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VI. LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS




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VI. LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

Las competencias compartidas y convergentes en el ámbito de la enseñanza universitaria entre el Estado, las Comnunidades Autónomas y la Universidades puede dar lugar indudablemente a tensiones y conflictos. En este partado vamos a centrarnos en los conflictos que pueden surgir entre las Universidades y las Comunidades Autónomas (50). En efecto, una aproximación al problema de las relaciones entre la autonomía territorial y la autonomía universitaria hace preciso tener en cuenta el marco de relaciones entre la Comunidad Autónoma y las Universidades ubicadas en su territorio. Las actuaciones de la Comunidad Autónoma respecto a la Universidad se pueden resolver en tres campos de actuación: actuaciones de cooperación, actuaciones de coordinación y actuaciones de control (51).

En primer lugar, cabe destacar que las Universidades podrán impugnar los actos y disposiciones sin rango de ley de las Comunidades Autónomas (52).

En efecto, el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L.R.J.A.P. y P.A.C.) establece:

"Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:

"a) La Administración General del Estado.

"b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

"c) Las Entidades que integran la Administración Local.

"2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación (el subrayado es nuestro).

Por tanto, parece incuestionable que las Universidades deben ser encajadas en el párrafo segundo del indicado precepto (53). Además, el artículo 3.1 de la L.R.U. establece que: "Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas"(54). A mayor abundamiento, y en la misma línea, los Estatutos de las Universidades han utilizado distintas fórmulas reconociendo la posibilidad de ejercer acciones en defensa de sus intereses legítimos. Así, por ejemplo, el artículo 193.1 de los Estatutos de la Universidad de las Islas Baleares, aprobados por el Real Decreto 1666/1989, de 22 de diciembre(BOE de 4 de enero de 1990) dispone: "Corresponde al Rector y a la Junta de Gobierno aprobar el ejercicio de cualesquiera acciones que se consideren pertinentes contra alguna infracción de los presentares Estatutos o en defensa de sus legítimos intereses, incluso contra el Estado".

Dando un paso más en el análisis de esta problemática, debemos subrayar que al ser la autonomía universitaria uno de los derechos que gozan de una tutela jurisdiccional privilegiada (al estar incluido en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la constitución), su tutela puede obtenerse, además de por las vías judiciales ordinarias, mediante un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 de la constitución)(55). Concebir la autonomía universitaria como un derecho fundamental del que es titular cada Universidad, trae como consecuencia obvia que cada Universidad puede, llegado el caso, interponer el recurso de amparo. Y en este momento no estará de más recordar que la importante Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1989, de 23 de febrero, ya mencionada, fue dictada precisamente en resolución de un recurso de amparo interpuesto por la Universidad de Santiago de Compostela contra el Decreto de la Junta de Galicia por la que se aprobaron los estatutos de dicha Universidad. Por tanto, generalizando lo acaecido en este caso concreto, se puede afirmar que si el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma adopta decisiones o disposiciones que incidan en ámbito de la autonomía universitaria, podrán ejercitarse por la Universidad, además de las vías judiciales ordinarias, las acciones contenciosas que prevé la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, y posteriormente el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La legitimación para poner en marcha esta protección procesal privilegiada no está conferida a cualquier miembro u órgano de la comunidad universitaria afectada, sino solamente a quien ostenta la representación de la Universidad (56)

En segundo lugar, y como reverso de lo anteriormente expuesto, hay que indicar que los actos y disposiciones de las Universidades adopten y aprueben podrán ser controlados por las Comunidades Autónomas, en los supuestos que incidan en su ámbito de competencias puedan ser objeto de algún control de oportunidad.

La Ley de Reforma Universitaria no establece ningún mecanismo genérico de control sobre las Universidades, debido sin duda al respeto que le merece al legislador al autonomía universitaria. Ahora bien, un análisis detallado del mencionado Texto Legal nos permite descubrir la existencia de mecanismos de control puntuales (vg. la aprobación de los Estatutos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente -art. 12- o la homologación de los planes de estudio por el consejo de Universidades -art.29-)

Los tribunales, si son llamados a ello, deben resolver los conflictos de interpretación que se puedan plantear y no puedan resolverse por vías no contenciosas (57). No es preciso señalar que las fórmulas de acuerdo y consenso son siempre preferibles al arbitraje de los tribunales de Justicia (58).

En definitiva, el hecho de conceptuar la autonomía universitaria como un derecho fundamental no excluye, dice el Tribunal Constitucional (59), ciertas limitaciones al mismo. Estas limitaciones proceden de tres frentes disntintos. En primer lugar, hay que destacar las limitaciones que imponen a la autonomía universitaria otros derechos fundamentales (como, por ejemplo, el derecho a la igualdad de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación). En segundo lugar, las limitaciones procedentes de existencia de un sistema universitario nacional, que requiere instancias coordinadores. Finalmente, en tercer lugar, las limitaciones derivan de la concepción de la educación superior y de la actividad universitaria como servicio público, tal como pone de relieve el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 11/1983 (60).

 


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