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Enrique Abella Fajardo

  • RESUELVE
  • CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



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    12. Costas.




    152.- Desestimadas la totalidad de las pretensiones hay lugar a imponer condena en costas.
    153.- Enseña el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 que salvo los casos donde se ventilen asuntos de interés público la sentencia dispondrá sobre la condena en costas “cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” y, en cumplimiento de tal reenvío, se tiene que el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso instruye que “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…) que haya interpuesto. (…)”.
    154.- Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta que para determinar la cuantía de las agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, allí se dispone que si se fija un monto máximo será menester tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado que litigó, la cuantía del proceso y otras

    circunstancias especiales, sin que pueda exceder al máximo de dichas tarifas, procede la Sala a liquidar las costas a imponer.
    155.- Así las cosas, se procede a dar aplicación a un test de proporcionalidad para la fijación de las agencias en derecho, el cual tiene una división tripartita a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Para los efectos de esta providencia se trata de un test de razonamiento judicial que comporta la conjugación de estos tres escenarios a fin de tasar una condena, de manera que cuando la conducta motivadora de la imposición de las agencias en derecho constituya una vulneración de mayor entidad a la administración de justicia se aplicará la sanción pecuniaria más estricta posible. Así:





    Idoneidad

    Necesidad

    Proporcionalidad en estricto sentido

    Exigenc ias fácticas

    Se refiere a la existencia fáctica de una afectación a un interés legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que para el caso de las agencias en derecho lo

    constituye la afectación que se causó al acceso a la administración de justicia.

    El criterio jurídico de la necesidad en el test de proporcionalidad comporta una valoración de grado o intensidad. Comoquiera que al abordar este escenario se parte del supuesto de que existe una afectación, el ejercicio valorativo en esta instancia se contrae a precisar el grado de intensidad de esa afectación, en donde acabe distinguir tres supuestos de intensidad:

    1. Afectación leve a la administración de justicia. Se configura cuando el fundamento de la afectación supone un simple desconocimiento de aspectos elementales de la formación jurídica.




    1. Afectación grave a la administración de justicia. Se constituye por la realización de reiteradas conductas dilatorias del proceso y que obstruyen el transcurrir del proceso judicial y las diligencias respectivas.

    El último supuesto del escenario del test de proporcionalidad es el correspondiente a la tasación que se le debe asignar a cada uno de los niveles de afectación a la administración de justicia, esto es, en los niveles leve, grave y gravísima a la administración de justicia.

    1. Afectación leve. Esta tasación va hasta el 5% del valor de las pretensiones de la demanda.




    1. Afectación grave. A este escenario corresponderá una condena entre 5,1% y 10%.




    1. Por último la configuración del tercer supuesto de intensidad,










    c) Afectación gravísima a la administración de justicia, en donde, además del anterior supuesto, se presentan perjuicios a terceros.

    el gravísimo, comportará una tasación que oscilará entre el 10,1% y el 15%.

    156.- Lo anterior resulta concordante con el margen de movilidad que concede expresamente el Acuerdo No. 2222 de 10 de diciembre de 2003 y el Acuerdo No. 1887 de 26 de junio de 2003 dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura181 que prevé que en los casos de única instancia con cuantía la condena será “[h]asta el quince (15%) del valor de las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.


    157.- El a quo al haber negado la pretensiones de la demanda condenó en costas a la parte actora tasándola “por el equivalente al cero punto cinco por ciento (0.01%) [sic] del valor de las pretensiones negadas en la sentencia”, cuyo valor ascendía a ciento veintisiete mil novecientos quince pesos [$127.915.oo]. Esto fue objeto de solicitud de aclaración por la entidad pública demandada, primero por la falta congruencia entre las cifras en números y en letras; en segundo lugar porque se entendía que debía haberse impuesto una condena si no de 5% de la totalidad de las pretensiones, del 20%, lo que ascendía una suma aproximada de ochocientos millones de pesos; y, en tercer lugar por haberse tomado como base de liquidación sólo el daño emergente y no la totalidad de las pretensiones.
    158.- Así, atendiendo a los criterios referidos y a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por los accionantes a lo largo del proceso la Sala considera que la conducta de la parte demandada será suficientemente remediada en el escenario de la idoneidad, toda vez que no se observa


    181 Norma vigente para el sub judice toda vez que la demanda que originó este contencioso se interpuso con anterioridad al 5 de agosto de 2016 fecha a partir de la cual inició la vigencia del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 en los términos del artículo 7° de esa normatividad.

    actuaciones constitutivas de temeridad o mala fe procesal o cualquiera otra circunstancia adicional, por manera que se fijarán las agencias en derecho en un diez por ciento [10%] del monto de las pretensiones de la demanda, las que se determinaron en $4.080.352.153.oo, por daño emergente y lucro cesante; en consecuencia, el 10% del valor de ese estimativo equivale a CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS [$408.035.215, 30], suma por la

    que se condenará a la parte demandante.

    En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,


    RESUELVE




    PRIMERO: CONFÍRMESE la sentencia de primera instancia proferida el 15 de febrero de 2017 por la Sub-sección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
    SEGUNDO: CONDENAR en costas a los demandantes por la suma de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS [$408.035.215, 30].
    TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

    CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


    JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

    Magistrado Magistrado


    JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

    Presidente





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