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II.- LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL: PLANTEAMIENTO DEL TEMA




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II.- LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL: PLANTEAMIENTO DEL TEMA.

La definición de la autonomía universitaria en nuestro sistema constitucional como una garantía institucional o como un derecho fundamental provocó antes de la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987, y en alguna medida sigue provocando en la actualidad, importantes debates doctrinales. Con anterioridad a esta resolución del Alto tribunal, la doctrina se inclinaba mayoritariamente a considerar la autonomía universitaria como una mera garantía institucional (12), aunque también se escucharon cualificadas voces en sentido contrario (13). La discusión derecho fundamental - garantía institucional, que también se dejó oír vivamente en el proceso constitucional que provocó la Sentencia 26/1987 (14), no es una cuestión puramente académica, sino que por el contrario tiene importantes consecuencias prácticas. En efecto, si se conceptúa la autonomía universitaria como un derecho fundamental el legislador al desarrollarlo deberá respetar su "contenido esencial"(art. 53.1 Constitución) (15) y, por tanto, su capacidad para constreñirlo o moldearlo restrictivamente es muy limitada, pues este "contenido esencial" se convierte en el "parámetro de la constitucionalidad de su regulación". Por el contrario, calificar la autonomía universitaria de garantía institucional significa concebirla como una regla organizativa o una directriz del funcionamiento de las Universidades, lo cual trae como consecuencia, como afirma el Abogado del Estado en el proceso constitucional indicado, que el poder conformador de las normas que regulan la institución sea mucho mayor; el "contenido indisponible o núcleo resisten al legislador" se circunscribe, por tanto, al "respeto a la existencia misma de la institución y a la necesaria aplicación de ciertos principios organizativos" (16). Dicho más claramente, afirmar que la autonomía universitaria del artículo 27.10 es una garantía institucional implica que "la libertad de configuración del legislador es en este punto mayor que la que puede tener cuando regula el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas" (17).

Cuando el Tribunal Constitucional se enfrenta a la disyuntiva de definir la autonomía universitaria como un derecho fundamental o como una garantía institucional, lo primero que hace, tras recordar que no es una disquisición teórica sino que tiene importantes consecuencias prácticas, es relativizar la opción (18). En efecto, a juicio del Tribunal, "lo primero que hay que decir es que derecho fundamental y garantía institucional no son categorías jurídicas incompatibles o que necesariamente se excluyan, sino que buena parte de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce constituyen también garantías institucionales, aunque, ciertamente, existan garantías institucionales que, como por ejemplo la autonomía local, no están configuradas como derechos fundamentales"(19). Ahora bien -sigue diciendo el Tribunal Constitucional. "como las partes marcan las diferencias entre uno y otro concepto como barrera más o menos flexible de disponibilidad normativa sobre la autonomía universitaria, es preciso afirmar que ésta se configura en la constitución como un derecho fundamental"(20). Esta es, por tanto, y al margen de ciertas ponderaciones previas y de algún voto particular discrepante (21), la doctrina del Tribunal Constitucional en este punto: la autonomía universitaria es un derecho fundamental (22).

 


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