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CUARTO.- Pues bien, y cuestionada la aplicación del arancel en la facturación, los hechos determinantes de la valoración del conjunto de la actividad profesional de la liquidadora son las siguientes.

En primer lugar el que no fueran razones económicas las que motivaron la liquidación de la sociedad Mareny-Sol, sino una situación de bloqueo por la configuración de bloques de socios que determinaron la paralización de los órganos de la sociedad -véase en este sentido la Sentencia JO 678/2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 Alicante que acuerda en consonancia con las circunstancias expresadas, la disolución y liquidación de la sociedad (doc nº 2 demanda)-.

Es por ello que resulta plenamente veraz tanto el testimonio vertido en juicio por el Sr. RAMÓN -representante de Invermayor, titular del 50% del Mareny-Sol- como el dado por el asesor jurídico de Invermayor, el Sr. DIEGO, cuando afirman que comunicaron a la Sr CLARA que la liquidación traía causa en el enfrentamiento de bloques de socios y que su misión sería formar dos lotes.

Se trata de una circunstancia ésta que dificulta además la calificación de complejidad aplicada por la demandante en su factura para incrementar el importe en un 5%, tasa que por cierto en el arancel, es la máxima del incremento por causa de complejidad y que se aplica sin justificación alguna.

El segundo hecho sin duda relevante en esa genérica valoración es el que fuera Director General de Mareny-Sol, Sr. ARMANDO, el que continuara con el desempeño de la dirección y gestión de la sociedad durante la liquidación en calidad de "auxiliar de la liquidadora", tras serle revocados los poderes por la Sr. CLARA -doc nº 5 demanda- pero al que de facto deja con amplísimas facultades como resulta del documento señalado y como deriva de la propia declaración en juicio del Sr. ARMANDO, testimonio que sirvió para constatar que continuó con sus tareas de dirección con la visitas de supervisión los viernes de la Sra. CLARA, dejando expresa constancia de que la administración y gestión efectiva era la que él ejercía. En este sentido el Sr. ROBERTO reconoció en juicio que continuó despachando con el Sr. ARMANDO, no con la Sra. CLARA.

Y hemos descrito como tercer hecho relevante para considerar la complejidad el que se subcontrataran por la liquidadora los actos esenciales de su función, a costa -como es lógico- de la sociedad.

Así, es hecho no cuestionado que se contrató con Deloitte la elaboración de un informe sobre el estado económico de la empresa al no haberse aprobado cuentas anuales, por el bloqueo social, desde 2007, informe que tuvo un coste de 34.136,52 euros -doc. 7 a 9 contestación-. Que contrató a Tasaciones de bienes Mediterráneos S.A., para el evalúo de algunos inmuebles, con un coste de 12.748,75 euros -doc nº 10 contestación-. Y que contrató a Ernst & Young Servicios Corporativos S.L., para la búsqueda de adquirentes de los hoteles de Mareny-Sol, pagándose por este servicio 18.991,19 euros -doc nº 11 contestación-, sin que por otro lado, conste que tuviera efectividad pues no consta, como dice la Sentencia de instancia que se formularan propuestas y se trabajara sobre ellas.

Es por ello que a la Junta General de Mareny Sol celebrada el día 17 de diciembre de 2012 -doc nº 6 demanda- la liquidadora se limitó a trasladar, primero, el inventario y balance de situación hecho por terceros, el informe de situación hecho por Deloitte y el informe de gestión hecho por D. ARMANDO, sin que se diera cuenta -ni haya probado- de hacer realizado enajenación de activos y reparto de remanente entre socios.

Entendemos por tanto que la tarea desempeñada por la liquidadora en su actuación para con la sociedad Mareny Sol S.L., careció de la entidad suficiente como para justificar unos honorarios como los solicitados dado que su actividad liquidadora se limitó a obtener una imagen económica de la sociedad y a supervisión del estado de cosas tal cual venían desempeñándose en la sociedad, con la particularidad de que aquella imagen económica se obtuvo mediante la contratación de terceros cuyos servicios abonó a cargo de la sociedad, y todo ello sin que finalmente ejecutara acto alguno de liquidación por venta de activos y reparto de remanente entre socios pues finalmente, por acuerdo adoptado en Junta de 27 de junio de 2013 se optó por la reactividad de la sociedad, razón por la que la liquidadora fue impelida -doc nº 5 contestación- a abstenerse de realizar actos de liquidación, lo que a su vez determinó que la duración efectiva de su cargo fuera inferior al año atendida la fecha de su nombramiento -17 de julio de 2012, doc nº 2 demanda- y de la comunicación del acuerdo societario indicado -doc nº 5 contestación-.

En conclusión, y sin perjuicio de que abonara una deuda de la sociedad y de que semanalmente controlara la contabilidad de la entidad así como de su gestión, que hacía el que había sido el director general de la entidad e incluso compareciera en nombre de la sociedad (representación orgánica) en juicios laborales, es lo cierto que el núcleo sustancial de la liquidación o se ejecutó por tercero por la Sra. CLARA subcontratado o, simplemente, no tuvo lugar, razones por las que entendemos que la factura en base a la cual cifra su reclamación la Sra. CLARA carece de razonabilidad en su estructuración sobre la base del arancel de administradores concursales en el modo que se aplica y de otro resulta a todas luces injustificada la valoración de la actividad profesional desempeñada que por lo expuesto se nos presenta en cantidad claramente excesiva en relación al efectivo desempeño de las labores liquidatorias, sin que haya razón alguna, porque no se aporta por la demandante, para considerar que el importe de su actividad deba valorarse por encima del importe efectivamente percibido.



Es por todo ello que, como adelantábamos, el recurso debe desestimarse.


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