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Enrique Abella Fajardo




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partir de las operaciones en comento se empleaba

21 “[…] En efecto, de acuerdo a FOGAFÍN, entidad quien supervisaba el proceso de liquidación forzosa de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa (en adelante Interbolsa SCB), a los sujetos que componen la parte actora dentro del presente proceso no les fue pagado [sic] los conceptos de las acreencias resultantes del reconocimiento, a ellos hecho [sic], en Resolución 003 de 2013 […] Dichas acreencias, de acuerdo a los interrogatorios de parte practicados durante la etapa probatoria […] radican en el dinero invertido en Interbolsa SCB por los demandantes. La Sala observa así que, si bien ese dinero tenía fundamento en la relación laboral de los demandantes con la comisionista de bolsa, su reconocimiento se discute en tanto que, al haberse decidido invertir, es forzoso concluir que el mismo ya había ingresado al patrimonio de la parte actora previo a ser invertido

22 “[…] las operaciones repo pueden servir como un instrumento de especulación, que derive en la afectación del precio de una especie del mercado de valores si se emplean en la forma en que se comprobó

para comprar más acciones de la misma empresa”, de manera que en “tanto que las operaciones repo sobre la especie aumentaban su valor, quien entregaba las acciones de Fabricato en garantía lo hacía sobre un precio que, claramente, no correspondía a la realidad23; (ii) de acuerdo con lo anterior y las pruebas quedó establecida “la forma en que, en efecto, las operaciones repo pueden incidir en la libre formación de una especie inscrita en el mercado de valores”; (iii) la información respecto a las operaciones repo y a sus incrementos no sólo era de conocimiento de la demandada, sino también de los actores configurándose la culpa exclusiva de la víctima24; y, (iv) dicha eximente se concreta con base en los argumentos siguientes: (a) en “atención a la calidad especial de los demandantes como corredores de bolsa, así como a la información que ostentaban los actores del mercado de valores25; (b) teniendo en cuenta la información de público conocimiento y la que tenían los demandantes como profesionales del mercado, es que se entiende que ellos asumieron libre y conscientemente el riesgo al invertir sus bonificaciones26; (c)


23 “[…] Así, la Procuraduría explica claramente los efectos adversos para el mercado cuando este tipo de prácticas no se advierten, en los volúmenes que se marcaron para los años 2011 y 2012” [fl.218 cp].

24 “[…] Dicha información, respecto de cualquier ciudadano no marca la diferencia, como si sucede cuando se trate de sujetos expertos, tales como la Superintendencia Financiera o, cómo [sic] en el caso concreto, un corredor/comisionista de bolsa”.

25 “[…] En efecto, no por ser corredores institucionales puede entenderse que desconocen lo que sucede a diario en el mercado (y más si la situación se replica durante dos años a niveles desproporcionados). De hecho, su condición de corredores institucionales si bien les impedía realizar las operaciones repo directamente, no les impedía conocer lo que sucedía en el mismo mercado donde también interactuaban y negociaban los valores para los intereses institucionales. De igual manera, no puede equipararse a la parte aquí demandante con cualquier ciudadano, en tanto que los primeros tienen a su disposición la información, pero aún más importante, el mismo conocimiento profesional que se exigiría a la Superintendencia Financiera para prever las consecuencias nefastas que, al final, efectivamente sucedieron dentro del mercado” [fl.220 cp].

26 “[…] los demandantes, como quedó demostrado del interrogatorio de parte, se estableció [sic] que el dinero invertido podía haber sido retirado en determinadas ocasiones sin que los sujetos demandantes lo hicieran. De igual manera, los demandantes siempre tuvieron la opción de no aceptar las condiciones de su empresa, la cual las determinaba para que, una vez invertido el dinero pudiera ser retirado. Así entonces, el riesgo asumido en un principio con la inversión continuó sólo hasta que la situación fue extrema y, en ese momento, decidieron intentar retirar el dinero. Pues bien, es evidente el riesgo que asumieron los profesionales aquí demandantes, cuyo estatus les demandaba conocer el estado para ese momento del mercado donde invertían el dinero de sus clientes” [fl.220 cp].

lo anterior exigía de los actores “un grado de diligencia aun mayor, dada su profesionalidad, en cuanto a la decisión de situar su dinero ahí y no en otro lugar27; (d) además los demandantes “como corredores de bolsa, efectuaban la ejecución del contrato de comisión en cabeza de la Sociedad Comisionista de Bolsa”; (e) tales razonamientos se hacen fundados en que la regulación de la actividad bursátil exige observar en las actuaciones los “lineamientos de abstención al riesgo”, y; (f) concluyéndose que el daño alegado no era antijurídico ya que los demandantes “tenían a su cargo la posibilidad de decisión y disposición de información para asumir los riesgos que de ello se desprendieran28.
El a quo al haber negado las pretensiones de la demanda condenó en costas a la parte actora tasándola “por el equivalente al cero punto cinco por ciento (0.01%) [sic] del valor de las pretensiones negadas en la sentencia”, cuyo valor ascendía a ciento veintisiete mil novecientos quince pesos [$127.915.oo].


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