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“Cuestiones fácticas decisivas a la hora de establecer las responsabilidades bancarias por errores en la información creditici




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“CUESTIONES FÁCTICAS DECISIVAS A LA HORA DE ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES BANCARIAS POR ERRORES EN LA INFORMACIÓN CREDITICIA”.
María Delia Villarino

(Instituto de Derecho Comercial. Colegio de Abogados de Quilmes)
Autos “PAZ, José R. c/ BANCO FRANCES SA S/Daños y Perjuicios”.

El actor demanda a un banco por los daños y perjuicios que le ocasionó el infundado reclamo patrimonial que oportunamente la entidad interpusiera en su contra y por las consecuencias que se derivaron del hecho. El juez de primera instancia hace lugar parcialmente a la acción, desestimando sólo la partida daño material. La Cámara revoca la sentencia apelada rechazando la demanda en todas sus partes.

Circunstancias fácticas:

El Sr. PAZ, operario de Cerveceria y Malteria Quilmes S.A.I.C.A.y G y percibiendo sus haberes por Caja de Ahorros abierta en el Banco Rio de la Plata, recibe una CD del Banco de Crédito Argentino S.A. reclamándole el pago de las deudas contraídas con el banco hoy demandado en autos por las tarjetas VISA y MASTERCARD y, la cancelación del saldo deudor de la cuenta corriente (cerrada). Que asimismo lo intimaba a la cancelación del préstamo que habría obtenido a título personal, todo ello bajo apercibimiento de promover el inicio de las acciones pertinentes. Tras un intercambio telegráfico, el actor concurre al estudio jurídico de la profesional que firma la CD a los fines de conocer la realidad del reclamo de la deuda mencionada de la cual refiere que nunca participó y la misma le mostró parte del legajo crediticio que supuestamente había conformado con el banco accionado, para obtener varias tarjetas de crédito una cuenta corriente y un préstamo personal. La actuación de un tercero absolutamente ajeno a la litis quien, utilizando falsamente la identidad del actor, abrió cuentas en la entidad bancaria demandada obteniendo créditos que dejó impagos y que le fueron reclamados extrajudicialmente al accionante, dio origen a la cuestión. Durante dos años operó comercialmente el falso José Ricardo Paz, sin que el Banco accionado efectuara los controles a los fines de asegurarse que operaba con el verdadero individuo y consecuencia de ello, el Sr. JOSE RICARDO PAZ figura en la Organización Veraz como: 100% con alto riesgo por deuda con el Banco de Crédito Argentino SA.

Juzgado en lo Civil y Comercial Nº5 a cargo del Dr. HUGO EDUARDO CORDOBA SOSA.


Sentencia de primera Instancia del 23/08/2004:

I).- Haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por JOSE RICARDO PAZ contra BANCO DE CREDI TO ARGENTINO SA (hoy BANCO FRANCES SA).- II).- Condenando a éste último a hacer íntegro pago al actor en el plazo de diez (10) días de notificado de la presente (art.163 inc.7 del CPCC) la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 55600), con más el interés a la tasa que pague el banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a 30 días desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago (art.622 del C.C). III).- Imponiendo las costas a la demandada (arts.68 y 77 del CPCC) en su condición de vencida.


I. Cargas probatorias.

Las partes asumen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las consecuencias de incumplir ese imperativo que hace a su propio interés. Aclarando que nuestro más alto Tribunal tiene sentado en forma pacífica que la interpretación del escrito de demanda es una cuestión de hecho, reservada a los jueces de grado, salvo absurdo (SCBA y DJBA).-

La parte actora no ha acreditado que se le hubiere rechazado un crédito -personal o hipotecario- por su problema con el Banco hoy demandado (arts. 348, 424 y sigtes del CPCC). El material probatorio desplegado por la actora, permite concluir que estamos ante una caso de falsificación de DNI, llevada a cabo por una persona no identificada hasta el presente y hecho sobre el cual no se ha iniciado causa Penal alguna por parte de la banca accionada que, es el primer damnificado por su propio obrar negligente (arts. 348, 385 y cctes., 424 y sgtes del CPCC); asimismo, con la prueba de informes ha quedado acreditado que el Sr. JOSE RICARDO PAZ figura en la Organización Veraz como: 100% con alto riesgo por deuda con el Banco de Crédito Argentino SA.
II. Responsabilidad de las entidades bancarias.

La postura mayoritaria de nuestra Doctrina y Jurisprudencia, en cuanto a que la responsabilidad resultante de una transgresión bancaria, pertenece al derecho común y se rige por lo tanto por los principios generales sobre la materia contenidos en el Código de Fondo. Pudiendo afirmar que los Bancos y demás entidades financieras serán responsables contractualmente, es decir, por incumplimiento contractual, de los daños ocasionados a sus propios clientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 506, 507, 511, 512, 519 a 522 y concordantes de Código Civil. En tanto que con relación a los daños sufridos por terceras personas a quienes no los una ninguna vinculación o relación negocial, su responsabilidad habrá de ser extracontractual, por el juego de lo establecido en los arts. 1067 a 1069, 1083, 1109, 1113 y concordantes del mismo cuerpo legal. Salvo que el incumplimiento del contrato hubiese importado al mismo tiempo un delito de del derecho criminal y se hubiese optado por la acción de responsabilidad civil extra contractual, con ajuste a lo estatuído por el art. 1107 del mismo Código.

Como el banco es una persona de existencia ideal, su responsabilidad siempre habrá de provenir del hecho de las personas físicas que concurran a la realización de los fines de la entidad, ya sea que se trate de sus directivos, gerentes, administradores que obran a nombre del ente y desarrollan su voluntad, o de sus empleados o agentes, meros instrumentos materiales de ejecución, destinados a realizar ésa voluntad de aquélla. Asimismo responde por el hecho de sus subordinados y comisionados, habiendo entendido nuestra Doctrina que, en ausencia de normas expresas, corresponde aplicar a la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales, igual solución que la consagrada por el art. 1113 del Código Civil para la responsabilidad extracontractual, criterio este que se ve avalado por lo previsto en los pocos preceptos aislados que, en materia contractual, hacen responder al principal por el hecho de sus dependientes: arts. 1516, 1561 y 1563 del Cód. Civil. De igual manera, los bancos y demás entidades financieras, en cuanto personas jurídicas, responden extracontractualmente conforme a lo dispuesto por el art. 43 del Código de Fondo, por los daños que causen quienes la dirijan o administren, en ejercicio o en ocasión de sus funciones y también por los daños que causen sus de pendientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el título De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos , es decir, fundamentalmente con ajuste a lo previsto por el art. 1113 del mismo Código.

Para el funcionamiento de tales responsabilidades deberán concurrir, respectivamente los requisitos que resultan del propio art. 43 del mismo cuerpo normativo en el primer caso -condición de director o administrador de la entidad bancaria o financiera del autor del hecho dañoso y el ejercicio o la ocasión de de aquellas funciones-; y en el segundo supuesto los que Nuestra Doctrina y Jurisprudencia han precisado con respecto a la responsabilidad del principal o comitente por el hecho de su dependiente, a saber: hecho ilícito imputable al dependiente, relación de dependencia, daños sufridos por un tercero y vinculación entre las tareas o funciones asignadas al dependiente y el hecho dañoso de éste.-


III. Responsabilidad atribuida en el caso particular.

El actor resulta ser una persona distinta de la que efectuó una apertura de cuenta, solicitud de tarjetas de crédito - Visa y Mastercard- y un préstamo personal, en la entidad demandada, persona que a la fecha no fue individualiza da, empero que indudablemente fraguando el documento nacional de identidad del actor contrato con el Banco de Crédito Argentino SA. Y como sabido es la responsabilidad del banquero, en el caso, debe encuadrarse, dentro de los canones de la responsabilidad extracontractual o cuasidelictual; y es además de carácter profesional (arts. 1109, 1113, 1607 a 1069, 1083 y cctes. del Código Civil; citas doctrinarias; Conf. Cámara I, Sala III, La Plata, causa 210190 del 18/08/92).-

Este profesionalismo que destaca la doctrina, debe orientar la decisión judicial, en cuanto sirve de para metro para apreciar la conducta de la empresa bancaria y su consiguiente responsabilidad. La entidad bancaria demandada -a través de sus de pendientes-, no ha puesto la diligencia y controles propios de su actividad profesional al haber dado curso a una solicitud de apertura de cuanta corriente, tarjetas de crédito -Visa y Mastercard- y un préstamo personal, a nombre del hoy accionante, sin haber tomado los recaudos necesario para verificar la identidad de la persona que gestionar la solicitud de referencia. Toda vez que la banca demandada pudo -pues poseía a su alcance los mecanismos necesarios para tal hacer- y debió detectar que éste último no era la persona que afirmaba ser. Para expresarlo de otro modo, considero que la entidad bancaria -en la especie su dependiente- ha omitido diligencias que exigían las circunstancias del caso y que de habérselas efectuado se hubiera podido prever el hecho; debió detectar que el DNI presentado contaba con irregularidades.

En virtud de ello, la responsabilidad de la banca accionada respecto del hoy accionante es de carácter extracontractual. Destacando que, en la omisión, suele haber tanta culpabilidad como en los actos positivos. Y siendo así y, siempre que se traduzca en un perjuicio efectivo para otro, no deberá negarse indemnización cuando la imputabilidad y el nexo causal sean innegables, como lo es en este caso (arts. 512, 902, 904 y cctes. del Código Civil; Cámara I, Sala III, causa citada y art. 384 del CPCC).-


IV. Alcance resarcimiento.

Reclama la actora en concepto de DAÑO MORAL la suma de $ 200.000 e igual monto en concepto de DAÑO PSICOLOGICO. El daño psicológico refiere a las minusvalias o deficiencias psíquicas causadas a raíz del ilícito, las fobias, los cuadros de depresiones pro fundas, claramente detectables para los especialistas en este tipo de afecciones, en tanto que el resarcimiento por daño moral tiende a compensar de alguna manera las angustias, las aflicciones y los sufrimientos que, sin lugar a configurar una dolencia del punto de vista de la psiquiatría, el hecho generador produce a quien lo padece.-

En torno al DAÑO MORAL, comprende las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes que, se configura por el conjunto de padecimientos que no se restringen a lo físico, sino que también abarca a los espirituales derivados del hecho y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precípu en la vida del hombre, como son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los afectos (SCBA).-

Constituyendo una lesión que los trastornos y angustias padecidas generan en los sentimientos, para establecer su existencia debe determinarse la naturaleza de los sufrimientos y la magnitud de los mismos que el evento dañoso de acuerdo a sus características normalmente produce en el común de las personas.-


V. En el caso particular.

Este daño es de naturaleza resarcitoria y su existencia en casos como el presente, no requiere prueba pues se lo presume, teniéndoselo por acreditado por la sola circunstancia de la acción antijurídica, al constituir un daño in re ipsa. De ello se sigue que, corresponde a los responsables de su resarcimiento, acreditar la existencia de alguna situación objetiva que excluya la posibilidad de un perjuicio de este tipo (arts. 1078, 1084 y concds. del Código Civil, 375, 384 del CPCC; SCBA Ac 41539 del 21/11/89).-

En consonancia con lo expuesto, teniendo en cuenta la afección de los legítimos intereses extrapatrimoniales del accionante, los padecimientos que cabe presumir -por un lado- y lo que surgen de las pericias psicológica y psiquiatrica y, no habiendo demostrado la accionada la existencia de alguna circunstancia que excluya la posibilidad de este daño, considera ajustado a derecho establecer por este rubro la suma de $ 20000 y no la suma pretendida por la accionante en su libelo de inicio que a la luz de las circunstancias aparece como desmedida (arts. 384, 457/476 y cctes. del CPCC).-

En concepto de DAÑO PSICOLOGICO, como bien cita el perito psiquiatra este daño al igual que el moral concurre en la psiquis, empero cuentan con distinta calidad, mientras que el daño moral es la conmoción moral, la perturbación que en la esfera de los sentimientos y emisiones provoca un evento determinado -en terminos psiquiátricos es el registro psíquico que de un evento se tiene y su consecuente conmoción emocional-, el daño psíquico es una perturbación, un desequilibrio, una enfermedad, un trastorno que se manifiesta en otras áreas de la existencia, además de la emocional (intelectiva, volitiva conativa) excediendo la lógica del daño moral y alterando la eficacia real del sujeto. Y si bien la existencia del daño moral no asegura la existencia de daño psíquico, la existencia de éste ultimo sí asegura la del daño moral. Ahora bien, compartiendo en un todo el dictamen emitido por los auxiliares de la Justicia actuantes y, resultando para la solución del caso en análisis, relevante el dictamen del perito psiquiatra quien señalara en el actor una incapacidad psíquica de tipo parcial y permanente que alcanzaría el 20%. Compuesta por una incapacidad del 14% de tipo parcial y temporaria y, una incapacidad del 6% de tipo parcial y permanente. No encontrando motivos para apartarme del dictamen referido, a los fines indemnizatorios haciendo uso de la facultad que me confiere el art. 165 del Código Adjetivo, procedo a desdoblar los porcentuales señalados precedentemente de idéntica manera. Para la primera de ellas -incapacidad del 14% de tipo parcial y temporaria-, toda vez que dicho porcentual resulta susceptible de remisión mediante un tratamiento psiquiátrico, psicoterápico y medicamentoso adecuado, estimo justo fijar para atender al mismo en la actualidad, la suma de $ 5000. Ello así, toda vez que, en lo concerniente al daño psicológico y al respectivo trata miento, debe concederse uno u otro cuando la psicoterapia -como se da en el caso de autos-, tiene probabilidades serias de remitir la patología, de otra forma, se duplicaría el resarcimiento. Pues, si son atendidos los gastos que irroga una psicoterapia, conceder otra suma por tal ítem, importaría una doble indemnización.

Y para la segunda -incapacidad del 6% de tipo parcial y permanente-, toda vez que no resulta removible por tratamiento alguno (resto no asimilable), circunstancia ésta que la convierte en indemnizable y; teniendo en cuenta la edad del accionante -50 años cumplidos al 14 de marzo de 2004-, la expectativa de vida pro medio -75 años- y el haber promedio que percibe como empleado de la empresa Cerveceria y Malteria Quilmes -$ 1700-, considero ajustado a derecho establecer por la misma el monto indemnizatorio de $ 30600. Arribando a ésta cifra mediante el siguiente cálculo matemático: 6% de $ 1700= $102. Multiplicando éste último por 12 meses =$ 1224. A su vez multiplicando los $ 1224 por 25 que son los años que le restan al actor para alcanzar la expectativa de vida promedio = totalizando la suma de $ 30600. Y no por los montos pretendidos por la actora en su escrito de demanda que, como ya dije al referirme al daño moral, resultan desmedidos a la luz de las circunstancias (arts. 165, 384, 457/476 y cctes. del CPCC; Civil ).

Finalmente en concepto de DAÑO MATERIAL reclama la suma de $ 200000. La indemnización por daño material y daño moral merecen un tratamiento diferenciado por tener naturaleza jurídica independiente al ser distintos los bienes jurídicos afectados los que se resarcen en uno y otro caso. La noción de daño resarcible que elabora el derecho civil debe partir, ante todo, del fin perseguido, que es la reparación de perjuicio sufrido. Para lograr esa finalidad el daño resarcible se clasifica en patrimonial (material) y moral (extrapatrimonial) al que ya me he referido y sobre el que no corresponde volver. Daño material es aquel que recae sobre el patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes que lo componen, sea indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado a la persona misma, en sus derechos, facultades (art. 1068 C.C.) o aptitudes. El daño patrimonial debe ser susceptible de apreciación pecuniaria y su existencia no puede ser cuestión de puro derecho sino que está vinculada a cuestiones de hecho que dependen de las circunstancias de cada caso. Esto conduce a la necesidad de probar el daño por quien pretende reparación y si no se acredita ningún perjuicio económico, no debe producirse indemnización por este concepto. Para la procedencia del mismo, la prueba de su existencia, certeza, como así también la relación causal e imputabilidad son requisitos sine qua non. La presencia del perjuicio material debe ser comprobada para poder condenar al pago de la indemnización, no bastando su mera conjetura con la pretensión objetiva de que la existencia del mero hecho reprochable infiera el daño. La prueba del daño para el derecho, es capital, porque es irrelevante la existencia material del daño si no se lo acredita apropiadamente; un daño improbado no existe para el derecho. La existencia del daño es de prueba indispensable, no pudiendo otorgarse indemnización alguna si falla esa comprobación. La mera alegación del daño material, sin que se halle acreditado con otra prueba que no surja del propio hecho, resulta una presunción carente de relevancia dentro del derecho positivo para obtener la reparación patrimonial. En la especie, el reclamo vertido por la parte accionante por este rubro, constituye sólo la pérdida de una chance, la que defino como una probabilidad de beneficio económico que, en la especie, no supera la existencia de un daño eventual o hipotético, lo cual resulta un obstáculo que la parte reclamante no ha podido superar, a los fines de constituirse en un perjuicio cierto y resarcible.

En otras palabras, el hecho generador del reclamo, no produjo en el actor un daño material indemnizable. Consecuentemente, se desestima la pretensión indemnizatoria de la accionante, por éste concepto -

Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes en la figura de los Dres Julio E. Cassanello y Eleazar A. Reídle.


Sentencia de Alzada con fecha 08/02/2005:

Decide revocar la sentencia apelada, rechazando la demanda en todas sus partes. Las costas de ambas instancias deben imponerse al actor que resulta vencido (art. 68, CPC).

Cuando el daño moral no tiene origen en lesiones físicas o psíquicas, sino en el derivado de una cuestión pura y exclusivamente patrimonial, debe justificarse acabadamente su existencia, su relación causal con el hecho y la necesaria legitimación para formular el reclamo. Y en tal sentido, el accionante no produjo prueba alguna del que dijo haber sufrido. Ni las testimoniales ni la pericia médica constituyen prueba que permita jurídicamente tener por acreditado el "daño moral" invocado y su relación de causalidad (arts. 375, 384 y 474, CPC).

Fundamentación.

El daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor esencial en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (SCJBA Ac. 40790), que su resarcimiento depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesario otra precisión (SCJBA Ac. 48490), debiendo ponderarse la personalidad de la víctima y su receptividad particular en función de sexo, edad, profesión, etc. (conf. Pizarro, Ramón Daniel, "Daño Moral", Ed. Hammurabi, 1996, p. 340 y sigtes.; Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de Daños", t. 2a, p. 369).

Su naturaleza es de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civil) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de éste sino de la índole del hecho generador (SCBA, AC 78280).

Asimismo el mismo puede, en ciertos casos, requerir prueba y en otros, resultar apodíctico ("in re ipsa") (arts. 254 y concs., 1066, 1074, 1078, 3296 bis y concs., C.C.), toda vez que el art. 1068 del C.C. no contempla lo referente a las formas de acreditarse el daño moral sino el concepto del mismo, a su esencia, a aquello en que consiste (conf. voto del doctor Ghione en fallo de la SCBA, Ac. 69113).

Por lo anteriormente expresado, la alzada no comparte el criterio del a quo en cuanto a que en el presente no se requiere su prueba pues se presumiría en función de que estaría acreditado por la sola circunstancia de la acción antijurídica (daño "in re ipsa"). En el caso el actor debió haber probado el daño moral sufrido por los hechos que le imputa a la entidad bancaria, ya que no encuentra sustento legal alguno a la presunción a que se alude, dado que la cita del fallo de la Suprema Corte que se menciona como apoyatura, corresponde a un proceso de distinta naturaleza y por ello no resulta aplicable al caso en análisis.


COMENTARIO.

El presente caso refleja el criterio disímil entre primera instancia y la alzada en el departamento judicial de Quilmes. Admitida la demanda condenando a la accionada con basamento en que se presumiría el daño en función de que estaría acreditado por la sola circunstancia de la acción antijurídica (daño "in re ipsa") Al considerar la conducta del banco que suministró información errónea respecto de la situación crediticia del actor configura un obrar antijurídico que encuadra en el ámbito de la responsabilidad aquiliana, por lo que la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado, salvo que la institución bancaria destruya tal presunción mediante prueba en contrario.

Considero acertada la inversión de las cargas probatorias en la figura del banco demandado quien suministrara información errónea respecto de la situación crediticia del actor. Toda vez que la banca demandada pudo -pues poseía a su alcance los mecanismos necesarios para tal hacer- y debió detectar que éste último no era la persona que afirmaba ser. Para expresarlo de otro modo, considero que la entidad bancaria -en la especie su dependiente- ha omitido diligencias que exigían las circunstancias del caso y que de habérselas efectuado se hubiera podido prever el hecho.

La responsabilidad de la banca accionada respecto del Sr. Paz es de carácter extracontractual, destacando que, en la omisión, suele haber tanta culpabilidad como en los actos positivos. Y siendo así y, siempre que se traduzca en un perjuicio efectivo para otro, no deberá negarse indemnización cuando la imputabilidad y el nexo causal sean innegables, como lo es en este caso (arts. 512, 902, 904 y cctes. del Código Civil; y art. 384 del CPCC).-

El daño moral es de naturaleza resarcitoria y su existencia en casos como el presente, no requiere prueba pues se lo presume, teniéndoselo por acreditado por la sola circunstancia de la acción antijurídica, al constituír un daño in re ipsa. De ello se sigue que, corresponde a los responsables de su resarcimiento, acreditar la existencia de alguna situación objetiva que excluya la posibilidad de un perjuicio de este tipo (arts. 1078, 1084 y concds. del Código Civil, 375, 384 del CPCC; SCBA Ac 41539 del 21/11/89). No habiendo demostrado la accionada la existencia de alguna circunstancia que excluya la posibilidad de este daño -nótese que la misma no ha contestado demanda

Autos: BINELLI ROSANA LAURA C/BBVA BANCO FRANCES S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS .


Si bien la denunciada conducta adoptada por la accionada en el presente caso, denota una actitud negligente o incumplidora y en definitiva reprochable de su parte, no resulta suficiente por sí sola para legitimar la procedencia del reclamo analizado, ante la carencia probatoria existente en la causa.

Circunstancias fácticas:

La entidad bancaria como prestadora de un servicio al cliente, emitido un cheque contra una cuenta corriente cerrada y rechazado, impuso una multa y comunicó al Banco Central la falta de pago de la misma sin que mediara la previa e inexcusable notificación a la cuentacorrentista acorde normativa del art 62 de la ley 24452 a los efectos previstos en el art 64 de la misma norma, ni debitó - pudiendo haberlo hecho - su importe de la otra cuenta en dólares que la actora poseía en la institución conforme al acuerdo expresamente celebrado en tal sentido y lo previsto en el art 793 del Código de Comercio. El Banco Central automáticamente puso esta circunstancia en conocimiento del Veraz, quedando registrado este antecedente en sus archivos durante 15 dias hasta que se aclaró- la reclamante abonó la multa-. La actora promueve formal demanda por daños y perjuicios contra BBVA Banco Frances S.A., solicitando que oportunamente se lo condene a abonar la suma de $ 100.000, en raíz de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la indebida inclusión en el Veraz en relación a la relación contractual que relata

Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial Quilmes a cargo del Dr. GABRIEL PABLO ZAPA.


Sentencia de Primera Instancia del 28/10/2005.

1) Haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Rosana Laura Binelli contra BBVA Banco Frances S.A , y en con secuencia, condenando a éste último para que dentro del quinto día de quedar firme el presente pronunciamiento, le abone a la actora la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), importe que devengará intereses desde el 30 de octubre de 2000, a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de descuento a 30 días, y hasta la fecha de su efectivo pago; 2) Las costas del proceso se imponen al demandado vencido (art. 68 CPCC), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 del dec. ley 8904).


I. Peculiar normativa aplicable.

Las partes se hallaban vinculadas contractualmente (cuentas corrientes, etc.). Y así, en la medida en que la actora haya sido consumidora final de una -o varias- operaciones de crédito (activa o pasiva) con el banco demandado, éstas constituyen contratos de consumo que, como tales, resultan alcanzados por la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

La idea de protección al consumidor bancario deriva de una concreta ratio legis: la inferioridad de los profanos respecto de los profesionales, quienes tienen una superioridad considerable en las relaciones contractuales, y en especial en las que se enlazan entre los bancos y sus clientes consumidores.-
II. Cargas probatorias.

De acuerdo a lo prescripto por el art. 386 de la ley ritual-, la conducta del demandado, en cuanto a negativa -u oculta miento- injustificado de presentar y exhibir la documentación requerida por el perito calígrafo, debe considerarse como una presunción en su contra (cf. doct. SCBA, DJBA, t. 128, pág. 127).-

También encuentran apoyatura en la praxis verificada en el circuito financiero, y es que los jueces no pueden ignorar la realidad en que se encuentran inmersos, ya que ello constituye una pauta ponderable que siempre han de tener en cuenta, para emitir sentencias que sean un fiel reflejo de lo que acontece en el mundo que rodea al órgano jurisdiccional y a los judiciables.
III. Responsabilidad Bancaria.

Institutos como la obligación tácita de seguridad, o los deberes de colaboración, información y lealtad -para nombrar sólo alguno de ellos-, encuentran hoy día su fundamento en la buena fe que las partes se deben recíprocamente. (arg. arts. 3, 5, 40 y conc. ley 24.240; arts. 1198 y conc. Cód. Civ.); obligación de proceder conforme un modo de evitar perjuicios innecesarios al cliente que no se refleja con la inclusión de los precitados listados por una deuda como la mencionada y en las condiciones antes descriptas.

Todo contrato genera, además de la obligación principal asumida por cada una de las partes, el deber genérico de no dañar que fundamenta la responsabilidad en la esfera extracontractual tiene su paralelo, en la órbita contractual, en este especial deber calificado por el cual cada una de las partes se obliga a no dañar a la otra durante el desarrollo de la prestación comprometida.

El banco no ha actuado en la especie de conformidad a lo impuesto por las circunstancias de personas, del tiempo y del lugar y por ende, es del caso recordar que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902 Cód. Civ.).

En las circunstancias expuestas, que la conducta de la demandada fue desaprensiva, carente de la diligencia y cuidado que la situación exigía a su accionar. Si bien no pudo descuidar su deber de informar al B.C.R.A., debió arbitrar los medios para que tal información fuera veraz, acorde y proporcionada con las circunstancias planteadas por la actora, lo cual se hubiera evitado también si el banco hubiera cumplido debidamente con las señaladas obligaciones legales frente al cliente, evitando así eventuales y evidentes perjuicios al mismo (arts. 384 y conc. CPCC).-

Desde otra perspectiva- que el B.B.V.A BANCO FRANCES S.A. es un comerciante profesional (arts. 2, 36 y conc. ley 24.240), con alto grado de especialización y un colector de fondos públicos, por lo que juzgo también determinante dicha condición para responsabilizarlo por las consecuencias de su accionar, pues su superioridad técnica le imponía -como se indicara supra- el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento del negocio y le exigía una diligencia acorde con su finalidad y una organización adecuada para desarrollar su giro. Y es que su conducta no puede apreciarse con los parámetros de un neófito, sino que debe efectuárselo conforme al standard de responsabilidad agravada que el profesional titular de una empresa con alto nivel de especialización, tiene frente al usuario

A mayor abundamiento, habiéndose configurado la antijuricidad por la vía de la causación del daño a la actora, resulta también factible considerar que la actitud omisiva del banco en cuanto al cumplimiento de su deber de información de la real situación de la misma - que deriva de los ya precitados deberes secundarios de conducta-, o bien el hecho de haber comunicado al BCRA y al centro de datos de marras la existencia de una exigua acreencia de $ 50 que en su caso se aplicó en contravención a claras disposiciones legales, resultando asimismo evidentemente desproporcionada con la posibilidad de daño que la inclusión en las precitadas bases de datos le generaría al no haber procedido el banco de acuerdo a las ya señaladas disposiciones legales, todo ello en cuadra asimismo dentro de los recaudos que el artículo 1071 del Código Civil determina para tener por configurado el abuso de derecho.-

El banco demandado debe responder por los daños y perjuicios generados con su actitud omisiva (art. 42 Const. Nac.; art. 38 Const. Prov. Bs. As.; arts. 1, 2, 3, 5,36, 37, 40 y conc. ley 24.240; arts. 512, 902, 1071, 1137, 1198 y conc. Cód. Civ.; art. 793 del Código de Comercio; arts. 2 y 62 Anexo I de la Ley 24.452; y punto 1.8 de las Reglamentaciones y condiciones generales para operar en el Banco Frances del Rio de la Plata SA ).


IV. Alcance del resarcimiento.

La comisión de un acto antijurídico permite por sí sola presumir la existencia del agravio moral, es una prueba in re ipsa, surge inmediatamente de los hechos mismos. Pero aun cuando no haya que probar el daño moral es obvio que el hecho generador del sufrimiento debe ser acreditado, son las consecuencias que él acarrea las que pueden estar exentas de prueba (cf. Arazi R., Prueba del daño moral, en Revista de Derecho de Daños , t.VI, págs. 108/109).-

En tal contexto, cabe tener en cuenta que la Casación Provincial -en su actual composición-, tiene dicho siguiendo viejos y reiterados precedentes, que en materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, quedando a cargo de quien invoca la acreditación del perjuicio que se alega haber sufrido , y que para que sea indemnizable el rubro daño moral en materia contractual, se re quiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica, que no deben ni pueden confundirse con las in quietudes propias y corrientes del mundo de los negocios (SCBA, Ac. 45.648; Ac. 57.978; y causa L 78.588 del 29-10-03; entre otras).

Si bien no desconoce que cuando se está frente a vínculos contractuales la concesión de este tipo de rubros generalmente se efectúa -como se viera- con un criterio restrictivo, no puede pasarse por alto asimismo que modernamente se ha entendido que el daño moral importa toda modificación disvaliosa del espíritu; y desde tal óptica, teniendo en cuenta la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso conforme reza el art. 522 del Código Civil, meritúo que la buena fe lealtad y la buena fe probidad -de inveterada consideración en la vida negocial-, cobran todavía mayor importancia cuando la contratación se torna masiva como los contratos bancarios. Nuevos perfiles viene pergeñando la jurisprudencia en torno a la interpretación restrictiva del art. 522 del citado plexo normativo para indemnizar el daño moral, cuando deben analizarse los efectos del incumplimiento contractual en las relaciones de consumo (cf. Cám. Apel. La Matanza, Sala I, in re Bressan Walter c/Banco de Galicia y Bs. As. S.A. s/daños y perjuicios , 5/7/01).

En dicho marco, cabe recordar que también constituye el temperamento adoptado por nuestro más alto Tribunal Provincial, que el daño moral debe tenerse por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica - daño in re ipsa-, y es al responsable del hecho dañoso, a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del daño moral (SCBA, Ac. B -48.618 bis, del 10-3-92; entre otras).

No debe perderse de vista como ya se expresara, que la demandada se trata de una entidad crediticia, y como tal, sus actos y desenvolvimiento en la plaza comercial deben ser por demás cuidadosos, toda vez que en caso contrario debe imputársele sus consecuencias (art. 902 Cód. Civ.; cf. Cám. Apel. Lomas de Zamora, Sala I, in re Albelo Mirta c/Banco de la Provincia de Bs. As. s/incump. contractual y daños y perj, causa 58.697, RSD-396-04, del 23-9-04).

Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Quilmes
Sentencia de alzada con fecha 05/03/2007.

Tiene por no acreditada la existencia del daño invocado, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidad alguna a la parte demandada, en consecuencia revocar la apelada sentencia y rechazar la demanda promovida (arg. arts. 499, 1078, 1137, 1197, 1198 sigts y conds del Código Civil, 375, 384, 474 y concds del CPC).

Si bien la denunciada conducta adoptada por la accionada en el presente caso, denota una actitud negligente o incumplidora y en definitiva reprochable de su parte, no resulta suficiente por sí sola para legitimar la procedencia del reclamo analizado, ante la carencia probatoria existente en la causa. La reparación por el invocado perjuicio moral, teniendo en cuenta lo exiguo del tiempo durante el cual figurara la reclamante en el Veraz, razón por la cual el recurso deviene inatendible (arts 499, 522 y concds del Código Civil, 375, 384 y concds del CPC).

COMENTARIO.

Institutos tales como la obligación tácita de seguridad, o los deberes de colaboración, información y lealtad -para nombrar sólo alguno de ellos-, encuentran hoy día su fundamento en la buena fe que las partes se deben recíprocamente. (arg. arts. 3, 5, 40 y conc. ley 24.240; arts. 1198 y conc. Cód. Civ.). y son pautas interpretativas escenciales. Sin dejar de lado la evidentemente desproporcionada medida adoptada por el banco respecto a la posibilidad de daño que la inclusión en las precitadas bases de datos le generaría al no haber procedido el banco de acuerdo a las ya señaladas disposiciones legales, encuadrando asimismo dentro de los recaudos que el artículo 1071 del Código Civil determina para tener por configurado el abuso de derecho.

En el presente fallo, la entidad bancaria no ha actuado en la especie de conformidad a lo impuesto por las circunstancias de personas, del tiempo y del lugar y por ende, es del caso recordar que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (art. 902 Cód. Civ.). En las circunstancias expuestas, la conducta de la demandada fue desaprensiva, carente de la diligencia y cuidado que la situación exigía a su accionar. Si bien no pudo descuidar su deber de informar al B.C.R.A., debió arbitrar los medios para que tal información fuera veraz, acorde y proporcionada con las circunstancias planteadas por la actora, lo cual se hubiera evitado también si el banco hubiera cumplido debidamente con las señaladas obligaciones legales frente al cliente, evitando así eventuales y evidentes perjuicios al mismo (arts. 384 y conc. CPCC). El banco demandado debe responder por los daños y perjuicios generados con su actitud omisiva

Es destacable tanto el punto de la valoración de la conducta del demandado en cuanto a negativa -u oculta miento- injustificado de presentar y exhibir la documentación requerida entendida por el a quo como presunción en su contra como la consideración respecto que las sentencias sean un fiel reflejo de lo que acontece en el mundo que rodea al órgano jurisdiccional y a los judiciables. La resolución de primera instancia despliega las herramientas que tornan viable la protección al consumidor bancario derivada de una concreta ratio legis: la inferioridad de los profanos respecto de los profesionales, quienes tienen una superioridad considerable en las relaciones contractuales, y en especial en las que se enlazan entre los bancos y sus clientes consumidores. Es por ello que la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso conforme reza el art. 522 del Código Civil, merituando la buena fe lealtad y la buena fe probidad -de inveterada consideración en la vida negocial-, cobran todavía mayor importancia cuando la contratación se torna masiva como los contratos bancarios.

Nuevos perfiles viene pergeñando la jurisprudencia provincial en torno a la interpretación restrictiva del art. 522 del citado plexo normativo para indemnizar el daño moral, cuando deben analizarse los efectos del incumplimiento contractual en las relaciones de consumo (cf. Cám. Apel. La Matanza, Sala I, in re Bressan Walter c/Banco de Galicia y Bs. As. S.A. s/daños y perjuicios , 5/7/01). En el mismo sentido, la entidad crediticia como tal, sus actos y desenvolvimiento en la plaza comercial deben ser por demás cuidadosos, toda vez que en caso contrario debe imputársele sus consecuencias (art. 902 Cód. Civ.; cf. Cám. Apel. Lomas de Zamora, Sala I, in re Albelo Mirta c/Banco de la Provincia de Bs. As. s/incump. contractual y daños y perj. , causa 58.697, RSD-396-04, del 23-9-04).



En este marco, cabe recordar que lo expuesto respecto al temperamento adoptado por nuestro más alto Tribunal Provincial respecto a que el daño moral debe tenerse por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica - daño in re ipsa-, y es al responsable del hecho dañoso, a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del daño moral (SCBA, Ac. B -48.618 bis, del 10-3-92; entre otras). Tendencia que si bien es receptada en los juzgados de primera instancia de nuestro departamento judicial Quilmes, encuentra un obstáculo a superar en la alzada.
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