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Estrategia para el fortalecimiento de las organizaciones




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ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
DOCUMENTO DE BASE PARA LA DISCUSIÓN

Durante las últimas dos décadas, el sector rural de los países Latinoamericanos y del Caribe ha estado inmerso en un dinámico proceso de reformas económicas, cuya evolución ha seguido tres fases de desarrollo en términos de instrumentación de políticas macroeconómicas.


La primera fase, ocurrida durante los años ochenta, tuvo como principal objetivo la estabilización económica a través de programas de ajuste estructural dirigidos a reducir la inflación, las tasas de interés y lograr tipos de cambio competitivos. En la segunda fase, ubicada a finales de los años ochenta y principios de los noventa, siguieron procesos acelerados de liberalización comercial, privatizaciones y desregulaciones, con el fin de generar mercados eficientes y reducir así los costos de transacción.
No sin múltiples problemas derivados de crisis recurrentes e inestabilidad financiera, la tercera fase ha tomado un tono principalmente de carácter institucional, proceso que recién inicia en la región de ALC y que busca principalmente atender las fallas de mercado y de cooperación entre los distintos actores sociales. En ésta fase, el desarrollo del medio rural depende de que emerjan las instituciones que propicien la inversión y la confianza en las transacciones de mercado, así como eliminar las regulaciones que inhiben la competencia abierta y una eficiente formación de precios. En particular, las reformas institucionales buscan eliminar las prácticas rentistas y la captura de las instituciones que regulan las cadenas productivas.
Pese a los avances logrados en la restructuración de las políticas económicas y el diseño de nuevas instituciones para el desarrollo del campo, el crecimiento logrado en la región en los 80s se redujo en los 90s, siendo además muy inestable, mientras que la desigualdad y la pobreza se han profundizado. Pese a la alta migración a las ciudades, el envío de cuantiosas remesas al campo y los programas de ayuda a las familias más necesitadas, la probreza rural sigue siendo muy alta en América Latina, revirtiéndose en los últimos 5 años los avances logrados en la década previa.
Esta fase del proceso de las reformas estructurales se ha acompañado en la práctica por un proceso de descentralización de las políticas públicas, que representaba, al menos formalmente, una estrategia para solucionar los vacíos en la provisión de ciertos servicios públicos dejados por el Estado al momento que se reducía el tamaño del aparato público. La política de descentralización pretende mejorar la provisión de bienes públicos, ampliando el control de la localidad sobre los mismos, y facilitar la cooperación de las autoridades públicas locales con las ONG y diversos actores sociales que empezaban a proveer dichos servicios públicos en el nivel local (educación, salud, asistencia técnica a la agricultura, entre otros).
Estos cambios en el desarrollo institucional público y privado han obligado a que la la organización social rural (OSR)1 reoriente sus estrategias de acción. Así, en estudios reciententemente elaborados por la FAO2 se evidencia que los procesos de reforma, la consiguiente apertura de los mercados en los países de la región y el estrechamiento de los espacios tradicionales de negociación de recursos públicos han exigido a las organizaciones rurales la formulación de una doble agenda para atender las necesidades de las comunidades de base. Estas agendas responden a la necesidad, por un lado, de insertarse eficientemente en los mercados abiertos y, por otro, de desarrollar formas de acción colectiva que impulsen las estrategias de desarrollo socioeconómico en nivel local y regional. Como consecuencia, al volverse crecientemente disfuncionales, las estructuras y estrategias de acción gremial han dado paso a nuevas formas de representación menos corporativas y más ligada a las identidades sociales, a la vez que a formas de acción colectiva horizontal y flexible mediante redes multifuncionales con diversos niveles de especialización.
Otro reto importante para las organizaciones sociales es la reformulación de arreglos institucionales de acceso a los recursos naturales, agua, bosques, tierras y pesquerías. La necesidad de replantearse un marco jurídico e institucional más competitivo y a la vez sustentable para el aprovechamiento de tales recursos, a través de la formalización y asignación individual de derechos de propiedad, ha generado fricciones que deben evaluarse con todo cuidado. Los nuevos arreglos deben ser resultado de consultas y consensos entre los grupos sociales involucrados, particularmente de aquiellos cuya sobrevivencia e identidad depende del acceso a tales recursos.
Para crear condiciones más favorables en un medio altamente competitivo, de escasez de recursos públicos y carencia de capital humano, estas organizaciones han tenido que establecer tanto vínculos horizontales y formas de cooperación más compleja entre sí (a nivel de la comunidad y con organizaciones de otros sectores y regiones), como formas de integración vertical (articulando las necesidades y estrategias locales con los planteamientos y agendas globales). Para tal efecto, algunas OSRs han desarrollado redes de cooperación y acción colectiva que les permiten compartir recursos, información y experiencias de una manera flexible, a la vez que mejorar las condiciones de presión y cabildeo.
Las instituciones públicas y organismos internacionales pueden contribuir a este proceso de transición de la organización social rural, facilitando la transmisión de habilidades y capacidades institucionales que les permitan mejores condiciones de inserción en los mercados, así como racionalizar la adopción de estructuras y estrategias organizativas más funcionales a sus propósitos de representación social e integración económica. Esto es, reequilibrar su rol en la inserción productiva de los productores en la economía nacional e internacional, sin descuidar el rol tradicional que este actor colectivo ha tenido en el desarrollo económico y social a nivel local.
En consecuencia, el apoyo a las OSR debe considerar que éstas desarrollan dos tipos de funciones estratégicas:


  1. Aspectos de inserción directa en el mercado. En este caso la organización es vista como un conjunto de acuerdos y mecanismos de acción colectiva para la solución de ciertos problemas económicos que ofrecen ventajas sobre los arreglos y transacciones de mercado. Algunos aspectos estratégicos en este sentido son la generación de economías de escala (superar la dispersión de los pequeños productores), la formación de cuadros técnicos, la transferencia de tecnología y la elevación de la capacidad de negociación de los actores rurales frente a otros agentes del mercado, a fin de mejorar los términos de intercambio, establecer contratos más favorables y alianzas productivas de largo alcance.




  1. Intervención en la vida económica en general: la organización es el espacio en el cual se resuelven los problemas que surgen en la esfera económico-social, tales como coordinación del trabajo colectivo, el crédito y la producción (patrón de cultivos y actividades productivas); la regulación del acceso a recursos comunes (uso de agua y bosques); toma de decisiones y gestión especializada de recursos económicos (decisiones de inversión, ahorro, etc.), abasto de productos básicos y provisión de bienes públicos. En este segundo apartado, la organización debe ser vista como una institución compleja para la acción colectiva y la gobernabilidad local, una institución con reglas, derechos de acceso y participación.

El cumplimiento exitoso de estas dos funciones complementarias pero de naturaleza distinta, exigen a la organización una gran capacidad propositiva, es decir, de análisis de la realidad que se pretende transformar, de formulación de propuestas viables y concatenadas en el tiempo y el espacio, y una síntesis comprensible sobre la cual puedan actuar sus representados.




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