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I.- ALGUNAS IDEAS INTRODUCTORIAS




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I.- ALGUNAS IDEAS INTRODUCTORIAS.

El artículo 27.10 de la Constitución española de 1978 "reconoce la autonomía de las Universidades, en los término que la ley establezca". Autonomía que , como ha recordado el profesor Torres del Moral, está generalizada en los países demoliberales (1). Con este precepto los constituyentes españoles pretendieron modificar sustancialmente "el tradicional régimen jurídico administrativo centralista de la Universidad española" (2). El reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria he provocado, como no podía ser de otro modo, "una intensa labor de producción normativa que ha transformado radicalmente el contexto legislativo del sistema universitario español" (principal de estas disposiciones ha sido, obviamente, la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria -L.R.U.-) (3).

Las innovaciones "son de tal envergadura y entidad que a la necesaria labor de sistematización y ordenación del régimen jurídico actualmente aplicable debe preceder, inexcusablemente, la tarea previa de conocer en toda su extensión el conjunto de textos legales que a partir de ahora va constituir el marco normativo que estructure la realidad de la Universidad española en torno al concepto de autonomía" (4). Es indudable que la legislación que incide en el ámbito universitario no se circunscribe a la Ley de reforma Universitaria y a sus normas de desarrollo, también normas como las Leyes Generales de Presupuestos, la Ley de Incompatibilidades, las Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley de Incompatibilidades, la Ley de Contratos del Estado y, en su caso, las legislaciones emanadas de las Comunidades Autónomas forman parte integrante del "bloque normativo en cuyo marco ha de situarse la atribución y el ejercicio de las competencias universitarias" (5).

De forma genérica, la autonomía supone la capacidad de determinados entes para elaborar sus propias normas jurídicas y adoptar las decisiones que le afectan sin estar sujetos a la intervención de otros entes, todo ello dentro del marco del ordenamiento jurídico general (6).

La autonomía de las Universidades -como precisa el preámbulo de la L.R.U.- se manifiesta en la autonomía estatuaria o de gobierno, en la autonomía académica o de planes de estudio, en la autonomía financiera o de gestión y administración de sus recursos , finalmente, en la capacidad de seleccionar y promocionar al profesorado dentro del respecto de los principios de méritos, publicidad y no discriminación que debe regir la asignación de todo puesto de trabajo por parte del Estado. Sólo la Universidad que goce de autonomía -lo que es sinónimo de Universidad libre- podrá ofrecer a la sociedad lo que ésta debe exigirle: calidad docente e investigadora. "Sólo en una Universidad libre podrá germinar el pensamiento investigador, que es el elemento dinamizador de la racionalidad moderna y de un sociedad libre". En esta misma línea, el profesor García de Enterría ha afirmado que la razón de la autonomía, es decir de la estrategia de la libertad frente al dirigismo, "no está en ningún narcisismo de los universitarios o en una soberbia o en una ambición de autosuficiencia, sino solamente en una razón de eficacia real, pura y simple, de obtención del máximo beneficio a los recursos, de efectividad de los altos e imprescindibles fines que en las sociedades de nuestro tiempo han de cumplir las Universidades"(7).

El alcance y significado de la autonomía universitaria ha sido precisado por la doctrina del Tribunal Constitucional(8). Doctrina de la corte Constitucional sobre la autonomía universitaria que se plasmó en tres primeras resoluciones de indudable transcendencia teórica y práctica. A) La Sentencia 26/1987, de 27 de febrero (ponente Fernando García-Mon y González Regueral), BOE de 24 de marzo de 1987; dictada en resolución del recurso de inconstitucionalidad número 794/1983, interpuesto por el Gobierno Vasco contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria(9). B) La Sentencia 55/1989, de 23 de febrero (ponente Gloria Begué Cantón) BOE de 14 de marzo de 1989; dictada en resolución del recurso de amparo número 1342/1986, interpuesto por la Universidad de Santiago de Compostela contra el Decreto 294/1985 de la Junta de Galicia, por el que se aprobaban los Estatutos de dicha Universidad(10). C) La Sentencia 106/1990, de 6 de junio (ponente Eugenio Díaz Eimil), BOE de 5 de julio de 1990; dictada en resolución de distintas cuestiones de inconstitucionalidad, acumuladas, promovidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra determinados preceptos de la Ley 5/1989, de 4 de mayo, de Reorganización Universitaria de Canarias (11).

La doctrina del Tribunal Constitucional, máximo intérprete - no lo olvidemos- de nuestra Carta Magna, sobre el concepto constitucional de "autonomía universitaria"(art. 27.1) puede sintetizarse en los siguientes puntos: A) La autonomía universitaria es un derecho fundamental; B) la autonomía se reconoce a cada Universidad en particular y no al conjunto de las mismas; C) la autonomía de las Universidades se reconoce "en los término que la ley establezca"; y D) de la autonomía universitaria, como potestad de autonormación, deriva la facultad de cada Universidad para dotarse de sus propios Estatutos.

 


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