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IV.- EL REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA




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IV.- EL REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.

Hemos de partir aquí, como destaca entre otros López-Jurado Escribano, de un dato importante: no se encuentran referencias a la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que sirven de base para construir el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148.1 y 149.1 de la Constitución). Habrá que acudir, pues, a otros enunciados materiales de la Constitución para descubrir el código que permite descubrir este reparto (29).

La propia Exposición de Motivos de la Ley de Reforma Universitaria hace referencia a los principios que están en el fundamento del reparto de competencias en materia de enseñanza universitaria, entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las propias Universidades: "a) libertad académica (de docencia y de investigación), fundamento, pero también límite de la autonomía estaturaria o de Gobierno, en la autonomía académica o de planes de estudio, en la autonomía financiera o de gestión y administración de sus recursos y, finalmente, en la capacidad de seleccionar y promocionar al profesorado dentro del respeto de los de los principios de méritos, publicidad y no discriminación que debe regir la asignación de todo puesto de trabajo por parte del Estado; b) las competencias que la propia Constitución española atribuye en exclusiva al Estado en los párrafos 1, 18 y 30 del número 1 del artículo 149, al aludir, respectivamente - y en conexión con el artículo 27-, a la igualdad de todos los españoles en ejercicio del derecho al estudio, a las normas básicas del régimen estaturaio de los funcionarios y a las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales"(30).

Legados a este punto, es indudable que nos hemos dado cuenta de que, como consecuencia de la convergencia de competencias estatales, autonómicas y universitarias, "no es extraño que al referirnos a cualquier aspecto de la vida universitaria sea necesario traer a colación la normativa procedente del Estado, eventualmente de la comunidad Autónoma y, como no, de la propia Universidad (afortunadamente, los entes locales limitan sus ordenanzas a su ámbito competencial, del que se encuentra excluida la educación superior)"(31).

Por tanto, en la distribución de competencias en el ámbito universitario "destacan tres instituciones fundamentales detentados de las mismas: en primer lugar, la propia Universidad, en segundo lugar, la Administración Pública correspondiente (ya sean las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia de enseñanza superior, ya sean transitoriamente el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Educación y Ciencia); en tercer lugar, el Estado"(33).

Las competencias autonómicas en materia universitaria "tienen cierto carácter residual ya que se ven constreñidas por el generoso reparto competencial entre el Estado y las Universidades, y la incidencia del Consejo de Universidades" (33). Además, como señala Diego Casals, el artículo 27.10 de la Constitución influye, también, en la diferenciación de las competencia autonómica en este nivel, en cuanto reconoce la autonomía de las Universidades. Ello supone que las Universidades, como entidad distinta de la Administración del Estado y de la Administración Autonómica, van a ser titulares de una serie de competencias, tanto normativas como ejecutivas, que van a afectar de forma considerable a la articulación competencial en el sentido de limitar las competencias que el Estado y la Comunidad Autónoma ostentan en el nivel universitario. Esta limitación afecta más agudamente a la Comunidad Autónoma (34).

En definitiva, las competencias, como dice Jiménez de Cisneros Cid, que se puedan corresponder a las Comunidades Autónomas en materia de enseñanza universitaria tienen que compaginarse con las facultades que el Estado ostenta, en orden a lograr las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derecho y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, y que la Constitución le atribuye en esta materia. Por tanto, pueden simplemente, transferirse las competencias que el Estado tiene sobre las Universidades a las Comunidades Autónomas con competencias en esta metería, sino que la distribución de facultades y materias es mucho más sutil y llena de matices: puede ocurrir -y de hecho ocurre como veremos- que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas sean titulares de competencias sobre la creación, actividad y funcionamiento de la Universidad, con lo que el haz de facultades estaría, de este modo, repartido entre la Comunidad Autónoma y el Estado. De ahí, por tanto, que no exista una clara línea de demarcación y separación de competencias, sino que la distribución resultante ha de realizarse interpretando el Testo Constitucional y, como última instancia, acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (35).

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, las Comunidades Autónomas podría, en función de las previsiones de sus respectivos Estatutos, ejercer competencias comprendidas en tres niveles:



  1. Competencia legislativa compartida para desarrollar las normas básicas dictadas por el Estado.

  2. Competencia legislativa y reglamentaria exclusiva para regular todos los aspectos de la enseñanza universitaria o, si se prefiere, todos lo s elementos del servicio público universitario no expresamente reservados al Estado por el Texto Constitucional.

  3. Competencias exclusivas de ejecución y gestión del servicio público universitario (excepción hecha de la alta inspección), incluida la titularidad de las Universidades públicas existentes en el territorio de cada Comunidad Autónoma (36).

En conclusión, como señala el profesor Luis López Guerra, "se renunciaría así, como en la Segunda República, y como es el caso en el resto del sistema educativo, a la dualidad entre instituciones educativas estatales y regionales, para poner en su lugar, dentro de los requisitos constitucionales de autonomía universitaria y de homogeneidad básica del sistema educativo, una pluralidad de regímenes derivada de la nueva configuración territorial"(37).

 

 




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