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Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

  • Exposición de Motivos



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    Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa: Mejorar el marco legal de las sociedades y cooperativas de ahorro, para garantizar y proteger los ahorros de los usuarios y suscitar acciones por parte de los colectivos frente a fraudes y malos manejos. Queda establecida la posibilidad de que los ciudadanos tengan el derecho de recibir en todo momento sus ahorros y hacer efectivo el fondo de protección.

    Exposición de Motivos

    De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 1991 se crea la figura de la sociedad de ahorro y préstamo en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con la finalidad de regularizar a las cajas populares. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (SCAP), son sociedades sin fines de lucro pertenecientes al sector social e integrantes del sistema financiero mexicano.

    Para 1994, se modifica la Ley General de Sociedades Cooperativas, para prever la figura de sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Entre 1998 a 2000, se verifica la quiebra de Crédito y Ahorro del Noroeste (El Arbolito) y fraude de las cajas JOV (mediante el abuso de la figura de SCAP).

    Según la CNBV, para el año 2000, se publica la Ley de Fideicomiso Pago. Mientras que el 4 de junio de 2001 se publicó la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP).

    Entre los objetivos de la LACP se encuentran proteger los depósitos de los ahorradores y promover el desarrollo del sector atribuyendo a la CNBV facultades de autorización, supervisión, regulación y sanción.

    Establecer un esquema de supervisión auxiliar, a cargo de las federaciones, a través de sus respectivos comités de supervisión. Así como un esquema de seguro de depósito, a cargo de las confederaciones, a través de un fondo de protección.

    Todas las SCAP, sin importar su tamaño, están reguladas al amparo de la Ley que Regula las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP). La CNBV, cuenta con las facultades para autorizar, regular, supervisar y sancionar a las SCAP.

    Cabe recordar que el 18 diciembre 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la circular única para entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración (circular única), la cual tuvo por objeto compilar en un solo instrumento, toda la regulación emitida por la CNBV al amparo de la LACP.

    Sin embargo, existen identificadas cientos de cajas y grupos de personas que realizaban actividades de captación y que no entraron al marco legal por desinformación, o porque les era muy difícil cumplir dicho marco.

    De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de 2001 a la fecha, se aportaron más de 4,000 millones de pesos de recursos presupuestales del Fideicomiso de Pago (Fipago) y los estados, debido a fraudes y malos manejos. Con estos recursos se rescató a 160 mil ahorradores, lo que se estima ha sido uno de cada cuatro, y se apoyó a 59 entidades de ahorro y crédito popular con problemas.

    De las 99 entidades autorizadas, 59 son sociedades cooperativas de ahorro y 40 sociedades financieras reguladas; en tanto, de las 751 entidades no autorizadas alrededor de 200 operan fuera de la ley y captan recursos de forma irregular.

    Para la Condusef muchas de estas instituciones buscan lugares muy apartados, donde la gente carece de acceso a medios de comunicación y de una educación financiera, pero sí con necesidades económicas que las hacen atractivas y vulnerables a los estafadores.

    Dichas instituciones no forman parte del sistema financiero mexicano formal, por tanto no están autorizadas por la CNBV ni se encuentran en proceso de regulación, operan al margen de la ley. En tanto, 385 entidades están en proceso de obtener autorización (proceso de transición) y trabajan para cumplir con los estándares que señala la legislación; éstas no son supervisadas por la autoridad y no cuentan con un fondo de protección como las regularizadas.

    Es importante recordar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a la Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana (Cofirem), a operar con base en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

    La Cofirem representa a más de dos millones de socios y será el organismo que administre un fondo de protección.

    Las cajas que ya estén autorizadas tienen la obligación de aportar recursos para formar un fondo, para prever futuros quebrantos. Las sociedades cooperativas y cajas de ahorro representan a la banca popular y significan una alternativa de captación de recursos y el otorgamiento de crédito a la población que no accede al sistema bancario comercial.

    No obstante, aprovechando la deficiente legislación, regulación y supervisión que existe para el sector, algunas personas han utilizado el concepto de caja popular y han creado negocios particulares, defraudando a sus ahorradores.

    Por lo que la presente iniciativa pretende crear las condiciones para suscitar acciones por parte de los colectivos frente a fraudes y malos manejos. Con nuestra propuesta se establece la posibilidad de que los ciudadanos tengan el derecho de recibir en todo momento sus ahorros y hacer efectivo el fondo de protección.

    Por todo lo expuesto y fundado, el suscrito, Emiliano Velázquez Esquivel, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77, 78, 89, numeral 2, 97, 102, 105 y 239, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

    Decreto que reforma y adiciona la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y la Ley de Ahorro y Crédito Popular


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