ellos. Asimismo, informará a los interesados, dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre la punibilidad establecida para quienes se conducen con falsedad ante una autoridad y sobre las modalidades del procedimiento.

ARTÍCULO 143.- Inicio de la averiguación previa. Inmediatamente que el Ministerio Público reciba la denuncia o tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible, determinará sobre el inicio o no inicio de averiguación previa. En el primer supuesto, dictará todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a los ofendidos o víctimas del hecho, y para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho, así como los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; investigará qué personas fueron testigos; evitará que el hecho siga produciendo sus efectos, y en general, impedirá que se dificulte la elaboración de la averiguación previa, procediendo a privar de la libertad a los probables responsables, en los casos permitidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 144.- Flagrancia. Cualquier persona podrá detener al inculpado en caso de flagrancia. Se entiende que se presentó la flagrancia cuando el inculpado:

I. Es privado de su libertad en el momento de estar ejecutando el hecho punible; o

II. Es privado de su libertad inmediatamente después de ejecutado el hecho punible, o después de cometido cuando haya sido perseguido materialmente y sin interrupción.

En estos casos el inculpado deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente, conforme al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 145.- Urgencia. En casos urgentes el Ministerio Público, bajo su responsabilidad, podrá ordenar por escrito la detención de un inculpado, fundando y expresando los indicios que acrediten:

I. Que el inculpado haya intervenido en la comisión de alguno de los hechos punibles calificados como graves por este Código;

II. Que existe riesgo fundado de que el inculpado puede sustraerse a la acción de la justicia; y

III. Que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar la orden de aprehensión o arraigo, por razón de la hora, lugar o circunstancia.

ARTÍCULO 146.- Puesta a disposición y retención. Se entenderá que el indiciado queda a disposición del Ministerio Público para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que le sea entregado física y formalmente, por parte de la persona, autoridad o corporación policiaca que haya logrado su detención.

Para los mismos efectos, cuando sea necesario ingresar al detenido a alguna institución de salud, la autoridad que haya realizado la detención deberá acompañar a su puesta a disposición, la constancia respectiva de dicha institución.

En los casos de flagrancia o urgencia, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en el que se podrá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

ARTÍCULO 147.- Deber de objetividad. En procuración de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible, con todas las circunstancias de importancia y de los partícipes en él, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o que puedan influir en su punición, verificando también el daño o daños causados por el hecho.

Es obligación del Ministerio Público extender la investigación del hecho punible, no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba o indicios cuya pérdida por demora es de temer. Deberá también procurar el pronto desahogo de las citas de testigos y peritos para aclarar el hecho y su situación.

El incumplimiento o la demora injustificada será considerada falta grave y podrán hacerse efectivas al funcionario las sanciones y responsabilidades previstas en la legislación que regule sus actividades.

ARTÍCULO 148.- Carácter de las diligencias. Todos los actos y diligencias que se realicen en la integración de la averiguación previa serán secretos para terceros extraños.

Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por la víctima u ofendido, sus representantes, el indiciado y sus defensores, así como las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento. No obstante lo anterior, tanto los funcionarios como las personas señaladas, están obligados a guardar secreto. Su incumplimiento será sancionado en términos de ley.

ARTÍCULO 149.- Medios de prueba de los sujetos procesales. La víctima u ofendido, sus representantes, así como el indiciado y sus defensores, podrán promover medios de prueba en cualquier momento de la averiguación previa. El Ministerio Público los desahogará si los considera pertinentes y útiles para los fines de la averiguación, debiendo dejar constancias de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.

ARTÍCULO 150.- Práctica de diligencias. El Ministerio Público puede exigir informaciones de toda persona y de todos los funcionarios públicos, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por sus auxiliares, cualquier clase de diligencias. Los funcionarios policiales estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión del Ministerio Público.

ARTÍCULO 151.- Término de la averiguación previa. El Ministerio Público procurará dar término a la averiguación previa lo antes posible, procediendo con la diligencia que el caso requiera.

Pasados dos meses desde la individualización del o de los indiciados, cualquiera de los intervinientes podrá requerir al superior jerárquico del Ministerio Público que conozca del asunto, la fijación de un plazo prudente para la conclusión de la averiguación. El superior jerárquico le notificará tal plazo, que se fijará según las circunstancias del caso.

Vencido el plazo, se procederá conforme a las reglas que se establecen para la conclusión de la averiguación, y si esto no se hiciera, se encargará el asunto a otro funcionario, previa fijación de sanciones administrativas para el funcionario omiso.

ARTÍCULO 152.- Ejercicio de la acción penal. Cuando el Ministerio Público estime que la averiguación previa proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del indiciado, por acreditamiento de cuerpo del delito y probable responsabilidad, realizará el ejercicio de la acción penal en su contra, la cual se formulará tomando en cuenta lo siguiente:

I. Se promoverá la iniciación de la averiguación procesal;

II. Se establecerán los datos que sirvan para identificar al Indiciado y los lugares de su posible localización;

III. Se hará relación clara, precisa y circunstanciada del o de los hechos punibles, con énfasis en el resultado de afectación o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la figura típica seleccionada, de la forma de autoría o participación del indiciado y la atribución del resultado a la conducta o conductas específicas;

IV. Se mencionarán los medios de prueba utilizados para demostrar la existencia del o de los hechos punibles;

V. Se fijará concretamente la figura típica que sea aplicable, haciendo la relación correspondiente entre los elementos objetivos que la integran con el hecho punible comprobado, para acreditar la existencia del cuerpo del delito y probable responsabilidad del indiciado; y

VI. Se hará solicitud de la orden de aprehensión que sea procedente, de la citación para declaración preparatoria, o que se decrete el auto de formal prisión que corresponda.

Así mismo, en el oficio mediante el cual se ejercite la acción penal, el Ministerio Público señalará el lugar de depósito de los objetos relacionados con el hecho punible, dejándolos a su disposición, e informando de ello al encargado del depósito.

En caso de que en la fase de averiguación previa se haya otorgado al indiciado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se anexará al expediente el documento correspondiente a la garantía exhibida.

ARTÍCULO 153.- No ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público al concluir una averiguación, no ejercitará la acción penal a su cargo:

I. Cuando los hechos punibles investigados no puedan ser relacionados con el contenido de alguna de las descripciones típicas contenidas en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes;

II. Cuando no se pueda probar alguno de los elementos que integren el cuerpo del delito establecido en la figura típica aplicable;

III. Cuando no se pueda establecer que la conducta del indiciado haya provocado el resultado de afectación o de puesta en peligro de bien jurídico determinado o haya colaborado en su provocación;

IV. Cuando la responsabilidad penal se hubiese extinguido en los términos establecidos en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes; y

V. Cuando se aplique algún criterio de oportunidad.

ARTÍCULO 154.- Archivo en reserva. Si de las diligencias practicadas en la averiguación previa no se obtiene la información necesaria o no se ha podido individualizar al indiciado, para poder ejercitar o no la acción penal, y no es posible complementarla o clarificarla en forma inmediata, pero existe la posibilidad de allegarse datos con posterioridad para concluir la investigación, se determinará la reserva de diligencias, ordenándose en consecuencia a la policía continúe con la búsqueda tales datos tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho punible.

Queda prohibida la determinación de reserva de diligencias, si los hechos motivo de investigación pueden ser encuadrados en la figura típica del secuestro, en todas sus variables y modalidades.

ARTÍCULO 155.- Medios alternativos de solución del conflicto. Tratándose de hechos punibles que puedan ser o sean encuadrados en las figuras típicas descritas en el Artículo 83 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, a petición de la víctima u ofendido, o cuando el Ministerio Público lo estime conveniente, se podrá promover la conciliación de los sujetos procesales interesados, utilizando las reglas de mediación, así como a las instituciones públicas autorizadas para el efecto. En caso de que tal conciliación sea factible, se elaborará convenio al respecto, en el que se establecerá lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora de su realización;

II. Nombre de los sujetos procesales obligados;

III. Términos del compromiso en cláusulas claramente diferenciadas;

IV. Términos o plazos para su cumplimiento;

V. Garantías para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones establecidas;

VI. La determinación de que dicho convenio tiene el carácter de Documento Ejecutivo Civil.

En caso de no cumplimiento en todos sus términos del convenio de referencia, se deducirán las acciones civiles que correspondan, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.

En caso de las figuras típicas descritas en la Fracción XXV del Artículo 83 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, derivadas de la conducción de vehículos de motor, el convenio respectivo podrá celebrarse ante las autoridades de tránsito municipal.

ARTÍCULO 156.- Mediación en el proceso. Las reglas establecidas en el Artículo anterior, también podrán ser aplicadas por la autoridad judicial, antes de que se dicte sentencia en primera instancia. En la etapa de ejecución, podrá llevarse a cabo la elaboración del referido convenio con intervención de las autoridades ejecutoras, si ello es factible para el cumplimiento de los fines de la pena de prisión y con pleno respeto a los requisitos exigidos en el Artículo anterior.

Si se trata de delitos calificados como graves y la afectación haya sido de carácter estrictamente patrimonial, las autoridades judiciales y ejecutoras, podrán promover la realización de tales convenios, tomando en cuenta sobre todo el beneficio de la víctima, y que ello no se traduzca en riesgo social, dadas las características del sentenciado.

CAPÍTULO II

Pre Instrucción

ARTÍCULO 157.- Radicación. El juez ante el cual se ejercite la acción penal, radicará el asunto inmediatamente y sin más trámite le abrirá expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda, practicando sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan los sujetos procesales interesados.

El juez ordenará o negará la aprehensión o la citación para declaración preparatoria solicitada por el Ministerio Público, en un término de cuarenta y ocho horas para el caso de hechos punibles que puedan ser adecuados en figuras típicas calificadas como graves, y en un término de diez días hábiles para los demás casos, ambos contados a partir de la fecha en que se haya recibido el oficio mediante el cual se ejercite la acción penal.

Si el juez no resuelve oportunamente sobre los puntos anteriores en los términos señalados, el Ministerio Público adscrito al tribunal podrá recurrir en reclamación ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Las órdenes de aprehensión que se giren, serán turnadas al Ministerio Público para su ejecución por conducto de la policía.

ARTÍCULO 158.- Requisitos de la orden de aprehensión. Las órdenes de aprehensión deberán dictarse en términos de lo ordenado por el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y describirán una relación sucinta del hecho punible que la motive, la clasificación típica que corresponda a juicio de la autoridad judicial, independientemente de la que haya propuesto el Ministerio Público en su escrito de consignación, la punibilidad fijada para el mismo y demás fundamentos legales. Asimismo se insertará la media filiación del inculpado, fotografía y datos necesarios con los que se cuente para su identificación y localización.

ARTÍCULO 159.- Negativa de orden de aprehensión. Si el juez decide no girar la orden de aprehensión solicitada, o negar la citación para declaración preparatoria, por considerar que no se reúnen los requisitos establecidos en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informará de ello al Agente del Ministerio Público que ejercitó la acción penal, por conducto del representante social adscrito, para que perfeccione la integración de la averiguación previa, especificando los datos que no hayan sido motivo de acreditación. Se dejará copia del expediente, para que se cumpla con lo ordenado en el Artículo 160 de este Código. En caso de que el hecho punible consignado sea calificado como no típico por la autoridad judicial, o de que no se acredite la probable responsabilidad del inculpado, tal negativa será apelable.

ARTÍCULO 160.- Reformulación del ejercicio de la acción penal. Respecto del contenido del Artículo anterior, el Ministerio Público que reciba la información de haberse negado girar la orden de aprehensión solicitada o de citación para preparatoria, tendrá un término de seis meses para realizar las diligencias de complemento que sean necesarias para reformular el ejercicio de la acción penal, ante el propio juez que radicó el asunto, respecto precisamente de los datos que no hayan sido motivo de acreditación inicial. Transcurrido tal plazo sin que se reformule el ejercicio de la acción penal, la autoridad judicial, de oficio o a petición de sujeto procesal interesado, decretará el sobreseimiento.

ARTÍCULO 161.- Presentación voluntaria. Si se giró orden de aprehensión, y el inculpado se presenta voluntariamente ante el Juez, éste ordenará la inmediata cancelación de aquélla, que turnará al Ministerio Público para que surta los efectos legales que correspondan.

ARTÍCULO 162.- Ejecución de la orden de aprehensión. Una vez ejecutadas las Ordenes de Aprehensión por la Policía, se pondrán inmediatamente los indiciados a disposición del juez que los requiera, quien decretará su legal detención, y comenzará a correr el término de 72 horas previsto en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del cual se resolverá sobre la situación jurídica de aquéllos.

ARTÍCULO 163.- Legal detención. Si la consignación que realice el Ministerio Público se hace con el indiciado privado de su libertad, por haber sido detenido por cuestión de flagrancia o urgencia, el Juez ordenará la radicación del asunto, para efectos de inicio del término previsto en el Artículo 19 Constitucional, y procederá a calificar si la detención fue apegada o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el primer caso, ratificará la detención, y en el segundo, decretará la libertad del inculpado bajo las reservas de ley.

Se entenderá que el indiciado queda a disposición del Juez para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que le sea entregado física y formalmente, por parte de quien realice la consignación. Para los mismos efectos, cuando sea necesario ingresar al detenido a alguna institución de salud, quien haya realizado la consignación, deberá acompañar a su puesta a disposición, la constancia respectiva de dicha institución.

Si se decreta la libertad del inculpado bajo reservas de ley por considerar no se reúnen los requisitos de la flagrancia o de la urgencia, el Ministerio Público adscrito al juzgado que corresponda, podrá solicitar se gire la orden de aprehensión correspondiente en términos de este Código.

ARTÍCULO 164.- Declaración preparatoria. Dentro del término constitucional, el juez ordenará se lleve a cabo la declaración preparatoria del indiciado en audiencia pública, la que se llevará a efecto en el lugar al que tenga acceso el público, sin que puedan estar presentes los testigos que deban ser examinados con relación al hecho punible motivo del procedimiento, tomándose en cuenta lo previsto al efecto por este Código en lo relativo a los derechos del inculpado.

ARTÍCULO 165.- Auto de formal prisión. Dentro de las 72 horas siguientes al momento en que el indiciado quede a disposición del juez, éste dictará auto de formal prisión, cuando de lo actuado aparezcan plenamente probados los requisitos establecidos en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El término referido podrá ser duplicado a solicitud del inculpado o de su defensa, siempre y cuando tal solicitud se haga por escrito y se especifiquen los medios probatorios que pretendan desahogar en dicho término.

El auto de formal prisión contendrá, además de los requisitos constitucionales, lo siguiente:

I. Lugar, hora, día, mes y año en que se dicte;

II. Expresión de la figura o figuras típicas por los que el Ministerio Público ejercitó acción penal;

III. Versión de la autoridad judicial del hecho punible que motivó el procedimiento, con expresión del lugar, tiempo y circunstancias de realización del mismo;

IV. Certificación de la existencia de los elementos que integran el cuerpo del delito de la figura típica aplicable, a juicio de la autoridad judicial, independientemente del propuesto por el Ministerio Público en su oficio de consignación, con referencia a los elementos de prueba considerados al respecto;

V. Certificación de la existencia de la probable responsabilidad del indiciado, con referencia a los elementos de prueba considerados al respecto;

VI. Puntos resolutivos, en los que se hará una síntesis del contenido de la resolución; y

VII. Nombre y firma del juez que dictó la resolución y del secretario o testigos de asistencia con quienes actúa.

ARTÍCULO 166.- Auto de libertad por falta de elementos. Si dentro del término previsto en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión, por no haberse comprobado el cuerpo del delito de las figuras típicas consideradas o la probable responsabilidad del indiciado, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos. Tal resolución será notificada al Agente del Ministerio Público que ejercitó la acción penal, para que se proceda en los términos establecidos en el Artículo 159.

ARTÍCULO 167.- Cuerpo del delito y probable responsabilidad. El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos objetivos que constituyan la materialidad del hecho establecida en la descripción típica correspondiente, así como los normativos, en el caso de que la misma los requiera.

La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por acreditada cuando de los medios de prueba existentes, se deduzca su autoría o participación en los hechos constitutivos del cuerpo del delito demostrado, que su acción u omisión haya sido realizada en forma dolosa o culposa, y provoque el resultado de afectación o puesta en peligro del bien jurídico tutelado o haya contribuido eficazmente en tal provocación, sin que esté acreditada alguna causa de licitud o excluyente del delito.

CAPÍTULO III

Instrucción

ARTÍCULO 168.- Inicio y objeto. La instrucción comienza con el auto de formal prisión y concluye con el auto que la declara cerrada. Durante esta fase, la autoridad judicial deberá admitir, preparar y desahogar los medios probatorios que legalmente le ofrezcan los sujetos procesales interesados, en relación con el hecho punible que haya sido tipificado, y específicamente para acreditar la culpabilidad o inculpabilidad del procesado, o para certificar la existencia o no de alguna de las causas de justificación, así como los elementos idóneos para la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados. Además, en dicha fase, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del inculpado, de la víctima u ofendido, así como de las circunstancias de realización del hecho punible tipificado, teniendo amplias facultades para allegarse, de oficio, los medios probatorios que estime necesarios.

ARTÍCULO 169.- Identificación del inculpado. Dictado el auto de formal prisión se ordenará la identificación del inculpado por el sistema que se adopte administrativamente.

ARTÍCULO 170.- Término de la instrucción. La etapa de la instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible, sin que se rebasen los límites de enjuiciamiento establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando exista auto de formal prisión y el hecho punible tipificado tenga señalada una punibilidad que exceda de 2 años de prisión, la instrucción se agotará en un plazo no mayor de 6 meses. Si la punibilidad máxima que se establece es de 2 años de prisión, la instrucción deberá terminarse en un plazo que no exceda de 3 meses. Los plazos que se establecen en este Artículo, se contarán a partir del día siguiente de la fecha del auto de formal prisión.

ARTÍCULO 171.- Cierre de instrucción. Una vez concluido el término establecido para la instrucción, se procederá a declarar cerrada aquélla.

ARTÍCULO 172.- Procedimiento abreviado. Si dictado auto de formal prisión, en caso de figura típica no grave, los sujetos procesales interesados manifiestan expresamente su conformidad con el mismo o no hicieron valer los recursos correspondientes de impugnación, si, a juicio del juez obran en el expediente pruebas suficientes para acreditar el monto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a que pudiera ser condenado el inculpado, o tales daños y perjuicios han quedado cubiertos a satisfacción de la víctima u ofendidos, se pondrá el expediente a la vista por el término de tres días para ofrecimiento de pruebas.

En caso de no promoción o concluido el desahogo de las admitidas, se dictará el auto que declara cerrada la instrucción y se citará a la audiencia final de juicio, en la que el Ministerio Público, la víctima u ofendido, el acusado y su defensor, expresen las conclusiones que correspondan. El juez dictará sentencia en la misma audiencia o en un término no mayor de diez días.

Si se opta por este procedimiento a solicitud expresa del inculpado y/o su defensor, se aplicará al responsable hasta la mitad de la punibilidad señalada en la descripción típica que corresponda.

CAPÍTULO IV

Juicio

ARTÍCULO 173.- Inicio y conclusiones. Cerrada la instrucción, el juez mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la víctima u ofendido por el plazo que estime prudente, de acuerdo con el número de fojas que integren el expediente, pero que en ningún caso podrá ser menor de 5 días ni mayor de 10, para que formulen conclusiones por escrito.



(REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

Transcurrido el plazo que se haya fijado sin que el Ministerio Público haya presentado conclusiones, el juez deberá informar al Fiscal General del Estado acerca de la omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes en un término igual al fijado originalmente.

Si transcurren los plazos establecidos en los párrafos anteriores sin que se formulen las conclusiones, el tribunal tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad, sobreseyéndose el procedimiento.

Las conclusiones que formule la víctima u ofendido, versarán sobre los aspectos relativos a la relación víctima - victimario, y los puntos relativos a la reparación de daños y perjuicios, y su no presentación en tiempo y forma legales, no provocará ninguna sanción de carácter procesal.

ARTÍCULO 174.- Requisitos de las conclusiones del Ministerio Público. El Ministerio Público al formular conclusiones, lo hará de la siguiente manera:

I. Hará una exposición de los hechos punibles de acuerdo a como se hayan probado, definiendo los niveles de autoría o participación del o de los procesados y sus circunstancias particulares;

II. Razonará lógica y jurídicamente el o los hechos punibles probados para concluir sobre la existencia en tales hechos de la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad correspondientes, respecto del o de los inculpados;

III. Propondrá las cuestiones de derecho que se presenten y citará los fundamentos legales, jurisprudencia o doctrinas aplicables al respecto; y

IV. Si estima que ha lugar a la acusación, fijará en proposiciones concretas, el delito que atribuya al procesado, las modalidades que concurran, y solicitará la aplicación de las penas y medidas de seguridad que estime procedentes, haciendo especial énfasis en los montos relacionados a la reparación del daño material y moral.

El documento que las contenga, se presentará con las copias suficientes para que los inculpados las contesten.

(REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

ARTÍCULO 175.- Vista al Fiscal General del Estado. Si las conclusiones del Ministerio Público fueren de no acusación, contrarias a las constancias procesales o no reúnen la totalidad de los requisitos exigidos para el efecto en el Artículo anterior, el juez las mandará al Fiscal General del Estado, para que éste las modifique o las confirme, en un plazo igual al fijado para la elaboración de las conclusiones por el Ministerio Público. En su caso, el Juez señalará la contradicción existente o los requisitos faltantes. Si transcurren los plazos establecidos sin que se resuelva sobre la no acusación inicial, la contradicción existente o se complementen los requisitos faltantes, el tribunal tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad, sobreseyéndose el procedimiento.

ARTÍCULO 176.- Conclusiones de la defensa. Las conclusiones acusatorias que se hayan formulado y las de la víctima u ofendido, se le darán a conocer al inculpado y a su defensor, mediante notificación personal, para que en un término igual que al fijado al Ministerio Público y a la víctima u ofendido, procedan a contestarlas y formulen a su vez, las conclusiones que estimen procedentes.

Cuando los procesados fueren varios, el término será igual para todos, salvo que la situación procesal fuere distinta.

El inculpado y la defensa podrán presentar sus conclusiones por escrito en el término fijado para ello, sin sujeción a ninguna regla especial.

ARTÍCULO 177.- Conclusiones de no responsabilidad. Si al concluir el plazo concedido al inculpado y a su defensor, éstos no hubieran presentado conclusiones, el juez tendrá por formuladas las de no responsabilidad, sin perjuicio de decretar la aplicación de la corrección disciplinaria que estime procedente imponerle al defensor.

ARTÍCULO 178.- Citación a audiencia final de juicio. En el acuerdo en que se tenga por recibidas las conclusiones del inculpado y de la defensa, o por formuladas las de no responsabilidad, la autoridad judicial citará a la audiencia final de juicio, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

La audiencia final de juicio deberá celebrarse con la presencia del juez y de los sujetos procesales interesados. A falta de alguno de ellos, se procederá en los términos del Artículo 119.

ARTÍCULO 179.- Audiencia final de juicio. En la audiencia final de juicio, el juez, el Ministerio Público y la defensa podrán interrogar al inculpado sobre los hechos punibles típicos materia del procedimiento; podrán ampliarse o corregirse las diligencias desahogadas en la etapa de la Instrucción, si para ello existe razón suficiente a juicio del juez y los sujetos procesales interesados lo hubieran solicitado dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la citación para la audiencia; se leerán las constancias que las partes soliciten y que el juez estime conducentes; las partes podrán formular alegatos por escrito o verbalmente; la víctima u ofendido, o sus representantes legítimos podrán hacer uso de la palabra, y al final se preguntará al procesado si desea hacer uso de la palabra, y en su caso, se asentará en el acta lo que manifieste. Finalmente el juez declarará visto el procedimiento y citará para oír sentencia.

ARTÍCULO 180.- Sentencia definitiva. El juez dictará la sentencia en términos de lo ordenado por el Artículo 93, dando respuesta a las conclusiones formuladas por los sujetos procesales interesados.

Si se trata de figuras típicas culposas, deberá además determinarse lo siguiente:

I. Cuál debió ser el deber de cuidado motivo de observación de parte del inculpado, y cuál la base legal de su existencia y obligatoriedad;

II. Si tal deber de cuidado pudo ser observado por el inculpado según sus circunstancias personales y las condiciones del hecho;

III. Establecer el lugar, tiempo y circunstancias en que se violó el correspondiente deber de cuidado; y

IV. Explicar si el incumplimiento a tal deber de cuidado fue lo que provocó el resultado típico que se le atribuye al inculpado.

ARTÍCULO 181.- Individualización de las sanciones. El juez al dictar la sentencia que corresponda, fijará las sanciones que estime justas dentro de los límites señalados en cada figura típica, teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del hecho, la afectación o puesta en peligro concreto del bien jurídico, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de realización, los motivos determinantes de la conducta, la forma de intervención, la relación víctima victimario, y las demás circunstancias que determinen la gravedad del hecho y la culpabilidad del responsable.

Para la adecuada aplicación de las sanciones, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del inculpado y de la víctima, así como de las circunstancias de realización del hecho punible.

Para estos fines, el juez requerirá siempre de los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del inculpado, y en los casos específicos, de su relación con la víctima.

ARTÍCULO 182.- Fijación de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que establezca el juez, además de tener en cuenta las circunstancias a que se refiere el Artículo anterior, atenderán a los objetivos por la que se instituyeron, de acuerdo con su naturaleza jurídica.

ARTÍCULO 183.- Aclaración de sentencia. La aclaración de sentencia procede únicamente tratándose de sentencias definitivas y sólo una vez puede pedirse.

Se solicitará ante el tribunal que haya dictado la sentencia dentro del término de tres días contados desde la notificación, debiendo expresarse claramente las contradicciones, ambigüedades, obscuridades, omisiones o deficiencias de que, en concepto del promovente, adolezca la sentencia.

La víctima u ofendidos también podrán solicitar la aclaración de sentencia por lo que se refiere a la reparación de daños y perjuicios.

La solicitud de aclaración de la sentencia interrumpe el plazo señalado para la apelación de ésta.

ARTÍCULO 184.- Trámite de aclaración de sentencia. De la solicitud respectiva se dará vista a los sujetos procesales interesados por el término de tres días para que expongan lo que estimen procedente. El juzgador resolverá dentro de los siguientes tres días si es de aclararse la sentencia y en qué sentido o si es improcedente la aclaración. En ningún caso se alterará, con el pretexto de aclaración, el fondo de la sentencia.

La resolución que aclare una sentencia se reputará parte integrante de ella.

ARTÍCULO 185.- Sentencia irrevocable. Son irrevocables y por tanto causan ejecutoria:

I. Las sentencias de primera instancia cuando sean expresamente consentidas por los sujetos procesales interesados; cuando dentro del plazo que la ley señala no se interponga el recurso de apelación; cuando se declare desierto el recurso de apelación o cuando exista desistimiento del recurso interpuesto; y

II. Las sentencias definitivas de segunda instancia.

ARTÍCULO 186.- Declaración de sentencia ejecutoria. Cuando una sentencia haya causado ejecutoria, la autoridad hará la declaratoria correspondiente, de oficio o a petición de parte, para que surta sus efectos legales.

Tal acuerdo será notificado personalmente:

I. Al sentenciado;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

II. A la Fiscalía General del Estado;

III. Al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; y

IV. A la Dirección General de Reinserción Social.

Con tal notificación se les hará entrega de las copias autorizadas de la sentencia y de la declaración de ejecutoria, necesarias para que se inicie la fase de ejecución. En caso de que el sentenciado se encuentre privado de la libertad, se computará el tiempo de privación de libertad preventiva. Si el sentenciado se encuentra privado de la libertad por estar en fase de ejecución diversa pena de prisión, se indicará el momento en que ésta última debe iniciar su propia ejecución.

TÍTULO SEXTO

MEDIOS PROBATORIOS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 187.- Averiguación de la verdad. El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con lo establecido por este Código al respecto.

ARTÍCULO 188.- Objeto, pertinencia y utilidad de los medios de prueba. Salvo previsión expresa en contrario, serán objeto de prueba todos los hechos punibles que puedan constituir delito, así como los datos que impiden su configuración, las circunstancias de interés para la correcta solución de (sic) caso, las concernientes a la individualización de las penas y/o medidas de seguridad, y las consecuencias y montos patrimoniales del daño provocado por el hecho punible, por cualquier medio permitido por este Código.

Un medio de prueba para ser admitido, debe referirse directamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando ellos resulten manifiestamente excesivos.

Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todos los sujetos procesales interesados, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede, de oficio, provocar el acuerdo.

Además de los medios de prueba previstos en este Título, se podrán utilizar otros distintos, sobre todo aquellos que sean resultado de los avances de la ciencia y de la tecnología, siempre que no supriman las garantías y facultades de los sujetos procesales interesados o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento, se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos, en lo posible.

El derecho no requerirá prueba, salvo que sea extranjero.

Serán admisibles como prueba, las grabaciones obtenidas en términos de la Ley de Video Vigilancia del Estado, siempre que contengan información relacionada con el hecho punible, y sean útiles para el descubrimiento de la verdad.

ARTÍCULO 189.- Prueba lícita. Todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido, incorporado al expediente y producido conforme a las disposiciones de este Código.

Son inadmisibles los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la violación del deber de confidencialidad, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.

Durante la fase de instrucción, las pruebas deben ser recibidas por el Juez con citación de los sujetos procesales interesados.

ARTÍCULO 190.- Exhibición de medios de prueba. Toda persona en cuyo poder se hallen cosas o documentos que deban servir de prueba, tienen la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido en forma por el Ministerio Público, durante la fase de la averiguación previa, o por el juez, durante las fases de la averiguación procesal, con las salvedades que establezcan las leyes.

CAPÍTULO II

Comprobación Inmediata y Medios Auxiliares

ARTÍCULO 191.- Registro e inspección. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del hecho punible o se presuma que en determinado lugar se oculta el inculpado o alguna persona evadida, se procederá a su registro.

Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiese, de utilidad para la averiguación del hecho punible o la individualización de los partícipes en él. De ella se elaborará acta que describirá detalladamente esos elementos y se atenderán las reglas establecidas en este Código para la cadena de custodia. Para una lógica descripción de lo que sea motivo de inspección, se agregarán las imágenes o fotografías que para tal efecto se realicen.

Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra.

Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública, pero la restricción de la libertad sólo será por el tiempo necesario para la realización de la diligencia, salvo que se trate de casos de flagrancia o de urgencia, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 192.- Identificación y necropsia. Cuando la investigación versare sobre una muerte sospechosa de haber sido provocada en un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso o después de su exhumación, se hará la descripción correspondiente y se lo (sic) identificará por medio de testigos, procediéndose a su identificación dactiloscópica o, de no ser posible, por otro medio aconsejable.

En estos casos, se ordenará la necropsia, para establecer de manera determinante la causa o causas que produjeron la muerte.

Para certificar la pérdida de la vida, deberá comprobarse previamente la existencia de los signos de muerte, en términos de lo ordenado por la Ley General de Salud o normatividad relacionada.

ARTÍCULO 193.- Reconocimiento. Para mayor eficacia de los registros, requisas e inspecciones, se podrán ordenar las operaciones técnicas, científicas o informáticas pertinentes, así como los reconocimientos y reconstrucciones que correspondieren.

ARTÍCULO 194.- Aseguramiento de objetos. Los objetos y documentos relacionados con el hecho punible o los que pudieren ser de importancia para la investigación y los sujetos a decomiso, serán asegurados y conservados según las reglas establecidas para la cadena de custodia.

Quien tuviere en su poder objetos o documentos de los señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando sea requerido para ello, rigiendo los medios de coacción permitidos para el testigo que se rehúsa a declarar.

Si las cosas que se hallan en poder de una persona no son entregadas voluntariamente, se dispondrá su aseguramiento.

Cuando para la averiguación de un hecho punible fuera indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles, que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se ordenará lo conducente para su realización, en la medida que contribuya esto para el éxito de la investigación.

ARTÍCULO 195.- Inventario y custodia. Los objetos asegurados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición de la autoridad que corresponda.

ARTÍCULO 196.- Devolución de objetos asegurados. La orden de aseguramiento estará a cargo del funcionario que conozca de la investigación, y sólo podrán ser devueltos mediante la autorización del tribunal, si se consigna la averiguación previa, o por el Ministerio Público a cargo de la investigación, si se determina el no ejercicio de la acción penal o la reserva de diligencias.

Los objetos asegurados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo, serán devueltos tan pronto como sea necesario, al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron.

CAPÍTULO III

Testimonios

ARTÍCULO 197.- Deber de declarar. Todo habitante del país o persona que se halle en él, tendrá el deber de concurrir a una citación practicada con el fin de que preste declaración testimonial, el de declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación, y el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración, con las excepciones establecidas en este Código. En la citación correspondiente se le informará sobre la necesidad de identificarse legalmente ante la autoridad que ordena su presentación.

ARTÍCULO 198.- Asistencia jurídica al testigo. Toda persona que tenga que rendir declaración ante la autoridad ministerial o judicial, tendrá derecho a hacerlo asistida por un abogado nombrado por ella. El abogado podrá impugnar las preguntas que se hagan al declarante si éstas son inconducentes a los hechos motivo de investigación o contra derecho. No pueden, sin embargo, producir ni inducir las respuestas de la persona asistida.

ARTÍCULO 199.- No obligación de comparecer. Los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, secretarías de Estado o equivalentes, así como directores de organismos públicos descentralizados, si tienen el carácter de testigos de un hecho punible, podrán solicitar que su declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio, para lo cual propondrán, oportunamente, la fecha y el lugar correspondiente.

ARTÍCULO 200.- Abstención de declarar. No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, ni a los que estén ligados con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad; pero si estas personas tuvieren voluntad de declarar se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración.

Tampoco estarán obligados a declarar como testigos las personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar un secreto particular u oficial. Por lo anterior, no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder:

I. Los abogados, consultores técnicos y los notarios públicos, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión;

II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las declaraciones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten;

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado;

IV. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional; y

V. Los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos, respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes, que conozcan con motivo de su ejercicio profesional.

Si alguna de las personas comprendidas en las fracciones anteriores tuvieran voluntad de declarar sobre la información que hayan recibido, y así lo consiente la persona respecto de la cual deban guardar el secreto profesional, se hará constar tal circunstancia y se recibirá el testimonio.

En caso de ser citadas, deberán comparecer, y si no desean declarar, explicarán el motivo por el cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar.

Si la autoridad que conozca de la investigación estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración. La resolución que se dicte al respecto deberá estar debidamente fundada y motivada.

La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deben guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley que rija las facultades del servidor público correspondiente.

Al servidor público que viole lo dispuesto en este Artículo, se le aplicarán las sanciones penales conforme a la figura típica que corresponda.

ARTÍCULO 201.- Deber de examinar testigos. El tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten los sujetos procesales interesados, en la medida que sea necesario para los fines de la misma.

ARTÍCULO 202.- Imposibilidad de presentación. Si el testigo se hallara en el lugar de residencia del servidor público que practique las diligencias, pero tuviere imposibilidad física debidamente comprobada para presentarse ante él, dicho servidor público podrá trasladarse a donde se encuentre el testigo para tomarle su declaración.

ARTÍCULO 203.- Disposiciones para examen de testigos. Los testigos deberán ser examinados separadamente y no podrán ser asistidos por persona alguna al contestar, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando el testigo sea ciego;

II. Cuando sea sordo o mudo; y

III. Cuando ignore el idioma castellano.

En el caso de la fracción I, el servidor público que practique las diligencias designará a otra persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después de que ésta la haya ratificado. En los casos de las Fracciones II y III, se procederá conforme a lo dispuesto en este Código.

El servidor público que practique las diligencias podrá dictar las providencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio de otra persona, antes de que rindan su declaración.

ARTÍCULO 204.- Anticipo de prueba testimonial. Cuando tuviere que ausentarse del lugar en que se practiquen las diligencias alguna persona que pueda declarar acerca del hecho punible, de sus circunstancias o de la persona del inculpado o la víctima, la autoridad que conozca, a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales interesados, procederá a examinarla desde luego si fuere posible; en caso contrario, podrá arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Si resultare que la solicitud fue infundada y por lo mismo indebido el arraigo, el testigo podrá exigir al que lo solicitó que lo indemnice de los daños y perjuicios que le haya causado, situación que será resuelta por la autoridad que conozca de la investigación.

ARTÍCULO 205.- Medios de apremio para testigos. Si el testigo no compareciere a declarar, a pesar de haber sido citado legalmente para ello, o si después de comparecer se negare a declarar, se le aplicarán los medios de apremio correspondientes, sin perjuicio de su enjuiciamiento, cuando corresponda.

ARTÍCULO 206.- Instrucción y protesta. Se comenzará instruyendo al testigo acerca de sus obligaciones y de la importancia y fines de la diligencia en la que participa, así como de la punibilidad establecida en la legislación vigente respecto a las personas que se niegan a declarar o declaran falsamente, y se les tomará la protesta de decir verdad.

A los menores de dieciocho años de edad, sólo se les exhortará para que se conduzcan con verdad, y a los menores de doce años, se les solicitará información, allegándose el órgano receptor de la prueba, del personal capacitado para el efecto, pudiendo ser un educador o psicólogo infantil, que ilustre a la autoridad, sobre la manera de conducirse hacia el menor, respetándose los derechos del niño o del joven según sea el caso.

El testigo será interrogado sobre sus datos personales y las demás circunstancias útiles para valorar su testimonio. Luego continuará la declaración sobre lo que conozca del hecho punible o las particularidades del inculpado o de la víctima.

ARTÍCULO 207.- Declaración e interrogatorio. Los testigos declararán de viva voz sin que les sea permitido leer las respuestas que tengan escritas; pero podrán consultar algunas notas o documentos que lleven consigo, cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio de quien practique la diligencia.

Si la declaración del testigo se realiza durante la fase de averiguación procesal, el Ministerio Público y la defensa tendrán derecho de interrogar, pero el juzgador podrá disponer que los interrogatorios se hagan por su conducto cuando así lo estimen necesario; además, tendrá la facultad de desechar las preguntas que a su juicio sean capciosas e interrogar al testigo sobre los puntos que estime convenientes.

En el caso que el testigo manifieste que puede identificar alguna persona, lo hará en los términos establecidos en este Código para la confrontación.

ARTÍCULO 208.- Registro auténtico. Las preguntas y declaraciones se redactarán con claridad y usando las mismas palabras empleadas por quien interroga y el testigo. Si éste quisiera dictar o escribir su declaración, se le permitirá hacerlo. En todo caso, el declarante deberá expresar la razón de su dicho.

ARTÍCULO 209.- Identificación de objetos o lugares. Si la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, después de interrogar al testigo sobre las señales que caractericen dicho objeto, se le pondrá a la vista para que lo reconozca. En todo caso, lo que resulte se anotará en el acta.

Si la declaración es relativa a un hecho que hubiese dejado vestigios en algún lugar, el testigo podrá ser conducido a él para que haga las explicaciones convenientes.

ARTÍCULO 210.- Finalización de interrogatorio. Concluida la diligencia se leerá al testigo su declaración o la leerá él mismo, si quisiere, para que la ratifique o la enmiende, y después de esto será firmada por el testigo y su asistente legal, si lo hubiere, al calce de las actas. Si no puede o no sabe leer ni escribir, la declaración será leída por el secretario y firmada por éste y por el juez, haciéndose constar tal circunstancia.

ARTÍCULO 211.- Falsedad del testigo. Si de lo actuado apareciere que algún testigo se ha producido con falsedad, se mandarán compulsar las constancias conducentes para la investigación de este hecho y se dará vista inmediatamente al Ministerio Público para los efectos legales a que haya lugar; si en el momento de rendir su declaración el testigo apareciere que es manifiesta la comisión del hecho punible tipificado como de Falsedad ante la Autoridad, por existir en autos declaración o declaraciones esencialmente contradictorias, se estará en el supuesto de la flagrancia y, por lo mismo, será desde luego privado de la libertad e iniciada averiguación previa, para lo cual se le expedirá copia certificada de las constancias relativas.

CAPÍTULO IV

Pericial


ARTÍCULO 212.- Peritos. Serán ofrecidos o designados como peritos quienes, según la legislación estatal correspondiente, acrediten idoneidad en la materia a que pertenece el tema sobre el cual han de manifestarse. Si la ciencia, arte o técnica no está reglamentada o si, por obstáculo insuperable no se pudiere contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta.

ARTÍCULO 213.- Selección de peritos. El Ministerio Público y los jueces en el desarrollo del procedimiento, seleccionarán a los peritos y determinarán el número de los que deban intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de los sujetos procesales interesados.

Al mismo tiempo, fijará con precisión y en preguntas concretas los temas de la peritación, de oficio o a petición de los interesados, según corresponda.

El Ministerio Público y los jueces, fijarán los plazos dentro de los cuales presentarán los peritos designados los dictámenes solicitados. En la aceptación y protesta del cargo que hagan los peritos, con excepción de los oficiales, explicarán el tiempo necesario que requieren para realizar su encargo. Si transcurrido el plazo no elaboran su dictamen, o si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio.

Si a pesar de haber sido apremiado el perito no cumple con las obligaciones impuestas en el párrafo anterior, se hará del conocimiento del Ministerio Público para que proceda conforme a derecho.

ARTÍCULO 214.- Designación de peritos oficiales. La designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo.

En ausencia o a falta de peritos oficiales, se hará la designación sobre personas que presten sus servicios en dependencias del Gobierno, Municipios, Escuelas o Universidades del Estado, o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en el Estado, y en tal designación se solicitará en forma expresa, las actividades que deberán desarrollar, las personas u objetos que sean motivo de análisis, y los cuestionamientos que deban resolverse. En estos casos los honorarios se cubrirán según se acostumbre pagar en los establecimientos permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que los peritos debieron ocupar en el desempeño de su comisión. En tales supuestos, el perito propondrá el monto de sus honorarios, los cuales, una vez regulados por la autoridad judicial se ordenará su pago.

ARTÍCULO 215.- Protesta del cargo. Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará la orden de practicar una peritación en la forma prevista en este Código, y los designados tendrán el deber de comparecer y de protestar su fiel desempeño, con excepción de los peritos oficiales titulares.

ARTÍCULO 216.- Recusación de peritos. Los peritos podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos para los magistrados, jueces y secretarios. Previo incidente que se tramitará en torno al motivo invocado, el Ministerio Público o tribunal resolverá lo que corresponda. Podrá por ese motivo suspender las operaciones periciales y, si admite la recusación, ordenar el reemplazo del perito, de oficio a instancia de quien lo propuso.

ARTÍCULO 217.- Propuesta y objeción de peritajes. Cualquiera de los sujetos procesales interesados, fundadamente puede proponer los temas para la pericia y objetar los ya admitidos o los ya propuestos por otros, resolviendo el tribunal la procedencia de la solicitud.

ARTÍCULO 218.- Asistencia del servidor público. Cuando el servidor público que practique las diligencias lo juzgue conveniente, asistirá al reconocimiento u operación que efectúen los peritos.

ARTÍCULO 219.- Requisitos de los peritajes. Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen, y responderán de manera clara, todos y cada uno de los cuestionamientos que se les hayan formulado, sin anexar datos o informes que no les hayan sido solicitados.

ARTÍCULO 220.- Formulación y ratificación de dictamen. Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en diligencia especial. También podrán formularlo mediante comparecencia ante la autoridad que lo haya solicitado, y el acta que al efecto se elabore, deberá referir todos los cuestionamientos solicitados, para su validez. Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes sino cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario.

Los sujetos procesales interesados estarán facultados para cuestionar a los peritos, en las diligencias de ratificación correspondientes, respecto de las opiniones vertidas en sus dictámenes.

ARTÍCULO 221.- Perito tercero. Cuando las opiniones de los peritos discordaren, se nombrará un perito tercero en discordia.

Si a juicio de la autoridad, esta encuentra indicios de mala fe o actuación ilícita, se impondrá al infractor en sentencia una multa igual a la contenida en el delito de la causa en que se actúe, con independencia de otro tipo de responsabilidad que sobrevenga.

ARTÍCULO 222.- Objetos consumibles. Cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis sino cuando más sobre la mitad de la substancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo, lo cual se hará constar en el dictamen respectivo.

ARTÍCULO 223.- Dictamen sobre lesiones. Cuando se trate de lesiones provenientes de hecho punible y el lesionado se encontrare en algún hospital o centro de salud, los médicos de éste se tendrán por nombrados como peritos, sin perjuicio de que los médicos legistas oficiales comprueben los certificados y rindan dictamen definitivo, previo y necesario examen de la persona lesionada.

ARTÍCULO 224.- Necropsia. La necropsia se practicará siempre por los peritos médicos legistas oficiales.

ARTÍCULO 225.- Documento no auténtico. Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse o decretarse el cotejo de letras o firmas, que se practicará con documentos indubitables o con los que los sujetos procesales interesados reconozcan como tales; con aquellos cuya firma o letra haya sido reconocida judicialmente, y con el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique.

CAPÍTULO V

Documental

ARTÍCULO 226.- Documentos públicos. Son documentos públicos los que señala como tales el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Para los efectos de este Código, también se entenderán como documento público las certificaciones que realice el Comité de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 227.- Legalización de documentos extranjeros. Para que se reputen auténticos los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán ser legalizados por el representante autorizado para atender los asuntos de la República Mexicana en el lugar donde sean expedidos.

La legalización de las firmas del representante se hará en los términos de la Ley del Servicio Exterior.

ARTÍCULO 228.- Recepción y desahogo. El tribunal recibirá las pruebas documentales que le presenten los sujetos procesales interesados hasta antes de que se declare cerrada la Instrucción, y como se desahogan por su propia naturaleza sin necesidad de practicar diligencia alguna, mandará agregarlas al expediente asentando razón en autos.

ARTÍCULO 229.- Copia o testimonio de documentos. Siempre que alguno de los sujetos procesales interesados pidiere copia o testimonio de algún documento que obre en los archivos públicos, los otros tendrán derecho de pedir, dentro de tres días, que se adicione con lo que crean conveniente del mismo asunto. El tribunal resolverá de plano si es procedente la adición solicitada.

ARTÍCULO 230.- Documentos fuera de jurisdicción del tribunal. Los documentos existentes fuera de la jurisdicción del tribunal en que se siga el procedimiento, se compulsarán en virtud de exhorto que se dirija al del lugar en que se encuentren.

ARTÍCULO 231.- Eficacia de documentos privados. Los documentos privados y la correspondencia proveniente de los sujetos principales de la relación procesal que se presenten, se tendrán por reconocidos si no son objetados por su autor en términos legales. Tal objeción se hará en el término de 5 días, contados a partir de que hayan sido admitidos o conocidos por la parte que los objeta.

Las certificaciones emitidas por el Comité de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes, podrán ser objetadas por las partes en el mismo término que establece el párrafo anterior. En este caso, el juez nombrará al perito que analizará si la información contenida en dichas certificaciones corresponde a la grabación y si ésta no ha sido alterada, ateniéndose a lo que este ordenamiento dispone en materia de pruebas periciales.

Respecto de documentos presentados para comprobar los montos relativos a pago de los daños y perjuicios ocasionados, no habrá necesidad de ratificación alguna por quien los emitió, si tales documentos cumplen con los requisitos fiscales de expedición y serán valorados conforme a lo previsto en este Código.

ARTÍCULO 232.- Compulsa de documentos privados. Cuando se ordene por el Ministerio Público o Juez, se mandará sacar testimonio de documentos privados existentes en los libros, cuadernos o archivos de comerciantes, industriales o de cualquier otro particular, debiéndose pedir la compulsa e indicar la constancia que se solicita, para estar en condiciones de ordenar la exhibición de aquellos y se inspeccione lo conducente.

ARTÍCULO 233.- Traducción de documentos extranjeros. Los documentos redactados en idioma extranjero se presentarán originales, acompañados de su traducción al castellano.

Si la traducción fuere objetada, se ordenará que sean traducidos por los peritos que designe el funcionario que conozca de la investigación.

ARTÍCULO 234.- Objeción de falsedad de documento. Los sujetos procesales interesados tienen el derecho para redargüir de falsedad los documentos públicos que obran en autos y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos.

CAPÍTULO VI

Confesión

ARTÍCULO 235.- Requisitos de la confesión. La confesión es la aceptación voluntaria llevada a cabo por el inculpado del hecho punible que se le imputa, que haya sido motivo de investigación y previamente acreditado por medios probatorios diversos. Tal aceptación sólo será válida si la emite persona mayor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, ante el Ministerio Público o el juez de la causa, en presencia de su Defensor y emitida además con las formalidades señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Código. Se admitirá en cualquiera de las etapas del procedimiento previas al dictado de sentencia irrevocable.

No podrá ejercitarse acción penal en contra de persona alguna, ni emitir sentencia condenatoria, si existe como único medio probatorio la confesión.

CAPÍTULO VII

Careos


ARTÍCULO 236.- Careos. Los careos constitucionales se practicarán siempre a petición del procesado y en presencia del juez.

Los careos procesales se practicarán a petición de los sujetos procesales cuando exista contradicción en las declaraciones vertidas y se practicarán siempre en presencia del juez.

Si los hechos motivo del procedimiento fueron tipificados como secuestro o en relación con las descripciones típicas establecidas en el libro segundo, título primero, capítulo segundo del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, tales careos no se podrán celebrar.

ARTÍCULO 237.- Realización de careos. Los careos se llevarán a cabo llamando la atención sobre las contradicciones advertidas, instando al diálogo a las personas que intervengan para superar las diferencias y averiguar la verdad sobre el hecho punible tipificado y de las características del inculpado y de la víctima.

CAPÍTULO VIII

Confrontación

ARTÍCULO 238.- Identificación. Toda persona que tuviere que referirse a otra, lo hará de un modo claro y preciso, mencionando, si le fuere posible, el nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla.

ARTÍCULO 239.- Confrontación. Cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiere, pero exprese que podrá reconocerla si se le presentare, el funcionario que conozca del asunto procederá a realizar la confrontación.

Lo mismo se hará cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce.

ARTÍCULO 240.- Práctica de la confrontación. Al practicarse la confrontación se cuidará de:

I. Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure ni borre las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarla;

II. Que aquélla se presente acompañada de cuando menos cinco individuos vestidos con ropas semejantes y aún con semejantes características físicas que las del confrontado; y

III. Que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarse sean de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias especiales si fuere posible.

Si alguna de las partes solicitare que se observen mayores precauciones que las previstas en el presente Artículo, la autoridad que conozca del asunto podrá acordarlas cuando existan motivos suficientes.

ARTÍCULO 241.- Diligencia de confrontación. La autoridad que conoce del asunto cuidará prudentemente el lugar en que se colocará el confrontado con relación a los que lo acompañen y para que se excluya del grupo a cualquiera persona que parezca sospechosa.

En la diligencia de confrontación se procederá colocando en una fila a la persona que deba ser confrontada y a las que hayan de acompañarla, y se interrogará al declarante sobre:

I. Si persiste en su declaración anterior;

II. Si conocía con anterioridad a la persona a quien se atribuye el hecho punible o si la conoció en el momento de ejecutarlo; y

III. Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto.

Se le colocará frente a las personas que formen el grupo; se le permitirá mirarlas detenidamente y posteriormente manifestará ante el funcionario que practique la diligencia quién es la persona y en qué se basa para señalarlo.

ARTÍCULO 242.- Confrontaciones separadas. Cuando la pluralidad de las personas amerite varias confrontaciones, éstas se verificarán en actos separados.

CAPÍTULO IX

Reconstrucción de Hechos

ARTÍCULO 243.- Reconstrucción de hechos. La reconstrucción del hecho punible tendrá por objeto determinar la veracidad de las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan formulado. Se podrá llevar a cabo siempre que la naturaleza del hecho punible tipificado y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio de la autoridad judicial que conozca del asunto.

ARTÍCULO 244.- Hora y lugar de reconstrucción. La reconstrucción del hecho punible deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se realizó, cuando estas circunstancias tengan alguna influencia en la determinación del hecho que se reconstruya; en caso contrario podrá efectuarse en cualquiera hora y lugar.

ARTÍCULO 245.- Examen previo. No se practicará la reconstrucción del hecho sin que hayan sido examinadas las personas que hubieran intervenido en aquél o que lo hayan presenciado y deban tomar parte en ella. Es necesario, además, que se haya llevado a cabo la inspección del lugar.

ARTÍCULO 246.- Puntos a reconstruir. Cuando alguno de los sujetos procesales interesados solicite la reconstrucción del hecho punible tipificado, deberá precisar cuáles son los datos y circunstancias que desea esclarecer, pudiéndose repetir la diligencia cuantas veces sea necesario, a solicitud del procesado, de su defensor, del Ministerio Público, o del propio tribunal, quien calificará la pertinencia de tal solicitud.

ARTÍCULO 247.- Presencia de testigos y peritos. En la reconstrucción del hecho estarán presentes, si fuere posible, todos los que hayan declarado haber participado en él o haberlo presenciado. Cuando no asistiere alguno de los primeros, podrá comisionarse a otra persona para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la práctica de la diligencia, en cuyo caso se suspenderá. Asimismo, se citará a los peritos que sean necesarios.

ARTÍCULO 248.- Versiones diversas. Cuando hubiesen versiones distintas acerca de la forma en que ocurrió el hecho, se practicará, si fueren conducentes al esclarecimiento del mismo, la reconstrucción relativa a cada una de ellos, y en caso de que se haga necesaria la intervención de peritos, éstos dictaminarán sobre cuál de las versiones puede acercarse más a la realidad, debiendo de tener en cuenta tan sólo, para emitir su opinión, sus observaciones y los conocimientos que les proporcionen su ciencia, especialidad o práctica.

CAPÍTULO X

Prueba Circunstancial

ARTÍCULO 249.- Prueba circunstancial. En el procedimiento penal, los sujetos procesales interesados podrán hacer valer la denominada prueba circunstancial, basada en una operación lógica mediante la cual, partiendo de datos conocidos y demostrados, se pueda llegar a la aceptación de otro u otros desconocidos o inciertos.

Esta prueba podrá ser ofrecida, analizada y valorada, para determinar la existencia de todos y cada uno de los elementos del delito que corresponda en relación con los hechos investigados, siempre y cuando los datos conocidos y demostrados se hayan obtenido con apego irrestricto a las disposiciones de la presente normatividad.

CAPÍTULO XI

Valoración de la Prueba

ARTÍCULO 250.- Regla general. Todas las pruebas desahogadas conforme a este Código, incluyendo las actas levantadas con motivo de la práctica de inspecciones y cateos, acreditarán la existencia de los hechos a que se refieren, salvo que durante la instrucción hayan sido objetadas por las partes y tales objeciones resulten indubitablemente probadas durante la misma instrucción.

Todos los medios de prueba o de investigación, quedarán al prudente arbitrio judicial. En el ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba, respecto de los testimonios de referencia, declaración de coinculpados y situaciones análogas, sólo se les dará valor cuando se encuentren apoyados con otros medios probatorios que corroboren tales testimonios.

ARTÍCULO 251.- Valor de la confesión. La autoridad judicial calificará el valor de la confesión, si ésta fue realizada por el inculpado con pleno conocimiento de los hechos punibles que se le imputan y de los medios probatorios aportados para configurarlo, así como de la trascendencia de su acto y de los beneficios procesales que le pueda reportar, y que la misma haya sido realizada sin coacción y sin violencia, física o moral, en presencia de su defensor y con pleno conocimiento de las características del procedimiento.

ARTÍCULO 252.- Valor de la pericial. Los dictámenes periciales serán apreciados por los jueces según las circunstancias del caso, y sólo a partir de lo solicitado por los sujetos procesales interesados.

ARTÍCULO 253.- Valor de la testimonial. Para apreciar la declaración de un testigo, el juez tendrá en consideración:

I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para apreciar el hecho o circunstancia sobre las que declara;

II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

III. Que el hecho o circunstancias sobre las que declara sean susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, que el testigo los conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro;

IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza.

ARTÍCULO 254.- Motivación de la valoración. Los tribunales, en sus resoluciones, expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente los medios probatorios, con arreglo a la lógica y a la experiencia. La duda en la valoración de específico medio probatorio, se resolverá analizando objetivamente la situación del inculpado y la víctima en cada caso concreto.

TÍTULO SÉPTIMO

IMPUGNACIONES

CAPÍTULO I

Recursos


ARTÍCULO 255.- Derecho de impugnación. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea otorgado expresamente. Cuando la ley no distinga, tal derecho corresponderá a todos, pero únicamente podrá recurrir aquel que invoque y acredite un interés legítimo en la eliminación, revocación o modificación de la resolución.

El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al procesado, pero éste podrá desistirse de los recursos interpuestos por aquél, previa consulta con el defensor, dejándose constancia de ello en autos.

ARTÍCULO 256.- Admisibilidad y desistimiento. Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley.

Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse de él antes de su resolución, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes.

El defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso del procesado.

ARTÍCULO 257.- Ampliación de protección. Cuando en el procedimiento hubiese varios procesados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales.

ARTÍCULO 258.- Recursos durante la instrucción. Si el recurso se interpusiere durante la instrucción, ésta no se cerrará en tanto se resuelva el medio de impugnación, procediendo al efecto la autoridad judicial correspondiente con la celeridad que el caso lo exija.

ARTÍCULO 259.- Objeto de los recursos. Los recursos tienen por objeto examinar si en la resolución impugnada no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valorización de la prueba; si se alteraron los hechos motivo de la investigación o si no se fundó o motivó correctamente, para el efecto de que la confirme, revoque o modifique, y en su caso, ordenar la reposición del procedimiento.

El juzgador que deba conocer del recurso, estará obligado a analizar en primero (sic) término, todos y cada uno de los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, independientemente de poder hacer efectivas las facultades de suplencia otorgadas a la autoridad judicial.

CAPÍTULO II

Revocación

ARTÍCULO 260.- Procedencia. El recurso de revocación procede solamente en contra de los autos o acuerdos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación o de reclamación, y los que se emitan en segunda instancia antes de que se dicte sentencia.

ARTÍCULO 261.- Tramitación. Interpuesto el recurso, en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, el tribunal lo resolverá de plano si estimare que no es necesario oír a los sujetos procesales interesados. En caso contrario, las citará a una audiencia verbal que se efectuará dentro de las 48 horas siguientes a la admisión del recurso, y en ella dictará su resolución, contra la que no procede impugnación alguna.

CAPÍTULO III

Reclamación

ARTÍCULO 262.- Procedencia. El recurso de reclamación procede contra las conductas omisivas de los jueces de primera instancia, cuando no emitan las resoluciones o no señalan la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señala este Código; o cuando no cumplan con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido por el presente ordenamiento.

La reclamación podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la situación que la motiva y por escrito ante el Supremo Tribunal de Justicia.

ARTÍCULO 263.- Tramitación. El Supremo Tribunal de Justicia en el plazo de 24 horas, le dará entrada al recurso y requerirá al juez para que rinda informe dentro del plazo de 24 horas.

Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución que proceda en un término que no excederá de 48 horas. Si se estima fundado el recurso, el Supremo Tribunal de Justicia requerirá al juez para que cumpla las obligaciones determinadas en la ley.

La falta del informe al que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y se aplicará al juez de 15 a 50 días multa.

El Supremo Tribunal de Justicia llevará un control del número de reclamaciones que hayan sido procedentes, para el efecto de establecer la responsabilidad correspondiente al funcionario omiso en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Si la interposición del recurso se califica de notoriamente improcedente, se aplicará al promovente de 15 a 50 días multa.

CAPÍTULO IV

Apelación

ARTÍCULO 264.- Procedencia. El recurso de apelación procede contra:

I. Las sentencias definitivas;

II. Los autos en que se niegue o se conceda el sobreseimiento;

III. Los autos en que se niegue o se conceda la suspensión del procedimiento por la autoridad judicial;

IV. Los autos en que se niegue o se conceda la acumulación de autos;

V. Los autos de formal prisión;

VI. Los autos que resuelvan situaciones concernientes a medios probatorios;

VII. Los autos en que se niegue o se conceda la libertad provisional bajo caución;

VIII. Los autos en que se niegue la libertad por desvanecimiento de datos;

IX. Las resoluciones que se dicten para concluir un incidente no especificado;

X. Los autos que nieguen la orden de aprehensión o citación para declaración preparatoria; los de libertad por falta de elementos y los de libertad por desvanecimiento de datos;

XI. Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial o arraigo del indiciado;

XII. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos especiales para inimputables permanentes y transitorios; y

XIII. Las resoluciones que señale este Código como específicamente apelables.

Son apelables en efectos suspensivo y devolutivo solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción. En todos los demás casos, el recurso de apelación procederá sólo en el efecto devolutivo.

ARTÍCULO 265.- Interposición y causa de pedir. La apelación debe interponerse por escrito, ante el juez que pronuncie la resolución impugnada dentro del término de diez días, en el que se expresarán los agravios que le cause la resolución recurrida. Al escrito se acompañarán copias simples de los agravios, para que se corra traslado a los sujetos procesales interesados, por el plazo de 5 días, para su contestación en segunda instancia.

ARTÍCULO 266.- Notificación de término. Al notificarse al procesado y a la víctima u ofendidos la sentencia definitiva de primera instancia, se les hará saber el término que la ley concede para interponer el recurso de apelación, lo que se hará constar en el expediente.

ARTÍCULO 267.- Admisión provisional. Interpuesto el recurso dentro del término legal, el tribunal que dictó la resolución apelada lo admitirá de plano, conforme a las disposiciones anteriores.

ARTÍCULO 268.- Remisión a Segunda Instancia. Admitida la apelación, se remitirá original del expediente al Supremo Tribunal de Justicia. Si fueren varios los sentenciados y el recurso solamente se refiere a alguno o algunos de ellos, el tribunal que dictó la resolución motivo del recurso, ordenará se expidan los testimonios correspondientes al trámite del mismo.

ARTÍCULO 269.- Admisión definitiva. Recibido el expediente o el testimonio en su caso, el tribunal calificará la admisión o no admisión del recurso, siendo el único momento para realizar esta calificación.

Si se admite el recurso, se señalará día para la vista, que se efectuará dentro de los quince días siguientes. En caso de no admitir el recurso, devolverá el expediente o testimonio al juzgado de su origen.

ARTÍCULO 270.- Pruebas para suspensión condicional. Siempre que se haya interpuesto el recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva, el tribunal tiene facultad para admitir las pruebas que no se hubieran promovido o practicado en primera instancia, para justificar la procedencia de la suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión y para resolver sobre ella al fallarse el asunto, aún cuando no haya sido motivo de agravio el no haberse conocido ese beneficio en la primera instancia.

ARTÍCULO 271.- Audiencia de vista. El día señalado para la vista comenzará la audiencia haciendo el secretario del Supremo Tribunal de Justicia una relación del asunto; enseguida se valorarán los escritos de agravios expuestos por el apelante y a continuación lo manifestado, en su caso, por los demás sujetos procesales interesados, en el orden que indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o más los apelantes, se hará la valoración en el orden que designe el mismo servidor público. Tal diligencia se celebrará con o sin la concurrencia física de los sujetos procesales interesados.

ARTÍCULO 272.- Sentencia. Declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de apelación pronunciará el fallo que corresponda, a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de vista.

ARTÍCULO 273.- Reposición del procedimiento. La reposición del procedimiento se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoye la petición. No se podrán alegar aquellos en los que el sujeto procesal agraviado se hubiera conformado expresamente, ni los que cause alguna resolución contra la que no se hubiera intentado el recurso que la ley conceda o, si no hay recurso, si no se protesta contra dichos agravios al tenerse conocimiento de ellos en la instancia en que se causaron.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa a la víctima o al inculpado, y que trascienda al resultado del fallo, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento.

ARTÍCULO 274.- Procedencia de la reposición del procedimiento. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes:

I. Por no haberse hecho saber al inculpado durante los períodos procedimentales correspondientes, el motivo del procedimiento, o el nombre de las personas que le imputen la comisión del hecho punible;

II. Por no haberse permitido al inculpado nombrar defensor o no nombrársele el de Oficio en los términos que señala la ley; por no habérsele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento, o por habérsele impedido comunicarse con él, o que dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del procedimiento;

III. Por no haberse ministrado al procesado los datos que necesitare para su defensa y que constaren en el expediente;

IV. Por no haberse citado al procesado a las diligencias que tuviere derecho a presenciar;

V. Por no haberse recibido al procesado, injustificadamente, las pruebas que hubiera ofrecido con arreglo a la ley;

VI. Por haberse celebrado la audiencia de final de Juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario o testigos de asistencia, y del Ministerio Público;

VII. Por haberse negado a alguno de los sujetos procesales interesados los recursos procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho;

VIII. Por no haberse hecho saber a la víctima u ofendido durante los períodos procedimentales correspondientes, de los derechos o garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga en el desarrollo del procedimiento; y

IX. Por no habérsele permitido a la víctima u ofendido, actuar en coadyuvancia en los términos que señala la ley; por negárseles la posibilidad de nombrar representante legal en el desarrollo del procedimiento, por no habérseles facilitado los datos que necesitare para el aseguramiento del pago de la reparación del daño o por no habérseles recibido medios probatorios de su parte necesarios para asegurar y hacer efectivos sus derechos constitucionales.

ARTÍCULO 275.- Sentencia ejecutoria. Una vez que se haya notificado en forma personal el fallo emitido a los sujetos procesales interesados, se remitirá desde luego la ejecutoria al tribunal de primera instancia, devolviéndole el expediente, en su caso.

ARTÍCULO 276.- Correcciones disciplinarias. Siempre que el tribunal de apelación encuentre que se retardó indebidamente el despacho del asunto o que se violó la ley durante las etapas del procedimiento a cargo del personal del Poder Judicial, si esas violaciones no ameritan que sea repuesto el procedimiento, ni que se revoque o modifique la resolución de que se trata, llamará la atención al inferior y podrá imponerle una corrección disciplinaria.

Cuando el tribunal de apelación notare que el defensor faltó a sus deberes, por no haber interpuesto los recursos que procedían, por haber abandonado los interpuestos, cuando de las constancias de autos apareciere que debían prosperar, por no haber alegado circunstancias probadas en el procedimiento y que hayan favorecido notablemente al procesado, o por haber alegado hechos no probados en autos, podrán imponerle una corrección disciplinaria. Si el defensor fuere de Oficio, el tribunal deberá además, dar cuenta al superior de aquél, llamándole la atención sobre la negligencia o ineptitud de dicho defensor.

TÍTULO OCTAVO

INCIDENTES

CAPÍTULO I

Libertad Provisional Bajo Caución

ARTÍCULO 277.- Garantía de libertad provisional bajo caución. Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Formulada la solicitud en cualquier etapa del procedimiento, con excepción de la de ejecución, el funcionario que conozca la concederá, siempre que se garantice debidamente el cumplimiento de las obligaciones procesales, la reparación de daños y perjuicios, así como la pena de multa que pudiera aplicársele.

En la determinación que dicte el funcionario que conozca, se fundará y motivará el otorgamiento o la negativa de tal libertad, así como la revocación de ésta, en su caso, tomando en cuenta las prevenciones constitucionales y legales aplicables.

ARTÍCULO 278.- Delitos graves. Se negará el beneficio de la libertad provisional bajo caución, cuando los hechos punibles que se imputen al inculpado puedan ser tipificados en las siguientes figuras típicas establecidas en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, las cuales se califican de graves:

I. Homicidio Doloso, prevista en los Artículos 97 y 99;

II. Homicidio Doloso Calificado previsto en el Artículo 107; y Lesiones Dolosas Calificadas, previstas en el Artículo 107, en relación con el Artículo 104, Fracciones IV, V y VI;

III. Tortura, previsto en los Artículos 3o y 4o de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Aguascalientes;

IV. Atentados al Pudor, previsto en el Artículo 115, cuando la víctima sea menor de doce años

V. Corrupción de Menores e incapaces, prevista en el Artículo 116;

VI. Pornografía infantil o de incapaces, prevista en el Artículo 117;

VII. Violación, prevista en el Artículo 119;

VIII. Violación Equiparada, prevista en el Artículo 120;

IX. Abuso Sexual, previsto en el Artículo 122;

X. Abuso Sexual Equiparado, previsto en el Artículo 123;

XI. Tráfico de Menores, prevista en el Artículo 126;

XII. Sustracción de Menores e Incapaces, prevista en el Artículo 127, salvo que el inculpado sea familiar del menor o incapaz objeto de sustracción o retención;

XIII. Desaparición Forzada de Personas, prevista en el Artículo 136;

XIV. Secuestro, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XV. Trata de personas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

XVI. Robo equiparado previsto en las Fracciones II y III del Artículo 141;

XVII. Robo Calificado, previsto en el Artículo 142, en relación con el Artículo 140, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado; este mismo supuesto se aplicará al robo simple previsto en el Artículo 140 salvo que se trate de un inculpado que por primera vez se le procesa por este tipo de hecho punible;

XVIII. Robo Calificado, previsto en las Fracciones III, VII, XII, XIV y XVII del Artículo 142, en relación con el Artículo 140, cualquiera que sea el valor de la afectación patrimonial;

XIX. Extorsión, prevista en el Artículo 149;

XX. Atentados al Desarrollo Urbano Ordenado, prevista en el Artículo 155;

XXI. Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto en las Fracciones XXXIII a XXXVI del Artículo 169;

XXII. Rebelión, prevista en el Artículo 184;

XXIII. Uso indebido de llamadas telefónicas para movilizar los sistemas de respuesta de emergencia, previsto en el Artículo 194 si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a consecuencia de su llamada falsa;

XXIV. Homicidio Culposo, prevista en el Artículo 195, párrafo tercero;

XXV. Aborto Culposo, prevista en el Artículo 196, párrafo tercero;

XXVI. Lesiones Culposas, previstas en el Artículo 197, penúltimo párrafo, en relación al Artículo 104, Fracciones IV, V y VI; y

XXVII. Los calificados como graves por otras leyes aplicables por las autoridades locales.

ARTÍCULO 279.- Libertad caucional en tentativa. Si el ejercicio de la acción penal respecto de las figuras típicas señaladas en el Artículo anterior, se formula por grado de tentativa, al inculpado no se le negará la obtención del beneficio solicitado.

ARTÍCULO 280.- Negativa de libertad caucional. Se podrá negar el beneficio de la libertad provisional bajo caución al inculpado que tenga el carácter de reincidente, entendiéndose como tal a la persona que se le haya dictado sentencia condenatoria con anterioridad por algún hecho tipificado en cualquiera de las figuras señaladas en el Artículo 278, o cuando el Ministerio Público compruebe ante el juez que el otorgamiento de la libertad al inculpado representa un riesgo para la víctima u ofendido, o para la sociedad misma, dadas las características personales del inculpado, en relación con su conducta precedente o por las características del hecho punible que se le imputa.

La única documentación válida para acreditar la reincidencia, será la que emita la autoridad judicial respecto de las sentencias ejecutorias que haya dictado en su momento, o con las constancias que para el efecto emita la autoridad ejecutora.

Para acreditar el riesgo para la víctima, ofendido o la sociedad, podrán exhibirse los informes de los archivos policiales o ministeriales de las dependencias estatales o municipales.

ARTÍCULO 281.- Naturaleza y monto de la caución. Cuando proceda la libertad provisional bajo caución, inmediatamente que se solicite se decretará en la misma pieza de autos.

La naturaleza y monto de la caución quedará al prudente arbitrio de la autoridad que la otorgue, quien hará señalamiento específico del monto que garantizará el cumplimiento de obligaciones procesales, los daños y perjuicios ocasionados en la medida en que las actuaciones se desprendan datos para fijar unos y otros, y de la pena de multa que pudiera aplicársele, fijada en el tipo penal correspondiente.

Se podrá disminuir el monto de la caución inicial, siempre que con ello no se afecte la garantía de reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos del hecho punible.

Si el monto de la caución no es suficiente para garantizar debidamente el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima u ofendidos, éstos tendrán derecho a la interposición del recurso de apelación respecto de tal rubro, en la forma y términos descritos en este Código.

ARTÍCULO 282.- Depósito en parcialidades. Tratándose de delitos culposos, si el inculpado no tiene los recursos económicos suficientes para efectuar en una sola exhibición el depósito en efectivo o los bienes necesarios para otorgar la garantía, el Juez podrá autorizarlo para que lo efectúe en parcialidades, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Que el inculpado tenga cuando menos un año de residir en el lugar en que se siga el proceso;

II. Que el inculpado tenga fiador personal que a juicio del juez, sea solvente e idóneo y dicho fiador proteste hacerse cargo de los depósitos no efectuados por el inculpado. El juez podrá eximir de esta obligación, para lo cual deberá motivar su resolución;

III. El monto de la primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total de la caución fijada, y deberá efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional; y

IV. El inculpado deberá obligarse a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el juez.

ARTÍCULO 283.- Depósito en efectivo. La caución consistente en depósito en efectivo, se hará por el inculpado o por terceras personas en la institución de crédito autorizada para ello o en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, o ante la propia autoridad ministerial o judicial, si son horas inhábiles para llevar a cabo el depósito ante las instituciones referidas.

El certificado correspondiente se depositará en la caja de valores del tribunal o de la Dirección General de Control de Procesos, según corresponda, asentándose constancia de ello en autos.

Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el depósito directamente en las instituciones mencionadas, la autoridad correspondiente recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el primer día hábil siguiente.

ARTÍCULO 284.- Hipoteca. Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble propuesto no deberá tener gravamen alguno y su valor catastral será, cuando menos, de tres veces el monto de la suma fijada como caución. El tribunal ordenará la inscripción de la garantía en el Registro Público de la Propiedad.

ARTÍCULO 285.- Fianza. Las fianzas que otorguen las instituciones legalmente autorizadas para ello, se extenderán en la misma pieza de autos o se agregarán a éstos, según el caso.

Las pólizas correspondientes para ser aceptadas por la autoridad que realice el trámite, deberán especificar los siguientes datos:

I. Autoridad ante la que se presenta;

II. Nombre del inculpado o fiador;

III. Número de averiguación previa o número de expediente judicial;

IV. Monto de la fianza;

V. Compromiso de la institución afianzadora que se establecerá en términos de la siguiente leyenda:

“... Para garantizar por el inculpado o fiado, el pago derivado del incumplimiento de obligaciones procesales, la reparación de daños, material y moral, perjuicios y multa que establezca la autoridad judicial, y que sean causados con motivo de los hechos punibles que se investigan en el presente procedimiento, y que se hará efectiva en cuanto al monto que garantice el cumplimiento de obligaciones procesales en caso de que el inculpado en el procedimiento incumpla con alguna obligación que le impone el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, y en cuanto a la reparación de daños y perjuicios así como a la multa, en caso de que no cumpla voluntariamente con la sentencia ejecutoria que le imponga la pena de pago de esos conceptos o se sustraiga de la acción de la justicia…”; y

Nombre y domicilio del agente autorizado en el Estado de Aguascalientes por la institución afianzadora emisora de la póliza, para la formulación de requerimientos legales, en su caso.

ARTÍCULO 286.- Obligaciones procesales. Al notificarse al inculpado el auto que le concede la libertad provisional bajo caución, se le hará saber que contrae, además de otras que señale este Código, las siguientes obligaciones procesales:

I. Presentarse a la agencia del Ministerio Público o tribunal que conozca de su caso, los días fijos que estime conveniente señalarle, y cuantas veces sea citado o requerido para ello;

II. Comunicar a las autoridades referidas en el inciso anterior los cambios de domicilio que tuviere; y

III. No ausentarse del Estado de Aguascalientes sin permiso de las autoridades referidas, permiso que no se podrá conceder por tiempo mayor de un mes.

También se le harán saber las causas de revocación de la libertad caucional.

En la notificación se hará constar que se hicieron saber al inculpado las anteriores obligaciones y las causas de revocación, pero la omisión de este requisito no librará de ellas ni de sus consecuencias a los interesados.

ARTÍCULO 287.- Revocación de la libertad caucional. Cuando se haya garantizado la libertad en los términos descritos en este Código, aquélla se le revocará en los casos siguientes:

I. Cuando aparezca con el desarrollo del procedimiento que el monto de los daños y perjuicios es mayor que los inicialmente garantizados;

II. Cuando en el procedimiento cause ejecutoria la sentencia y se haya pagado voluntariamente el monto de los daños, perjuicios y multa a que haya sido condenado el inculpado; o

III. Si se autorizó el depósito en parcialidades, cuando una de éstas no se realice en el tiempo y forma establecidos por el Juez; en cuyo caso se le devolverá lo ya depositado.

ARTÍCULO 288.- Revocación de libertad garantizada por tercero. Cuando un tercero haya garantizado la libertad del inculpado por medio de depósito en efectivo, de fianza o de hipoteca, aquélla se revocará:

I. En los casos que se mencionan en el Artículo anterior;

II. Cuando el tercero pida que se le releve de la obligación y presente al inculpado; o

III. Cuando con posterioridad se demuestre la insolvencia del fiador.

ARTÍCULO 289.- Comparecencia a través de tercero. Cuando un tercero haya constituido depósito, fianza o hipoteca para garantizar la libertad de un inculpado, las órdenes para que comparezca éste, se entenderán con aquél, sin que esto impida que se cite también directamente al procesado.

Si el tercero no pudiere presentar al procesado desde luego, el tribunal podrá otorgarle un plazo hasta de 30 días para que lo haga. Si concluido el plazo concedido, no se obtiene la comparecencia del procesado, se hará efectiva la garantía correspondiente en términos de ley y se ordenará la reaprehensión del inculpado.

ARTÍCULO 290.- Cancelación de garantía. El tribunal ordenará la cancelación de la garantía:

I. Cuando remita al sentenciado al establecimiento donde vaya a ejecutarse la pena privativa de libertad impuesta y haya cubierto el pago de la reparación de daños y perjuicios y multa a que haya sido condenado;

II. Cuando se decrete el sobreseimiento o la libertad del procesado;

III. Cuando el procesado sea absuelto; o

IV. Cuando se declare plenamente responsable al procesado y se presente voluntariamente a cumplir con la totalidad de las penas y medidas de seguridad que se le hayan aplicado.

ARTÍCULO 291.- Ejecución de la garantía. El tribunal mandará hacer efectiva la garantía sobre el cumplimiento de obligaciones procesales y ordenará la reaprehensión del procesado:

I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca del asunto y esto impida el normal desarrollo del procedimiento;

II. Cuando se sustraiga de la acción de la justicia, en cuyo caso también se harán efectivas las garantías relativas al pago de multa y de la reparación de daños y perjuicios, por lo que se procederá a entregar las cantidades correspondientes a las víctimas u ofendidos;

III. Cuando en el procedimiento en el que se le concedió la libertad, aún no se concluya con sentencia ejecutoria y participare en un nuevo hecho punible; o

IV. Cuando amenazare a la víctima u ofendidos o a algún testigo de los que hayan depuesto en su contra, o tengan que deponer en su asunto, o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos, a algún servidor público del tribunal o al Agente del Ministerio Público que intervenga en el caso.

ARTÍCULO 292.- Trámite de ejecución de la garantía. Cuando se ordene hacer efectiva la garantía, se harán los trámites correspondientes para ello, en relación con el tipo de caución aceptada. En caso de existir sentencia firme que condene al pago de reparación de daños y perjuicios, las cantidades correspondientes serán entregadas a la víctima u ofendidos del hecho. Si se hiciera efectiva respecto al cumplimiento de obligaciones procesales, la cantidad que corresponda se depositará en el Fondo de Atención a Víctimas del Delito que administrará la unidad o entidad gubernamental correspondiente que para el efecto se determine.

Concluido el procedimiento en lo principal y cuantificado el monto de la reparación de daños y perjuicios, así como de la multa, en la sentencia condenatoria respectiva, se cubrirá inmediatamente aquella a favor de los beneficiarios asignados y el Estado. Si quedara disponible alguna otra cantidad, se dejará a disposición, según corresponda, del caucionado o del tercero que haya garantizado su libertad, quienes deberán solicitar su devolución legalmente en tiempo y forma.

CAPÍTULO II

Libertad por Desvanecimiento de Datos

ARTÍCULO 293.- Procedencia. La libertad por desvanecimiento de datos procede cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos o medios probatorios que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

ARTÍCULO 294.- Tramitación. Para substanciar el incidente respectivo, hecha la petición por el inculpado o su Defensor, el tribunal citará a una audiencia a celebrarse dentro del término de cinco días, a la que el Ministerio Público deberá asistir.

La resolución que proceda se dictará dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia.

ARTÍCULO 295.- Efectos. La resolución que conceda la libertad por desvanecimiento de datos, tendrá los mismos efectos que el auto de libertad por falta de elementos, por lo que se estará a lo dispuesto en el Artículo 159 de este Código, en lo conducente.

CAPÍTULO III

Suspensión del Procedimiento

ARTÍCULO 296.- Causas de suspensión. Continuado el procedimiento en las etapas que corresponde conocer a la autoridad judicial, aquél no podrá suspenderse sino en los casos siguientes:

I. Cuando el procesado se hubiese substraído a la acción de la justicia;

II. Cuando el procesado se encuentre en un estado de inconsciencia física que le impida participar en el desarrollo del procedimiento o formular declaraciones o manifestaciones en relación con el mismo; y

III. Cuando el procesado acceda a un estado de enajenación mental permanente o transitorio, o tenga el carácter de fármaco dependiente o alcohol dependiente, cualquiera que sea el estado del procedimiento, y que sea comprobada tal circunstancia previos los trámites especificados para el efecto en este Código.

ARTÍCULO 297.- Suspensión con varios inculpados. La substracción de un procesado a la acción de la justicia, no impide la continuación del procedimiento respecto de los demás inculpados que se hallaren a disposición del tribunal.

ARTÍCULO 298.- Continuación del procedimiento. Lograda la captura del prófugo, el procedimiento continuará su curso sin que se repitan las diligencias ya practicadas, a menos que el tribunal lo estime indispensable.

ARTÍCULO 299.- Resolución. El tribunal resolverá de plano sobre la suspensión del procedimiento, de oficio, a petición del Ministerio Público o del defensor del inculpado.

CAPÍTULO IV

Acumulación

ARTÍCULO 300.- Procedencia. La acumulación tendrá lugar:

I. En los procedimientos que se sigan contra una misma persona, en los casos de concurso real o ideal de delitos;

II. En los casos que se sigan en investigación de hechos punibles conexos; o

III. En los casos que se sigan contra los coautores, partícipes o cómplices de un mismo hecho punible o contra éstos y sus encubridores.

ARTÍCULO 301.- Oportunidad. La acumulación no podrá decretarse en los procedimientos después de cerrada la instrucción.

Cuando alguno de los procedimientos ya no estuviere en estado de instrucción, pero tampoco estuviere concluido o cuando no sea procedente la acumulación, el tribunal cuya sentencia cause ejecutoria, la remitirá en copia certificada al tribunal que conozca del otro procedimiento, para los efectos procesales correspondientes.

ARTÍCULO 302.- Tramitación. Si los procedimientos se siguen en el mismo tribunal, la acumulación podrá decretarse sin substanciación alguna.

Si la promoviere alguna de las partes, el tribunal la oirá en audiencia verbal que tendrá lugar dentro de 3 días y, sin más trámite, resolverá dentro de los tres días siguientes.

Los incidentes de acumulación se tramitarán por separado, sin suspenderse el procedimiento.

ARTÍCULO 303.- Tribunal competente. Si los procedimientos se siguen en diversos tribunales, será competente para conocer de todos los que deban acumularse, el tribunal que conociere de las diligencias más antiguas; y si éstas se comenzaron en la misma fecha, conocerá de los procedimientos acumulados aquél ante quien se promueva la acumulación por alguno de los sujetos procesales interesados.

La acumulación deberá promoverse ante el tribunal que sea competente; y el incidente a que dé lugar se substanciará en la forma establecida para la fijación de competencia por inhibitoria.

CAPÍTULO V

Reposición de Autos

ARTÍCULO 304.- Procedencia. La reposición de autos procede cuando se ha perdido o extraviado algún expediente o determinadas constancias que deben obrar en el mismo. Se acordará a petición de parte interesada o de oficio.

ARTÍCULO 305.- Forma de reposición. Cuando la pérdida o extravío sea de determinadas constancias, el secretario del juzgado certificará esta circunstancia y se ordenará la reposición con las que obren en el duplicado, mediante la copia certificada correspondiente.

Cuando la pérdida o extravío se trate del expediente original o del duplicado, se hará constar esta circunstancia y se ordenará la reposición con el que exista.

Cuando la pérdida o extravío sea del original y duplicado o de constancias que no obren en ninguno, se hará constar su existencia previa y falta posterior, dándose vista a los sujetos procesales interesados por diez días para que aporten las constancias y copias de promociones que obren en su poder y señalen en su caso, las que obren en determinados archivos. Por su parte, la autoridad ordenará que se recaben las resoluciones que obren en los archivos oficiales en las que se hayan insertado actuaciones, los acuerdos que obren en la lista de notificaciones y demás documentos que permitan la reposición.

Las constancias que se aporten para tal efecto harán prueba plena, salvo que hayan sido objetadas por las partes y se demuestre su objeción.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior y recabadas las constancias existentes, se citará a una audiencia dentro de los tres días siguientes, en la que las partes podrán alegar lo que a sus intereses convenga y a continuación la autoridad pronunciará su resolución, en la que se precisarán las constancias que serán validas para la reposición.

ARTÍCULO 306.- Responsabilidad. El responsable de la pérdida o sustracción de algún expediente o constancia del mismo, tendrá la obligación de pagar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado, independientemente de la responsabilidad de carácter penal o administrativo que pudiere surgir.

CAPÍTULO VI

Cuantificación de la Reparación del Daño

ARTÍCULO 307.- Condena a reparar el daño. En todo procedimiento penal, los tribunales no podrán absolver al sentenciado del pago de la reparación de los daños y perjuicios en los casos que sea procedente, si se ha emitido una sentencia condenatoria o si se determina la aplicación de medida de seguridad.

ARTÍCULO 308.- Trámite. Cuando la autoridad judicial establezca en la sentencia que la forma de cumplimiento de la reparación del daño se cuantificará en ejecución de sentencia, se procederá en los términos del presente Artículo.

El incidente de ejecución de la reparación de daños y perjuicios se iniciará de oficio por la autoridad judicial, una vez que la sentencia haya causado ejecutoria. Su inicio se notificará personalmente a las partes para el efecto de que, en un término común de quince días hábiles, ofrezcan las pruebas que permitan cuantificar su monto, o manifiesten su desinterés en proponerlas. Desahogada la prueba ofrecida, o en caso de no haberse propuesto, la autoridad judicial resolverá el incidente.

El incidente se tramitará por una sola vez, y su duración no podrá exceder de sesenta días hábiles, contados a partir de la notificación de su apertura hasta su total conclusión.

CAPÍTULO VII

Reparación del Daño Exigible a Personas Distintas del Inculpado

ARTÍCULO 309.- Oportunidad. La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del inculpado, debe ejercitarse por quien tenga derecho a ello, ante el tribunal que conozca de lo penal; pero deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del fuero civil, en el juicio que corresponda, cuando haya recaído sentencia irrevocable en el procedimiento sin haberse intentado dicha acción, siempre que el que la intente fuere un particular. Esto último se observará también cuando, concluida la instrucción, no hubiese lugar a juicio penal por falta de acusación del Ministerio Público y se promueva posteriormente la acción civil.

Cuando promovidas las dos acciones hubiese concluido el procedimiento sin que el incidente de reparación del daño esté en estado de sentencia, continuará conociendo de éste el tribunal ante quien se haya iniciado.

ARTÍCULO 310.- Tramitación. Todos los incidentes sobre reparación del daño exigible a terceras personas, que se sigan ante los tribunales penales, se tramitarán y decidirán conforme a lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles para los juicios únicos y se tramitará por separado. Las notificaciones se harán en la forma que señala este Código.

ARTÍCULO 311.- Resolución. Si el incidente llega al estado de alegar antes de que se concluya la instrucción, se suspenderá hasta que el procedimiento se encuentre en estado de sentencia, la que se pronunciará resolviendo a la vez sobre la acción penal y sobre la reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado, produciéndose los alegatos en la audiencia del procedimiento penal.

En el caso de hallarse prófugo el procesado, se continuará la tramitación del incidente hasta dictarse sentencia.

CAPÍTULO VIII

Sobreseimiento

ARTÍCULO 312.- Procedencia. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

I. Cuando se demuestre la extinción de la pretensión punitiva;

II. Cuando se demuestre que el procesado ya fue sentenciado por los mismos hechos punibles, independientemente de que hayan sido calificados como delictivos o no delictivos en otro procedimiento;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

III. Cuando el Fiscal General del Estado confirme o formule conclusiones no acusatorias;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

IV. Cuando el Fiscal General del Estado confirme el desistimiento de la acción penal formulado por el Agente del Ministerio Público;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2015)

V. Cuando el Ministerio Público o el Fiscal General del Estado no formulen conclusiones dentro del término que se les fije para el efecto, en términos de la presente normatividad;

VI. Cuando la víctima y ofendido otorgue el perdón a favor del procesado o se le tenga por otorgado en términos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes; o

VII. Cuando el Ministerio Público no reformule en un término de seis meses el ejercicio de la acción penal ante el juez que haya negado la orden de aprehensión o citación para declaración preparatoria; resuelto la libertad por falta de elementos, por desvanecimiento de datos, a partir de que quede firme la resolución de primera instancia impugnada, por el Ministerio Público y por alguno de los motivos a que se refiere esta Fracción.

ARTÍCULO 313.- Resolución. El sobreseimiento puede decretarse de oficio o a petición de parte.

Se resolverá de plano cuando se decrete de oficio, y si fuere a petición de parte, se tramitará por cuerda separada y en forma de incidente no especificado.

Cuando sean varios los procesados o los hechos punibles motivo del procedimiento, el sobreseimiento se decretará solamente de aquellos en los que proceda, continuándose el trámite por los demás.

ARTÍCULO 314.- Efectos del sobreseimiento. La resolución de procedencia del sobreseimiento surtirá efectos de una sentencia absolutoria y una vez ejecutoriada, tendrá autoridad de cosa juzgada.

CAPÍTULO IX

Incidentes No Especificados

ARTÍCULO 315.- Regla general. Los incidentes cuya tramitación no se detalle en este Código, se resolverán, por regla general, de plano, por el tribunal.

ARTÍCULO 316.- Tramitación. Cuando el tribunal estime que no deben resolverse de plano y sean de aquellos que no deben suspender el curso del procedimiento, se substanciarán por separado en los siguientes términos:

Se dará vista de la promoción del incidente a los sujetos procesales interesados, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente. Si el tribunal lo creyera necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de 5 días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los 3 días siguientes.

Concurran o no las partes, el tribunal fallará desde luego el incidente.

LIBRO SEGUNDO

TÍTULO PRIMERO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

Procedimientos Especiales para Inimputables Permanentes y Transitorios

ARTÍCULO 317.- Inicio del procedimiento alterno. Si a partir del auto de formal prisión que se dicte en el procedimiento penal ordinario, hubiese razones para suponer que el inculpado padece enajenación mental, desarrollo intelectual retardado, trastorno mental transitorio o cualquier otro estado mental que requiera tratamiento, el juez de oficio o a solicitud de parte interesada suspenderá el procedimiento penal ordinario e iniciará un procedimiento alterno.

ARTÍCULO 318.- Examen pericial. El Tribunal ordenará que el procesado sea examinado por dos peritos psiquiátricos o en su defecto, por los médicos legistas, dando oportunidad a los sujetos procesales interesados para que ofrezcan los suyos. Dichos peritos dictaminarán sobre el estado de salud mental del procesado, clarificándose:

I. La clase de trastorno mental;

II. Desde qué tiempo lo padece o época en que lo padeció; y

III. Si es de carácter transitorio o permanente.

Se respetarán en este caso las reglas fijadas en este Código para la prueba pericial.

En casos urgentes y notorios sobre la afectación mental del procesado, el juez podrá ordenar su depósito en la institución especial de salud de que disponga el Estado, o en su defecto, la que propongan los familiares de aquél, para su atención médica, en tanto se da cumplimiento a lo dispuesto en este Artículo.

ARTÍCULO 319.- Determinación de inimputabilidad. Para determinar la imputabilidad o inimputabilidad del procesado, deberá precisarse siempre:

I. El estado en que debió encontrarse en el momento de participar en la realización del hecho punible;

II. En qué medida lo incapacitó para la comprensión del carácter ilícito de su conducta;

III. Si está en condiciones de comprender las características del procedimiento penal ordinario y su trascendencia; y

IV. Si su estado mental le permite permanecer en prisión preventiva o requiere de reclusión en establecimiento especial o en custodia familiar.

Para estar en condiciones de determinar la medida de seguridad que deba aplicarse, deberán precisarse los tipos de tratamientos posibles, que podrán ser psiquiátricos, psicológicos, médicos, quirúrgicos o mixtos.

ARTÍCULO 320.- Resolución. El tribunal con vista en los dictámenes y demás constancias de autos, resolverá lo procedente en un término de cinco días a partir del momento en que se hayan desahogado las pruebas ordenadas. Tal resolución será apelable.

ARTÍCULO 321.- Aplicación de medidas de seguridad. Cuando la resolución sea en el sentido de que el procesado realizó la conducta en estado de inimputabilidad permanente o transitoria, le aplicará cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:

I. Tratamiento en internamiento o en libertad; o

II. Tratamiento de desintoxicación;

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento, durante el tiempo necesario para su curación.

ARTÍCULO 322.- Trastorno mental transitorio. Si la inimputabilidad proviene de trastorno mental transitorio, no habrá lugar a imposición de medida de seguridad alguna, a no ser que el inculpado aún manifieste perturbaciones mentales, sin perjuicio de establecer la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 323.- Tratamiento en libertad. Si se ordena tratamiento en libertad, se ordenará se lleve a cabo la vigilancia de autoridad, para que se lleve a cabo su adecuado cumplimiento. Por virtud de los informes de incumplimiento, se ordenará la cancelación de la medida, y se fijará la correspondiente de tratamiento en internamiento.

ARTÍCULO 324.- Proporcionalidad. En ningún caso la medida de seguridad impuesta por el juzgador excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena de prisión aplicable al hecho delictivo que la origina, y se requiere además de la firmeza del auto de formal prisión. Esta clase de resoluciones no impide que la víctima u ofendidos continúen los trámites procedimentales establecidos para hacer efectivo el pago de los daños y perjuicios ocasionados, ante el mismo juez que conozca del asunto.

ARTÍCULO 325.- Tratamiento de desintoxicación. Cuando el inculpado haya sido sentenciado por un hecho delictivo que obedezca a la inclinación o al abuso de bebidas alcohólicas, de narcóticos o substancias que produzcan efectos similares, se le aplicará, independientemente de la pena que corresponda, un tratamiento de desintoxicación, según sea el caso.

Cuando los tribunales tengan conocimiento de que el procesado es fármaco dependiente o alcohol dependiente, ordenarán que dos peritos en la materia, o en su defecto, los médicos legistas, dictaminen sobre la fármaco dependencia o alcohol dependencia que el procesado tenga y sobre la necesidad de suministrarle un tratamiento de deshabituación o de desintoxicación. Los sujetos procesales interesados podrán ofrecer peritos que dictaminen al respecto.

En caso de que del dictamen o dictámenes se desprenda la necesidad del tratamiento, el tribunal podrá ordenar que éste se lleve a cabo en el lugar donde se encuentre privado de su libertad, en su domicilio si se encuentra en libertad provisional bajo caución o en un establecimiento especial de carácter sanitario dependiente del Estado o de carácter particular.

Si el caso lo amerita, podrá suspenderse el procedimiento penal ordinario hasta en tanto se aplique el tratamiento respectivo.

ARTÍCULO 326.- Continuación del procedimiento. Una vez lograda la desintoxicación o deshabituación del procesado, se asentará constancia en el expediente y se agregarán los informes o certificados de sanidad correspondientes, a efecto de continuar con el procedimiento penal ordinario.

ARTÍCULO 327.- Inimputabilidad posterior. Cuando de la resolución se desprenda que el procesado accedió a estado de inimputabilidad después de realizado el hecho punible motivo del procedimiento, solamente se suspenderá el procedimiento penal ordinario en tanto se aplica el tratamiento de carácter curativo que se establece en este Capítulo, y una vez obtenida la curación del procesado, se reanudará el procedimiento penal ordinario correspondiente.

Mientras dure el tratamiento, no correrá el término para la prescripción de la acción penal.

CAPÍTULO II

Procedimiento Especial para Servidores Públicos con Fuero Constitucional

ARTÍCULO 328.- Regla general. En la investigación de hechos punibles en que se señale como indiciado a un servidor público que goce de fuero constitucional en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público estará imposibilitado para ordenar la detención por causa de urgencia o de ejercitar la acción penal en su contra, hasta en tanto se realiza el procedimiento para la declaración de procedencia, a cargo del Gran Jurado del Congreso del Estado, en términos de lo ordenado por su Ley Orgánica y por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO III

Procedimiento para Adolescentes

ARTÍCULO 329.- Sistema especializado. En la investigación y juzgamiento de hechos punibles en los cuales intervenga como indiciado un menor de 18 años de edad, se observarán las disposiciones establecidas en la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes

LIBRO TERCERO

INDEMNIZACIONES

TÍTULO PRIMERO

INDEMNIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Procedencia de la Indemnización por Privación de la Libertad o Condena Injusta

ARTÍCULO 330.- Derecho de indemnización. Si el procesado fuere liberado por haber sido privado de su libertad injustamente, fuere absuelto, o en su favor se dictare el sobreseimiento, o se declare procedente su reconocimiento de inocencia, por decisión de la propia autoridad judicial o por cumplimiento de ejecutoria de amparo, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad, salvo que él haya provocado su propia persecución u ocultado o alterado dolosamente la prueba que condujo al error judicial.

Este precepto también regirá en los procedimientos que tengan por objeto la aplicación de una medida de seguridad.

En caso de fallecimiento del titular del derecho a recibir indemnización, éste pasará a su cónyuge, concubina, concubinario, hijos, o demás dependientes económicos.

La aplicación de una ley posterior más benigna durante el procedimiento que torne injusta la pena o la medida de seguridad, no habilitará la indemnización en este título regulada, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que en su momento se haya aplicado.

ARTÍCULO 331.- Bases de cálculo. La persona que tenga derecho a la indemnización referida en el Artículo 330 de este Código, podrá hacerla válida mediante escrito presentado ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia dentro del término de dos meses contados a partir de que cause estado la sentencia o la resolución que declare el sobreseimiento.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia requerirá al Juez para que remita el expediente, y fijará el importe de la indemnización en base a las siguientes reglas:

I. Si la persona estaba desempleada al momento de dar inicio la prisión preventiva, se le deberá indemnizar en razón de un día de salario mínimo general vigente en el Estado por cada día que se le haya privado de la libertad;

II. Si la persona tenia empleo al momento de dar inicio la prisión preventiva, y al concluirla aún lo conserva, deberá recibir indemnización a razón del salario real que dejó de percibir en su fuente de empleo, además de alguna otra prestación laboral de la que no haya gozado por estar privada de la libertad;

III. En caso de que la persona contara con empleo al momento de dar inicio la prisión preventiva, y que en el transcurso del periodo que fue privada de su libertad se le rescindiera su relación laboral, deberá recibir indemnización equivalente a las prestaciones que con motivo de un despido injustificado ordena la legislación laboral aplicable;

IV. En caso de que al momento de dar inicio la prisión preventiva no fuera un trabajador asalariado pero desarrollara alguna actividad económica por cuenta propia, deberá recibir indemnización equivalente al promedio de ingresos que por dicha actividad recibía diariamente hasta el momento de su detención, multiplicado por el número de días que haya estado privada de su libertad.

En ningún caso la indemnización por cada día de privación de la libertad, podrá ser mayor a veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado.

Siempre que el afectado lo solicite, se deberá ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de un extracto de la sentencia o de la resolución que declare el sobreseimiento.

ARTÍCULO 332.- Ejercicio de otras vías. La indemnización que se otorgue en términos del Artículo anterior, no será impedimento para que quien la reciba pueda ejercer otras acciones ante los tribunales competentes por la vía que corresponda.

ARTÍCULO 333.- Obligación indemnizatoria. El Estado pagará la indemnización regulada en este título haciendo uso, preferentemente, del Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos; una vez pagada la indemnización, el Poder Ejecutivo, a través de la vía civil correspondiente, podrá exigir la cantidad erogada a los particulares que hayan contribuido al error judicial; tratándose de servidores públicos que hayan intervenido por el ejercicio de sus funciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en materia de responsabilidad administrativa resarcitoria.

El Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos, únicamente podrá ser destinado a lo establecido por este título y estará integrado por:

I. La aportación anual que se le asigne en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes;

II. Las aportaciones que para este fin realicen los particulares u organismos privados, públicos y sociales, nacionales e internacionales de manera altruista;

III. Los productos financieros que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo;

IV. Lo recuperado por el Estado en términos del primer párrafo del presente Artículo; y

V. Los demás ingresos que por ley le sean asignados.

La Secretaría de Finanzas del Estado, constituirá este Fondo y lo pondrá a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que entregue las indemnizaciones correspondientes.

En ningún caso, la Secretaría de Finanzas del Estado podrá disponer del capital mediante el que se constituya el Fondo, mismo que se deberá invertir en valores gubernamentales de renta fija del más alto rendimiento, a fin de que se incremente con los intereses que se acumulen.

LIBRO CUARTO

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

TÍTULO PRIMERO

EJECUCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Ejecución de Sanciones

ARTÍCULO 334.- Inicio. No se ejecutará pena o medida de seguridad sino después de que la sentencia que la imponga haya causado ejecutoria, salvo las medidas de seguridad que expresamente establezca la ley en los procedimientos especiales.

ARTÍCULO 335.- Ejecución. El Ejecutivo del Estado tendrá a su cargo la administración material de las instituciones destinadas a la ejecución de las penas y medidas de seguridad, en términos de lo previsto por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, con las variables y limitaciones que al efecto se señalen; y siempre bajo la ejecución, vigilancia y garantía de los Jueces de Ejecución de penas y medidas de seguridad.

ARTÍCULO 336.- Cumplimiento de las sanciones. Es obligación del Ministerio Público, vigilar y promover lo conducente, a fin de que las sentencias sean cumplidas, y para tal efecto, estará facultado para gestionar ante las autoridades correspondientes lo que legalmente proceda.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia a los sesenta días naturales contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a excepción del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Tercero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de julio de 2003 mediante decreto número 97.

ARTÍCULO TERCERO.- (DEROGADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 2014)

ARTÍCULO CUARTO.- (DEROGADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 2014)

ARTÍCULO QUINTO.- (DEROGADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 2014)

ARTÍCULO SEXTO.- A partir de que entre en vigencia el presente Decreto, en los trámites iniciados conforme a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes abrogada, las autoridades que conozcan de la etapa procesal que corresponda, podrán efectuar la traslación y aplicación de las nuevas disposiciones procedimentales en la medida que sean conducentes.

En el caso del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, si éste denomina, penaliza o agrava de forma diversa descripciones típicas previstas en la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes abrogada, se estará a lo siguiente:

I.- Instaurado el proceso y sin que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; y

II.- En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el Tribunal respectivamente, podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta descrita en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Las reglas establecidas en este transitorio también se aplicarán en lo conducente a los procedimientos tramitados con base en la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Congreso del Estado preverá una partida especial para solventar las erogaciones necesarias para la adecuada implementación del sistema procesal penal acusatorio.

ARTÍCULO OCTAVO.- A partir del inicio de vigencia del presente Decreto, toda referencia a la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes que se realice en otras leyes se entenderá hecha al Código Penal para el Estado de Aguascalientes o al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, según corresponda.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes", a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece.

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 14 de marzo del año 2013.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LA MESA DIRECTIVA

Dip. Juan Manuel Gómez Morales,

PRESIDENTE.

Dip. Jesús Alfredo Nieto Estebanez,

PRIMER SECRETARIO.

Dip. Mario Antonio Guevara Palomino,

SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 9 de mayo de 2013.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El Jefe de Gabinete, Antonio Javier Aguilera García.- Rúbrica.

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.

P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 11 DE JUNIO DE 2014.

N. DE E. DEBIDO A SU IMPORTANCIA A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS PUNTOS DEL DECRETO NÚMERO 63, POR EL QUE SE APRUEBA LA DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL RÉGIMEN JURÍDICO LOCAL Y DE INICIO DE VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ARTÍCULO PRIMERO.- Para los efectos señalados en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio del dos mil ocho, se declara que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido incorporado al régimen jurídico del Estado de Aguascalientes, ordenándose su entrada en vigor de manera gradual, por partido judicial, de acuerdo con lo siguiente:

I. El siete de noviembre del dos mil catorce, en el Tercer Partido Judicial con sede en el Municipio de Pabellón de Arteaga, para los delitos de querella y patrimoniales no violentos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

II. El primero de mayo del dos mil quince, en el Tercer Partido Judicial con sede en el Municipio de Pabellón de Arteaga, para el resto de los delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes. En la misma fecha, en el Quinto Partido Judicial con sede en el Municipio de Jesús María, respecto de los delitos de querella y patrimoniales no violentos señalados en el citado ordenamiento.

III. El seis de noviembre del dos mil quince, en el Quinto Partido Judicial con sede en el Municipio de Jesús María, para el resto de los delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

(REFORMADA, P.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2015)

IV. El once de diciembre del dos mil quince, el Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de Romos, respecto de los delitos de querella y Delitos Patrimoniales no violentos, contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

(ADICIONADA, P.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2015)

V. El veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, en el Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de Romos, para el resto de los Delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes. En la misma fecha en el Primero y Segundo Partidos Judiciales con sede en los Municipios de Aguascalientes y Calvillo, respecto a la totalidad de los delitos previstos en el citado ordenamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco de marzo del dos mil catorce, se fija el siete de septiembre del dos mil catorce, para que surta efectos la Declaratoria de inicio de vigencia del referido Código Nacional, que será el que regulará la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales en el Estado.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, entrará en vigor en la fecha y mediante las modalidades siguientes:

I. El siete de noviembre del dos mil catorce en el Tercer Partido Judicial con sede en el Municipio de Pabellón de Arteaga, para los delitos de querella y patrimoniales no violentos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

II. El primero de mayo del dos mil quince en el Tercer Partido Judicial con sede en el Municipio de Pabellón de Arteaga, para el resto de los delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes. En la misma fecha, en el Quinto Partido Judicial con sede en el Municipio de Jesús María, respecto de los delitos de querella y patrimoniales no violentos señalados en el citado ordenamiento.

III. El seis de noviembre del dos mil quince en el Quinto Partido Judicial con sede en el Municipio de Jesús María, para el resto de los delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

(REFORMADA, P.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2015)

IV. El once de diciembre del dos mil quince, el Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de Romos, respecto de los delitos de querella y Delitos Patrimoniales no violentos, contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

(ADICIONADA, P.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2015)

V. El veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, en el Cuarto Partido Judicial con sede en Rincón de Romos, para el resto de los Delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Aguascalientes. En la misma fecha en el Primero y Segundo Partidos Judiciales con sede en los municipios de Aguascalientes y Calvillo, respecto de la totalidad de los delitos previstos en el citado ordenamiento.

Quedarán derogados, de manera progresiva y gradual, los preceptos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Segundo del Decreto Número 331 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de mayo del dos mil trece, esto conforme vaya iniciando su vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales en términos del presente Artículo, con la salvedad de los procedimientos que se estén tramitando con base en sus disposiciones, en cuyo caso se seguirán aplicando hasta su resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, contenido en el Artículo Tercero del Decreto Número 331 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de mayo del dos mil trece.

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan los Artículos Tercero, Cuarto y Quinto de las disposiciones transitorias contenidas en el Decreto Número 331, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de mayo del año dos mil trece, así como el Decreto Número 409 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el once de noviembre del dos mil trece.

ARTÍCULO QUINTO.- El Decreto Número 326, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de marzo del dos mil trece, iniciará su vigencia en las mismas fechas en que lo haga el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo en materia de Justicia para Adolescentes, en cuyo caso, entrará en vigor el primero de junio del dos mil quince.

ARTÍCULO SEXTO.- Los procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad Federativa, se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo su Artículo Segundo, el cual entrará en vigor el siete de septiembre del dos mil catorce, fecha en que se tendrá por emitida la Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase copia del presente Decreto a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, para su conocimiento y efectos a que haya lugar.

P.O. 27 DE JULIO DE 2015.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En tanto no inicie su vigencia la autonomía de la Fiscalía General de la República, las referencias a dicha Fiscalía contenidas en el presente Decreto, se entenderán echas (sic) a la Procuraduría General de la Republica.

P.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.



ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.




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