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Gobierno de puerto rico

  • La Situación Colonial en Puerto Rico
  • El resultado directo de nuestra situación colonial: PROMESA
  • Un Nuevo Gobierno: Responsabilidad ante la Junta de Supervisión
  • Reestructuración Gubernamental
  • Equidad en Beneficios Marginales para todos los empleados públicos
  • PROMESA y la Cláusula de Supremacía
  • The provisions of this Act shall prevail over any general or specific provisions of territory law
  • Dividendo Extraordinario a la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio
  • Transferencia de ganancias de las corporaciones públicas al fondo general
  • Disposición de Propiedades Inmuebles de la Rama Ejecutiva
  • Ley de Contabilidad del Gobierno y Fondos Especiales
  • Ley de Reservas en las Compras del Gobierno
  • Arbitrios a cigarrillos y productos del tabaco
  • El camino a la recuperación comenzó



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    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
    Introducción
    Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal y social monumental sin precedentes históricos. Dicha crisis fue causada, en parte, porque faltaron controles sobre el gasto, medidas de desarrollo sustentable y sistemas de información gerencial que promuevan claridad y transparencia en la gestión gubernamental.
    Según datos provistos por el Departamento del Tesoro federal, Puerto Rico sufre una contracción económica cumulativa de 14.6% en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una predicción de una contracción adicional de 3% para los próximos dos años. Por años, el Gobierno de Puerto Rico ha operado con un déficit estructural el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y préstamos al Banco Gubernamental de Fomento. Hace más de un año que el Gobierno de Puerto Rico carece de liquidez y se utilizaron los reintegros, pagos de los contratistas, el dinero de los pensionados y préstamos intra-gubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez y gastar más dinero que los fondos disponibles. El Banco Gubernamental de Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016 y ya no cumple su rol de proveer liquidez ni tampoco contamos con acceso al mercado debido a las políticas de la administración pasada que le restó credibilidad al Gobierno de Puerto Rico. Los sistemas de retiro están insolventes.
    Como un ejemplo de las políticas que nos trajeron aquí, puede observarse que desde el 2001 al 2008 ocurrió un aumento de 64% en los gastos de nómina y, luego de una reducción de 33% entre 2009 y 2012, hubo otro aumento sustancial en el cuatrienio 2013-2016. Para financiar ese gasto desmedido, entre 2000 y 2008 la deuda pública aumentó en 134%. Por otro lado, el cuatrienio pasado se implementaron medidas bajo la filosofía de “primero impago, luego impuestos y después recortes”. Esta filosofía propició la continuación del gasto desmedido y el rechazo a políticas públicas que hubiesen permitido manejar eficientemente los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Esto, sin haberse concretado las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia operacional en el Gobierno, ni recortes al excesivo gasto gubernamental. Además, mientras se precipitaban los valores y la debacle económica, el Gobierno Central fue incapaz de generar la información financiera necesaria para comprender la profundidad del problema y presentar información certera ante el Congreso, y ante otras entidades con interés en el asunto. A raíz de todo lo antes expuesto, se materializaron varias degradaciones de las clasificaciones de la deuda del Gobierno de Puerto Rico y se ha desencadenado un impacto adverso a través de todos los sectores de la economía.
    Esta crisis ha golpeado muy fuerte a las familias puertorriqueñas. Los sacrificios más severos han recaído sobre los más vulnerables en nuestra sociedad y ha provocado que miles de puertorriqueños abandonen la Isla buscando mejores oportunidades. La consecuente reducción poblacional se convierte en uno de los retos para encaminarnos hacia la recuperación.
    La Situación Colonial en Puerto Rico

    La situación colonial ha afectado nuestra capacidad para afrontar y resolver esta crisis pues carecemos de los poderes soberanos que tiene un estado para regular sus asuntos locales bajo la Enmienda X de la Constitución de los Estados Unidos. “[P]ara el Tribunal Supremo federal, la adopción de la Constitución no representó un cambio en la base fundamental de las relaciones constitucionales entre Puerto Rico y Estados Unidos. El Tribunal Supremo siguió tratando a Puerto Rico como un ente político sujeto a la cláusula territorial de la Constitución federal.” Véase Pueblo v. Sánchez Valle y otros, 192 D.P.R. 594, 631 (2015). “[N]unca hubo una cesión de soberanía, lo que hubo fue una delegación de poderes.” Id. a la pág. 635. “Esa delegación de poder no constituye una renuncia irrevocable ni una terminación del poder del Congreso. El Pueblo de Estados Unidos le otorgó al Congreso, por medio de la Constitución, un poder amplio para administrar los territorios. Por esa razón, el Congreso no puede renunciar de manera irrevocable a un poder que le fue conferido por el Pueblo de Estados Unidos”. Id. a la pág. 638.

    Así pues, “el Congreso puede permitir que el Estado Libre Asociado permanezca como sistema político de forma indefinida, o por el contrario, tiene la autoridad constitucional para enmendar o revocar los poderes de administración interna que ejerce el Gobierno de Puerto Rico. Dicho de otro modo, el sistema de gobierno que rige internamente en Puerto Rico está sujeto por completo a la voluntad política y la autoridad legal del Congreso.” Id. a la pág. 641.

    La triste realidad es que la situación colonial nos coloca en un estado de indefensión tal que ni la ciudadanía americana que hemos atesorado desde 1917 está garantizada. El Congreso tiene la discreción legislativa para conceder privilegios a los ciudadanos nacidos en los territorios, incluyendo la ciudadanía americana, pero ese derecho puede ser revocado en cualquier momento. De hecho, el Gobierno Federal ha sostenido ante los tribunales que en los territorios no existe un derecho a la ciudadanía sino que se trata, más bien, de una gracia legislativa del Congreso. Véase, por ejemplo, Tuaua v. United States, 788 F.3d 300, (D.C. Cir. 2015).

    En cuanto al asunto particular que nos ocupa, como ejemplo de las limitaciones que la situación colonial nos impone, tenemos que señalar que los estados pueden obtener las protecciones de la Ley federal de quiebras pero Puerto Rico fue excluido de dichas protecciones y, por no tener representación plena en el congreso, es poco o nada lo que podemos hacer al respecto. Tampoco podemos legislar una quiebra local pues la misma ley federal que no nos protege ocupa el campo y previene la legislación local. Véase Puerto Rico v. Franklin Cal. Tax-Free Tr., 136 S. Ct. 1938 (2016) (declarando incostitucional la “Ley para el Cumplimento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico” Ley 71-2014 mejor conocida como la “Ley de Quiebra Criolla”).

    El resultado directo de nuestra situación colonial: PROMESA

    Las políticas del pasado, junto a nuestra indefensión colonial, llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar la ley denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, conocida como PROMESA (por sus siglas en inglés), Pub. L. 114-187, y delegó amplísimos poderes en una Junta de Supervisión Fiscal (en adelante “Junta de Supervisión”). Nuevamente, por no tener representación plena en el Congreso, dicha Ley se aprobó sin una verdadera participación de nuestro Pueblo. Conforme a PROMESA, las continuas acciones de planificación fiscal, las acciones presupuestarias, legislativas y ejecutivas de Puerto Rico, así como las reestructuraciones de deuda, consensuales o no, y la emisión, garantía, intercambio, modificación, recompra o redención de deuda están sujetas a supervisión.

    En su Sección 4 PROMESA dispone claramente que sus disposiciones “prevalecerán sobre cualquier disposición específica o general de las leyes territoriales, estatales o reglamentos territoriales o estatales que sea incompatible con esta Ley.” De esta manera, el Congreso de forma expresa hizo manifiesta su intención de que dicha Ley desplazaría cualquier legislación estatal que choque con PROMESA. Esto queda igualmente reconocido en la Sección 8 (2) que establece que el Gobierno de Puerto Rico no puede adoptar, implementar o hacer cumplir cualquier estatuto, resolución, política o regla que pueda menoscabar o anular los propósitos de PROMESA, según lo determine la Junta de Supervisión. Así pues, estamos imposibilitados de promulgar legislación que deje sin efecto a PROMESA o que menoscabe sus disposiciones y su alcance.

    En esta coyuntura, precisa resaltar que bajo la décima enmienda, el Gobierno Federal, no puede imponerle a un estado lo que la ley federal PROMESA permite para los territorios. El Congreso le impuso una Junta a Washington DC que no es estado y que está bajo la jurisdicción directa del Congreso. La Junta de la ciudad de New York fue una creación de su propia legislatura estatal y no del Congreso. Detroit, que es una ciudad y no un estado, participó de un proceso voluntario de quiebra. En fin, no puede perderse de vista que la situación que atravesamos y la imposición de la Junta de Supervisión es otra de las consecuencias del colonialismo que ha limitado nuestro desarrollo por los pasados 119 años.

    Lamentablemente, nuestra situación colonial y consustancial carencia de poderes políticos, exacerba la realidad de que nos han impuesto una Ley Federal en el Congreso que es suprema a toda legislación local, incluso nuestra Constitución, sin que tuviéramos la oportunidad de votar sobre la misma ni votar por el Presidente que la aprobó. Esto pone de manifiesto que para poder salir del atolladero económico en el que nos encontramos es imprescindible solucionar el problema del estatus político. Sin embargo, también es un hecho irrefutable que tenemos que trabajar dentro de los parámetros de PROMESA para iniciar la recuperación económica y fiscal de Puerto Rico.

    El 30 de octubre de 2016, la Junta de Supervisión designó al Gobierno de Puerto Rico, al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, al Sistema de Retiro de la Judicatura, al Sistema de Retiro para Maestros, a la Universidad de Puerto Rico y 21 corporaciones públicas de Puerto Rico como “entidades cubiertas” sujetas a supervisión fiscal a tenor con PROMESA. La Sección 405(b) de PROMESA impone además una paralización temporera de los litigios y las reclamaciones contra Puerto Rico y sus instrumentalidades sobre distintos asuntos, con la esperanza de que el Gobierno de Puerto Rico, a nombre propio y a nombre de sus instrumentalidades, entable negociaciones voluntarias con sus acreedores para reorganizar y transigir el repago de sus obligaciones de deuda y simultáneamente emprenda una reestructuración responsable del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades que reajuste los servicios esenciales requeridos para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico con el repago puntual de sus obligaciones de deuda.


    Luego de invertir millones de dólares en consultores especializados, la pasada administración presentó un plan fiscal deficiente que fue rechazado por la Junta de Supervisión de forma inmediata pues no resolvía los problemas fiscales provocados por la pasada administración.
    Esta Ley, dividida en Capítulos, dispone diferentes medidas que esta Administración está tomando para cumplir con el Plan Fiscal impuesto conforme a las disposiciones de PROMESA. Los asuntos atendidos en esta Ley son germanos entre sí, toda vez que todos van dirigidos a dar cumplimiento al Plan Fiscal. Por tal razón, promulgamos esta Ley, que atiende varios temas dirigidos a cumplir con el Plan Fiscal.
    Un Nuevo Gobierno: Responsabilidad ante la Junta de Supervisión
    Como resultado de todo lo anterior, cuando asumimos las riendas del Gobierno, nos encontramos con un déficit en caja de más de $7,600 millones según certificado por el Tesoro Federal y la Junta de Supervisión. Se trataba de un gobierno sin acceso a los mercados de capital, con un crédito de categoría chatarra, sin liquidez, sin transparencia en las finanzas públicas, con un gasto gubernamental inflado y con deudas de miles de millones de dólares. Además, el Gobernador enfrentaba la titánica tarea de recuperar la credibilidad ante el mercado y ante la Junta de Supervisión. Debemos garantizar un Gobierno donde los gastos respondan a la realidad de los ingresos.
    Desde el 2 de enero hemos estado implementando un plan concertado para controlar el gasto gubernamental, reactivar nuestra economía y facilitar las condiciones para la creación de más y mejores empleos en el sector privado. Estamos demostrándole al mundo que Puerto Rico está abierto para hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad gubernamental.

    Las medidas presentadas por el Gobernador y aprobadas por esta Asamblea Legislativa durante estos primeros tres (3) meses de mandato han cambiado el rumbo de Puerto Rico a uno de responsabilidad fiscal.


    El pasado 28 de febrero de 2017, el Gobernador presentó un Plan Fiscal completo, abarcador, real y, a la misma vez, sensible a las necesidades de nuestro Pueblo y de los más vulnerables. Luego de semanas de incertidumbre, la razón y la sensatez prevalecieron. El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión aceptó y certificó nuestro Plan Fiscal acompañado de una serie de contingencias que garantizan que no habrá despidos de empleados públicos, sin afectar la jornada laboral, manteniendo el acceso a servicios de salud a nuestro Pueblo y protegiendo las pensiones de los más vulnerables. Este Plan Fiscal es la única alternativa para evitar el despido de empleados públicos, la eliminación del derecho a la salud y mantener la solvencia de nuestros sistemas de retiro manteniendo un gobierno operacional y que cumpla con los parámetros para evitar medidas más severas que son parte de las contingencias del Plan aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal como la eliminación total del bono de navidad a todos los empleados públicos y decretar una reducción de jornada laboral que haría inoperante al gobierno.
    Las medidas del Plan Fiscal aprobadas están enmarcadas en cumplir con los objetivos fiscales; pero también en promover el desarrollo económico, en nuestra capacidad de restablecer la credibilidad; en que el cambio se traduzca no tan solo en un mero recorte, si no en un beneficio a largo plazo, y, sobre todo, en velar que los sectores más vulnerables y los que trabajan duro, día a día, tengan una mejor calidad de vida.

    La validación del Plan Fiscal representa un reconocimiento a la credibilidad del nuevo Gobierno. Demostramos que pasamos de los tiempos de la incoherencia e improvisación, a los tiempos de trabajar en equipo, y tener resultados por el bien de Puerto Rico. Pasamos del “me vale” y la falta de credibilidad; a tener un Plan Fiscal y de desarrollo socioeconómico que cumple con el objetivo de reducción de gasto, pero más importante que ello, que nos permita edificar una mejor sociedad.

    Los cambios que estamos encaminando no serán fáciles y tomarán tiempo, pero también tendrán sus resultados en los primeros dos años. Bajo el Plan Fiscal certificado, lograremos balancear los ingresos con los egresos para el año fiscal 2019. Ahora nos compete ejecutar. Las contingencias que acompañan al Plan Fiscal le requieren al Gobierno cumplir. Debemos asegurar que tengamos el dinero líquido para no afectar el salario de los empleados públicos, la salud del Pueblo y los ingresos de los pensionados.

    Esta Ley, se promulga para atemperar el marco legal y jurídico para poder cumplir con las exigencias que nos hiciera la Junta de Supervisión en el Plan Fiscal aprobado en virtud de la Ley Federal PROMESA. En atención a lo anterior, en virtud del poder de razón de Estado y de conformidad con el Artículo II, Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de la Constitución de Puerto Rico, ante la existencia de una situación de urgencia económica y fiscal grave en Puerto Rico se hace necesaria la aprobación de la presente Ley para que el Estado pueda contar con la liquidez suficiente para poder pagar la nómina de los empleados públicos y sufragar los servicios esenciales que ofrece a sus ciudadanos. Ejercemos este poder de razón de Estado para tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Plan Fiscal y colocar a Puerto Rico en el camino de la recuperación económica. Cumplir con este Plan constituye un interés apremiante del Estado para mantener sus operaciones y proteger a los más vulnerables.

    Según definido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el poder de razón de Estado es “aquel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad, el cual puede delegarse a los municipios”. Domínguez Castro v. E.L.A., 178, D.P.R. 1, 36 (2010).

    Nuestro más Alto Foro recientemente dispuso que eran válidas las medidas tomadas para atender una emergencia que sean necesarias y razonables para adelantar el interés gubernamental importante. Véase, Trinidad v. E.L.A., 188 D.P.R. 828 (2013) y Domínguez Castro v. E.L.A., supra, págs. 88-89. De igual forma, el Tribunal Supremo reconoció “la precariedad de la economía como una realidad que necesariamente pesa en la definición del ámbito de la acción gubernamental bajo el poder de razón de Estado” y que en el ejercicio de dicho poder, “la Legislatura goza de amplia facultad para aprobar reglamentación económica dirigida a promover el bienestar de la comunidad”. Domínguez Castro v. E.L.A., supra, pág. 37.  Por voz del Juez Asociado, señor Kolthoff Caraballo, el Tribunal llamó la atención a que tanto nuestra jurisdicción como el resto del mundo “vive momentos muy convulsos en el aspecto económico y financiero. Parecería que las economías de los países del mundo se encuentran entrelazadas y atadas al rabo de una chiringa que no consigue finalmente elevarse.” Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 415 (2010) certiorari denegado, Domínguez Castro v. Puerto Rico, 131 S.Ct. 152 (2010). De ese modo, este Tribunal reconoció que debía ser consciente que existía una realidad que describió como “dura y antipática”. Confrontado con tal escenario histórico, este Tribunal estimó que resultaba necesario aspirar a un interés altruista en el que se persiguió el “bienestar económico colectivo, a expensas del bienestar individual.” Además, este Tribunal reiteró el reconocimiento en torno a una crisis económica en nuestra jurisdicción en el caso Herrero y otros v. E.L.A., 179 D.P.R. 277 (2010) y destacó, en el contexto de la provisión de un remedio que implicaba desembolso de fondos públicos a fin de restituir dinero a contribuyentes, que no estaba “ajeno al difícil estado de las finanzas públicas en nuestro país”. Id. a la pág. 309.

    El Tribunal Supremo validó la Ley 3-2013 sobre el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos en el caso Trinidad Hernández v. E.L.A., supra, entendiendo que la Legislatura había ejercido el poder de razón de Estado para detener la insolvencia del Sistema de Retiro de Empleados Públicos.  El Tribunal Supremo razonó que “de la exposición de motivos... se desprende que las medidas adoptadas son necesarias y razonables para atender de forma adecuada la crisis financiera que atenta contra la solvencia actuarial de este sistema”. Añadió que, “ello ciertamente constituye un interés público importante pues, al garantizar la solvencia económica del sistema, se beneficia a todos sus participantes y se atiende, en parte, la crisis fiscal que enfrenta el País en protección del bienestar de todos los puertorriqueños”. Trinidad Hernández v. E.L.A., supra, pág. 837. Concluyó que la norma es constitucional “porque, a pesar de que existe un menoscabo sustancial de las obligaciones contractuales en controversia, las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”. Íd., pág. 839.

    Del mismo modo, recientemente, en el caso Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro de Maestros de Puerto Rico, 190 D.P.R. 854 (2014), el Tribunal Supremo pasó juicio sobre las medidas aprobadas mediante la Ley 160-2013 para solventar la crisis del Sistema de Retiro de Maestros y determinó que la ley no adelantaba el interés estatal importante requerido por nuestro ordenamiento constitucional en casos de reformas de sistemas de retiro: garantizar la solvencia del mismo sistema. Por ello, resolvió que la Ley 160–2013, en lo que respecta al menoscabo de obligaciones contractuales, es irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional. Íd., pág. 12. En esa ocasión, el Tribunal fue enfático al destacar que las medidas aprobadas serán constitucionales si son razonables y necesarias “para adelantar su solvencia actuarial y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”. Íd., pág. 8.

    Usando como base el marco legal antes discutido, esta Asamblea Legislativa entiende que las medidas que se toman en esta Ley, son necesarias y razonables para atender de forma adecuada la crisis fiscal, económica y presupuestaria por la que atraviesa Puerto Rico. Así mismo, se trata de unas medidas exigidas para lograr implementar el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión de conformidad con la Ley federal PROMESA. Dicho Plan establece ajustes de índole fiscal para estabilizar las finanzas del Gobierno en tiempos que no existe acceso al mercado financiero. De no implementar estas medidas, el bienestar social y económico de Puerto Rico sufrirá daños irreparables por lo que implementar el Plan Fiscal constituye un interés apremiante del Estado para velar por el bienestar del interés público.

    Reestructuración Gubernamental

    Por otro lado, el Plan para Puerto Rico que impulsa esta Administración y que fue refrendado por el pueblo de Puerto Rico en las pasadas elecciones generales por medio del ejercicio democrático del voto, propone implementar una nueva estructura de gobierno que baje significativamente el gasto público y mejore sustancialmente sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que provee el gobierno, a fin de determinar cuáles pueden ser consolidados, delegados al sector privado o eliminados porque ya no son necesarios. Todo ello, sin que conlleve despidos de empleados públicos, sino la movilización de los mismos acorde con la necesidad de servicios de nuestros ciudadanos.


    Cónsono con lo anterior y, como parte de las primeras medidas tomadas por esta Administración para atajar la crisis fiscal mediante la reingeniería de la estructura gubernamental, se aprobó la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Esta Ley, convierte al Gobierno en un Empleador Único para que los funcionarios públicos pasen a ser empleados del Gobierno y no de sus diferentes entidades, permitiendo así la mejor utilización de los recursos humanos donde exista una necesidad apremiante mediante el mecanismo de movilidad, sin que el empleado tenga que renunciar al puesto que ocupa y comenzar de nuevo en otra instrumentalidad gubernamental. Mediante la movilidad, se pretende reforzar el entendimiento de lo que significa el equilibrio entre la fuerza laboral y la prestación de servicios públicos. De esta manera, obtenemos una distribución eficiente del recurso humano del Gobierno y creamos una estructura gubernamental ágil, basada en la evaluación continua de necesidades y ayudando a los servidores públicos a realizar los ajustes y adaptaciones requeridas por la actual crisis fiscal y los retos futuros.
    Durante el pasado cuatrienio, se aprobó la Ley 89-2016, conocida como la “Ley de Empleo Temporal en el Servicio Público”, bajo el supuesto de corregir la disparidad en el trato de los empleados con carácter temporal en el servicio público y forzar a las agencias a ser diligentes en la creación o solicitud de creación de puestos. También, se promulgó la misma bajo el razonamiento de que clasificar correctamente a los empleados ayudaría en la administración de los recursos humanos del servicio público y evitará la erogación de fondos innecesarios. Asimismo, mediante dicha Ley, se le concedió estatus de empleado regular a aquellos empleados transitorios que llevaban dos (2) años o más realizando funciones de necesidad permanente, sujeto a ciertos requisitos de elegibilidad.
    No obstante, dicha Ley ha tenido el efecto de acrecentar la nómina gubernamental en momentos donde las finanzas públicas atraviesan una crisis fiscal sin precedentes. El reclutamiento de empleados temporales, fueran estos catalogados como: irregulares, transitorios o por contrato, no debe utilizarse como subterfugio para la posterior creación de puestos regulares de necesidad permanente sobrecargando así los fondos del Estado y sin medir la efectividad de esos recursos en la prestación de los servicios que merece el Pueblo.
    Por lo cual, encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma, como el que propone esta Administración a través del Modelo para la Transformación Socioeconómica de Puerto Rico, expuesto en el Plan para Puerto Rico. La misión es establecer un nuevo gobierno que facilite el desarrollo económico y cuya visión sea la de un gobierno basado en un modelo científico, donde la evidencia y los resultados importen y la colaboración ciudadana sea el eje principal de su validación. Para lograr esta meta el gobierno debe convertirse en un facilitador del desarrollo económico, implementando reformas reales y contundentes; la estructura gubernamental debe ser costo-efectiva, eficiente y transparente y; el servicio público debe estar fundamentado en la integridad, excelencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

    Equidad en Beneficios Marginales para todos los empleados públicos

    De otra parte, como hemos indicado y es de todos conocidos, nuestra Isla atraviesa por una severa crisis fiscal y los recursos son limitados para atender todos los compromisos del gobierno. En medio de una situación novel como lo es la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal y ante el impago de las deudas contraídas, el Gobierno de Puerto Rico se encuentra forzado a reestructurar todo el componente gubernamental y dirigir los recursos a aquellas áreas que más lo ameriten.

    Puerto Rico enfrenta un momento histórico en el que necesita la colaboración de todos los sectores en la adopción de soluciones inmediatas que contribuyan en su restauración económica. La presente Ley atiende de manera responsable y justa la ausencia de uniformidad entre nuestros empleados públicos en cuanto a los beneficios marginales de los que podrán disfrutar. No existe justificación alguna para tener una brecha tan profunda entre los beneficios marginales que disfrutan los empleados públicos de algunas agencias del gobierno y los que disfrutan los empleados públicos de las corporaciones públicas. En algunas corporaciones públicas sus empleados se benefician del doble y del triple de los beneficios que ostentan los empleados del gobierno central sin que ello responda a la realidad económica que vive Puerto Rico. Peor aún, al así actuar se crea una desigualdad entre los empleados públicos beneficiando a unos pocos al costo de otros muchos. Además, los costos de estas medidas dispares hacen insostenible su cumplimiento y el mantenimiento de los empleos públicos. Por ello, esta Legislatura entiende prudente tomar acciones que conlleven ahorros y nos permitan mantener a todos los empleados públicos sin despidos.
    Para que tengamos una idea de los gastos que se generan en las Corporaciones Públicas por el pago de todos los beneficios marginales, incluyendo el bono de navidad y aportaciones de salud, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2017 presentado ante la Junta de Supervisión establece que estas partidas tendrían un gasto presupuestado ascendente a $171.877 millones de dólares, esto sin contar a la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En cuanto al pago de horas extras, se presupuestó la cantidad de $23.618 millones de dólares y en la liquidación de días por enfermedad y vacaciones la cantidad de $9.906 millones de dólares. El efecto de esto, es una disparidad entre los beneficios marginales que reciben los empleados del Gobierno Central vis a vis los empleados o funcionarios de las instrumentalidades o corporaciones públicas. En las Corporaciones Públicas se gasta en beneficios marginales un promedio de $10,840 por empleado, mientras que en el Gobierno Central se gasta en promedio $2,523 por empleado.

    De igual forma, según estadísticas provistas por el Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Planificación de Puerto Rico, en el año fiscal 2016, las corporaciones públicas fueron responsables de una deuda de $46,861.6 millones lo que representó 72.9% de la deuda pública total del Gobierno de Puerto Rico, la cual se estimó en $64,254 millones. Las corporaciones públicas han aumentado su participación en la deuda de un 68.9% en el año fiscal 2004 a un 72.9% en el año fiscal 2016. En términos absolutos, el aumento de la deuda pública total de las corporaciones públicas fue de $23,484 millones lo que, a su vez, representó un aumento de 100.5%. De esta forma, en el año fiscal 2016, la deuda de las corporaciones públicas se estimó en más del doble de lo que era en el año fiscal 2004.

    La realidad que ha imperado por años en la corporaciones públicas es que las cláusulas económicas negociadas en algunos convenios colectivos sobrepasaron por mucho lo que por ley estaba establecido, comprometiendo de esta forma la estabilidad fiscal del gobierno y a su vez poniendo en riesgo los empleos de los servidores públicos al crear una inestabilidad fiscal insostenible. Por ejemplo, muchas corporaciones se comprometieron, aun sin contar los recursos para ello, al pago de horas extras a razón del doble y del triple del sueldo de sus empleados. De igual forma, muchas bajaron la cantidad de horas que debían ser acumuladas para poder recibir compensación económica y no de tiempo compensatorio.
    En Puerto Rico, el derecho a compensación por horas extras de trabajo está contemplado en la Sección 16 del Art. II, Carta de Derechos de la Constitución. Allí se expresa que:

    Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según disponga por ley.

    Mediante la presente Ley derogamos la sección 10.2 de la Ley 8-2017, que establece el método de remuneración del trabajo en exceso que será aplicable a los empleados públicos, para integrarla en esta Ley y extender su aplicación a las corporaciones públicas. El método establecido para la remuneración del trabajo en exceso establecido en la presente ley establece que los empleados tendrán derecho a recibir el pago de horas extras a razón de tiempo y medio. De esta forma, se cumple cabalmente con lo establecido en nuestra Constitución y con la Ley Federal que rige el pago de horas extras.

    Por otra parte, la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (FLSA), 29 U.S.C.S. secs. 201-219, regula entre otros asuntos el pago de horas extras y aplica a los empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, en tanto y en cuanto una ley estatal sea más beneficiosa para el empleado que las disposiciones del FLSA, la ley federal no impide la aplicación de aquélla por no estar en conflicto. Los propósitos de ambas leyes son, en dichas circunstancias, perfectamente armonizables. Vega v. Yiyi Motos, Inc., 146 D.P.R. 373 (1998).

    La FLSA, estableció que a los empleados se les paga a razón de tiempo y medio (1.5) de la tasa regular por el periodo trabajado en exceso de las cuarenta (40) horas semanales. La FLSA, asimismo, provee para que los empleados de una agencia pública reciban tiempo compensatorio a tiempo y medio (1.5) de la tasa regular en lugar del pago de horas extras.

    La presente Ley tiene como parte de sus propósitos lograr que el gasto operacional de las corporaciones públicas se realice de manera eficiente, responsable y prudente, con la finalidad de reducir gastos de manera permanente. El Gobierno de Puerto Rico tiene un interés apremiante en controlar los gastos de nóminas para salvaguardar los empleos, la viabilidad de las corporaciones públicas así como sus finanzas. La situación fiscal precaria del Gobierno, su Fondo General y sus Corporaciones Públicas obliga a establecer controles en el gasto en nómina en exceso a lo presupuestado para salvaguardar la viabilidad de las corporaciones públicas y a su vez la jornada laboral de los empleados públicos y el salario de los mismos.

    De igual forma, a través de la presente Ley se establecen cuáles serán los beneficios marginales que disfrutarán todos los empleados públicos irrespectivamente de la agencia o corporación pública donde trabajen. De esta forma, se igualan los beneficios marginales que reciben los empleados públicos de las diferentes agencias del Gobierno y los que reciben los empleados públicos que trabajan en las diferentes corporaciones públicas, quienes dependiendo de la corporación en que estén, actualmente disfrutan diferentes beneficios marginales. Asimismo, los empleados públicos unionados en las diferentes agencias y corporaciones públicas, dependiendo del convenio colectivo, ostentan diferentes beneficios marginales aun estando en la misma agencia o corporación pública. No existe razón alguna que justifique en medio de la crisis fiscal que vive Puerto Rico y ante la amenaza por parte de la Junta de Supervisión de eliminar el bono de navidad de todos los empleados públicos y reducirles la jornada laboral; perpetuar una desigualdad desproporcionada e irrazonable de beneficios marginales pactados en momentos en que la situación fiscal de Puerto Rico era otra y no se encontraba en una crisis de las proporciones que hoy tenemos.

    Tal como indicamos anteriormente, en el pasado, nuestro ilustre Tribunal Supremo ha sostenido la validez de estatutos de naturaleza económica aprobados para lidiar con momentos de crisis o urgencia en Puerto Rico y ha reconocido “la posibilidad de que, en circunstancias de emergencia relacionadas con aspectos económicos, la Asamblea Legislativa puede hacer uso de sus amplios poderes”. Domínguez Castro, supra, a la pág. 49 (2010) (citas omitidas). Recientemente, ese Honorable Tribunal también fue consciente de la crisis estructural del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos y sostuvo la validez constitucional del estatuto que, para atender dicha crisis, enmendó la Ley de Retiro de los Empleados Públicos, Ley Núm. 3-2013. Véase Trinidad Hernández v. ELA, supra.

    Por su parte, el Artículo II, Sección 7, de nuestra Constitución dispone que: “No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales”. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1. Dicha cláusula no establece una prohibición absoluta que impida el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público. Bayrón Toro, 119 D.P.R. a la pág. 619.

    La garantía constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales sólo se activa cuando la modificación afecta adversamente los términos o condiciones esenciales del contrato que principalmente dieron motivo a la celebración del mismo, de modo que se frustren las expectativas razonables de las partes. Domínguez Castro, supra. Véase además Allied Structural Steel Co. v. Spannaus, 438 U.S. 234 (1978); El Paso v. Simmons, 379 U.S. 497 (1965). La razonabilidad de la ley se determina considerando principalmente la sustancialidad del interés público promovido por el estatuto y la magnitud del menoscabo causado por su aplicación retroactiva. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396 (1973). Si el menoscabo ocurre como consecuencia de una modificación razonable y necesaria para adelantar un interés público, el tribunal sostendrá su validez. Bayrón Toro, supra.

    Aún si el menoscabo es sustancial, la prohibición constitucional no es absoluta. La misma tiene que acomodarse al poder de razón de estado. Bayrón Toro, supra. Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula de menoscabo, el criterio aplicable es de razonabilidad. Warner Lambert v. Tribunal Superior, supra. Por consiguiente, la función del tribunal consiste en establecer un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes. Id.

    Una vez se determina que el menoscabo es sustancial, entonces procede auscultar si la modificación persigue adelantar un interés importante en beneficio del bienestar general. Si el menoscabo surge como consecuencia de una modificación razonable y necesaria dirigida a adelantar un interés público significativo y legítimo, se sostendrá la validez de la ley. Bayrón Toro, supra.

    En Buffalo Teachers Union v Tobe, 464 F.3d 362, 365 (2do Cir. 2006), el Segundo Circuito expresó lo siguiente en torno al examen que debe realizar un foro adjudicativo al adentrarse a justipreciar una demanda en que se invoque la cláusula constitucional sobre el menoscabo de relaciones contractuales:

    When a state is sued for allegedly impairing the contractual obligations . . . the state will not be held liable for violating the Contracts Clause of the United States Constitution unless plaintiffs produce evidence that the state’s self-interest rather than the general welfare of the public motivated the state’s conduct. On this issue, plaintiffs have the burden of proof because the record of what and why the state has acted is laid out in committee hearings, public reports, and legislation, making what motivated the state not difficult to discern. (subrayado nuestro).

    Por otra parte, como corolario a la doctrina de separación de poderes, al evaluar la necesidad o razonabilidad de la medida para efectos de la cláusula sobre el menoscabo de obligaciones contractuales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, a pesar de que no procede dar completa deferencia al Legislador, “esto no significa que el foro judicial no deba dar alguna deferencia a la determinación de necesidad y razonabilidad que hizo el legislador en el ejercicio de su poder constitucional, especialmente cuando se trata de regulaciones socioeconómicas.” Domínguez, supra. Tampoco corresponde realizar una determinación “de novo sobre la existencia de otras alternativas para la solución del problema” Id, a la pág. 89. Recientemente, este Tribunal reiteró que se debe “dar deferencia a la determinación de la Asamblea Legislativa respecto a la necesidad y razonabilidad de la medida.” Trinidad Hernández v. ELA, supra. Además, respecto a la razonabilidad de la medida “es norma establecida que no corresponde a los tribunales hacer una determinación de novo sobre la existencia de otras alternativas para solucionar el problema. La determinación de la Asamblea Legislativa en torno a las medidas aprobadas constituye un ejercicio de política pública que merece […] deferencia en este sistema de separación de poderes.” Trinidad Hernández v. ELA, supra.

    Recordemos que, de entenderse que existe un menoscabo a una relación contractual, un tribunal debe analizar si la legislación en cuestión sirve un interés público legítimo. Home Bldg. & Loan Ass’n, supra, U.S. Trust, 431 U.S. at 25. Se ha definido el concepto de “legitimate public purpose” como uno cuyo fin sea remediar “an important general, social or economic problem rather than providing a benefit to special interests.” Buffalo Teacher’s Federation, supra. Nótese que se ha sostenido que la salud económica y financiera de un estado es un interés legítimo de importancia pública. Véase, Baltimore Teacher’s Union v. City Council of Baltimore et al., 6 F.3d 1012, 1017 (4to Cir. 1993) (resolviendo que no violaba la cláusula de menoscabo contractual una legislación que redujo salarios para cuadrar las finanzas estatales); In re Subway-Surface Supervisors Ass’n v. New York City Transit Auth., 375 N.E.2d 384 (1978) (sosteniendo la validez constitucional de un estatuto que congeló los salarios municipales en vista de la emergencia fiscal que aquejaba el estado de Nueva York); Buffalo Teachers, supra (se sostuvo la congelación de salarios de maestros ante una crisis fiscal).

    Ante esta situación, el Gobierno de Puerto Rico tuvo que comprometerse mediante el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión con implementar ciertas medidas en aras de poder salvaguardar el trabajo de miles de puertorriqueños, que no se les reduzca la jornada laboral a nuestros empleados con la consecuencia de tener una reducción en su sueldo mensual de hasta un veinte (20%) por ciento y la eliminación total del bono de navidad. Entre las medidas que el Gobierno se comprometió a implementar se encuentra, como hemos indicado, el uniformar los beneficios marginales de todos los empleados públicos; uniformar el pago de horas extras de las Corporaciones Públicas al Gobierno Central, igualar los beneficios marginales de los empleados del Gobierno Central y los de las Corporaciones Públicas; eliminar la liquidación de los excesos de días acumulados por vacaciones y enfermedad; y equiparar específicamente la licencia de vacaciones de los empleados públicos a lo que actualmente tienen los empleados en el sector privado.

    Para poder cumplir con el Plan Fiscal certificado, mediante la presente Ley se derogan las disposiciones de beneficios marginales establecidas en la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, y se incorporan en esta Ley, extendiendo su aplicación a los empleados de las Corporaciones Públicas. De esta forma, se igualan los beneficios marginales y la remuneración del trabajo en exceso de la jornada regular que podrán disfrutar todos los empleados públicos, independiente de donde laboren. De igual forma, se reducen los días que se podrán acumular al mes por concepto de vacaciones y se equiparan a los que actualmente tienen los trabajadores en el sector privado, bajando la licencia de vacaciones a quince (15) días.  Por último, se elimina el pago por concepto del exceso de días vacaciones y enfermedad. No obstante, se establece de forma obligatoria la implementación de medidas por parte de los supervisores para asegurar que nuestros empleados no pierdan los días acumulados y puedan disfrutar los mismos.  

    No podemos pasar por alto que, de haber entrado de inmediato en vigor el recorte a la jornada laboral como propuso la Junta de Supervisión, la economía de Puerto Rico hubiese sufrido un golpe devastador al eliminarse el bono de navidad y reducírsele en un 20% el sueldo de todos los empleados públicos. Ante esta situación fue que se establecieron las vías alternas antes indicadas para poder obtener los fondos requeridos sin trastocar la jornada laboral de los empleados y el salario de los mismos.

    PROMESA y la Cláusula de Supremacía
    Por otra parte, es importante recalcar la aplicación y el mandato que el Congreso de los Estados Unidos de América, en virtud de sus poderes plenarios sobre el Territorio de Puerto Rico, nos impuso cuando aprobó la Ley PROMESA que crea una Junta de Supervisión a quien, dentro de una serie de encomiendas, le confirió la de aprobar y supervisar la ejecución un Plan Fiscal para la estabilización económica de Puerto Rico.
    Dicha norma aprobada el 4 de mayo de 2016 establece una cláusula de supremacía que citamos:

           


    Sec. 1 ‘‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’’ or ‘‘PROMESA’’. (SEC. 4. SUPREMACY. The provisions of this Act shall prevail over any general or specific provisions of territory law, State law, or regulation that is inconsistent with this Act. (énfasis nuestro).

    Conforme el Art. 101 de la Ley PROMESA, la Junta de Supervisión, a su plena discreción, en el momento que considere apropiado, podrá designar a cualquier instrumentalidad territorial como una instrumentalidad territorial cubierta y sujeta a las obligaciones de la referida Ley. A este momento, la Junta de Supervisión ha designado todas las corporaciones públicas como entidades cubiertas. Por otro lado, conforme al Artículo 205 de PROMESA, la Junta de Supervisión podrá someter en cualquier momento recomendaciones al Gobernador o a la Legislatura sobre acciones que el gobierno territorial deba tomar para garantizar el cumplimiento del plan fiscal o para promover de alguna otra manera la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad administrativa y la eficiencia en la prestación de servicios. Hechas las recomendaciones, el Gobernador tendrá que someter una declaración indicando si el gobierno adoptará la recomendación. Si no la adopta, el Gobernador deberá explicar al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso sus razones para no adoptarlas.

    Siendo así, debemos repasar las encomiendas que se le asignan a la Junta de Supervisión Fiscal para fiscalizar y asegurar que las disposiciones del Plan Fiscal aprobado se cumplan.

    Recordemos que PROMESA goza de supremacía sobre cualquier legislación del territorio de Puerto Rico incompatible con los motivos, responsabilidades, encomiendas y objetivos que tiene la norma federal y la Junta de Supervisión como ente encargado de su ejecución. En lo que respecta a la presente Ley, la Junta estableció que si el gobierno no logra mediante la implantación de otras medidas reducciones en los gastos que generen los fondos suficientes y una reserva de efectivo adicional de $200 millones, para el 30 de junio de 2017 entrará en vigor, efectivo el 1 de julio de 2017, un programa de reducción de jornada laboral para todos los empleados públicos, lo que representaría una disminución en el sueldo de nuestros empleados de hasta un veinte (20%) por ciento del sueldo mensual. De igual forma, establecen que se implementaría la eliminación total del bono de navidad para todos los empleados públicos. La alternativa de la Junta de Supervisión para reducir la jornada laboral en el gobierno es equivalente a cuatro (4) días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y dos (2) días al mes para maestros y personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día. De igual forma, la Junta de Supervisión ha establecido que podrían darse reducciones comparables a estos ahorros por reducción parcial de jornada de la Rama Ejecutiva para otras entidades a través de todo el gobierno, incluyendo las corporaciones e instrumentalidades públicas y las ramas Legislativa y Judicial. Tal y como nuestro Gobernador ha mencionado en múltiples foros, la reducción de jornada laboral NO es una opción. Por tal razón, estamos tomando estas medidas cautelares para no tener que llegar a esa contingencia impuesta por la Junta de Supervisión.

    Usando como base este marco legal, esta Asamblea Legislativa está convencida que las medidas que se toman en esta Ley son necesarias y razonables para atender de forma adecuada la crisis fiscal, económica y presupuestaria que atraviesa Puerto Rico y representan un ejercicio legislativo válido.
    Las acciones que se toman en la presente Ley y su aplicación a todos los empleados públicos unionados o no unionados que laboran en el Gobierno Central y en las Corporaciones Públicas no se toman de forma liviana. Al realizar un balance de intereses, en estos momentos de crisis entendemos que los beneficios marginales tienen que ser atemperados a las necesidades de los tiempos y a la crisis fiscal y estructural que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico. Ante el nuevo estado de Derecho creado por la aprobación de la Ley PROMESA y la llegada de la Junta de Supervisión, la presente Ley constituye un medio razonable, equitativo, uniforme y necesario para afrontar la crisis actual y es la única opción que tiene el Gobierno de Puerto Rico para poder cumplir con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y evitar que se imponga una reducción de jornada laboral a nuestros empleados públicos que equivaldría a reducirles el veinte (20%) por ciento de su sueldo mensual y a su vez la eliminación total del bono de navidad. Esta Ley se promulga al amparo de la facultad de esta Asamblea Legislativa para aprobar y promulgar legislación económica dirigida a promover el bienestar de la comunidad puertorriqueña.
    Dividendo Extraordinario a la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio
    La Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (“ASC”) fue creada mediante la Ley 253-1995, según enmendada, como parte del sistema de seguro de responsabilidad obligatorio para vehículos de motor que se estableció desde entonces en Puerto Rico. El propósito de dicho seguro fue viabilizar una solución al problema de daños causados a vehículos de motor de terceros como resultado de un accidente de tránsito, conforme a los requisitos de reclamación aplicables.

    En su origen, la cubierta del seguro obligatorio que estableció dicha ley tenía un tope de tres mil dólares ($3,000). Dicho tope fue aumentado en el año 2009 por virtud de la Ley Núm. 201-2009, a cuatro mil dólares ($4,000). Cabe destacar que a pesar de este aumento en cubierta de un treinta y tres por ciento (33%), las primas del seguro, que tiene un valor de noventa y nueve dólares ($99) para vehículos privados de pasajeros y ciento cuarenta y ocho dólares ($148) para vehículos comerciales, continuaron inalteradas.

    Desde el aumento en cubierta en el año 2009, el costo de los bienes y servicios en general ha continuado aumentando y la industria automotriz no ha estado exenta de estos aumentos. Por eso, el costo de las piezas y reparaciones de vehículos hoy es mayor que hace ocho (8) años. Es por ello que esta administración entiende pertinente que la cubierta del seguro obligatorio se aumente a cuatro mil quinientos dólares ($4,500). Consistentemente con este aumento, se autoriza a la ASC a revisar el costo de las primas en o antes del 30 de junio de 2017.

    Por otro lado, las condiciones bajo las cuales operaba la ASC desde su creación, conllevó un incremento sustancial en su capital. Dado que la ASC era el único proveedor de seguro de responsabilidad obligatorio para vehículos de motor, era necesario que mantuviese una reserva de capital significativa para cubrir sus operaciones y cumplir con la reserva requerida por el Código de Seguros. Por ello, mediante la Ley Núm. 60-2013 se autorizó la declaración de un dividendo extraordinario, acompañada de una contribución incentivada, lo que permitió generar ingresos adicionales de cien millones de dólares ($100,000,000). Del mismo modo, por virtud de la Ley Núm. 157-2015 se autorizó la declaración de otro dividendo extraordinario de cuarenta y dos millones de dólares ($42,000,000.00), igualmente acompañada de una contribución especial. Sin embargo, como resultado de la apertura del mercado a competencia para que otras compañías de seguro pudieran ofrecer el servicio, a elección del conductor, resulta innecesario que la ASC mantenga una cantidad tan alta de capital en reserva y a la cual no pueden acceder los miembros de la ASC, quienes son las mismas compañías que compiten con esta entidad para ofrecer el servicio de seguro obligatorio.

    Mediante esta ley se autoriza la declaración de un dividendo extraordinario, acompañado de la correspondiente contribución incentivada. Una vez declarado el dividendo por los miembros de la ASC, el gobierno recibiría la cantidad de setenta millones de dólares ($70,000,000).

    A diferencia de la pasada administración, que utilizó los fondos obtenidos mediante leyes similares a la presente para distribuir entre algunas entidades que, aunque muchas perseguían fines loables otras conllevaban un malgasto innecesario de fondos, mediante esta Ley pretendemos atender la falta de liquidez del Gobierno de Puerto Rico para proteger los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, los empleos en el sector público, los ingresos de los miembros de los sistemas de retiro, entre otros fines similares.

    Por todo lo anterior, esta Asamblea legislativa autoriza a la ASC a declarar un dividendo extraordinario de su reserva de capital. A su vez, la ASC remitirá la suma de setenta millones de dólares ($70,000,000) que nutrirán el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Por su parte, los miembros de la ASC podrán reclamar hasta un total de treinta y cinco millones de dólares ($35,000,000.00) en créditos sobre su contribución de ingresos por los próximos 4 años, los cuales servirán como una inyección a la economía de Puerto Rico. Esto no afectará los ingresos del gobierno, ni su flujo de caja.

    Transferencia de ganancias de las corporaciones públicas al fondo general

    Una de las medidas de mayor trascendencia que esta administración ha logrado aprobar es la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico”, Ley 5-2017. La misma declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico “tomar todas las medidas requeridas para Puerto Rico establecer la responsabilidad fiscal necesaria dentro del Gobierno y sus instrumentalidades para satisfacer sus obligaciones y garantizar que se provean aquellos servicios gubernamentales esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico.” Del mismo modo, la citada Ley declara que el gobierno podrá “ejercer su poder de razón de Estado de una manera que reconozca la responsabilidad de satisfacer las obligaciones financieras del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, mientras continúa proveyendo servicios gubernamentales esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico a la luz de los limitados recursos disponibles del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades”. Dicho de otro modo, el gobierno tomará todas las medidas necesarias para asegurarse que las necesidades de la gente sean debidamente atendidas.

    La Ley Núm. 5-2017 puntualiza que como resultado de la continua emergencia financiera y de la aprobación de PROMESA, la Asamblea Legislativa tiene a su haber la responsabilidad de ejercer su poder de razón de estado. En ese sentido, señala que se tiene que reconocer la responsabilidad de satisfacer las obligaciones financieras del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, mientras se continúan proveyendo servicios gubernamentales esenciales para salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico dados los limitados recursos disponibles del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, todo esto de manera congruente con PROMESA.

    En atención a lo anterior, la Ley 5-2017 faculta al Gobernador a emitir órdenes ejecutivas para requerir el uso de los recursos disponibles para pagar por servicios esenciales según el Gobernador estime necesario para proteger la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico y establecer normas de prioridad para el desembolso de fondos públicos cuando los recursos disponibles para el año fiscal sean insuficientes para cubrir las asignaciones hechas para ese año fiscal, entre otras medidas. Esto, en atención a la limitación de recursos que posee el Estado.

    Ante la situación fiscal y económica antes indicada, resulta evidente que el Gobierno de Puerto Rico tiene que tomar medidas para cumplir con el Plan Fiscal sin afectar los servicios esenciales que recibe la ciudadanía. Esto requiere maximizar el uso de los recursos disponibles del Estado, incluyendo los recursos que tienen las corporaciones públicas. Es por ello que la presente legislación ordena a las corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a transferir al Departamento de Hacienda los fondos necesarios para garantizar la liquidez del gobierno.

    La determinación de la cantidad que será aportada por cada una de las corporaciones públicas será determinada por un comité compuesto por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Secretario del Departamento de Hacienda (Hacienda) y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Para ello, el comité tomará en consideración los sobrantes con los que cuente cada corporación luego de haber sido cubiertos sus gastos operacionales y que los servicios que ofrecen estas entidades no se afecten. Dichos fondos serán depositados en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para así contar con la liquidez requerida en el Plan Fiscal.

    Por todo lo anterior, en atención a la situación de emergencia fiscal y económica que atraviesa Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de razón de estado, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de remediar la emergencia financiera por lo que promueve los mecanismos que se establecen en la presente Ley para asegurar la liquidez del Gobierno de Puerto Rico, utilizando los recursos disponibles en las corporaciones públicas, sin que esto represente una carga desproporcional para los ciudadanos, ni afecte los servicios esenciales que el gobierno provee.

    Disposición de Propiedades Inmuebles de la Rama Ejecutiva
    Por otra parte, la crisis económica y fiscal que afronta el Gobierno ha repercutido en todo el espectro de nuestra infraestructura, incluyendo nuestra propiedad inmueble. La Rama Ejecutiva compuesta por sus agencias, entidades y corporaciones públicas tiene un sin número de propiedades inmuebles en desuso que pueden venderse al sector privado para diversos propósitos. Muchas de las propiedades llevan años sin ninguna utilidad pública. Sin embargo, cuentan con espacios amplios en lugares estratégicos que muy bien pueden ser maximizadas por la industria o comercio privado para desarrollar sus actividades. Incluso, algunas propiedades podrían servir para construir o habilitar una residencia o para entidades sin fines de lucro.

    Lamentablemente en Puerto Rico no existe una política pública coherente y uniforme que fomente la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del Estado. En ese tenor, es necesario establecer un marco jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y le dé certeza a las transacciones de estos activos. El beneficio sería uno múltiple: por un lado el Gobierno podrá allegar mayor dinero producto de la disposición del inventario de bienes inmuebles y disponer de mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta; inyectar al mercado un ingrediente de actividad económica al permitir que el sector privado se envuelva en la adquisición de propiedades del Estado para usos comerciales o residenciales y pueda fungir como generador de empleos; fomentar el bienestar social ante la posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios sociales, etc. En fin, las posibilidades son infinitas.

    Por eso, es importante tener un paradigma adecuado que propicie la disposición de la propiedad inmueble dentro de un marco de competencia justa donde se coloque el bienestar y el interés público como portaestandarte de cada transacción. Por eso, esta Ley crea el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles y le faculta a llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr la disposición de los bienes inmuebles. Esto en balance con los mejores intereses del Estado como vendedor, el comprador y la ciudadanía en general. Por medio de esta Ley se establecen los preceptos generales que guiarán la aprobación de reglamentos y normas que uniformen los procesos de venta de inmueble y le den mayor certeza a las transacciones.

    Esta medida representa un paso más en la dirección del rescate de nuestro Pueblo y de superar las malas decisiones del pasado. Tenemos un compromiso inquebrantable por fortalecer el componente de la actividad económica. Estamos seguros que con el esquema aquí establecido se proveen los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raíces y proveerle más recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con el Plan Fiscal. Ese es nuestro norte y nada nos detendrá.



    Ley de Contabilidad del Gobierno y Fondos Especiales

    La política financiera del Gobierno de Puerto Rico establecida en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada y conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, en relación con el control y la contabilidad de los fondos y propiedad pública requiere que la contabilidad del Gobierno de Puerto Rico refleje claramente los resultados de sus operaciones financieras, provea la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales y para la preparación y ejecución del presupuesto, y constituya un control efectivo sobre los ingresos, desembolsos, fondos, propiedad y otros activos del gobierno. De igual forma, se establece como política pública que no se establezcan fondos especiales o fuentes de repagos exclusivas para unos fines particulares sin considerar el bienestar público. Esto nos permitirá llevar a cabo programas de gobierno examinando los servicios esenciales, que las asignaciones de fondos para los diferentes programas del gobierno se limiten a las atenciones de un sólo año económico; y que todas las recaudaciones del Gobierno ingresen al fondo general del tesoro estatal para con ellas costear los programas del Gobierno en la medida y alcance en que la Asamblea Legislativa lo estime necesario y conforme a las partidas establecidas en el Plan Fiscal aprobado. Desafortunadamente, a través de los años, se han adoptado una serie de medidas que han pasado por alto lo anterior y han creado múltiples fondos especiales para distintos programas desvirtuándose el mandato de la Ley de Contabilidad.

    Es el compromiso de esta Administración tomar todas las acciones necesarias para que el Gobierno pueda atender sus obligaciones y cumplir con esta política pública. La situación fiscal por la que nos encontramos atravesando requiere que ejerzamos una mayor transparencia y responsabilidad fiscal en nuestros gastos, de forma tal que logremos la estabilidad fiscal y un presupuesto balanceado, todo lo cual nos llevará hacia nuestra recuperación económica.

    Dentro del análisis de las finanzas del Gobierno se han encontrado asignaciones especiales para determinado propósito o actividad y para las cuales se ha excedido el periodo de tiempo de más de un (1) año sin hacerse uso de las mismas. También se han identificado asignaciones sin designación de año determinado, pero con recurrencia anual sin una base legal. Esto conduce a que los gastos que se carguen contra esas asignaciones en futuros años fiscales, se desestabilice el flujo de la caja del Departamento de Hacienda, sin que se tenga un control sobre el momento y uso que se le confiere a tales asignaciones y, además, está en contravención con la política pública establecida en la Ley Núm. 230, antes citada.

    Ante la grave situación fiscal que confronta el gobierno, es fundamental implementar una nueva metodología para el desarrollo, preparación y ejecución del presupuesto gubernamental, que permita reducir notablemente el gasto del Estado sin disminuir la cantidad y calidad de los servicios prestados, eliminando servicios ineficaces y programas inadecuados u obsoletos. En este sentido, el Presupuesto Base Cero es una estrategia presupuestaria y de política fiscal, cuyo objetivo fundamental es lograr que un gobierno no pueda gastar más de lo que recauda, limitando así el incremento de la deuda pública y garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas a corto y largo plazo. Con el Presupuesto Base Cero implantado por esta Administración, cada departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico tiene que documentar y justificar cada programa que se vaya a incorporar y nutrir del presupuesto del Gobierno, a base del beneficio social y económico y en consideración de los recursos disponibles. Este mecanismo conlleva revisar anualmente todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero sin tomar en consideración las asignaciones de años anteriores. Esto facilita la búsqueda de nuevas formas de ofrecer servicios más eficientes y efectivos que permitan una mejora en la calidad de los servicios, la eliminación de duplicidad en los ofrecimientos de servicios y una reducción en los gastos.

    De igual forma, existen un sinnúmero de fondos especiales creados por Ley para fines particulares. Dichos fondos, se encuentran desorganizados y bajo el control de las dependencias gubernamentales a las que se le asignaron. Ante este marco, el Secretario de Hacienda en la actualidad tiene acceso directo a solo 65% de los fondos del Gobierno de Puerto Rico, toda vez que los demás fondos especiales están en cuentas en cada dependencia ejecutiva sin pasar por la supervisión fiscal del Secretario de Hacienda. Esta falta de claridad, redunda en una pobre supervisión por parte de las agencias fiscales del Gobierno para tener pleno dominio del Tesoro. Con esta Ley, disponemos que los fondos especiales pasan al Tesoro General y no a cuentas individuales para unos fines particulares, para así tener un mejor dominio y fiscalización por parte de Secretario de Hacienda y poder aplicar la prioridad de pago que comienza con los servicios esenciales a nuestro Pueblo.

    Conforme todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada y conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” con el propósito de atemperar la misma a las mejores prácticas fiscales que se han desarrollado en los pasados años en los Estados Unidos continentales y en el resto del mundo. A esos efectos, entendemos importante aclarar el significado de una asignación especial y limitar el uso de las mismas al periodo de un (1) año. Una vez que esta cumpla su propósito, o si no fuese reclamada durante su periodo de vigencia, esta asignación revertirá al Fondo General. De esta manera, logramos continuar mejorando los servicios a nuestra ciudadanía y revitalizar la economía de Puerto Rico mientras cumplimos con los mecanismos de control fiscal requeridos por el Plan Fiscal Certificado.

    Ley de Reservas en las Compras del Gobierno

    En reconocimiento de que el fortalecimiento de nuestra economía y la creación de empleos son objetivos fundamentales de la política pública del Gobierno de Puerto Rico, se han aprobado diferentes piezas legislativas dirigidas a estimular el desarrollo de la economía local. Como parte de dicha legislación, se encuentra la Ley 129-2005, que creó la Ley de Reservas en las Compras del Gobierno, la cual se adoptó como un mecanismo para que los componentes de la economía local puedan participar efectivamente en el mercado de compras del gobierno y para estimular la creación de empleos y la inversión local. Esta Ley, procura patrocinar de manera preferencial en las compras del Gobierno, al importantísimo sector de las pequeñas y medianas empresas (“PyMEs”) ayudando a estas a aumentar sus ventas como una estrategia eficaz de desarrollo económico y creación de empleos.

    No obstante, ante la grave situación fiscal que confronta el gobierno, entendemos fundamental hacer ajustes en el desarrollo, preparación y ejecución del presupuesto gubernamental, que permita reducir notablemente el gasto del Estado sin disminuir la cantidad y calidad de los servicios prestados. Con esto en mente, hemos evaluado toda la legislación económica que tiene impacto en el presupuesto general de las agencias de la Rama Ejecutiva, a fin de establecer las medidas necesarias para atemperar la misma a nuestra actual realidad económica.

    A tales efectos, esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar la Ley 129-2015 con el propósito de atemperar la misma a la situación fiscal que atraviesan las finanzas públicas. A esos efectos, debemos fijar en un veinte por ciento (20%) la partida del presupuesto general de las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico asignada a compras para compras a microempresas, pequeñas y medianas empresas, hasta que la situación fiscal de Puerto Rico permita que se aplique el aumento. Nuestro propósito es seguir contribuyendo con este importante sector al mismo tiempo que afrontamos de forma responsable nuestra realidad fiscal y cumplimos con las metas establecidas en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de manera que podamos encaminarnos hacia la recuperación económica.



    Arbitrios a cigarrillos y productos del tabaco

    Ante la necesidad de allegar más ingresos con miras a cumplir con el Plan Fiscal, proteger los empleos públicos y a nuestros sectores más vulnerables, proponemos una reconfiguración de los arbitrios aplicables a los cigarrillos, tabaco sin humo, productos derivados del tabaco, así como cigarrillos electrónicos. Con esta reconfiguración de los arbitrios aplicables a estos productos se aumenta la base sujeta a arbitrios y se aumentan las tasas actuales para cumplir con un propósito dual: además de allegar fondos para lograr balancear el presupuesto y cumplir con los parámetros consignados en el Plan Fiscal, también logramos desalentar el consumo de cigarrillos y la compra de tabaco, lo cual, como es conocido, resulta en detrimento a la salud pública y está asociado al incremento en la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias y de distintos tipos de cáncer.

    Una de las causas más preocupantes de muerte entre la población se debe al uso de tabaco. Sin embargo, esta causal es altamente prevenible. El informe del Cirujano General de los Estados Unidos sobre “Las Consecuencias de Fumar en la Salud” confirma que el fumar está relacionado a veintinueve (29) enfermedades crónicas tales como: cáncer en la vesícula, cervical, esófago, riñones, laringe, pulmones, oral, páncreas, estómago, leucemia, enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras. Asimismo se indica que el humo del tabaco puede producir coágulos sanguíneos, ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares repentinos. Recientemente se han encontrado más enfermedades causadas por el uso de cigarrillos tales como cáncer de hígado y colorrectal, diabetes, artritis, inflamación y deterioro de la función inmunitaria. Véase Resumen Ejecutivo del Informe de la Dirección General de Servicios de Salud de los Estados Unidos, Las Consecuencias del Tabaquismo en la Salud - 50 años de Progreso, pág. 2 (2014).

    De hecho, en el período 2005–2009, el tabaquismo fue el causante de más de 480,000 muertes prematuras anuales en personas de 35 años de edad o más en los Estados Unidos. A su vez, más del 87% de las muertes por cáncer de pulmón, 61% de las muertes por enfermedad pulmonar y 32% de las muertes por enfermedad coronaria, fueron atribuibles al tabaquismo y a la exposición al humo de segunda mano. Id., pág. 3.

    Por su parte el Center for Disease Control and Prevention (CDC) señala que para el 2016, la mayor causa de muerte, discapacidades y de enfermedades prevenibles en Estados Unidos es a consecuencia del uso del tabaco. Cada año casi medio millón de americanos muere prematuramente por fumar o por estar expuesto al humo del cigarrillo, y otros 16 millones viven con enfermedades serias causadas por fumar cigarrillos. Además, los fumadores de cigarrillos se tienen que ausentar más a sus trabajos, visitar más a sus doctores, ser hospitalizados con mayor frecuencia, y mueren 10 o 12 años antes que las personas que no son fumadores. Lo anterior sin contar que para tratar enfermedades relacionadas al uso del cigarrillo, los Estados Unidos gastan casi 170 millones de dólares anualmente. Véase https://www.cdc.gov/chronicdisease/ resources/publications/aag/tobacco-use.htm.

    El impacto indirecto del cigarrillo también es altamente detrimental para la salud. En específico, la exposición al humo de segunda mano tiene un efecto nocivo en los niños. Se ha relacionado con el syndrome de la muerte repentina de infantes (sudden infant death sindrome), enfermedades respiratorias agudas, infecciones de oído y ataques de asma. Lo más inquietante es que alrededor del 25% de las personas que no fuman en Estados Unidos, (58 millones aproximadamente) están expuestos el humo de segunda mano, incluyendo 15 millones de niños entre las edades de 3 a 11 años. Id.

    Según los datos del CDC, para el 2015 en Estados Unidos cerca de 15.1% de la población mayor de 18 años de edad fumaba cigarrillos, lo que se estima en 36.5 millones de personas. De estos, 16.7% son hombres y 13.6% mujeres. En Puerto Rico, aunque el porciento es menor, todavía sobre pasa el doble dígito. Las estadísticas del Departamento de Salud de Puerto Rico demuestran que para el 2015 el 10.7% de la población general de 18 años o más fuman cigarrillos con regularidad. De estos, 15.7% son hombres y 7.4% mujeres. Se trata de un porciento significativo si tomamos en consideración el efecto que tiene el humo de segunda mano. A lo anterior hay que añadir que el gobierno tiene que incurrir en costos significativos producidos por las consecuencias a la salud que conlleva fumar.

    Al presente, cada cajetilla de cigarrillos paga $3.40 en arbitrios, lo que, para el año fiscal 2014-2015, se tradujo en un recaudo de $156 millones por concepto de dicho arbitrio. Sin embargo, nuestro gobierno gasta $19.16 en costos de salud y pérdida de productividad por cada cajetilla de cigarrillos consumida, lo que se traduce en $924 millones. Es decir, el Gobierno gasta $15.76 más de lo que recauda, por cada cajetilla de cigarrillo vendida para atender las consecuencias que ocasiona el uso de cigarrillos, lo que significa una diferencia global de $768 millones. Como resultado, el aumento a los impuestos sobre el tabaco se considera como una medida sumamente costo-efectiva para mejorar la salud pública y para obtener recaudos fiscales a corto y largo plazo.

    Por otro lado, el Comité Científico de Asesoramiento sobre la Reglamentación de los Productos del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el consumo de tabaco no fumable es una parte importante del problema general del tabaco en el mundo. En su informe sobre el tabaco sin humo expresa que existen los siguientes daños potenciales: a) el uso puede alentar a los individuos a consumir dichos productos, además de seguir fumando; b) el consumo de productos no fumables del tabaco incrementa la posibilidad de iniciarse posteriormente en el consumo de tabaco fumado; c) los niños que aún no han comenzado a fumar podrían empezar a consumir tabaco mediante el fácil acceso al tabaco no fumable; d) no se descarta la posibilidad de que el “smokeless tobacco” produzca daños considerables a largo plazo en la salud de sus consumidores como el aumento del riesgo a desarrollar cáncer oral; y e) los riesgos de crear adicción son considerables ya que en su mayoría tienen componentes peligrosos como la nicotina y las nitrosaminas. Asimismo, el Cirujano General de Estados Unidos de América ha determinado que el uso del “tabaco sin humo” puede ocasionar, además del cáncer oral, enfermedades y condiciones relacionadas a la encía. Según el reporte titulado The Health Consequences of Using Smokeless Tobacco: A Report of the Advisory Committee to the Surgeon General, el uso prolongado del “tabaco sin humo” resulta en un riesgo mayor de padecer lesiones orales como la leukoplakias tanto en adolecentes como en adultos.

    Es y ha sido la política pública del Gobierno de Puerto Rico tomar medidas para promover la prevención y la cesación del uso del tabaco. Una de las modalidades que propician la prevención y la cesación del uso del tabaco son las medidas relacionadas con la implantación de impuestos a productos derivados del tabaco, sea fumable o no.

    A tono con lo anteriormente expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio que por la lucha contra la adicción a la nicotina, por los gastos de servicios médicos a pacientes por enfermedades relacionadas y creadas por la adicción a productos derivados del tabaco, por el evidente costo y pérdidas en la productividad laboral y en la economía en general y por la necesidad de hacer llegar más ingresos al erario para cumplir con el Plan Fiscal y evitar recortes que puedan afectar a nuestros sectores más vulnerables, se aumente el arbitrio actual al tabaco sin humo y a los cigarrillos.

    Fondo de Emergencia

    La Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, crea el Fondo de Emergencia, con el propósito de reunir los recursos necesarios para afrontar las necesidades públicas inesperadas e imprevistas, causadas por calamidades, tales como guerras, huracanes, terremotos, sequías, inundaciones, plagas, y con el fin de proteger las vidas y propiedades de las gentes, y el crédito público.

    Entre otras disposiciones, la Ley Núm. 91, ante citada, establece que con los recursos asignados al Fondo de Emergencia podrían financiarse los gastos de funcionamiento de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; que el mencionado Fondo será capitalizado anualmente por una cantidad no menor de un quinto del uno por ciento (0.2%) del total de la Resolución Conjunta del Presupuesto; que la referida aportación será de una cantidad no menor del uno por ciento (1%) del total de las rentas netas del año fiscal anterior; y que el balance del mismo nunca exceda de ciento cincuenta millones (150,000,000) de dólares, lo que sea mayor. Sin embargo, en esta última década reiteradamente se ha legislado para que el Fondo de Emergencia no se nutra durante determinados años fiscales. Lo que comenzó como una medida de carácter transitorio iniciada en el Año Fiscal 2006-2007, se convirtió en una medida que desde entonces se ha repetido de forma continua en la mayoría de los años fiscales.

    Esta Administración reconoce que, ante la grave situación fiscal que confronta el gobierno, es fundamental implementar una nueva metodología para el desarrollo, preparación y ejecución del presupuesto gubernamental, que permita reducir notablemente el gasto del Estado sin disminuir la cantidad y calidad de los servicios prestados, eliminando servicios ineficaces y programas inadecuados u obsoletos. En este sentido, es importante establecer y mantener una reserva líquida para atender necesidades públicas inesperadas e imprevistas, como las inicialmente descritas, pero considerando que la aportación a dicho Fondo debe realizarse acorde la situación fiscal. Ante ello, se establece que la aportación al Fondo de Emergencia por la cantidad de diez millones de dólares ($10,000,000) se mantendrá fija hasta el Año Fiscal 2020-2021. Además, a partir del Año Fiscal 2020-2021, dicha aportación será no menor de cero punto cinco por ciento (0.5%) del estimado de rentas netas sometido por el Departamento de Hacienda para la preparación del Presupuesto Recomendado con cargo al Fondo General.

    Conforme a lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera necesario enmendar la Ley Núm. 91 de 21 de julio de 1966, según enmendada y conocida como “Fondo de Emergencia” para alcanzar un uso más eficiente de los recursos disponibles y garantizar la disponibilidad de los mismos para atender situaciones de emergencia o desastre que afecten a la Isla durante este período de años.

    El camino a la recuperación comenzó

    Aunque son muchos los obstáculos que debemos superar en el camino hacia la recuperación definitiva, hay esperanza y optimismo en nuestra gente. Hay un nuevo amanecer en nuestra patria y no podemos defraudar a Puerto Rico. Tenemos que aprovechar este momento para enfrentar los retos, y procurar los grandes cambios que Puerto Rico necesita. Debemos enfrentar la crisis como un gran reto, que podemos traducir en grandes oportunidades. Ese es el desafío que nos puede llevar a edificar una sociedad más justa, digna y progresista. Por ello, la Ley 7-2017 realiza el más importante paso para la recuperación económica, social y política de Puerto Rico al encaminar un proceso de descolonización inmediata de la Isla.

    Ahora damos inicio a un proceso para transformar el Gobierno en uno más eficiente, rehabilitando sus finanzas y recobrando la confianza y la credibilidad perdida. Nos encaminamos a tener un Gobierno que elimine los gastos perdidosos. Un gobierno más ágil, que te pueda rendir cuentas. Un gobierno donde cada dólar de contribución se vea en acción y servicios al Pueblo. Ahora nos levantamos con más fuerza que nunca, para vivir en una sociedad donde las oportunidades estén accesibles para cada hijo de esta tierra y donde todos estemos orgullosos de haber cumplido con nuestra patria.


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