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Enrique Abella Fajardo

  • SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
  • Superintendencia



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    partir del día siguiente en que los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos y omisiones, es decir desde el día 5 de enero de 2013, puesto que la Superintendencia de Sociedades notificó mediante el auto número 43000043 de fecha 4 de enero de 2015, a través del cual se decretó la terminación del proceso de reorganización y se dio paso a la apertura del trámite de liquidación judicial de la sociedad comisionista de bolsa. Ahora bien entonces se tiene que el día siguiente de los hechos fue el 5 de enero de 2013, fecha esta en la que empezó a contabilizarse el término de los dos (2) años de la caducidad del presente medio de control, por lo que en principio dicho término vencía el 5 de enero de 2015, pero teniendo en cuenta que se agotó requisito de procedibilidad ante la Procuraduría 129 Judicial II para asuntos administrativos, solicitud que fue radicada el 7 de noviembre de 2014, y se expidió constancia que se declaró fallida la conciliación el día 28 de enero de 2014; se tiene entonces que en este caso se suspendió la caducidad del medio de control por el término de dos (2) meses y veintiún (21) días, y dado a que la demanda se presentó el 29 de enero de 2015, se encuentra que frente a esta pretensión la demanda no se encuentra caducada. Ahora bien respecto a la segunda pretensión la cual va enfocada el [sic] reconocimiento de perjuicios por las sumas de dinero reconocidas a favor de los aquí

    la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA [fl. 35. C.1.] por

    conducto magnético – vía mensaje de datos3. De la admisión de la demanda se remitió oficio 2015-CAV-353 de 20 de abril de 2015 a la Dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica [fl.46 c1].

    El apoderado de la demandada SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA oportunamente contestó la demanda [fls.48 a 86 c1].



    El apoderado formuló las siguientes excepciones previas: (i) caducidad4; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva5 [planteó argumentos con relación a


    demandantes dentro del proceso liquidatorio […] Bajo ese entendido, el despacho considera que el daño alegado por la parte se entendería consolidado con el resultado del proceso liquidatorio, por lo que si bien no se tiene certeza del resultado del mismo, es decir, por existir duda en la ocurrencia del daño, en virtud de los principios pro damnato y pro actione y en atención al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, se dará aplicación a lo dicho por la jurisprudencia [se cita la providencia de la Sección Tercera , Sub-sección C de 9 de mayo de 2011, expediente 40324, con ponencia de quien lo es en esta sentencia] […] Conforme a ello, se admitirá la demanda con la duda existente frente a la caducidad del medio de control aludido respecto a esta pretensión, para que en el curso del proceso se analice con la totalidad de los elementos de convicción tal aspecto” [fls.29 y 30 c1].

    3 Consta en el expediente acta de entrega de traslado de la demanda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca [fl.38 c1], mediante el cual la apoderada de la Superintendencia Financiera recibe de conformidad la demanda y sus anexos en medio magnético.

    4 En el presente caso la acción alegada por los demandantes tuvo que ver con la actuación desplegada por la Superintendencia Financiera sobre la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, hoy en liquidación forzosa administrativa, lo que ocurrió a partir del 2 de noviembre de 2012, porque, a no dudarlo, fue ese el día en que se produjo la decisión de toma de posesión de la sociedad comisionista tras la materialización de la causal primera del artículo

    114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), lo que se hizo mediante la Resolución 1795 de esa fecha. Y en efecto en dicha Resolución se tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad comisionista de bolsa INTERBOLSA S.A., con el objeto de establecer si la entidad debía ser objeto de liquidación; si era posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si podían realizar otras operaciones que permitieran lograr mejores condiciones para que los inversionistas pudieran obtener el pago total o parcial de sus acreencias. Allí también se hizo la prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de sociedad comisionista de bolsa intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al Agente Especial, junto con advertencia de que el Agente Especial estaba facultado para poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no eran necesarios […] En consecuencia, contándose el término de caducidad a partir de la expedición de la Resolución 1795 del 2 de noviembre de 2012, la caducidad habría operado el 2 de noviembre de 2014. Con todo, si se observa la fecha de radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por los demandantes a través

    las funciones de las Superintendencia en cuanto a los emisores de valores6], e

    (iii) indebida escogencia del mecanismo judicial7.


    de su apoderada, y con la cual se pretendía interrumpir el término de caducidad o evitar que ella se configurara, lo cierto es que ello ocurrió el 7 de noviembre de 2014, es decir, cinco días después de haber operado la caducidad de la acción. Quiere decir lo anterior que la caducidad operó el 2 de noviembre de 2014, fecha en la que se materializó el fenómeno extintivo, toda vez que ese día finalizó el plazo dentro del cual debía haberse presentado la demanda o la solicitud de conciliación extrajudicial […] Ahora bien, si por el contrario, y solo en gracia de discusión, el Tribunal estima que el hecho generador del supuesto daño se produjo con la liquidación, esto es, con la Resolución 1812 del 7 de noviembre de 2012, el resultado es similar, dado que se presentó extemporáneamente la demanda […] En este caso la caducidad quiso ser interrumpida con la radicación ante la Procuraduría General de la Nación de la solicitud de conciliación extrajudicial, lo que ocurrió el 7 de noviembre de 2014, como puede verificarse en el Acta de la Audiencia y la Constancia [sic] que la declaró fallida, es decir, dentro de los dos años siguientes a la decisión de liquidación de la SCB Interbolsa. El efecto legal de esa actuación, sobre la base de que el hecho dañoso alegado ocurrió el 7 de noviembre de 2012, como lo dicen los demandantes, fue la interrupción de la caducidad hasta cuando la audiencia extrajudicial de conciliación se realizó, lo que ocurrió el 28 de enero de 2015, día en el que debía ser presentada la demanda. Con todo, al observarse el auto admisorio de la misma y el sello de timbre impuesto en la primera página de la demanda, bajo el número 082493, se encuentra que ella fue radicada el 29 de enero de 2015, es decir, fuera de los dos años, el equivalente a que la solicitud de conciliación hubiese sido presentada un día después, esto es, el 8 de noviembre de 2014, por lo que no logra interrumpirse el término de caducidad […] Los dos años finalizaron, así vistas las cosas, el 28 de enero de 2015, último día de plazo, y por lo tanto último día para presentar la demanda dado que la solicitud de conciliación fue radicada, como se dijo, el 7 de noviembre de 2014” [fls.49 a 51 c1].

    5 “[…] teniendo en cuenta que la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa S.A., hoy en liquidación forzosa administrativa no era emisor de valores, como lo era su matriz (Interbolsa S.A. Holding) la Superintendencia Financiera NO ejerció respecto de ella la función de control. En efecto, la SCB Interbolsa no era emisor del mercado de valores, ni tenía títulos inscritos en el RNVE, motivo suficiente para que mi representada pudiese ejercer, como quedó explicado, la función de control, por limitación legal. Por lo tanto, como se trata de una función que por las características de la SCB no podía ejercerse, su omisión no podría ser generadora de daños […] porque la supervisión ejercida por la Superintendencia Financiera, como fue explicado, no tiene el alcance de verificar los contratos laborales con base en los cuales los empleados de las entidades vigiladas desarrollan sus específicas funciones y menos la relación laboral o sus bonificaciones extralegales, que están al margen de la actividad principal de la comisionista e involucran a la Holding como codeudor o administrador, o pagador de esas obligaciones. Por lo tanto, las reclamaciones que tengan los demandantes, ya no como trabajadores de la SCB, sino como acreedores de esa sociedad o de su matriz, pueden y deben ser dirigidos contra ellas, a través de los mecanismos legalmente establecidos en los trámites liquidatorios que respecto de ellas se adelantan, y es ante dicha liquidación donde deben elevar sus pretensiones” [fls.51 a 56 c1].

    6 “[…] Es necesario aclarar el alcance de las funciones de la Superintendencia Financiera respecto de los emisores de valores, como era el caso de la Sociedad [sic] INTERBOLSA S.A. Holding, en su calidad de “entidad controlada” y sobre la cual la Superintendencia ejercía la actividad de Control, y los intermediarios de valores, como es el caso de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores –SCB- como INTERBOLSA S.A. SCB, respecto de las cuales la Superintendencia Financiera ejerce la vigilancia de ese tipo de entidades. De conformidad con lo previsto en el numeral segundo, parágrafo tercero, del artículo 75 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el artículo 11.2.1.6.2 del Decreto 2555 de 2010, son

    emisores de valores las entidades que tengan sus valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE- y estarán sometidos al control exclusivo de la Superintendencia Financiera, aquellos que además no se encuentren sometidos por la ley a la inspección y vigilancia de otra entidad del Estado. En el caso de los emisores de valores, como la Holding de Interbolsa, la función de control exclusivo tiene como finalidad que las compañías cumplan con la regulación
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