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Diligencias previas 399/2006-E

  • Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid
  • Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo)
  • Archivo Histórico Nacional
  • Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid
  • Archivo General de la Administración, C



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    DILIGENCIAS PREVIAS 399/2006-E

    AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5

    Doña Mª JOSE MILLAN VALERO, Procuradora de los Tribunales, en representación de
    ASOCIACIÓN “FÒRUM PER LA MEMÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ”

    Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón

    Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas

    Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid

    Associació per la Recuperació de la Memoria Històrica de Catalunya

    Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas

    Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo),
    1º) Que hoy nos es notificada providencia de fecha 17 de Julio, por la que, entre otras disposiciones, se acuerda librar oficios al Archivo General de la Guerra Civil Española (originariamente, hasta 1977/1979, fue la Oficina de Investigación y Propaganda anticomunista, creada por Orden de 20 de abril de 1937; la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, creada por otra del 29 de mayo de 1937; más Delegación del Estado para Recuperación de Documentos creada por Decreto de 26 de abril de 1938, cuyos fondos quedaron depositados en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil), el cual quedó creado como archivo general específico de la época en 1999, para tareas de investigación histórica y para la labor administrativa de resarcimiento a quienes participaron en la guerra, según la propia declaración institucional.
    Igualmente se ordena cursar otro oficio al Archivo Histórico Nacional (en el cual se conserva, pueblo a pueblo, para toda España, la información que fue elaborada por los vencedores del denominado Alzamiento Nacional para Instrucción de la «Causa general» sobre los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja, creada por Decreto de 26 de Abril de 1940 y encomendada al Ministerio Fiscal. Entre los nueve estados creados para obtener esta información, los más relevantes, aquí y ahora, serían el estado número 1 que se denominó “RELACION de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueran asesinas”, más el estado número 2 que fue denominado “RELACION de cadáveres recogidos en este término en este términos municipal, de personas no reconocidas como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja”. Los cuales pudieran aportar, quizás, alguna luz sobre lo que es el objeto de esta causa.

    El resultado y la conclusión de estos informes fue de un incalculable numero de juicios sumarios militares llevados dentro de una gran planta de tribunales togados (casi los únicos operativos) más también otros en otras jurisdicciones especiales creadas por aquel régimen a fin de infligir el más severo castigo a los considerados “no afectos” al Nuevo Estado, que incluía una responsabilidad adicional, no civil, sino política, lo que, entre otras consecuencias, aparejó incautación de bienes de los condenados (vd. Ley 9-2-1939, RESPONSABILIDADES POLITICAS).


    Muchas de las victimas objeto de muerte, mediante tal método revestido de esta apariencia judicial, han sido también objeto de desapariciones forzadas pues de muchísimas nunca fue dada razón de paradero de sus restos humanos ni tampoco estas muertes han tenido su anotación civil por fallecimiento. A modo de ejemplo, los casos planteados en las presentes diligencias por D. Javier Jiménez Corcho y por D. Alfonso Fernández Pacheco, que serán ampliados de inmediato.
    Que también fue un resultado y conclusión de estos informes un libro propagandístico, editado y publicado por el Ministerio de Justicia en 1943, ante la necesidad del Régimen del General Franco de llamar la atención del mundo occidental en relación a la II GM, entre otras causas. Dicha publicación no está disponible a la fecha presente pero su consulta puede realizarse a través del internet en sitios como http://www.1936-1939.com/wp content/biblioteca/CAUSA_GENERAL_baja.pdf.
    No obstante, manifestamos ya nuestra creencia, fáctica, de que la posible aportación de este libro desde el Ministerio de Cultura tendría una eficacia probatoria totalmente nula en el sentido finalista que tienen y motivan las denuncias planteadas en la presente causa.
    2º) Que, añadido a todo lo que antecede sobre los nuevos oficios ordenados por ese Juzgado, hacemos conveniente remisión a la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid, que había planteado lo ocurrido en una exhumación practicada en Aldeaseca (Ávila). Denuncia que se sintetiza en que, una vez que no fueron hallados los restos humanos que se pretendieron exhumar, en el mes de Octubre de 2003, resultó comprobado que éstos ya lo habían sido con anterioridad, en 1959, para su traslado al denominado Valle de los Caídos, un mes antes de la inauguración.
    Es decir, que la denuncia queda tomada como muestra de lo que seguidamente pasamos a detallar sucintamente:

    Que sobre el 31 de octubre de 1958, el entonces Ministro de Gobernación del régimen, Camilo Alonso Vega, remitió circular a todos los gobernadores provinciales de España en la que se daban instrucciones de recabar información sobre los restos humanos susceptibles de ser trasladados al denominado “Valle de los Caídos”, con motivo de su inmediata inauguración, lo que tuvo lugar al año siguiente, pese a que su construcción se ordenó e inició en 1940. (Con todas las cautelas, entendemos que esto podría tener cierta relación, o cierta continuidad, con los estados 1 y 2, antes citados, éstos confeccionados a raíz de la instrucción de la Causa General en 1940). Toda la información oficial, provincia a provincia, de estas exhumaciones e inhumaciones masivas, y sin ninguna clase de información pública, se encuentra depositada en el Archivo General de la Administración, C/ Paseo de Aguadores, 2 CP 28871 Alcalá de Henares (Madrid), en el Fondo Antiguo de Gobernación e Interior (sección 8).


    Pero bien, es, al mismo tiempo, cuestión relevante que, por indicios diversos que poseemos, se apunta a que, en el monasterio de la Abadía Benedictina de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos, sita en lugar de Cuelgamuros, administrada por una fundación dependiente de Patrimonio Nacional, órgano éste del Ministerio de Presidencia, podrían hallarse los restos humanos de unas 50.000 personas, muertas con motivo del denominado Alzamiento Nacional (citaremos ilustrativamente que el número de registro del padre del firmante de dicha denuncia es el 26.569 hecha el 21 de julio de 1965 y el número de orden de las cajas con los restos de los desaparecidos – que incluían una mujer - de Pajares de Adaja del 359 al 364). Personas todas las enterradas en este lugar que, en porcentajes análogos, son tanto afines al bando sublevado como afines a la II Republica Española, aunque el monumento está erigido solamente en honor de los primeros. Aprovechamos esa ocasión también para reseñar que a la gestión de este lugar ha quedado hecha referencia en la D.A. sexta de la Ley 52/2007, de 27 de Diciembre.
    Como se indicaba en la citada denuncia, registrada a finales del 2007, la comprobación de los promotores es también que, tanto la Abadía de dicho monasterio como la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial tienen acceso a los nombres de un importante número de las personas allí enterradas, aproximadamente la mitad, mediante fichas con los datos de aproximadamente la mitad de los allí enterrados y que se encuentran en 19 archivos.

    3º) Que, aún expuesto lo anterior, las asociaciones comparecientes tienen el profundo convencimiento de cuanto sigue:





    1. Que el mayor número de desapariciones forzadas por las que han ejercido esta acción judicial sigue permaneciendo y que se encuentran aún en los descampados y en las tapias de los cementerios.

    2. Que, por razones diversas, muchas de ellas han sido destruidas por roturaciones agrarias, por ampliaciones de cementerios, u otras causas.

    3. Que el mayor número de victimas de los sublevados fueron recogidas en las retaguardias, algunas durante 3 años, y también enterradas, todo conforme su conquista militar fue avanzando en todo el territorio nacional.

    Que tienen voluntad de aportar concretos datos e información detallada antes de que finalice el próximo mes de Noviembre, conforme ya se tiene anunciado a ese Juzgado, para dar la evidencia de lo indicado.

    4º) Que, además de lo que aquí queda referido; del informe pericial del historiador D. Francisco Espinosa Maestre que ha sido aportado a ese Juzgado; es también intención y compromiso de los comparecientes solicitar judicialmente, a la mayor brevedad, otras diligencias destinadas a la Administración General del Estado, a la Administración Autonómica, y a la Administración Local, para ese Juzgado esté en posesión de la documentación que puede permitir llegar a esclarecimiento general de cuanto aquí es objeto de previa información.

    Igualmente se espera contar a la mayor brevedad con otros informes técnicos que igualmente pueden ilustrar en términos globales.


    Y, es por ello, que se formula la siguiente PETICION AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, se admita, y en consecuencia, teniendo a las asociaciones personadas en este procedimiento por comprometidas en aportar la información que les fue requerida por providencia de fecha 23 de Junio de 2008, que será dada antes de final de Noviembre de 2008; se acuerde cuanto sigue:




    1. Cursar al Ministerio del Interior el urgente oficio pedido en nuestro anterior escrito.




    1. Cursar los siguientes oficios a los siguientes organismos.



    + ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACION, en igual modo que lo han sido los archivos que se citan en la providencia de 17 de Julio actual, citando en él la existencia del Fondo Antiguo de Gobernación e Interior (sección 8).
    + Abadía Benedictina de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos, en el mismo modo anterior, para que se proporcione oportuna información sobre los nombres de las personas que en este lugar están enterradas, procedencia geográfica de los restos, y causa del enterramiento allí hecho.
    + Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, solidariamente con la anterior, y a la igual finalidad.

    Es justicia que es de hacer en Madrid, a veintinueve de Julio de 2008




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