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SEGUNDO.- Posición del Tribunal.

El recurso debe ser desestimado.

En efecto, partiendo del criterio que establece la Sentencia de instancia para determinar el precio en los arrendamientos de servicios profesionales -STS de abril de 2004- resulta claro que el criterio unilateral de la liquidadora para fijar el importe de sus honorarios, que afirma se sustentan en los criterios arancelarios de los administradores concursales, resulta de difícil asunción, tanto más cuando lo sustenta estrictamente en una norma no prevista para estas tareas societarias, que no son las mismas que las propias del proceso de liquidación concursal solo proyectada para los casos de crisis y se hace, por lo que veremos, sin aplicar corrección o modulación al caso, tal y como en atención a esas diferencias, requiere el caso concreto.

En cualquier caso, y como bien señala la Sentencia de instancia, sin perjuicio del carácter orientador que los mismos pudieran tener, es necesario considerar -por no ser la norma para el liquidador societario- adecuarlos a las circunstancias del caso y en particular, al contenido y responsabilidad de lo efectivamente desempeñado (STS de 5 de julio de 2016) lo que, por otro lado, tampoco resulta desconocido en la propia aplicación del arancel del administrador concursal al que se remite la demandante que contempla en el artículo 34-2-d) de la Ley Concursal la regla de eficiencia, regla que es definida en el citado precepto como aquella que modula la retribución, por razón de la calidad de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones y la diligencia temporal demostrada.

Parece evidente de lo indicado que son los criterios generales para fijar la retribución profesional en los casos de arrendamiento de servicios sin precio pactado ni presupuesto consentido, los que deben regir el caso cuyo análisis en el caso, entendemos, debe partir de dos realidades, a saber, en primer lugar del hecho de que la empresa Mareny Sol S.L., se encontraba en óptima situación económica y estaba en liquidación por paralización de sus órganos sociales, por lo que la liquidación, desde un punto de vista económico, no se presentaba como tarea compleja y, en segundo lugar, del hecho de que la mayor parte de las funciones que correspondía a la Sra. CLARA como liquidadora fueron realizados por terceros limitándose la liquidadora, como dice la Sentencia de instancia, a la búsqueda y contratación de esos terceros y a la supervisión de las tareas desarrolladas por el Director General D. ARMANDO que era quien, más que simples tareas de auxilio, gestionaba facto la sociedad.

En el caso, el coste que la liquidación ha tenido para la sociedad ha sido el de la retribución a la demandante como liquidadora por importe de 20.000 euros y los servicios de terceras empresas subcontratados por la liquidadora para la realización de diversos actos para su desempeño. Y reclama ahora algo más de 105.000 euros.

Pues bien, es carga de la demandante -art 217 LEC- probar tanto que esta elevada retribución corresponde a una efectiva ejecución de actos así como la entidad de los mismos, bien cuantitativa -por el número de actuaciones desarrolladas - bien cualitativa, es decir, por la complejidad connatural a los mismos o, en su defecto, que se hubiera pactado el precio con la sociedad si bien es cierto que no hay prueba de que hubiera pacto presupuestario ni precio alzado como elemento definitorio de su retribución pues, aun cuando en su interrogatorio la Sra. CLARA afirmó que había acordado su retribución profesional con los socios es lo cierto que tal afirmación no está probada, resultando más bien acreditado lo contrario, cuando menos de forma indirecta, cuando se constata la petición formal que se le hizo a la Sra. CLARA en la Junta de socios de 17 de diciembre de 2012 -doc nº 6 demanda- sobre indicación de honorarios sin respuesta y que debía haberse traducido, como forma más ordinaria y diligente, en la presentación de un presupuesto que cuando menos contuviera las bases esenciales de los honorarios atendiendo las tareas previstas y previsibles que pudieran desempeñarse.

Nada consta sin embargo, sin que sea aceptable que a una petición explícita y documentada por medio de acta, no siga una respuesta formal del tipo señalado por parte de un profesional.

Como es evidente, sustituir esa conducta que hemos calificado de la normalmente diligente por un acto verbal, resulta de todo punto insostenible.

Dicho lo cual. Resulta de difícil asimilación a la complejidad cuantitativa y/o cualitativa de las tareas desempeñadas, una liquidación no temporalmente en exceso extendida y caracterizada por las tres circunstancias ya referenciadas, a saber, por la inexistencia de problemática financiero-contable, por el mantenimiento en el desempeño de la gestión y dirección ordinaria del Director General de la sociedad y con la subcontratación de las tareas principales de la liquidación para su ejecución por terceros a costa de la sociedad.




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