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Artículo 2.02. – Municipios




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Artículo 2.02. – Municipios

Los municipios estarán exentos de la aplicación de este Capítulo. No obstante, quedan facultados para acogerse a sus disposiciones mediante previa aprobación de una Ordenanza Municipal a esos efectos.



Artículo 2.03. – Declaración de Política Pública

Por la presente se reafirma la Declaración de Política Pública de la Ley Núm. 3-2017, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, en donde se establece que la responsabilidad fiscal es la clave para que Puerto Rico recupere su credibilidad ante los inversionistas y mercados financieros, restablezca su crédito y regrese al camino del manejo responsable de la deuda y de sus finanzas, logrando una eficiente restructuración de la misma.

Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico la disciplina, control y reducción de gastos en las agencias, instrumentalidades, departamentos y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce la disparidad que existe entre los beneficios marginales que reciben los empleados del Gobierno Central con aquellos que laboran en corporaciones públicas. Para mantener los empleos públicos sin despidos es necesario hacer ajustes en gastos de beneficios marginales. A tales efectos, mediante esta Ley se promueve la igualdad y uniformidad de los beneficios marginales que podrán disfrutar todos los funcionarios y empleados públicos. Todas las agencias e instrumentalidades comprendidas en el Gobierno de Puerto Rico tienen la responsabilidad de procurar que el disfrute de los beneficios marginales responda al interés legislativo que justificó su concesión y que se lleva a cabo conforme a un adecuado balance entre las necesidades del empleado y la óptima utilización de los recursos disponibles.

La política pública adoptada por la presente Ley garantiza la continuidad de la gestión pública en áreas esenciales de salud, seguridad, educación, trabajo social y desarrollo, entre otros, así como la prestación de los servicios necesarios e indispensables para la ciudadanía y protege el trabajo de miles de funcionarios y empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico, mientras se protege a los ciudadanos más vulnerables. Por tal razón, y en cumplimiento con el Plan Fiscal aprobado conforme a la Ley Federal PROMESA, se uniforman los beneficios marginales de los empleados públicos con fines a lograr economías adicionales.


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