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El retorno de la democracia (1983 / 1985)




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El retorno de la democracia (1983 / 1985)
En octubre de 1983 se llevó a cabo el acto eleccionario que reencauzó al país en la institucionalidad democrática, y el 10 de diciembre asumió la presidencia de la República Raúl Alfonsín. A tres meses de su asunción, el Instituto Movilizador afirmaba que el gobierno, consecuente con sus promesas electorales, había dado algunos pasos políticos que tuvieron gran impacto popular. No obstante, observaba que la instrumentación de las medidas económicas adoptadas aparecía «lenta, poco creativa, sin la fuerza necesaria para idear las condiciones de un rápido mejoramiento del nivel de vida de la población y la confianza necesaria para arrancar con una política de reactivación económica». Señalaba además que la normativa dejada por la administración dictatorial seguía vigente, que parecía haberse decidido a encarar las soluciones con un gradualismo que no permitía avizorar una solución, y que la necesaria reactivación de la economía parecía haber sido postergada tras otros objetivos prioritarios: la renegociación de la deuda externa, la inflación y el déficit presupuestario11.

Esa inicial interpretación de la situación fue válida en gran parte para el resto de la década, ya que en términos generales no sólo no se produjeron cambios favorables sino que se agudizaron algunos de los peores aspectos de las políticas financieras impuestas por la dictadura militar.

Si bien durante los primeros meses se tomaron algunas medidas tendientes a incrementar la asistencia crediticia a las actividades productivas, esas disposiciones fueron rápidamente reemplazadas por la aplicación de una política monetaria y bancaria fuertemente restrictiva como consecuencia de las negociaciones entabladas con el FMI. En enero de 1984 el BCRA solicitó a las asociaciones representativas del sector financiero su opinión respecto a la reforma de la “Ley” de entidades financieras heredada de la dictadura. El Instituto Movilizador elevó a tal efecto una propuesta que reflejaba los principios del cooperativismo y la experiencia del movimiento, pero el proyecto oficial se fue diluyendo.

Por otra parte, el Banco Central daba a conocer una proposición de redimensionamiento del sistema financiero basado en el cierre de 800 sucursales bancarias, y dos meses después emitía una circular por la que ponía en conocimiento su resolución de promover la consolidación de los bancos cooperativos “con intervención cautelar por razones de liquidez y solvencia ya resuelta” o cuya intervención se dispusiera en el futuro, por fusión con otros bancos cooperativos. El IMFC evaluó que era importante poder recuperar el patrimonio institucional de las entidades que no podían seguir operando, y solicitó una reunión a FEBANCOOP para fijar una estrategia común. Aquella determinación provocó ciertas esperanzas, pero el gobierno nacional no tomó ninguna decisión concreta que permitiera realmente mejorar la situación de los bancos en dificultades, por lo que el movimiento cooperativo de créditos realizó numerosas presentaciones y entrevistas con funcionarios y legisladores.

La situación general del sistema bancario tenía como principal característica la concentración: de la cartera de créditos, ya que no más de 4.000 deudores recibían el 50% de los créditos en moneda nacional y el 80% en moneda extranjera; de la estructura del sistema, ya que sobre un total de 350 entidades financieras, los 5 primeros bancos captaban el 35% de los depósitos, y los 15 primeros el 48%; regional, ya que el 82,2% de los créditos se entregaban en la Capital Federal y sólo el 17,8% en el resto del país.

Frente a esta realidad, el IMFC planteaba que la distribución del crédito era una herramienta clave para el crecimiento y el progreso económico. Considerando que «el ahorro nacional no pertenece a las entidades financieras sino al conjunto de la Nación», el régimen operativo más adecuado debía ser la centralización de los depósitos. «El fundamento esencial de esta modalidad es otorgar al Estado –a través de BCRA- un instrumento que posibilite la canalización del ahorro y la orientación del crédito»12.



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