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Enrique Abella Fajardo

  • Tampoco
  • Superintendencia



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    particular que les es aplicable en su calidad de emisores de valores, principalmente aquella referida al cumplimiento de los requisitos y deberes en materia de autorización de su inscripción en el RNVE, de autorización de sus ofertas públicas y de revelación de información completa, veraz y oportuna, con el fin de que los inversionistas y el público en general puedan acceder a la misma en condiciones de transparencia e igualdad para la toma de sus decisiones de inversión […] Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010, una “entidad supervisada” por la Superintendencia Financiera corresponde a aquellas entidades sobre las cuales se ejercen todos los poderes o facultades de inspección, vigilancia y control, las cuales le han sido asignadas en relación con quienes desarrollan la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo o inversión de recursos captados del público […] Frente a los intermediarios de valores, la regulación y por consiguiente la supervisión, buscan que en materia de la administración de recursos de terceros, como es el caso del contrato de comisión, se propenda porque los recursos de los clientes estén adecuadamente protegidos y separados de los activos de la propia entidad y demás deberes que deben observarse, de acuerdo con la calidad del cliente, sea este cliente inversionista o inversionista profesional […] de ninguna manera se prevé que la responsabilidad de la Superintendencia Financiera en el ejercicio de sus funciones de supervisión (inspección y vigilancia) incluya o se pueda extender hasta la protección y garantía de los trabajadores de las vigiladas, o de las inversiones y los resultados positivos o favorables que los inversionistas y los resultados positivos o favorables que los inversionistas de un mercado de valores esperan obtener. Es decir, el fundamento de la responsabilidad del supervisor estatal no abarca, de ninguna manera, la protección frente a los riesgos propios o inmersos en cualquier inversión o decisión de inversión en el mercado, sea esta de un cliente o de una entidad vigilada. Tampoco se extiende a la preservación de las condiciones laborales de los empleados de las entidades vigiladas, ni a asegurar la estabilidad con prescindencia del interés general, para favorecer el interés particular de unos pocos trabajadores, quienes dada su confesa condición de expertos, debían conocer la situación de la entidad y las consecuencias de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, al tiempo que los resultados de una orden de liquidación de una entidad vigilada […] De otra parte debe señalarse, sin perjuicio de que más adelante se regrese sobre ello, que la Superintendencia Financiera ejerció durante todo el tiempo y debidamente las funciones legales atribuidas en relación con la SCB Interbolsa y prueba de ello es, a manera de ejemplo, que tan pronto como se materializó una de las causales para decretar su intervención, esto es, la suspensión de pagos como en efecto sucedió, se procedió a ordenar la toma de posesión en los términos de los artículos 114 y siguientes del EOSF […] Ahora bien, especial atención merece la reclamación derivada de las bonificaciones […] estas obligaciones no tienen origen laboral. Su nacimiento se produjo por un acuerdo de las partes, y por lo mismo el incumplimiento, ejecución y verificación de las obligaciones nacidas de ese negocio corresponde exclusivamente a las partes quienes son las llamadas a tener la legitimación del acreedor (activa) y la del deudor (pasiva) en esa relación sinalagmática […] Solicito al Tribunal que evalúe la condición profesional de los demandantes. No son inversionistas. No son neófitos del mercado bursátil […] eran profesionales del mercado de valores y por lo mismo conocían los riesgos que asumían con la decisión libre y consciente de constituir un contrato de mutuo, en donde su deudor era a la vez su empleador. Por lo tanto, cualquier daño sufrido como consecuencia de los hechos, extralimitaciones u omisiones de su empleador debe ser reclamado a éste, dentro del respectivo trámite liquidatorio forzoso administrativo, con el objeto de que también sea conservada la par conditio creditoris” [fls.52 a 55 c1].

    En primer lugar, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda en atención a las siguientes razones: (i) por “carecer de fundamento; (ii) por “no tener asidero lógico, fáctico, jurídico ni técnico; (iii) por “tratarse de una demanda cuyos fundamentos fácticos imposibilitan, por completo, hacerle una imputación de responsabilidad a la Superintendencia Financiera de Colombia; (iv) por “no existir nexo de causalidad entre las imaginarias omisiones que presuntamente habrían sido las generadoras de los hipotéticos perjuicios cuya reparación depreca la
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