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III.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS




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III.- LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

La Constitución española, como hemos visto, reconoce en el artículo 27.10 la autonomía de las Universidades. Además, "el título VIII de la Constitución y los correspondientes Estatuos de Autonomía han efectuado una distribución de competencias universitarias entre los distintos poderes públicos"(23).

En efecto, nuestro Texto Fundamental, después de una tradición centralista sólo quebrada por la Segunda República, "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" que integran la Nación española y la solidaridad entre todas ellas (art. 2). Esta declaración política básica se desarrolla en el Título VIII de la Constitución ("De la organización territorial del Estado" -arts. 137 a 158-) que "diseña a grandes rasgos una nueva forma de organización territorial del Estado que bien podemos denominar el "Estado autonómico"(24).

Así las cosas, el Tribunal Constitucional, en uno de sus primero pronunciamientos -Sentencia 4/1981, de 2 de Febrero- estableció que: "La Constitución parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanen del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se traduce así en una organización -del Estado- para todo el territorio nacional. Pero los órganos generales del Estado no ejercen la totalidad del poder público, porque la Constitución prevé, con arreglo a un distribución vertical de poderes, la participación en el ejercicio del poder de entidades territoriales de distinto rango, tal como se expresa en el artículo 137 de la Constitución". Por tanto, el ordenamiento constitucional español estructura el Estado en base a la unión dialéctica de dos principios: el de unidad y el de autonomía (Carles Viver Pi-Suñer).

Hechas las anteriores precisiones, debemos subrayar que el término "autonomía" tiene varios sentidos. Así, parece evidente que "sin salir del Texto Constitucional, nos encontramos ya que la voz autonomía tiene, por lo menos, y triple significado: porque, evidentemente, no es lo mismo la autonomía de las Comunidades Autónomas (art. 137), la autonomía de las provincias y los municipios (mencionados, juntamente con la anterior, en ese mismo artículo) y la autonomía de las Universidades (art 27.10)"(25).

Es de indudable utilidad para la exposición de la materia que nos ocupa el recordar la existencia de dos grandes procedimientos o mecanismos de acceso a la autonomía que establece nuestra Ley Fundamental: a) el especial o rápido (art. 151 de la Constitución española) y b) el ordinario -común- o lento (art. 146 del mismo Texto Constitucional) (26).

Las diferencias que existen entre los dos procedimientos, siguiendo básicamente al profesor Carles Viver Pi-Suñer, son las siguientes:

a) El protagonismo de las que debían convertirse en comunidades Autónomas es mucho mayor en la elaboración de los Estatutos tramitados por el procedimiento especial o rápido que cuando se sigue el procedimiento común o lento, puesto que en éste las futuras Comunidades Autónomas se limitan a una función de iniciativa.

b) La diferencia cualitativa más importante la encontramos en que las Comunidades que acceden a la autonomía mediante el procedimiento especial o rápido pueden adoptar de entrada el techo máximo de autonomía reconocido en la Constitución, reservándose para sí todas las competencias que el Texto Constitucional no atribuye al Estado (ésta era, al menos hasta ahora, la opinión comúnmente aceptada por la doctrina, aunque recientes declaraciones de algunos líderes nacionalistas parecen ponerla en duda). En cambio, las comunidades Autónomas que elaboran el Estatuto por la vía común o lenta deben esperar cinco años para poder alcanzar este techo, no pudiendo entretanto asumir otras competencias que las que la Constitución atribuye explícitamente a las comunidades Autónomas como contenido mínimo de la autonomía (art. 148). Transcurrido el período mencionado podrán asumir, además de estas materias, las que no estén explícitamente reservadas al Estado (art. 149.1.19) (27).

Por tanto, la Constitución establece "una pluralidad de cauces procedimentales para el acceso a la autonomía de los distintos territorios del Estado"(28).

Tras los correspondientes procedimientos, el Estado ha quedado organizado en diecisiete Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco.

 

 




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