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Del “Plan Austral” a la hiperinflación (1985 / 1999)

  • De la “convertibilidad” al “efecto tequila”



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    Del “Plan Austral” a la hiperinflación (1985 / 1999)
    La llegada a la cartera económica de Juan Sourrouille, a principios de 1985, implicó un viraje en las orientaciones económicas del gobierno. El llamado “Plan Austral” –debido a la nueva moneda que reemplazaba al peso– tenía como prioridad bajar la inflación a través de la reducción del déficit fiscal, una receta cercana a la ortodoxia liberal. El aumento de los impuestos a las exportaciones, la disminución de la emisión monetaria, el congelamiento de precios, tarifas públicas y salarios, la devaluación de la moneda en un 15% y el tipo de cambio fijo, completaron el nuevo “paquete” económico. A diferencia del plan económico anterior, éste favorecía el aumento de las exportaciones agropecuarias y de las ramas más concentradas de la industria vinculadas al mercado externo, a través de la apertura de la economía. La privatización de algunas de las empresas estatales profundizó los rasgos que venían delineándose desde la dictadura.

    En cuanto al sector financiero, el “Plan Austral” se proponía mantener una política crediticia que conservara deprimida la demanda interna, por lo que se tomaron medidas para neutralizar el aumento de los depósitos con crecientes inmovilizaciones de los recursos captados13.

    Estas medidas dañaron particularmente a los bancos cooperativos, que se perjudicaron además con la decisión del Banco Central de avanzar en el redimensionamiento del sistema sin modificar la “Ley” de entidades financieras heredada del régimen militar. En diciembre de 1985 se desarrolló en Buenos Aires la Tercera Convención de Bancos Cooperativos adheridos al IMFC, con la presencia de delegados de 14 bancos. La misma trazó un plan de acción tendiente a revertir la situación afrontada por la banca cooperativa, al tiempo que se publicaba una solicitada impulsada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en apoyo a los reclamos cooperativos, bajo el título: “La banca cooperativa no es la patria financiera”.

    De enero de 1984 a junio de 1986 se liquidaron 15 bancos, de los cuales 11 eran cooperativos. El Banco de Berisso fue uno de ellos. Luego de su intervención por el BCRA se realizó una multitudinaria marcha pidiendo al gobernador que intercediera para la devolución de la entidad a sus dueños14. Sin embargo, y pese al apoyo solidario del IMFC y financiero del Banco Credicoop, en mayo de 1985 fue liquidado casi simultáneamente con los bancos cooperativos Alianza, Zonanor y Los Pinos, y el Banco de Italia y Río de la Plata S.A.

    En enero de 1986, ante la delicada situación del Banco Udecoop, tercera entidad cooperativa por volumen operativo, el IMFC impulsó a los bancos Aliancoop, CES, Laboulaye, Litorcoop, Nordecoop, Sudecor y Credicoop a que se hicieran cargo de algunas de sus filiales. El proceso jurídico y operativo fue lento y engorroso, y en junio se produjo la intervención del BCRA. Casi al mismo tiempo desaparecieron dos bancos cooperativos santiagueños: en enero de 1986 el Banco Concepción se fusionó con el Aciso y el Banco Coscrea inició un proceso que lo llevaría en junio a su fusión por absorción del Banco Credicoop.

    Lejos de cambiar, la situación de la banca cooperativa se agravó a lo largo de 1986, ya que mientras el Banco Central «asignaba generosos redescuentos para salvar la continuidad operativa de bancos lucrativos (de Italia, Rural, de Crédito Argentino, etc.) o seudo-cooperativos (Alas), negaba el otorgamiento, no ya de fondos, sino de un simple compás de espera que permitiera completar el proceso de absorción de las nueve casas remanentes del Banco Udecoop, cuando ya el esfuerzo genuino de otros bancos cooperativos había permitido asegurar la continuidad institucional y operativa de 23 filiales de aquel banco»15. Al 31 de enero de 1987 los bancos cooperativos se habían reducido a 54, y aunque participaban en el sistema financiero con el 7,8% de los depósitos y el 6,3% del capital y reservas, las limitaciones normativas sólo le permitían participar del 4,2% de los créditos.

    Durante 1987 el centro de la actividad institucional del IMFC estuvo puesto en el análisis y difusión de “La Propuesta Cooperativa”, un estudio de la situación económica y social que proponía: moratoria del pago de la deuda externa; determinar la deuda legítima e ilegítima, y rechazar el pago de esta; promover acciones conjuntas con otros países deudores; expandir el mercado interno a través de una redistribución de ingresos que favoreciera a los asalariados y sectores más postergados; control estatal del comercio exterior, exportando a través de un organismo integrado por el Estado y las instituciones cooperativas; cambio del regresivo régimen impositivo, de modo de basar la recaudación en las grandes ganancias y patrimonios, tierras improductivas, rentas financieras y consumo suntuario; aprovechamiento justo de la tierra en su carácter de bien social e irreproducible; impulso al desarrollo de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas: promoción del crecimiento e integración del cooperativismo en todas las ramas de la economía; y reestructuración del sistema bancario mediante una ley que consagrase la centralización de los depósitos para posibilitar el manejo orientado del crédito y la regulación de las tasas en función de un programa reactivador. Dicha Ley debería reestructurar el sistema privilegiando la banca de servicios, oficial y cooperativa, excluyendo del manejo del ahorro a la banca extranjera16.

    Mientras tanto, la situación de los bancos cooperativos se iba agravando en forma progresiva. En marzo de 1987 el presidente del BCRA le manifestó a una delegación del Instituto Movilizador que no estaba dispuesto a otorgar redescuentos para solucionar situaciones individuales de los bancos en dificultades, proponiendo la realización de amplias fusiones. En abril se registraba que la banca cooperativa perdía participación en el mercado financiero, especialmente en la cartera de préstamos, y en mayo circuló la información de que había 13 cooperativas próximas a ser cerradas por el Banco Central.

    La única nota esperanzada la daba el estado de las tratativas para la fusión del Banco Oceánico con el Credicoop, y la transferencia de 3 filiales de aquel al Banco Local. La fusión se completaría recién en 1988, y según recuerda quien fuera gerente general, no fue traumática. «Primero hubo un intento de fusión con el Banco Local, pero éste tenía algunas dificultades, y entonces el Banco Central no lo aceptó. Siempre era una alternativa el Credicoop, aunque en esa etapa también había una cosa de que no todos los bancos fueran ahí. Previamente, en 1985, habíamos hecho una campaña de capitalización. Hacíamos asambleas en Mar del Plata que eran multitudinarias, explicando que el banco podía cerrarse si no cambiaban las reglas de juego. Había una transparencia total, y nos propusimos juntar un millón de australes, y casi llegamos. Habíamos emitido acciones que eran prácticamente una donación, y se juntó una cifra considerable, pero no alcanzó. Pero hubo intentos y hubo respuesta de la gente, realmente una respuesta muy buena»17.

    En síntesis, durante el gobierno radical la banca cooperativa se redujo de 75 a 49 entidades. (Cuadro 1).



    De la “convertibilidad” al “efecto tequila”

    , Durante la década del 90 los países de América Latina, y en especial la Argentina gobernada entre julio de 1989 y diciembre de 1999 por Carlos Menem, fueron abanderados de las políticas neoliberales de apertura económica que conducirían a la privatización de las empresas de servicios públicos, enajenación de las reservas energéticas, facilidades para las inversiones extranjeras, desocupación y precarización laboral, liberalización del sistema financiero y de las tasas de interés y la eliminación de controles de precios, entre otras medidas. El esquema se complementaba con una redistribución regresiva del ingreso, desmontando las políticas sociales del Estado de Bienestar. El resultado fue una brutal concentración de ingresos y una profundización de la brecha social18. El Instituto Movilizador se opuso tempranamente a esas políticas, ya que apuntaban a definir «un modelo de país orientado hacia el exterior, inserto en la reestructuración productiva internacional, la cual privilegia a un sector exportador eminentemente agrícola, las industrias petroleras, químicas y petroquímicas, celulosa y papel. En ese modelo, el Estado sólo tiene un papel subsidiario»19.

    A pocos meses de asumir el nuevo gobierno, el conjunto de bancos cooperativos participaba con el 7,5% del total de los depósitos del sistema, registrando una significativa disminución en relación al 9,7% del año anterior. Esto expresaba las particulares dificultades atravesadas por el sector social que operaba en los mismos, además de las difíciles condiciones en que obraba la banca cooperativa por el desigual reparto de los redescuentos y el mayor costo operativo generado por la distribución territorial de sus filiales (cuadro 2).

    La sanción de la Ley 23.928 que impuso la llamada “convertibilidad”, si bien tuvo éxito en su objetivo de reducir la inflación, agravó la situación del sistema financiero ya que le exigía al BCRA que respaldara la totalidad de la base monetaria con divisas. Esto limitaba la posibilidad de una política monetaria propia y reducía su rol de prestamista en última instancia20. Procurando el abaratamiento del costo del dinero mediante el aumento de la capacidad prestable, las entidades adheridos al Instituto Movilizador pusieron en marcha un plan de acción para obtener la rebaja de los encajes bancarios. Luego de una campaña esclarecedora hacia los cooperadores y el público en general, bajo el lema “Los bancos cooperativos queremos dar crédito barato”, en octubre de 1991 se publicó una solicitada y se hicieron presentaciones ante el BCRA y los bloques parlamentarios. En sus puntos sustanciales, se expresaba que «la banca cooperativa presta servicios financieros a millares de pequeños y medianos empresarios, artesanos y profesionales. Ese rasgo define nuestro carácter minorista; es decir, que realizamos muchas operaciones de reducido volumen. Por ello nuestros costos son mayores. La ley de Entidades Financieras –cuya sanción data de la última dictadura militar y continúa plenamente vigente- no diferencia entre bancos mayoristas y minoristas. Esta legislación tampoco es sensible ante los problemas sociales ni reconoce las diferencias propias de cada región». Por eso reclamaban reducir el encaje bancario a niveles técnicos, suprimir el impuesto a los débitos bancarios, restablecer la endosabilidad del cheque y fijar encajes diferenciales por zona21.

    Un informe que analizaba la reestructuración del sistema financiero entre diciembre de 1989 y 1991, señalaba que en dos años habían desaparecido 22 entidades, 444 sucursales y más de 19.000 empleados. Desagregando esas cifras, se observaba que de las entidades que habían cesado de operar, 1 pertenecía al sector oficial; 8 a la banca privada nacional, de las cuales 5 cooperativas; 3 eran extranjeras y 12 entidades no bancarias.

    En ese contexto, se produjo en 1990 la fusión por absorción del Banco Acción, con filiales en Mendoza y San Juan, por parte del Banco Credicoop; la intervención del Banco Birco por el BCRA a mediados de 1991; y el comienzo del proceso de integración entre los bancos Local y Sycor, concretado a mediados de 1993. Al 31 de diciembre de 1994 el sistema financiero registraba la existencia de sólo 38 bancos cooperativos, lo que indicaba que en poco más de cinco años de gobierno peronista habían desaparecido 11 instituciones (Cuadro 3).




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