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Legislacion penal para el estado de aguascalientes




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LEGISLACION PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 10 DE ABRIL DE 2006.
Legislación publicada en la Sección Primera del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 21 de julio de 2003.
FELIPE GONZALEZ GONZALEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:
La LVIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
Decreto Número 97

LEGISLACION PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES


Artículo 1°.- La presente Legislación tiene como objetivo el de regular, para los habitantes del Estado de Aguascalientes, nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes, el contenido de los Artículos 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38 y 119, Párrafo Segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia penal.

LIBRO PRIMERO


DE LAS FIGURAS TIPICAS
Artículo 2°.- En los procedimientos de orden penal, no se aplicará pena o medida de seguridad alguna si éstas no se encuentran previamente establecidas por una norma o figura típica exactamente aplicable al hecho punible de que se trate, quedando prohibido imponerlas por simple analogía y aún por mayoría de razón.

TITULO PRIMERO


DE LAS FIGURAS TIPICAS DOLOSAS

CAPITULO PRIMERO


Tipos Penales Protectores de la Vida y la Salud Personales
Artículo 3°.- El Homicidio Doloso consiste en privar de la vida a un ser humano por cualquier medio.
Al responsable de Homicidio Doloso se le aplicarán de 8 a 20 años de prisión y de 25 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 4.- Si el Homicidio Doloso se cometiera en Riña, se aplicará al responsable de 4 a 10 años de prisión y multa de 15 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tomándose en cuenta, para la individualización de las penas, si el responsable tuvo el carácter de provocado o provocador. En caso de que el responsable tenga el carácter de provocado, la pena de prisión establecida se disminuirá en una tercera parte, en lo que se refiere a su mínimo y a su máximo.


La misma punibilidad establecida en este artículo se aplicará a quien cometa el Homicidio Doloso:
I. En vindicación próxima de una ofensa grave causada al responsable, a su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes o hermanos; y
II. Por móviles de piedad, mediante súplicas notorias y reiteradas de la víctima, ante la inutilidad de todo auxilio para salvar su vida.
Artículo 5°.- Cuando el Homicidio Doloso se cometa por motivo de violación, secuestro, robo, después de concluida una rebelión, o en el interior de casa-habitación a la que el responsable haya penetrado de manera furtiva, con engaño, con violencia o sin permiso de la persona autorizada para otorgarlo, se aplicarán al responsable de 15 a 40 años de prisión y de 50 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, atendiendo en este caso, además, las reglas del Concurso.
Artículo 6°.- La Instigación o Ayuda al Suicidio consiste en prestar auxilio o inducir a otro para que se suicide.
Al responsable de Instigación o Ayuda al Suicidio se le aplicarán de 2 a 5 años de prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si la víctima fuere menor 16 años de edad o padeciere de desarrollo intelectual retardado, se aplicarán al responsable de 3 a 8 años de prisión y de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 7°.- El Aborto Doloso es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
Al responsable de Aborto Doloso se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 40 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se realice por la mujer embarazada o por otra persona con el consentimiento de la mujer embarazada, tomando en cuenta para ello las reglas de la autoría, participación y complicidad.
Cuando falte tal consentimiento de la mujer embarazada, la prisión será de 3 a 6 años y de 70 a 120 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; si mediare violencia física o moral sobre la mujer embarazada, se impondrán al responsable de 6 a 8 años de prisión y de 80 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si la mujer embarazada consiente que otro realice el Aborto Doloso en su persona, se le aplicarán de 6 meses a 1 año de prisión y de 40 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 8°.- Cuando el Aborto Doloso lo realice un médico, cirujano o partero, además de la punibilidad establecida en el artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión u oficio.
Artículo 9°.- No se considerará Aborto Doloso, y por ende No se aplicará pena o medida de seguridad alguna cuando el resultado de lesión se cause por conducta culposa de la mujer embarazada, o cuando de no practicarse el aborto, la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a juicio del médico que la asista y de otro a quien éste consulte, si ello fuere posible y la demora en consultar no implique peligro.
Cuando el embarazo haya sido causado por hecho punible tipificado como violación en el procedimiento penal iniciado al efecto, se podrá autorizar la realización del aborto por la autoridad que conozca del asunto, para que sea practicado por personal médico especializado, sin que ello conlleve las consecuencias jurídicas descritas en el presente capítulo.
Artículo 10.- Las Lesiones Dolosas consisten en alterar la salud o provocar cualquier otro daño en el cuerpo humano, por utilización de cualquier agente externo.
Al responsable de Lesiones Dolosas se le aplicarán:
I. De 3 a 6 meses de prisión y de 10 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta 15 días;
II. De 6 meses a 2 años de prisión y de 20 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de 15 días;
III. De 1 a 4 años de prisión y de 20 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida y dejan al sujeto pasivo cicatriz notable y permanente;
IV. De 1 a 5 años de prisión y de 25 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida y le provocan al sujeto pasivo la disminución de facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros, o le producen incapacidad temporal de hasta un año para trabajar;
V. De 2 a 8 años de prisión y de 30 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida y le provocan al sujeto pasivo la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro, órgano o facultad, o le causan una enfermedad incurable o deformidad incorregible, o incapacidad de más de un año para trabajar; y
VI. De 3 a 7 años de prisión y de 25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si ponen en peligro la vida, independientemente del tiempo que tarde en sanar;
Si las Lesiones Dolosas provocaran varias de las consecuencias aquí establecidas, sólo se tomará en cuenta la punibilidad prevista para las de mayor gravedad.
Si las Lesiones Dolosas que provocan las consecuencias establecidas en las fracciones III, IV y V de este Artículo, pusieran en peligro la vida de la víctima, la punibilidad se aumenta hasta en una mitad más respecto de los mínimos y máximos señalados en cada fracción.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 11.- Si las Lesiones Dolosas fueron por motivo de Riña, se aplicará a los responsables la mitad del mínimo y máximo establecidos en las diversas fracciones del artículo anterior, si se trata del provocado, hasta las dos terceras partes de tales mínimo y máximo, si se trata de provocador.


Artículo 12.- Por Riña se entiende la contienda de obra entre dos o más personas, o la agresión física de una parte y la disposición material para contender de la otra, con el propósito de dañarse recíprocamente.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 13.- El Homicidio Doloso y las Lesiones Dolosas serán considerados como calificados, cuando se cometan con:


I. Premeditación;
II. Ventaja;
III. Alevosía;
IV. Traición;
V. Brutal ferocidad;
VI. Tortura;
(REFORMADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

VII. Cuando la víctima sea menor de 15 años de edad;


(REFORMADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

VIII. Cuando el responsable tenga relación de pareja o de carácter conyugal, sea pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, con la víctima; o


(ADICIONADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

IX.- Cuando la víctima se trate de un incapaz sujeto a patria potestad, tutela, curatela o custodia del responsable.


(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

En el caso de Homicidio Doloso Calificado a que se refieren las fracciones I a VII, se aplicará al responsable de 15 a 40 años de prisión y de 150 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, en el caso de las fracciones VIII y IX se aplicará al responsable de 20 a 50 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa; y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio.


(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Si las Lesiones Dolosas son Calificadas, la punibilidad establecida en el artículo 10 se aumentará hasta en dos terceras partes en sus mínimos y máximos, privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio, en tratándose de los supuestos de las Fracciones VIII y IX del presente artículo.


Artículo 14.- Existe Premeditación siempre que el inculpado provoque dolosamente el resultado lesivo, después de haber reflexionado sobre el hecho a realizar con ponderación de los factores que concurran en su realización.
Artículo 15.- Existe Ventaja cuando el inculpado provoca el resultado lesivo empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales que imposibiliten la defensa de la víctima y aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación.
Artículo 16.- Existe Alevosía cuando el inculpado sorprende dolosamente a la víctima de forma imprevista o empleando asechanza u otro medio que no le dé oportunidad a ésta para que se defienda, ni evitar el mal que se le quiera hacer.
Artículo 17.- Existe Traición cuando el inculpado provoca el resultado de lesión, quebrantando la confianza o seguridad que expresamente había prometido a la víctima, o la tácita que debía existir por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra causa que inspire tal confianza o seguridad.
Artículo 18.- Existe Brutal Ferocidad, cuando el inculpado provoca el resultado lesivo sin causa o motivo que lo explique, o por una causa móvil notoriamente desproporcionada.
Artículo 19.- Existe Tortura cuando el inculpado servidor público provoca el resultado lesivo causando a la víctima dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener de la propia víctima o de un tercero, información o una declaración respecto de un acto que haya realizado o se sospecha lo haya hecho, o para que realice o deje de realizar específica conducta.

CAPITULO SEGUNDO


Tipos Penales Protectores de la Libertad Sexual, la Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Físico y Psicosexual
(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 20.- El Hostigamiento Sexual consiste en:


I.- El asedio que se haga, con fines lascivos, sobre personas de cualquier sexo por quien se aproveche de su posición jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier otra clase, que implique subordinación de parte de la víctima; o
II.- El asedio con fines lascivos para sí o por tercera persona, a personas de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima.
Al responsable de Hostigamiento Sexual se le aplicarán de 1 a 2 años de prisión y de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 21.- Los Atentados al Pudor consisten en la ejecución de actos sexuales, sin el consentimiento de la víctima, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, o que se obligue a la víctima a ejecutarlos.
Al responsable de Atentados al Pudor se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 5 a 15 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el inculpado hiciera uso de la violencia física o moral, se le aplicarán de 6 meses a 4 años de prisión y de 10 a 30 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si la víctima es menor de doce años de edad o por cualquier causa no puede resistir la conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y de 25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 22.- La Corrupción de Menores consiste en:
I. La inducción que se haga de una persona no mayor de 16 años de edad para la práctica de la mendicidad, ebriedad, toxicomanía o prostitución;
II. La enseñanza de actos sexuales, perversos o prematuros que alteren el normal desarrollo psicosexual de persona no mayor de 16 años;
III. La inducción para llevar a cabo actos de exhibicionismo corporal o de carácter sexual con personas no mayores de 16 años de edad, con el fin de videograbarlas o fotografiarlas;
IV. La comercialización, distribución o difusión de fotografías o videograbaciones que muestren actos de exhibicionismo corporal o de carácter sexual de personas no mayores de 16 años; o
V. La venta o suministro que de cualquier forma se haga a personas no mayores de 16 años de edad, de sustancias tóxicas, tales como materiales solventes, alcoholes, medicamentos y otras sustancias que produzcan efectos similares.
Al responsable de Corrupción de Menores se le aplicarán de 6 a 14 años de prisión y de 80 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La punibilidad descrita se duplicará, cuando el inculpado sea ascendiente, padrastro o madrastra de la víctima.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 23.- El estupro consiste en realizar cópula con persona casta mayor de doce y menor de dieciséis años de edad, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño.


Al responsable de Estupro se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 5 a 25 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

La reparación del daño, comprenderá además el pago de los alimentos a la víctima y también a los hijos si los hubiere.


El pago de los alimentos se hará en la forma y términos que la ley civil fije para el efecto.
Artículo 24.- La Violación consiste en realizar cópula con persona de cualquier sexo, utilizando fuerza física o moral suficiente para lograr el sometimiento de la víctima.
Al responsable de Violación se le aplicarán de 8 a 14 años de prisión y de 20 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Para los efectos de esta legislación, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.
Artículo 25.- También se equiparan a la Violación, los hechos punibles siguientes:
I. Realizar cópula con persona menor de doce años de edad sin hacer uso de la fuerza física o moral; o
II. Realizar cópula con persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin uso de la fuerza física o moral de parte del inculpado.
Al responsable de Violación Equiparada se le aplicarán de 8 a 14 años de prisión y de 20 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si el responsable hace uso de la fuerza física o moral sobre la clase de víctimas señaladas en el presente artículo, la punibilidad será de 12 a 21 años de prisión y de 30 a 120 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 26.- El Abuso Sexual consiste en la introducción por vía vaginal o anal de cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril, mediante el uso de la fuerza física o moral suficiente para el sometimiento de la víctima, sea cual fuere el sexo de ésta.
Al responsable de Abuso Sexual se le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y de 10 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 27.- También se equiparan al Abuso Sexual los hechos punibles siguientes:
I. El llevar a cabo la introducción descrita en el artículo 26 en persona menor de doce años de edad sin hacer uso de la fuerza física o moral; y
II. El llevar a cabo la introducción descrita en el artículo 26 en persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin uso de la fuerza física o moral de parte del inculpado.
Al responsable de Abuso Sexual Equiparado se le aplicarán de 3 a 8 años de prisión y de 10 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si el responsable utiliza la fuerza física o moral respecto de la clase de víctimas señaladas en el presente artículo, la punibilidad será de 4 años 6 meses a 12 años de prisión y de 15 a 75 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 28.- La punibilidad prevista para los Tipos Penales de violación, abuso sexual, violación equiparada y abuso sexual equiparado, se aumentará hasta en una mitad en sus mínimos y máximos, cuando:
I. Los hechos descritos sean cometidos a nivel de co-autoría; o
II. Los hechos descritos sean cometidos por ascendiente contra su descendiente, el hermano con su colateral, el tutor con su pupilo o el padrastro o amasio de la madre con el hijastro, el maestro con el alumno o el guía religioso con su asesorado.
Artículo 29.- Si como consecuencia de violación resultan hijos, la reparación del daño, en este caso, comprenderá además el pago de los alimentos a la mujer y también a los hijos, si los hubiere.
El pago de los alimentos se hará en la forma y términos que la ley civil fije para el efecto.

CAPITULO TERCERO


Tipos Penales Protectores de la Familia
Artículo 30.- El Incesto es la realización voluntaria de cópula entre parientes consanguíneos, sean ascendientes, descendientes o hermanos, con conocimiento de su parentesco.
A los responsables de Incesto se les aplicarán de 6 meses a 5 años de prisión y de 10 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 31.- La Bigamia consiste en contraer nuevo matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto o declarado nulo el anterior, con conocimiento de esa circunstancia por el o los inculpados.
A los responsables de Bigamia se les aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 32.- La Alteración de Estado Civil consiste en:
I. Atribuir un recién nacido a una mujer que no sea realmente su madre;
II. Registrar en las oficialías de la Dirección del Registro Civil en el Estado, un nacimiento no verificado;
III. No registrar los padres a un hijo suyo en las oficialías de la Dirección del Registro Civil en el Estado, con el propósito de hacerle perder su estado civil; declarar falsamente su fallecimiento; o presentarlo ocultando sus nombres y apellidos reales o suponiendo que los padres son otras personas;
IV. Sustituir un niño por otro u ocultar a un infante; o
V. Usurpar el estado civil de otro, con el fin de adquirir derechos de familia que no le correspondan.
Al responsable de Alteración de Estado Civil se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 33.- El Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar consiste en:
I. No proporcionar los recursos indispensables de subsistencia a las personas con las que se tenga ese deber legal;
II. Colocarse dolosamente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley de la materia determina; o
III. La variación de nombre y/o domicilio con el fin de eludir una responsabilidad de orden familiar o el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley de la materia determina.
Al responsable de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con la víctima.
Artículo 34.- El Tráfico de Menores consiste en la entrega ilegítima de un menor a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, por quien ejerza la patria potestad o la tenga a su cargo.
Al responsable de Tráfico de Menores se le aplicarán de 4 a 10 años de prisión y de 40 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, considerándose como tal, no sólo quien entrega al menor, sino también el tercero que lo recibe.
Si la entrega del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la punibilidad será de 2 a 4 años de prisión y de 20 a 125 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si quien recibe al menor acredita que lo hizo para incorporarlo a un núcleo familiar para otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, la punibilidad será de 6 meses a 2 años de prisión y de 5 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 35.- La Sustracción de Menores e Incapaces consiste en sustraer o retener a un menor de doce años o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia, guarda o retención, por quien no tenga relación familiar o de parentesco con tal menor.
Al responsable de Sustracción de Menores e Incapaces se le aplicarán de 4 a 10 años de prisión y de 10 a 60 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si el responsable es familiar del menor o incapaz y no ejerce sobre él la custodia, la tutela o la guarda, se le aplicarán de 2 a 4 años de prisión y de 5 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 36.- El Adulterio consiste en tener relaciones sexuales el hombre y la mujer con persona diversa a su cónyuge, y que tales relaciones se realicen en el domicilio conyugal o con escándalo.
Al responsable de Adulterio se le aplicarán de 1 a 2 años de prisión y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 36 A.- La violencia familiar consiste en usar la fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma y que ello le cause afectación en su integridad física o psíquica.


Solo se consideran autores de violencia familiar el cónyuge, la concubina o el concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o descendiente (sic) sin limitación de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adoptante o el adoptado y el pariente por afinidad hasta el cuarto grado, cuando la acción básica se realice al interior de la casa donde radique la víctima.
Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión, de 10 a 100 días de multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, así como a la privación de los derechos de la familia que pudiera tener con la familia.

CAPITULO CUARTO


Tipos Penales Protectores de la Libertad y Seguridad de las Personas
Artículo 37.- La Privación Ilegal de la Libertad consiste en el arresto o detención de una persona por un particular, fuera de los casos previstos en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando el particular obligue a una persona, por cualquier medio, a prestarle trabajos y servicios personales sin la debida retribución, o celebre un contrato que ponga en condiciones de servidumbre a otra, o le afecte su libertad de cualquier modo.
Al responsable de Privación Ilegal de la Libertad se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 38.- La punibilidad será de 1 a 6 años de prisión y de 25 a 75 días multa, y pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el hecho descrito en el Artículo 37 se realice:
I. Con utilización de fuerza física o moral, o vejación de la víctima;
II. En víctima menor de 16 años de edad o mayor de 70, o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de desventaja o inferioridad física respecto del inculpado; o
III. Que el resultado lesivo se prolongue por más de 8 días.
Artículo 39.- La Desaparición Forzada de Personas consiste en:
I. Detener y mantener oculta a una o varias personas; o
II. Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.
Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado de Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones, y cuando ello impida el ejercicio de los recursos legales y procesales procedentes a cargo de la persona o personas detenidas y ocultas o de sus representantes legales.
Al responsable de la Desaparición Forzada de Personas se le aplicarán de 10 a 30 años de prisión, de 150 a 500 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y con inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
(REFORMADO, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

Artículo 40.- El secuestro consisten (sic) en privar ilegalmente de su libertad a otro, si se efectúa con el propósito de:


I. Obtener un beneficio económico o cualquier otra prestación;
II. Que la autoridad, la víctima o un particular realice o deje de realizar un acto de cualquier índole; o
III. Causar daño o perjuicio a la víctima o a persona distinta.
El delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades no se sujetará a las reglas de la prescripción, por lo que no prescribirá bajo los supuestos a que éstas se refieren.
Al responsable del secuestro, se le aplicarán de 15 a 40 años de prisión y de 250 a 1000 días de multa, y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(ADICIONADO, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

Artículo 40 A.- Al responsable de secuestro se le sancionará con una pena de 20 a 50 años de prisión y 400 a 200 mil días multa, y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si en la privación de la libertad a que se refiere al artículo anterior concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:


I. Que se realice en lugar desprotegido y solitario;
II. Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
III. Que quien o quienes lo lleven a cabo se ostenten como autoridad sin serlo;
IV. Que el o los que realizan, hayan sido servidor o funcionario público y se ostente como tal;
V. Cuando quien participe de cualquier manera en la comisión de este ilícito, aun sin ostentarse como tal y sea servidor público encargado de prevenir, anunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos,
VI. Que el autor, aun sin ostentarse como tal sea o haya sido integrante de las autoridades encargadas de impartir justicia o de algún organismo protector de los derechos humanos;
VII. Que el autor tenga vínculos de parentesco en cualquier línea hasta el cuarto grado, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con las víctimas o personas relacionadas con éstas;
VIII. Que se realice con violencia física o moral, vejación o tortura;
IX. Cuando de esta conducta resulten graves daños físicos o mentales al ofendido, o muera durante el secuestro o a consecuencia de dicho acto, sin perjuicio de las reglas de concurso;
X. Que la víctima sea menor de 16 años, o mayor de 60 años, o que por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad física o mental respecto del autor del secuestro; o
XI.- Que la víctima se encuentre embarazada.
(ADICIONADO, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

Artículo 40 B.- Se impondrá pena de 4 a 9 años de prisión y de 200 a 500 días multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el artículo 40 y fuera de las causas de exclusión del delito previstas por la ley:


I. Actúe como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el acuerdo de quienes representen o gestionen en favor de la víctima;
II. Colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la información;
III. Actúe como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen a favor de la víctima, y evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro;
IV. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien en no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades;
V. Efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, o de éstas por moneda nacional sabiendo que es con el propósito directo de pagar el rescate a que se refiere la fracción I del artículo 40; o
VI. Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes.
(REFORMADO, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

Artículo 41.- Comete secuestro exprés el que para ejecutar los delitos de robo, extorsión, prive de la libertad a otro.


Al responsable de secuestro exprés se le impondrá de 7 a 20 años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las penas que corresponden por los delitos de robo o extorsión y de las reglas de aplicación del concurso para la imposición de sanciones.
Artículo 42.- El Allanamiento de Morada consiste en la introducción furtiva, violenta, con engaño o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a una casa-habitación o sus dependencias, o en establecimientos públicos mientras permanezcan cerrados, sin orden de autoridad competente.
Al responsable de Allanamiento de Morada se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 10 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 43.- La Omisión de Auxilio consiste en:
I. No avisar de inmediato a las autoridades estatales, o no prestar el auxilio necesario, a un menor abandonado e incapaz de cuidarse a sí mismo; a una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera; o
II. Dejar el automovilista, motorista, conductor de un vehículo cualquiera, ciclista o jinete, en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia, a la persona o personas a quienes haya lesionado.
Al responsable de Omisión de Auxilio se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 25 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 43 A. Las Amenazas consisten en la advertencia que se hace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión o de 90 a 180 días de multa y a la reparación total de los daños y perjuicios ocasionados.

Se debe entender como ligados por algún vínculo con la persona:
A) A los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;
B) El cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente, parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; y
C) Los que estén ligados con las personas por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad.

CAPITULO QUINTO


Tipos Penales Protectores del Patrimonio
Artículo 44.- El Robo consiste en:
I. El apoderamiento de una cosa ajena mueble, dinero o valores, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley;
II. El apoderamiento de cosa propia, dinero o valores, cuando éstos se hallen en poder de otra persona por cualquier título legítimo, en la medida que ello afecte el patrimonio de quien los detente;
III. El aprovechamiento de energía eléctrica, agua, gas, servicio telefónico, servicio de Internet o de imagen televisiva, sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de ellos;
IV. El apoderamiento de una o más cabezas de ganado ajeno, cualquiera que sea su especie, independientemente del lugar en el que se encuentren, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de las mismas; o
V. El apoderamiento de una o más cabezas de ganado propio, cualquiera que sea su especie, que se halle en poder de otro, en virtud de una relación contractual o por mandamiento de autoridad, en la medida que ello afecte el patrimonio de quien las detente.
Al responsable de Robo se le aplicarán de:
I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial no exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado, pero no de trescientas; o
III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado.
La valoración que se haga de la afectación patrimonial tomará en consideración el salario mínimo general vigente en el Estado en el momento en que se concreticen los hechos descritos en el presente artículo.
Artículo 45.- El Robo será Calificado cuando:
I. Se cometa con uso de fuerza física o moral suficiente en contra de la víctima o sobre otra persona que la acompañe, o cuando se ejerza aquélla para proporcionarse la fuga o mantenerse con lo apropiado;
II. El objeto material del apoderamiento sea un expediente o algún documento de protocolo, oficina o archivo públicos, o de documento que contenga obligación, liberación o transmisión de derechos que obre en un expediente judicial;
III. Se cometa en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, o en sus dependencias;
IV. Se cometa aprovechando la falta de vigilancia, el desorden o confusión que se produzcan por un incendio, inundación o accidentes en el tránsito de vehículos o aeronaves, u otros siniestros;
V. El objeto material del apoderamiento sean tubos, conexiones, tapas de registro o cualesquiera otros implementos de un servicio público u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública;
VI. Se lleve a cabo con destrucción o deterioro de bienes muebles o inmuebles;
VII. La acción de apoderamiento se realice respecto de vehículos de motor, sobre parte de ellos o de objetos guardados en su interior;
VIII. Se cometa en local comercial abierto al público;
IX. El objeto material del apoderamiento sean instrumentos de labranza, objetos utilizados para cercar frutos cosechados o por cosechar;
X. El objeto material del apoderamiento sean postes, alambres u otros materiales de las cercas de los sembradíos o potreros, dejando éstos al descubierto en todo o en parte; o
XI. Se lleve a cabo el apoderamiento mediante el uso de sistemas de informática, sistema de redes de computadoras, base de datos, soporte lógico o programas de cómputo;
(ADICIONADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

XII. El apoderamiento se realice respecto de vehículos de transporte público de pasajeros, sobre parte de ellos o sobre los bienes a cargo o disposición de su conductor o pasajeros.


Al responsable de Robo Calificado se le aplicará hasta en una mitad más de los mínimos y máximos previstos para el tipo penal de Robo.
Si concurren dos o más calificativas, la punibilidad se aumenta hasta las dos terceras partes de los mínimos y máximos previstos para el tipo penal de Robo.
Artículo 46.- El Abuso de Confianza consiste en:
I. Disponer para sí o para otro, con perjuicio de alguien, de una cantidad de dinero, de un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos, o de cualquier otra cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio;
II. El disponer o substraer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, y no la ponga a disposición de un nuevo depositario, cuando sea legalmente requerido para ello, y esto provoque menoscabo patrimonial a la parte actora en el litigio correspondiente, o a un tercero;
III. El no hacer entrega de la cosa embargada el depositario judicial o el designado por o ante la autoridad judicial, administrativa o del trabajo, que no sea el dueño de la misma, al ser requerido legalmente; o
IV. El disponer para sí o para otro de una o más cabezas de ganado, cualquiera que sea su especie, con perjuicio de alguien, de las cuales se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, o bien se las hayan entregado para su custodia.
Al responsable de Abuso de Confianza se le aplicarán de:
I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial no exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado, pero no de trescientas; o
III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado.
La valoración que se haga de la afectación patrimonial tomará en consideración el salario mínimo general vigente en el Estado en el momento en que se concreticen los hechos descritos en el presente artículo.
Artículo 47.- El Fraude consiste en:
I. El obtener ilícitamente una cosa o alcanzar un lucro indebido, para sí o para otro, engañando a la víctima o aprovechándose del error o la ignorancia en que se encuentre;
II. El enajenar por título oneroso alguna cosa, con conocimiento de que no se tiene derecho a disponer legalmente de ella, si se recibió el precio, el alquiler, la cantidad en que la grave, parte de ellos o una ganancia equivalente;
III. El obtener de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, al otorgarle o endosarle a nombre propio o de otro, un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta o que el otorgante o endosante sabe que no ha de pagarse;
IV. El admitir un servicio u obtener alguna cosa en cualquier establecimiento comercial de bienes o de servicios y no pagar el importe que corresponda;
V. El no hacer la entrega de una cosa mueble, objeto de una compraventa, el que la hubiese vendido, no obstante haber recibido su precio o parte de él, o no devolver su precio cuando el comprador se lo exija, o no entregar la cosa en la cantidad o calidad convenidas;
VI. El emplear el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera, en la construcción de la misma, materiales en calidad o cantidad inferior a la convenida o prometida, o mano de obra de inferior calidad a la estipulada u ofrecida, si han recibido el precio o parte de él;
VII. El provocar deliberadamente cualquier acontecimiento que pudiere considerarse como fortuito o de fuerza mayor, para liberarse de obligaciones o cobrar fianzas o seguros a favor del inculpado;
VIII. El obtener dinero, valores, dádivas u obsequios el servidor público del Estado, de un organismo público descentralizado, de una empresa de participación estatal o de cualquier agrupación sindical, al prometer a la víctima un trabajo, un ascenso, un aumento de salario u otras prestaciones en tales organismos, sin cumplir con ello;
IX. El alterar cuentas o condiciones de los contratos; hacer operaciones o gastos inexistentes o exagerar los reales; ocultar o retener valores o emplearlos indebidamente, el que por cualquier razón tuviere a su cargo la administración o cuidado de bienes ajenos, perjudicando al titular de éstos;
X. El obtener un beneficio indebido mediante la simulación de un acto jurídico, de un acto o escrito judiciales, o mediante la alteración de elementos de prueba, en perjuicio de otro, y que estén claramente demostrados tales hechos en el procedimiento relativo ante la autoridad judicial; o
XI. Obtener un lucro indebido o una prestación que no le corresponda a un particular, por utilizar una credencial, identificación o nombramiento que no le pertenezca y que lo acredite como servidor público;
XII. Causar un perjuicio público o privado por sí o por interpósita persona, al fraccionar, enajenar o comprometerse a enajenar, la propiedad, la posesión o cualquier derecho sobre un lote de terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos en tal permiso señalados;
Al responsable de Fraude se le aplicarán de:
I. 6 Meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial no exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
II. 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado, pero no de trescientas; o
III. 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado.
La valoración que se haga de la afectación patrimonial tomará en consideración el salario mínimo general vigente en el Estado en el momento en que se concreticen los hechos descritos en el presente artículo.
(REFORMADO, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

Artículo 48.- La Usura consiste en:


I. Obtener para sí o para otro, al celebrar un acto jurídico de carácter económico independientemente de su naturaleza, un interés convencional evidente o encubierto, que exceda en más de diez por ciento a la tasa de interés más alta para instrumentos bancarios de tipo crediticio que estén vigentes en el mes inmediato anterior al día en que se pacte la obligación; o bien
II. Obtener del deudor o sus garantes, al celebrar un acto jurídico accesorio derivado del negocio principal, un interés evidente o encubierto, que por sí o sumando al principal resulte superior en más de diez por ciento a la tasa de interés más alta para instrumentos bancarios de tipo crediticio que estén vigentes en el mes inmediato anterior al día en que se pacte la obligación.
AL responsable del delito de usura se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 25 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 49.- La Extorsión consiste en la obtención de un lucro para sí o para otro, causando un perjuicio patrimonial a la víctima, al obligarlo, sin derecho, mediante uso de la fuerza física o moral, a hacer, tolerar o dejar de hacer algo.
Al responsable de Extorsión se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 25 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 50.- El Despojo Rural consiste en:
I. Ocupar de propia autoridad, por medio de la violencia física, furtivamente, de la amenaza o del engaño, un inmueble ajeno o hacer uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca, con perjuicio patrimonial de alguien; o impedir materialmente el disfrute de tal bien inmueble o derecho real, con perjuicio patrimonial de alguien;
II. Ocupar un inmueble propio que se halle en poder de otra persona por alguna causa legítima, o ejercer actos de dominio que lesionen los derechos patrimoniales del legítimo ocupante;
III. Alterar términos o linderos de predios, o cualquier clase de señales o mojoneras, destinadas a fijar los límites de predios contiguos, tanto de dominio privado como de dominio público;
IV. Desviar o hacer uso de las aguas propias o ajenas, en los casos en que la ley no lo permita, o hacer uso de un derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, con perjuicio patrimonial de alguien.
Al responsable de Despojo Rural se le aplicarán de 2 a 6 años de prisión y de 10 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 51.- El Despojo Urbano consiste en:
I. Ocupar de propia autoridad, por medio de la violencia física, furtivamente, de la amenaza o del engaño, un inmueble ajeno destinado a vivienda, comercio o industria, o hacer uso de él, con perjuicio patrimonial de alguien; o impedir materialmente el disfrute de tal bien inmueble por su legítimo propietario, provocándole evidente perjuicio patrimonial; o
II. Ocupar de propia autoridad, por medio de la violencia física, furtivamente, de la amenaza o del engaño, instalaciones de una institución pública o privada destinada a prestar servicios públicos y se impida su prestación.
Al responsable de Despojo Urbano se le aplicarán:
I. De 1 a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo despojado no exceda de tres mil setecientas cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
II. De 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo despojado exceda de tres mil setecientas cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Estado, pero no de ocho mil; o
III. De 4 a 6 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo despojado exceda de ocho mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado.
Artículo 52.- El Daño en las Cosas Doloso consiste en la destrucción o deterioro de cosa ajena o propia, en perjuicio de otro, por utilización de cualquier medio.
Al responsable de Daño en las Cosas Doloso se le aplicarán:
I. De 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo dañado no exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
II. De 2 a 4 años de prisión y de 100 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo dañado exceda de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado, pero no de trescientas; o
III. De 4 a 10 años de prisión y de 150 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando el valor de lo dañado exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado.
La valoración que se haga de lo dañado tomar (sic) en consideración el salario mínimo general vigente en el Estado en el momento en que se concretice el hecho descrito en el presente Artículo.
Artículo 53.- La punibilidad establecida en el artículo anterior se aumentará hasta una mitad más respecto de los mínimos y máximos señalados:
I. Si el daño se causa en bienes con valor científico, artístico o destinados al servicio público;
II. Si se utiliza para la destrucción o deterioro de los bienes inundación, incendio o explosión; o
III. Si el daño se causa en forma total o parcial respecto de programas, archivos, bases de datos o cualquier otro elemento intangible contenido en sistemas o redes de computadoras, soportes lógicos o cualquier medio magnético.

CAPITULO SEXTO


Tipos Penales Protectores de la Estética Urbana
Artículo 54.- Los Atentados a la Estética Urbana consisten en la afectación, no sólo material, sino visual, de bienes inmuebles o muebles, públicos o privados, provocada por pintas, escrituras, dibujos, signos, tallones y/o gráficos de cualquier tipo, que modifiquen o alteren ostensiblemente su estructura o presentación originales.
Al responsable de Atentados a la Estética Urbana se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 50 a 75 días multa, y al pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. En este caso, la reparación consistirá en dejar en las mismas condiciones en que se encontraba el objeto material objeto del hecho, así como otro que haya sido objeto de atentado, en lo que se refiere a las mismas dimensiones o superficies.
Tratándose de propaganda o promoción de partidos o grupos políticos, se estará a lo dispuesto por la Legislación Electoral del Estado.

CAPITULO SEPTIMO


Tipos Penales Protectores del Desarrollo Urbano
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 55.- Los Atentados al Desarrollo Urbano Ordenado consisten en:


I. Fraccionar o dividir en lotes un predio rústico o urbano, propio o ajeno, sin contar con el permiso de la autoridad administrativa correspondiente, estatal o municipal, o sin atender los lineamientos o especificaciones del permiso que se haya obtenido, con el objeto de transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho relacionado con los lotes objeto de división;
II. Comercializar lotes, rústicos o urbanos, que hayan sido fraccionados o divididos sin contar con el permiso de la autoridad administrativa correspondiente, estatal o municipal, o sin haber atendido los lineamientos o especificaciones del permiso que se haya obtenido;
III. Facilitar la ocupación de lotes, rústicos o urbanos, sin haberse regularizado o realizado los trámites necesarios para la debida prestación de los servicios públicos, a cargo de las autoridades administrativas o municipales correspondientes; y
IV. Expedir el servidor público licencia o permiso de uso de suelo, u ordenar la prestación de servicios públicos en lotes de terreno, rústicos o urbanos, previamente fraccionados o divididos, sin haberse cubierto los requisitos que la ley de la materia exige, o los expida sin tener la facultad legal para ello.
Al responsable de Atentados al Desarrollo Urbano Ordenado se le aplicarán de 5 a 15 años de prisión y de 300 a 500 días multa, y al pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO OCTAVO


Tipos Penales Protectores del Ejercicio Profesional
Artículo 56.- La Responsabilidad Técnica y Profesional consiste en el incumplimiento de las obligaciones sobre la materia correspondiente, a cargo de profesionistas o técnicos y sus auxiliares, cuando provoquen daño o afectación en otra persona.
Al responsable de la comisión de la presente figura típica se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión, de 10 a 50 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión del ejercicio profesional correspondiente de 6 meses a 1 año.
Artículo 57.- La Responsabilidad Profesional Médica consiste en:
I. Otorgar responsiva para hacerse cargo de la atención de algún lesionado o persona afectada de su salud, y abandonarlo en su tratamiento sin causa justificada, o no cumplir con las obligaciones que al respecto se establecen en la presente legislación, respecto de las víctimas de hechos punibles;
II. No recabar la autorización del paciente o de la persona que deba otorgarla, salvo en los casos de urgencia debidamente comprobada, cuando se trate de practicar alguna operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo, cause pérdida de un miembro o ataque la integridad de una función vital;
III. Practicar una intervención quirúrgica innecesaria;
IV. Ejercer la profesión, y sin motivo justificado, negarse a prestar asistencia a un enfermo en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro la vida o la salud de dicho enfermo, cuando éste por las circunstancias del caso, no pudiera recurrir a otro médico o a un servicio de salud, o abandonar sin causa justificada a la persona de cuya asistencia esté encargado;
V. Certificar falsamente que una persona tiene una enfermedad u otro impedimento bastante para dispensarla de cumplir una obligación que la ley impone o para adquirir algún derecho;
VI. Suministrar un medicamento evidentemente inapropiado con perjuicio de la salud del paciente;
VII. Expedir recetas para la adquisición de sustancias psicotrópicas cuyo empleo no sea para fines curativos.
Al responsable de la comisión de la presente figura típica se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, de 50 a 200 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión, privación o inhabilitación para el ejercicio profesional de 6 meses a 3 años.
Artículo 58.- La Responsabilidad Médica Asistencial se cometerá por directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando prestado un servicio médico:
I. Impidan la salida del paciente o retengan sin necesidad a un recién nacido, cuando aquél o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole; o
II. Retarden o nieguen por cualquier motivo la entrega de un cadáver a sus deudos, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente para el efecto.
Asimismo, se considerará como Responsabilidad Médica Asistencial, el surtir una receta los encargados, empleados o dependientes de una farmacia, sustituyendo la medicina específicamente señalada por otra que cause daño a la salud del paciente, o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió.
Al responsable de la comisión de la presente figura típica se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión, de 20 a 50 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión de 3 meses a 1 año.
Artículo 59.- La Responsabilidad Profesional de Abogados, Defensores o Litigantes, consiste en:
I. Abandonar una defensa o negocio, sin motivo justificado;
II. Asistir o ayudar a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en el mismo negocio o en negocios conexos, o aceptar el patrocinio de algunos y admitan después el de la parte contraria en un mismo negocio;
III. Procurar la dilación del juicio o procedimiento en el que tengan representación legal, mediante la utilización de recursos, incidentes o medios notoriamente improcedentes o ilegales;
IV. Procurar deliberadamente resoluciones desfavorables en un juicio o procedimiento;
V. Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede demostrarse o no ha de aprovechar a su parte;
VI. Concretarse solamente a aceptar el cargo de defensor, de oficio o particular, y a solicitar la libertad caucional, sin promover más pruebas habiéndolas, ni dirigir al inculpado en su defensa; o
VII. Patrocinar o defender directa o indirectamente, los negocios en los que, no siendo parte interesada los litigantes sin Título, persigan éstos obtener un lucro cualquiera, así como cuando autoricen con su firma, en las condiciones indicadas, promociones en negocios judiciales.
Al responsable de la comisión de la presente figura típica se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, de 25 a 100 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y suspensión de 6 meses a 3 años para ejercer la profesión.

CAPITULO NOVENO


Tipos Penales Protectores de la Fe Pública
Artículo 60.- La Falsificación y Uso Indebido de Sellos, Marcas, Llaves, Contraseñas y Otros Objetos consiste en la suplantación, alteración, enajenación, destrucción u ocultamiento de cualquier clase de sellos, marcas, llaves, boletos, contraseñas, troqueles o cuños oficiales o particulares o uso no autorizado de los mismos, con el fin manifiesto de obtener un beneficio indebido o para causar un daño.
Al responsable de Falsificación y Uso Indebido de Sellos, Marcas, Llaves, Contraseñas y Otros Objetos se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 61.- La Falsificación de Documentos consiste en:


I. Alterar un documento público o privado, o imitar los originales, obteniendo un beneficio o provocando un daño; o
II. Ejercer el fedatario público sus funciones cuando deba abstenerse en términos de la Ley del Notariado del Estado, o dar fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos, y que el documento expedido sea utilizado para obtener un beneficio o provocar un daño.
Al responsable de Falsificación de Documentos se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y multa de 25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Respecto de los fedatarios, se informará de la responsabilidad que haya tenido a las autoridades administrativas competentes de su vigilancia y control, para los efectos legales correspondientes.
Artículo 62.- El Uso de Documentos Falsos consiste en utilizar en su provecho, el inculpado, con conocimiento de esa circunstancia:
I. Un documento original alterado;
II. Un documento imitación del original; o
III. Un documento original expedido a favor de otro, como si hubiera sido expedido a su nombre.
Al responsable de Uso de Documentos Falsos se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 25 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 63.- La Usurpación de Profesiones consiste en el ejercicio que se haga por el inculpado de los actos propios de una profesión, sin tener Título o autorización legal y se ostente como profesional de la materia.
Al responsable de Usurpación de Profesiones se le aplicarán de 6 meses a 5 años de prisión y de 20 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO DECIMO


Tipos Penales Protectores de la Administración Pública
Artículo 64.- El Ejercicio Indebido del Propio Derecho consiste en el empleo de la violencia, física o moral, para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que puede ejercitarse por vía legal.
Al responsable de Ejercicio Indebido del Propio Derecho se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión y de 15 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 65.- La Falsedad ante la Autoridad o Fedatario Público consiste en:


I. Ocultar la verdad por parte del que tiene la obligación legal de manifestarla, en un acto ante la autoridad o fedatario público, o el de proporcionarles información que no concuerde con la realidad, conociendo el inculpado tal situación;
II. Imputar a una persona, ante la autoridad ministerial, un hecho determinado por esta Ley como punible, si este hecho es falso o la persona imputada no tiene el carácter de autor, partícipe o cómplice en la realización del mismo; o
III. Hacer aparecer a un no autor, partícipe o cómplice, como inculpado de un hecho punible, colocando sobre tal persona, en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin, un elemento que pueda dar indicios de autoría, participación o complicidad en el hecho punible referido.
Al responsable de Falsedad ante la Autoridad o Fedatario Público se le aplicarán de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el inculpado se retracta oportunamente de sus falsas declaraciones antes de que se pronuncie sentencia, solo se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 10 a 50 días multa.
No podrá ser responsable de Falsedad ante la Autoridad quien tenga el carácter de indiciado, procesado o inculpado en un procedimiento penal.
Artículo 66.- La Desobediencia de Particulares consiste en:
I. Rehusar, sin justa causa, prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue;
II. Desobedecer un mandato legítimo de la autoridad;
III. No comparecer ante autoridad cuando legalmente se lo exija, para declarar o rendir los informes que le pidan, previo agotamiento de los medios de apremio existentes para cada caso.
Al responsable de Desobediencia de Particulares se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 20 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 67.- La Resistencia de Particulares consiste en:
I. La oposición a que la autoridad o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones empleando la violencia física o moral;
II. Evitar por todos los medios posibles, el cumplimiento de un mandato de autoridad que cumpla con todos los requisitos legales;
III. Coaccionar a la autoridad pública, por medio de violencia física o moral, para obligarla a que ejecute u omita un acto oficial sin los requisitos legales, o que no esté dentro de sus atribuciones;
IV. La negativa a otorgar la protesta legal o a declarar por quien deba ser examinado en juicio y sin que le aprovechen las excepciones que establezcan las leyes de la materia; o
V. Impedir, mediante actos materiales, la ejecución de una obra o trabajo públicos, mandados hacer con los requisitos legales por la autoridad competente, o con su autorización.
Al responsable de Resistencia de Particulares se aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 70 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
En el caso de la fracción V del presente artículo, si se hiciere uso de la violencia, la punibilidad aumentará hasta en una mitad más de la señalada, respecto de los mínimos y máximos.
Artículo 68.- El Quebrantamiento de Sellos consiste en la reanudación de obras o actividades previamente clausuradas mediante la aplicación de sellos, sin que exista autorización de la autoridad que haya colocado tales sellos.
Al responsable de Quebrantamiento de Sellos se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 69.- El Ejercicio Indebido de Servicio Público consiste en:
I. Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión para el que no hubiese sido nombrado, hubiese sido cesado o no se le haya dado posesión;
II. Otorgar cualquier identificación que acredite a un particular como servidor público, cuando realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que haga referencia tal identificación;
III. Abandonar sin justa causa su empleo, cargo o comisión;
IV. Sustraer, destruir, ocultar, utilizar o inutilizar ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;
V. Otorgar empleo, cargo o comisión pública o contrato de prestación de servicios profesionales, que sean remunerados, sabiendo que no se prestará el servicio para el que se les nombra, o no se cumplirán los términos del contrato celebrado;
VI. Autorizar o contratar a quien se encuentre inhabilitado por resolución judicial para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y con conocimiento de tal situación;
VII. Otorgar indebidamente, por sí o por interpósita persona:
a) Concesiones de prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o del Municipio;
b) Permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
c) Franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, sobre ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública estatal o municipal; o
d) Contratos de obras públicas, deudas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos;
VIII. Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponde sin tener impedimento legal para ello;
IX. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la Ley les prohiba;
X. Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohiba el ejercicio de su profesión;
XI. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen;
XII. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello;
XIII. Dictar maliciosamente una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio, u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley;
XIV. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida;
XV. Retardar o entorpecer maliciosamente las actividades de administración pública que le corresponda realizar;
XVI. Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda con arreglo a la ley de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito;
XVII. Ordenar la aprehensión de un individuo cuando no se comprueben plenamente el cuerpo del delito que se le imputa y su probable responsabilidad;
XVIII. No otorgar, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede legalmente, sin fundar y motivar adecuadamente su negativa;
XIX. Obligar a un inculpado a declarar en su contra, usando la incomunicación o cualquier otro medio ilícito;
XX. Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el procedimiento;
XXI. Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención e internamiento;
XXII. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un detenido;
XXIII. No dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido, dentro de las setenta y dos horas siguientes a las que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial;
XXIV. Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley;
XXV. Ejercitar acción penal contra un servidor público con fuero, sin habérsele retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley;
XXVI. Realizar la aprehensión sin poner inmediatamente al detenido a disposición del juez;
XXVII. A los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento que cobren cualquier cantidad a los internos o a sus familiares a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen;
XXVIII. Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los bienes objeto de un remate en cuyo oficio hubieran intervenido;
XXIX. Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes;
XXX. Hacer conocer al demandado, indebidamente, la providencia de embargo decretada en su contra;
XXXI. Permitir, fuera de los casos previstos por la Ley, la salida temporal de las personas que están recluidas o favorecer la evasión de algún detenido, procesado o condenado; o
XXXII. Ostentarse como servidor público quien no lo sea a fin de lograr un lucro indebido o una prestación que no le corresponda.
Al responsable de Ejercicio Indebido de Servicio Público, se le aplicarán de 2 a 6 años de prisión, de 50 a 100 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y la destitución e inhabilitación de 1 a 4 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 70.- El Abuso de Autoridad consiste en:
I. Impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, mediante el uso de la fuerza pública;
II. Hacer violencia sobre una persona sin causa legítima, vejarla o insultarla en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
III. Retardar indebidamente o negar a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impedir la presentación o el curso de una solicitud;
IV. Negarse injustificadamente y bajo cualquier pretexto, el encargado de administrar justicia, a despachar un negocio pendiente dentro de los términos establecidos por la Ley;
V. Negarse indebidamente el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente, a proporcionar el auxilio solicitado;
VI. Recibir, sin los requisitos constitucionales y legales, el encargado de cualquier establecimiento, destinado a la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos, a una persona privada de su libertad y mantenerla en ese lugar, sin informar de ello a la autoridad correspondiente; negar que esté privada de su libertad, si lo estuviere, o no cumplir la orden de libertad girada por la autoridad competente;
VII. No denunciar de manera inmediata a la autoridad competente de una privación ilegal de libertad o no la haga cesar, si esto último estuviere dentro de sus atribuciones; o
VIII. Obtener de un subalterno, parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio con cualquier pretexto.
Al responsable de Abuso de Autoridad se le aplicarán de 1 a 6 años de prisión, de 20 a 100 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación de 1 a 6 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 71.- La Coalición de Servidores Públicos consiste en la reunión de servidores públicos para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas.
A los responsables de Coalición de Servidores Públicos se les aplicarán de 2 a 4 años de prisión, de 10 a 50 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación de 2 a 4 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
No se configura el tipo de Coalición de Servidores Públicos cuando los trabajadores al servicio del Estado se unifiquen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso legítimo del derecho de huelga.
Artículo 72.- La Concusión consiste en la exigencia que haga el servidor público, por sí o por medio de otro, y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, de dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.
Al responsable de Concusión se le aplicarán de 1 a 4 años de prisión de 30 a 180 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por 2 años.
Artículo 73.- El Cohecho consiste en:
I. La solicitud u obtención indebida de dinero o cualquier otra dádiva, que el servidor público, por sí o por interpósita persona, realice para sí o para otra, para hacer algo debido o indebido relacionado con sus funciones; o
II. El ofrecimiento o entrega de dinero o cualquier otra dádiva que de manera espontánea haga el particular a favor de los servidores públicos, para que hagan u omitan un acto debido o indebido relacionado con sus funciones.
Al responsable de Cohecho se le aplicarán de 6 meses a 5 años de prisión, de 25 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 74.- El Peculado consiste en:
I. La distracción que haga el servidor público, para usos propios o ajenos, de dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado o a un Municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa;
II. La utilización por el servidor público de fondos públicos con el objeto de promover la imagen política y social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;
III. La distracción que de su objeto haga cualquier persona que, sin tener el carácter de servidor público estatal o municipal, está obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les haya destinado.
Al responsable de Peculado se le aplicarán de 1 a 8 años de prisión, de 25 a 300 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro.
Artículo 75.- El Tráfico de Influencias consiste en la promoción o gestión del servidor público del Estado, por sí o por interpósita persona, de trámites de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión.
Al responsable de Tráfico de Influencias se le aplicarán de 2 a 6 años de prisión, de 100 a 500 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación de 2 a 5 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.
Artículo 76.- El Encubrimiento consiste en:
I. Adquirir, recibir u ocultar el producto de un hecho punible, con ánimo de lucro, después de realizado tal hecho, conociendo el inculpado tal circunstancia y sin haber participado en su realización;
Si el inculpado recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto y no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la punibilidad aplicable se disminuirá hasta en una mitad respecto de los mínimos y máximos señalados.
Para el efecto del párrafo anterior los adquirentes de vehículos de motor deberán tramitar la transferencia o regularización correspondiente, cerciorándose de su legítima procedencia.
II. Prestar auxilio o cooperación de cualquier especie a los autores o partícipes de cualquier hecho punible, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución de tal hecho;
III. Ocultar a los autores o partícipes de cualquier hecho punible, o los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se investigue tal hecho por las autoridades competentes; y
IV. No dar auxilio para la investigación de hechos punibles o para llevar a cabo la persecución de los autores o partícipes en aquéllos, cuando para ello sea requerido por las autoridades competentes.
Al Responsable de Encubrimiento se le aplicarán de 3 meses a 5 años de prisión y de 15 a 160 días multa y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
En relación con las fracciones II, III y IV del presente artículo, no se tendrán por tipificados los hechos descritos, si quienes llevan a cabo las conductas tienen el carácter de ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, se trate del cónyuge, concubina o concubinario, o parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado, respecto de los autores o partícipes del diverso hecho punible.

CAPITULO DECIMO PRIMERO


Tipos Penales Protectores de la Seguridad Pública
Artículo 77.- La Evasión de Presos consiste en favorecer o poner en libertad a una o varias personas que se encuentren legalmente privadas de aquélla.
Al responsable de Evasión de Presos se le aplicarán de 6 meses a 7 años de prisión y de 25 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el inculpado fuere el encargado de conducir o custodiar al evadido, se le aplicará la pena de Inhabilitación hasta por 5 años.
Si la reaprehensión del o de los prófugos se lograre por gestiones del responsable de la evasión, la punibilidad establecida se reducirá hasta en una mitad de los mínimos y máximos establecidos.
La punibilidad establecida en el presente Artículo no se aplicará si el inculpado tiene el carácter de ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano de la persona o personas evadidas, excepto en el caso de que hayan realizado la conducta por medio de la violencia en las personas.
Artículo 78.- A las personas privadas legítimamente de su libertad y que se evadan del establecimiento donde se encuentran internadas o cuando sean motivo de traslado a otro, no se les aplicará pena o medida de seguridad alguna, salvo que en el hecho utilizaren o ejercieren violencia sobre las personas.
En este caso, la punibilidad será de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La persona privada legítimamente de su libertad que se evada del establecimiento donde se encuentra internada, por estar cumpliendo una sanción privativa de la libertad, o en período de detención o prisión preventiva, no se le contará el tiempo que pase fuera del lugar en que deba hacerla efectiva.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO


Tipos Penales Protectores de la Confidencialidad
Artículo 79.- La Revelación de Secretos consiste en el aprovechamiento de archivos informáticos de uso personal o en la revelación de una comunicación reservada que se conozca o que se haya recibido por motivo de empleo, cargo o puesto, sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento de la víctima.
Al responsable de Revelación de Secretos se le aplicarán de 3 meses a 1 año de prisión y de 15 a 30 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el responsable de la Revelación de Secretos presta sus servicios profesionales o técnicos, o se trata de un servidor público, o el secreto revelado es de carácter industrial o científico, la punibilidad será de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 80.- La Violación de Correspondencia consiste en abrir o interceptar en forma dolosa, una comunicación escrita, electrónica, magnética, óptica o informática que no esté dirigida al inculpado.
Al responsable de Violación de Correspondencia se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión y de 5 a 20 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Esta punibilidad no se aplicará si el responsable ejerce la patria potestad, tutela o custodia, y la comunicación escrita se dirige a las personas bajo su tutela o guarda.

CAPITULO DECIMO TERCERO


Tipos Penales Protectores de la Seguridad y Normal Funcionamiento de las Vías de Comunicación y de los Medios de Transporte
Artículo 81.- Los Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte Dolosos consisten en:
I. La interrupción total o parcial que se haga de cualquier forma a los servicios de comunicación y de transporte locales;
II. La retención de cualquier vehículo destinado al servicio público de transporte de jurisdicción local, sin orden previa de autoridad;
III. La destrucción, inutilización, o cambio de sentido o de lugar de una señal establecida para la seguridad de las vías de comunicación o medios de transporte; o
IV. La violación por dos o más veces de la Ley de Vialidad en lo que se refiere a exceso de velocidad.
Para la adecuada aplicación de la presente figura típica, se entiende por vías de comunicación, las de tránsito destinadas habitualmente al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que fuere el medio de locomoción que se utilice en ellas.
Al responsable de Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte Dolosos se le aplicarán de 6 meses a 4 años de prisión y de 10 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si para la ejecución de los hechos descritos en este artículo se utilizan materias explosivas o incendiarias, la punibilidad será de 1 a 6 años de prisión y de 15 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO DECIMO CUARTO


Tipos Penales Protectores de la Dignidad de los Muertos
Artículo 82.- Se afecta la dignidad de las personas muertas o cadáveres, mediante:
I. Su destrucción, mutilación, incineramiento, ocultamiento, inhumación o exhumación, sin la debida autorización de las autoridades sanitarias correspondientes;
II. Usarlos para cualquier fin, sin la autorización de las autoridades competentes;
III. Sustraer o esparcir sus cenizas, cometer actos de vilipendio sobre los mismos o violar el lugar donde éstos se encuentren; o
IV. Profanarlos con actos de necrofilia.
Al responsable de las conductas descritas en este artículo, se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión y de 15 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO DECIMO QUINTO


Tipos Penales Protectores de la Seguridad Interior del Estado
Artículo 83.- La Rebelión consiste en el levantamiento de armas por un grupo de personas en contra del Gobierno del Estado, para:
I. Abolir o reformar la Constitución Política de éste, o las instituciones que de ella emanen;
II. Impedir la integración de éstas o su libre ejercicio y funcionamiento; o
III. Separar de sus cargos al Gobernador, diputados al Congreso Estatal, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia, Presidentes Municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos.
A los responsables de Rebelión se les aplicarán de 1 a 8 años de prisión, de 30 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y privación de derechos políticos hasta por 5 años.
Si el inculpado ostenta el carácter de servidor público o empleado del Gobierno del Estado, ser además destituido del cargo o empleo, y se le inhabilitará para obtener otro de las mismas características por el término de 10 años.
Artículo 84.- Se equipara a la Rebelión:
I. El impedir que las fuerzas del Gobierno del Estado reciban el auxilio necesario para ejercer sus funciones de defensa;
II. El revelar o entregar el servidor público, a los inculpados de la rebelión, información estratégica, que por razón de su empleo o cargo, pueda tener acceso a ella;
III. El mantener relaciones con los inculpados de la Rebelión, para proporcionales noticias concernientes a operaciones militares u otras que pudieran ser útiles, una vez realizado el levantamiento; o
IV. El tener voluntariamente un empleo, cargo subalterno o comisión en el lugar ocupado por los inculpados de la rebelión.
A los responsables de Rebelión Equiparada se les aplicarán de 1 a 8 años de prisión, de 15 a 50 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y privación de derechos políticos hasta por cinco años.
Artículo 85.- La Sedición consiste en:
I. La resistencia o ataque a la autoridad, para impedirle el libre ejercicio de sus funciones, por personas físicas reunidas tumultuariamente y sin armas; o
II. La invitación formal y directa que se haga de cualquier forma, para desobedecer las leyes legalmente promulgadas.
A los responsables de Sedición se les aplicarán de 2 a 5 años de prisión y de 15 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 86.- El Motín consiste en la reunión en forma tumultuaria que cause grave desorden público, con el objeto de buscar el reconocimiento o concesión de algún derecho.
A los responsables de Motín se les aplicarán de 2 a 5 años de prisión y de 20 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO DECIMO SEXTO


Tipos Penales Protectores del Sistema Electoral
(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 87.- Los Atentados al Sistema de Elección Popular consisten en:


I. Votar o intentar votar estando impedido para ello en términos de la legislación electoral vigente;
II. Votar más de una vez, en un mismo proceso electoral, y respecto del mismo cargo motivo de elección;
III. Votar o intentar votar, con una credencial de elector no expedida a su nombre, o credencial para votar con fotografía falsa;
IV. Obstaculizar o interferir en el desarrollo legal del proceso electoral;
V. Votar o intentar votar, portando armas;
VI. Omitir el desempeñar, sin causa justificada, las funciones electorales que se le encomienden, y de las cuales haya sido notificado personalmente, por las autoridades competentes;
VII. Negarse los fedatarios públicos a dar fe de los actos o hechos respecto de los cuales legalmente se solicite su intervención, en términos de la legislación electoral vigente;
VIII. Hacer proselitismo o propaganda política dentro de los tres días anteriores al de la elección o el día de la votación a favor de algún partido político, coalición o candidato;
IX. Inducir al electorado a abstenerse de votar, durante el desarrollo del proceso electoral correspondiente;
X. Falsificar, alterar, apoderarse sin derecho o destruir documentos públicos destinados al desarrollo de procesos electorales;
XI. Violar en cualquier forma el secreto del voto;
XII. Recoger o solicitar la entrega, sin causa prevista por la ley, credencial para votar con fotografía en poder de los ciudadanos;
XIII. Inducir al electorado a abstenerse de votar; o hacerlo a favor de cualquier partido político, coalición o candidato, cuando se tenga el carácter de Ministro de cualquier culto religioso;
XIV. Inmiscuirse en asuntos de orden político, siendo extranjero;
XV. Realizar el servidor público propaganda o promoción a favor de partido político, coalición o candidato, utilizando tiempo de sus labores asignadas o los recursos del erario público; o
XVI. Teniendo el carácter de funcionario electoral:
a) Abstenerse de cumplir con sus obligaciones, sin causa justificada, y en perjuicio del proceso electoral;
b) Obstaculizar o impedir el desarrollo legal del proceso electoral;
c) Ejercer presión sobre los electores para inducirlos a votar por un partido, coalición o candidato, en el interior de la casilla o en el lugar donde los electores se encuentren en espera de emitir su voto;
d) Instalar, abrir o cerrar dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstas por la legislación electoral vigente, o que aquella sea instalada en lugar distinto al legalmente señalado, o impida la instalación en el lugar que le corresponda;
e) Expulsar de la casilla electoral, sin causa justificada, al o los representantes de algún partido político o les impida el ejercicio de los derechos que la legislación electoral vigente les concede;
f) No tomar las medidas legales adecuadas para evitar la existencia de condiciones o actividades que atenten contra la libertad y el secreto del voto;
g) Dar a conocer dolosamente a cualquier medio masivo de comunicación o persona información falsa, antes durante o después del desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados; o
h) Permitir o tolerar que un ciudadano emita su voto sin que éste cumpla con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas una o más boletas electorales, en forma ilícita.
A los responsables de los hechos descritos en las fracciones I a XV del presente artículo, se les aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión, así como suspensión de sus derechos políticos por el término de 4 a 7 años. A los responsables de los hechos descritos en los diversos incisos de la fracción XVI del presente artículo, se les aplicará de 2 a 6 años de prisión, así como suspensión de sus derechos políticos por el término de 6 a 9 años.
(REFORMADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

Artículo 88.- También serán considerados Atentados al Sistema de Elección Popular, las conductas que realicen los servidores públicos y que se describen enseguida:


I. No prestar con la debida oportunidad la ayuda o auxilio solicitados por las autoridades electorales, en términos de ley;
II. Obligar a los empleados del lugar donde desarrolla sus labores a emitir voto a favor de un partido político, coalición o candidato;
III. Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del voto a favor de un partido político, coalición o candidato;
IV. Destinar fondos, bienes, servicios, vehículos, inmuebles o equipos que tenga a su disposición o resguardo en virtud de su cargo, al apoyo de uno o varios partidos políticos, coaliciones o candidatos, o proporcione tal apoyo a través de sus subordinados; o
V. Impedir la realización de reuniones, asambleas o manifestaciones pacíficas o la realización de cualquier otro acto de proselitismo electoral.
Al responsable de los hechos descritos en el presente artículo, se le aplicarán de 2 a 5 años de prisión, así como suspensión de sus derechos políticos por el término de 4 a 7 años, sin perjuicio de aplicar las reglas del Concurso, por la comisión de algún otro hecho delictivo.

CAPITULO DECIMO SEPTIMO


Tipos Penales Protectores del Fisco Estatal
Artículo 89.- La Defraudación Fiscal consiste en:
I. Utilizar el engaño o el aprovechamiento del error para omitir total o parcialmente el pago de algún crédito fiscal;
II. Proporcionar datos falsos una persona física al realizar su inscripción en el registro de contribuyentes, en perjuicio del interés fiscal;
III. Grabar o manufacturar sin autorización de la Secretaría de Finanzas del Estado, matrices, punzones, dados, clichés o negativos, semejantes a los que la propia Secretaría usa para imprimir, grabar o troquelar comprobantes de pago de prestaciones fiscales y objetos que se utilicen oficialmente como medios de control fiscal;
IV. Imprimir, grabar o troquelar sin autorización de la Secretaría de Finanzas del Estado, placas, tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medios de control fiscal;
V. Alterar en sus características, las placas, tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medios de control fiscal;
VI. Usar, vender o poner en circulación, placas, tarjetones o comprobantes de pago de prestaciones fiscales u objetos que se utilicen oficialmente como medios de control fiscal;
VII. Consignar en las declaraciones que se presenten para fines fiscales, ingresos o utilidades menores que los realmente obtenidos, o deducciones falsas;
VIII. Proporcionar con falsedad a las autoridades fiscales que lo requieran, los datos que obren en su poder y que sean necesarios para determinar la producción, la base gravable o los impuestos que cause;
IX. Ocultar a las autoridades fiscales estatales, total o parcialmente, la producción sujeta a impuestos o el monto de las ventas;
X. No expedir los documentos con los requisitos establecidos por las disposiciones fiscales para acreditar el pago de un impuesto.
XI. Traficar con productos, sin llenar los requisitos de control a que obliguen las disposiciones fiscales a los fabricantes, porteadores, comerciantes o expendedores;
XII. No enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo del requerimiento que se le haga, de las cantidades que haya retenido o recaudado de los contribuyentes por concepto de créditos fiscales;
XIII. Llevar dos o más libros similares o sistemas informáticos con distintos asientos o datos para registrar sus operaciones contables, fiscales o sociales;
XIV. Destruir, ordenar o permitir la destrucción total o parcial de los libros de contabilidad o sistemas informáticos previstos en la fracción anterior;
XV. Utilizar pastas o encuadernaciones de los libros a que se refiere la fracción XIII, para sustituir o cambiar las páginas foliadas, o alterar los sistemas informáticos de contabilidad que correspondan;
XVI. Confeccionar o utilizar facturas, notas o comprobantes apócrifos;
XVII. Hacer mal uso de los incentivos fiscales o aplicarlos para usos distintos de los que fueron otorgados;
XVIII. Obtener beneficios sin tener derecho a ello, de un subsidio o estímulo fiscal.
Al responsable de Defraudación Fiscal se le aplicarán de 2 a 6 de prisión y de 25 a 150 días multa y al pago total de los daños y perjuicios ocasionados, si el monto de lo defraudado es inferior a 100 días de salario, y si se rebasa tal monto, la pena será de 4 a 12 años de prisión y de 50 a 250 días multa y al pago total de los daños y perjuicios ocasionados.
Cuando no se pueda determinar con exactitud la cuantía del crédito fiscal que se defraudó, se aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 10 a 100 días multa y al pago total de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO DECIMO OCTAVO


Tipos Penales Protectores del Equilibrio Ecológico
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 90.- Los Atentados al Equilibrio Ecológico Dolosos consisten en:


I. Fabricar, elaborar, transportar, distribuir, comerciar, almacenar, poseer, usar, rehusar (sic), reciclar, recolectar, tratar, desechar, descargar, disponer, comerciar o realizar actos con materiales o residuos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas del Estado, sin la autorización de la autoridad estatal competente o contraviniendo los términos en que aquella se haya concedido;
II. Despedir o descargar en la atmósfera, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas del Estado;
III. Descargar, depositar o infiltrar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas del Estado, sin la autorización de la autoridad estatal competente o contraviniendo los términos en que aquella se haya concedido;
IV. Generar emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica que ocasionen graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas del Estado, rebasando los límites fijados en las normas técnicas propuestas por la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección del Ambiente en el Estado.
V. Generar o causar por cualquier medio o forma, alteraciones, destrucción, daños o enfermedades graves a las áreas verdes, flora, fauna, salud pública o a los ecosistemas del Estado.
Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecológico Dolosos se le aplicarán de 1 a 10 años de prisión y de 20 a 200 días multa, reparación total de los daños y perjuicios causados y suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años.
Artículo 91.- Para los efectos del presente título, actúa dolosamente el que conociendo los elementos de la descripción típica o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho punible descrito. También actúa dolosamente el que, queriendo producir el resultado de lesión o de peligro, produce otro, por error en la persona o en el objeto, y se aplicará en este caso, la pena o medida de seguridad correspondiente al tipo comprobado, valorándose las circunstancias de configuración del hecho.

(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

CAPITULO DECIMO NOVENO
Tipos penales protectores de las personas
Artículo 91 A. (DEROGADO, P.O. 15 DE MARZO DE 2006)
Artículo 91 B. (DEROGADO, P.O. 15 DE MARZO DE 2006)
(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 91 C. La calumnia consiste en:


I. Imputar a otro un hecho determinado por la ley como delito, si este hecho es falso o es inocente la persona a quien se le imputa;
II. Presentar denuncias, quejas, acusaciones o querellas sin fundamento, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido; y
III. Hacer aparecer a un inocente como inculpado de un hecho delictuoso, poniendo sobre la persona del calumniado, en su caso en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad.
Al responsable de Calumnia se le aplicarán de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 200 días multa, y sólo será punible el hecho cuando la conducta realizada por el inculpado sea conocida por personas diferentes a las autoridades encargadas de la investigación y persecución de delitos.
Tampoco se aplicará pena o medida de seguridad alguna al inculpado si los hechos son ciertos aunque no constituyan delito, y él errónea o falsamente, les haya atribuido ese carácter.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

ARTICULO 91 D.- La Discriminación consiste en:


I. Provocar o incitar al odio o a la violencia, o negar o restringir derechos laborales por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud; y
II. Vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas tengan por resultado un daño material o moral;
Al responsable de Discriminación se le aplicará pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 50 días multa.
Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor público se le aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de la punibilidad descrita en el párrafo anterior.
No serán punibles las conductas descritas en este artículo, si se trata de medidas tendientes a la protección de grupos sociales desfavorecidos.
(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

ARTICULO 91 E.- La Explotación de Grupos Socialmente Desfavorecidos consiste en obtener un lucro o ganancias ilícitas mediante la exhibición o explotación de personas vulnerables por razón de su edad, condición social o discapacidad.


Al responsable de la explotación de grupos socialmente desfavorecidos se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 15 a 50 días multa.

TITULO SEGUNDO


DE LAS FIGURAS TIPICAS CULPOSAS

CAPITULO PRIMERO


Tipos Penales Protectores de la Vida y la Salud Personales
Artículo 92.- El Homicidio Culposo consiste en privar de la vida a un ser humano, por incumplimiento de un deber de cuidado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho.
Al responsable de Homicidio Culposo se le aplicarán de 3 a 7 años de prisión y de 25 a 175 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y privación de 1 a 3 años para ejercer profesión u oficio.
Si el Homicidio Culposo se comete por la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que produzcan en el inculpado efectos similares, se aplicarán al responsable de 5 a 15 años de prisión, de 50 a 180 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados e inhabilitación para obtener licencia para conducir de 2 a 5 años.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 93.- El Aborto Culposo consiste en provocar la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, por incumplimiento de un deber de cuidado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho.


Al responsable de Aborto Culposo se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el Aborto Culposo se comete por la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que produzcan en el autor efectos similares, se aplicarán al responsable de 3 a 12 años de prisión, de 40 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados e inhabilitación para obtener licencia para conducir de 2 a 5 años.
La punibilidad prevista en el presente artículo no se aplicará si el aborto se causa por conducta culposa de la mujer embarazada.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 94.- Las Lesiones Culposas consisten en la alteración de la salud o la provocación de cualquier otro daño en el cuerpo humano, por incumplimiento de un deber de cuidado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho.


Al responsable de Lesiones Culposas se le aplicarán:
I. De 3 a 6 meses de prisión, de 10 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos o más de 15 días; o
II. De 1 a 5 años de prisión, de 20 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y privación de 1 a 2 años para ejercer profesión u oficio, si ponen en peligro la vida, independientemente del tiempo que tarden en sanar; si no ponen en peligro la vida y dejan a la víctima cicatriz notable y permanente o le provocan la disminución de facultades o el normal funcionamiento de órganos o miembros, o le producen incapacidad temporal de hasta un año para trabajar; o le provocan la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro, órgano o facultad; o le causan una enfermedad incurable o deformidad incorregible, o incapacidad de más de un año para trabajar.
Si las Lesiones Culposas se cometen por la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que produzcan en el autor efectos similares, se aplicarán al responsable de 2 a 10 años de prisión, de 40 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados e inhabilitación para obtener licencia para conducir de 2 a 5 años.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE FEBRERO DE 2004)

Las lesiones culposas, previstas en las fracciones I y II del presente artículo, sólo se perseguirán por la denuncia que formule la víctima o su representante legal.

CAPITULO SEGUNDO


Tipos Penales Protectores del Patrimonio
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 95.- El Daño en las Cosas Culposo consiste en la destrucción o deterioro de cosa ajena o propia, en perjuicio de otro, por incumplimiento de un deber de cuidado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho.


Al responsable de Daño en las Cosas Culposo se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión, de 15 a 100 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Si el Daño en las Cosas Culposo se comete por la conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias tóxicas que produzcan en el autor efectos similares, se aplicarán al responsable de 2 a 5 años de prisión, de 40 a 150 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y suspensión o inhabilitación para obtener licencia para conducir de 2 a 5 años.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE FEBRERO DE 2004)

El daño en las cosas culposo, previsto en los párrafos primero y segundo del presente artículo, sólo se perseguirá por la denuncia que formule la víctima o su representante legal.

CAPITULO TERCERO


Tipos Penales Protectores de la Seguridad y el Normal Funcionamiento de las Vías de Comunicación y de los Medios de Transporte
Artículo 96.- Los Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte Culposos consisten en la interrupción total o parcial que se haga a los servicios de comunicación y de transporte locales o la destrucción o inutilización de una señal establecida para la seguridad de las vías de comunicación o medios de transporte, por incumplimiento de un deber de cuidado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho.
Para la adecuada aplicación de la presente figura típica, se entiende por vías de comunicación, las de tránsito destinadas habitualmente al uso público, sea quien fuere el propietario y cualquiera que fuere el medio de locomoción que se utilice en ellas.
Al responsable de Ataques a las Vías de Comunicación y a los Medios de Transporte Culposos se le aplicarán de 3 meses a 2 años de prisión y de 10 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

CAPITULO CUARTO


Tipos Penales Protectores del Equilibrio Ecológico
Artículo 97.- Los Atentados al Equilibrio Ecológico Culposos consisten en desechar, descargar, o realizar actos con materiales o residuos que ocasionen o puedan ocasionar daños; o despedir o descargar en la atmósfera, gases, humos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar daños; o descargar, depositar o infiltrar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas del Estado, rebasando los límites fijados en las normas técnicas propuestas por la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección del Ambiente en el Estado, por incumplimiento de un deber de cuidado que debía y podía haber observado el autor, según sus condiciones personales y las circunstancias de realización del hecho.
Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecológico Culposos, se le aplicarán de 6 meses a 4 años de prisión, de 10 a 100 días multa, reparación total de los daños y perjuicios causados y suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones de 6 meses a 2 años.

TITULO TERCERO


DEL CONTENIDO DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 98.- La Prisión consiste en la privación de la libertad personal del responsable, con la posibilidad de imposición de trabajo y estudio obligatorios, y se ejecutará en los establecimientos o lugares y con las modalidades que al efecto señale la presente legislación, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
En toda pena de prisión, se computará el tiempo de la prisión preventiva a favor del sentenciado.
Artículo 99.- La Multa consiste en el pago al Estado de una cantidad de dinero que se fijará por días-multa y que no podrán exceder de quinientos.
Artículo 100.- El día multa equivale a la percepción neta diaria del responsable del hecho delictivo al momento de cometerlo, tomando en cuenta todas sus percepciones, siendo el límite inferior el equivalente al salario mínimo vigente en el Estado.
Si el responsable se negare a cubrir el importe de la multa que se le imponga, se hará efectiva en términos de la presente legislación.
Artículo 101.- La Reparación de Daños y Perjuicios consiste en:
I. La restitución de la cosa obtenida por el hecho delictivo, o si no fuere posible, el pago del precio de la misma;
II. La indemnización por el daño material, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del hecho delictivo, sean necesarios para la recuperación de la víctima, así como de los perjuicios que se le causen o a quienes dependen económicamente de él u ofendidos;
III. La indemnización por el daño moral, entendiéndose por éste la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, y su monto será de uno a tres tantos del importe fijado para el pago de daño material, y cuando éste no se hubiese cuantificado o no pudiera cuantificarse, el tribunal fijará la indemnización correspondiente, de acuerdo con las circunstancias del caso, la cual será de uno a cinco tantos de la multa impuesta al sentenciado por el delito de que se trate; y
IV. Tratándose de las figuras típicas que puedan concretizar los servidores públicos, la reparación de daños y perjuicios abarcará la restitución de la cosa o de su valor, y, además, hasta dos tantos el valor de la cosa o de los bienes obtenidos por el hecho delictivo específico.
Artículo 102.- En los casos de las figuras típicas de homicidio y lesiones, dolosas o culposas, y a falta de pruebas específicas para cuantificar el daño material, los jueces tomarán como base dos tantos de la tabulación de indemnización que fija la Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la víctima y tomando como base la utilidad o salario que hubiese percibido, y si éste no percibía salario o utilidad, o no pudiere determinarse, el monto de la indemnización se fijará tomando como base el salario mínimo general que rija en el Estado en el momento de la producción del resultado lesivo.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 103.- Tienen derecho a la reparación de los daños y perjuicios, en el siguiente orden:


I. La víctima del hecho delictivo;
II. Los ofendidos, teniendo tal carácter las personas que acrediten plenamente la relación familiar o la dependencia económica que tengan o hayan tenido con la víctima; y
III. Las personas físicas o entidades privadas o públicas que acrediten haber realizado erogaciones a favor de víctima u ofendido, con motivo de los hechos punibles materia del procedimiento.
Artículo 104.- Son terceros obligados al pago de la reparación de los daños y perjuicios:
I. Los ascendientes, por los hechos delictivos o punibles de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad o custodia;
II. Los tutores y los custodios, por los hechos delictivos o punibles de los inimputables que se hallen bajo su responsabilidad;
III. Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de dieciséis años, por los hechos punibles que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquellos;
IV. Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los hechos delictivos o punibles que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de sus servicios;
V. Las sociedades o agrupaciones, por los hechos delictivos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes aplicables, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan.
Se exceptúa de esta regla la sociedad conyugal, pues en todo caso, cada cónyuge responde con sus bienes propios por la reparación de los daños y perjuicios que cause; y el Estado y los Municipios, por los hechos delictivos que cometan los servidores públicos con motivo o en el desempeño de sus funciones.
Los propietarios de vehículos serán solidariamente responsables con el responsable del hecho delictivo o punible, por los daños y perjuicios que causen con su utilización, si éstos se realizan bajo su dirección o dependencia.
En el caso de los supuestos establecidos en las fracciones I a III del presente artículo, se requerirá del pago de la reparación de los daños y perjuicios a los terceros obligados, cuando se declare el monto, su procedencia y nombre de los beneficiarios, en el procedimiento penal correspondiente, por la autoridad ejecutora, en los términos establecidos para el efecto en la presente legislación.
En el caso de los supuestos establecidos en las fracciones IV a V del presente artículo, se requerirá del pago de la reparación de los daños y perjuicios a los terceros obligados, cuando se declare el monto, su procedencia y nombre de los beneficiarios, en el procedimiento penal correspondiente, sea por la autoridad judicial o la ejecutora, en los términos establecidos para el efecto en la presente legislación, pero sólo en los casos en que se acredite que el directamente obligado no cuenta con los recursos suficientes para cubrir su pago.
Artículo 105.- La obligación de pagar la reparación de los daños y perjuicios es preferente con respecto a cualesquiera otras contratadas con posterioridad al hecho delictivo, a excepción de las referentes a alimentos y relaciones laborales.
Artículo 106.- El pago de la reparación de los daños y perjuicios tiene el carácter de pena pública y siempre se exigirá su pago por el Ministerio Público en todo procedimiento penal, y los tribunales y autoridades competentes, no podrán absolver al responsable del pago de dicha reparación, si se ha emitido una sentencia condenatoria o si se determina la aplicación de medida de seguridad.
Artículo 107.- Cuando sean varios los responsables en la comisión del hecho delictivo, el pago de la reparación de los daños y perjuicios, se hará en forma mancomunada y solidaria.
Artículo 108.- Los tribunales y autoridades competentes, teniendo en cuenta el monto establecido como pago de los daños y perjuicios ocasionados y la situación económica del responsable, podrán fijar plazos para cubrir su importe, los que en conjunto no excederán de un año, debiendo para ello exigir garantías suficientes. Si se establecen tales pagos diferidos, se fijarán los intereses legales correspondientes, tanto de carácter ordinario como moratorios.
Esta facultad también podrá observarse por la autoridad ejecutora, cuando el sentenciado se encuentre con la posibilidad de obtener determinados estímulos o beneficios respecto a la pena de prisión que se le haya impuesto.
Artículo 109.- Si el responsable se niega a pagar voluntariamente el monto de la reparación de los daños y perjuicios, se estará a lo dispuesto en la presente legislación.
Artículo 110.- La Suspensión consiste en la pérdida temporal, del responsable, de sus derechos, funciones, cargos, empleos, comisiones o profesiones que haya estado ejerciendo.
La Privación consiste en la pérdida definitiva, del responsable, de sus derechos, funciones, cargos, empleos, comisiones o profesiones que haya estado ejerciendo.
La Inhabilitación implica la incapacidad legal, temporal o definitiva, del responsable, a obtener o ejercer derechos, funciones, cargos, empleos, comisiones o profesiones.
La Suspensión es de dos clases:
I. La que resulta como consecuencia de la ejecución de la pena de prisión; y
II. La que por sentencia se establece como pena.
Respecto de lo ordenado en la Fracción I, la suspensión dejará de surtir sus efectos al momento en que la autoridad ejecutora dé por cumplida la pena de prisión, sea por compurgación total o por obtención de beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las autoridades que hayan tenido conocimiento de tal situación.
Artículo 111.- La Pena de Prisión produce la Suspensión de los derechos políticos, así como los de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario, interventor, síndico o representante de ausentes, y dejará de surtir sus efectos al momento en que la autoridad ejecutora dé por cumplida la referida pena de prisión, sea por compurgación total o por obtención de beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las autoridades que hayan tenido conocimiento de tal situación.
Artículo 112.- La autoridad jurisdiccional, a petición del Ministerio Público, y con relación a los hechos punibles motivo del procedimiento, podrá aplicar, además de las penas que legalmente correspondan para cada figura típica, las siguientes Medidas de Seguridad:
I. Publicación Especial de Sentencia;
II. Confinamiento, prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella;
III. Aseguramiento, decomiso, destrucción y pérdida de objetos, instrumentos y productos del delito;
IV. Caución; y
V. Vigilancia de Autoridad.
Artículo 113.- La Publicación Especial de Sentencia consiste en la inserción de los puntos resolutivos de la misma en el Periódico Oficial del Estado y en uno o más diarios que circulen en el Estado. Podrá ordenarla la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público o de la Defensa, en aquellos procedimientos que por su relevancia social, hayan sido objeto de análisis por la opinión pública, y será a costa del sentenciado.
Artículo 114.- El Confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. La autoridad jurisdiccional hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública y las necesidades del responsable y de las víctimas u ofendidos.
Artículo 115.- La autoridad jurisdiccional, tomando en cuenta las circunstancias del hecho delictivo y las propias del responsable, podrá disponer que éste no vaya a una circunscripción territorial determinada o que no resida en ella. Estas prohibiciones, como el confinamiento, se podrán fijar por un término de seis meses a tres años y se impondrán adicionalmente por la comisión de cualquier delito, e incluso en cualquier etapa del procedimiento, específicamente cuando el inculpado obtenga su libertad provisional bajo caución.
Artículo 116.- Las autoridades competentes que conozcan del procedimiento, procederán al inmediato aseguramiento de los bienes relacionados con el hecho punible en cualquier etapa del procedimiento penal, cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos utilizados, para el posterior efecto del decomiso si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán solamente cuando el hecho delictivo sea doloso. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título esté en alguno de los supuestos de la figura jurídica del encubrimiento, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero y de la relación de éste con el responsable del hecho delictivo básico, en su caso.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 117.- El destino de los instrumentos, objetos o productos del hecho delictivo se determinará por la autoridad jurisdiccional al pago de la reparación de los daños y perjuicios, y si éstos no pudieren establecerse, para beneficio de la administración de justicia, según su utilidad.


Si se tratare de substancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, la que, cuando lo estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación. Dicha autoridad podrá disponer aún antes de declararse su decomiso, estas medidas de precaución, incluyendo su destrucción, si fuere indispensable.
Respecto de los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales que no hayan sido asegurados o decomisados y que no sean recogidos por quien tenga derecho a ello en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la notificación que se haga al interesado se procederá de la siguiente forma:
a) Si los objetos o valores referidos no se pueden conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata, aplicándose a lo conducente las reglas que se establecen en el inciso c);
b) Cuando su naturaleza lo permita serán aprovechados en beneficio de la procuración o impartición de justicia y podrán ser entregados en depósito a los servidores públicos, mediante resolución fundada y motivada dictada por el Procurador General de Justicia o el tribunal competente según sea el caso. Dicho aprovechamiento no causará al Estado costo alguno;
c) Si los objetos no reúnen las características descritas en el inciso anterior, se enajenarán en subasta pública, conforme al procedimiento establecido para remates en el Código Fiscal del Estado, y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado no se presenta dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de la notificación, el producto de la venta se destinará al mejoramiento de la procuración o administración de justicia según sea el caso, previas las deducciones de los gastos ocasionados al respecto.
Artículo 118.- La Caución consiste en la garantía sobre la posesión de las cosas y para no ofender. Será establecida en la sentencia por la autoridad jurisdiccional, a petición del Ministerio Público, en aquellos casos en que sea necesaria, y se hará efectiva cuando el sentenciado altere los objetos de que tenga posesión, o realice actos de molestia a las personas que se ordene no incomodar. El monto se fijará en base al valor de las cosas que se entreguen en posesión o de las características de la persona objeto de protección.
Artículo 119.- Cuando en la sentencia se determine la suspensión condicional de la pena de prisión, se podrá ordenar, a petición del Ministerio Público, la Vigilancia de la Autoridad Ejecutora sobre el sentenciado, cuya duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión impuesta.
La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado, observación y orientación de su conducta, por personal especializado dependiente de la autoridad ejecutora, para coadyuvar a la reeducación social del sentenciado y a la protección de la comunidad. El no cumplimiento de las indicaciones de la autoridad ejecutora a cargo del sentenciado, se considera causa suficiente para revocar el beneficio de la suspensión.
Artículo 120.- Cuando en la comisión del hecho delictivo se hubiere utilizado como medio o instrumento a una persona jurídica colectiva, se aplicarán a esta última las siguientes medidas de seguridad:
I. Intervención;
II. Suspensión;
III. Disolución o Liquidación;
IV. Prohibición para realizar determinados actos y operaciones;
V. Remoción de funcionarios; y
VI. Multa, Reparación de Daños y Perjuicios y Publicación Especial de Sentencia.
Artículo 121.- Las Medidas de Seguridad señaladas en el artículo anterior, se aplicarán de la siguiente forma:
I. Intervención de sus órganos de representación, con las atribuciones que al Interventor confiere la ley aplicable a la materia, sin que su duración pueda exceder de dos años;
II. Suspensión temporal de actividades, en términos de la ley de la materia, hasta por dos años;
III. Disolución y liquidación de las personas jurídicas, en términos de la ley de la materia;
IV. Prohibición de hasta dos años para realizar determinados actos u operaciones, limitándose exclusivamente a los que señale la autoridad y que deberán tener relación directa con el hecho delictivo cometido; y
V. Remoción de sus funcionarios, solo por el tiempo indispensable para sustituirlos conforme a la ley de la materia.
Con relación a la multa, pago de reparación de daños y perjuicios y publicación especial de sentencia, se estará a lo dispuesto por esta Legislación, respecto a lo señalado para las personas físicas, con las adecuaciones correspondientes tratándose de personas colectivas, en tratándose de la multa.

TITULO CUARTO


DE LAS NORMAS AMPLIADORAS O DELIMITADORAS DE LAS FIGURAS TIPICAS
Artículo 122.- El contenido de las figuras típicas descritas en la presente Legislación obliga a todos los habitantes del Estado de Aguascalientes, sin excepción alguna, sean nacionales o extranjeros, residentes o transeúntes, y las consecuencias jurídicas establecidas se aplicarán a los responsables, por los hechos punibles que se inicien, preparen o cometan en el Estado, y respecto de aquellos que se inicien o preparen fuera del Estado, cuando el resultado se produzca en la entidad. Por lo tanto, se tendrá por ejecutado el hecho punible descrito en cada figura típica, en el lugar y tiempo en que se concretice el resultado de lesión o de peligro del bien jurídico tutelado.
Artículo 123.- Cuando entre la comisión de un hecho punible y la extinción de la pena o medida de seguridad aplicadas, entrare en vigor un nuevo precepto legal en materia penal o se modificare uno vigente, se aplicará aquella norma que mantenga un equilibrio adecuado entre los derechos constitucionales de la víctima y del inculpado, sin que se afecten notablemente aquellos, situación que siempre será resuelta por la autoridad que esté conociendo de la correspondiente etapa del procedimiento.
Artículo 124.- Para que puedan aplicarse legalmente las penas y medidas de seguridad previstas en cada una de las figuras típicas de la presente Legislación, debe acreditarse en cada hecho punible, la existencia de los siguientes elementos, para la configuración del delito:
I. La Conducta;
II. La Tipicidad;
III. La Antijuridicidad; y
IV. La Culpabilidad.
Tratándose de sujetos declarados inimputables, para que se les pueda aplicar la correspondiente medida de seguridad, bastará la acreditación de los elementos descritos en las fracciones I a III.
Artículo 125.- El delito es Instantáneo cuando su consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; es Permanente o Continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo; y Continuado cuando con unidad de propósito y pluralidad de conductas, se configura una misma figura típica en perjuicio de la misma víctima.
Artículo 126.- La conducta puede ser de acción u omisión.
El resultado de lesión o de peligro será atribuido al inculpado cuando fuere consecuencia de la acción y medios adecuados para producirlo, salvo que hubiesen sobrevenido en virtud de un acontecimiento ajeno a la propia acción.
El resultado de lesión o de peligro, se entenderá cometido por omisión, cuando la no evitación de aquel, al infringir un especial deber jurídico del inculpado equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a una causación. A tal efecto, se equiparará la acción a la omisión:
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar; o
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido por el particular tipo penal, mediante una acción y omisión precedente.
La conducta de acción u omisión puede ser de contenido doloso o de contenido culposo.
Artículo 127.- Serán considerados inculpados del hecho punible:
I. Los denominados Autores, cuando realicen la actividad típica por sí solos, conjuntamente o por medio de otro, del que se sirvan como instrumento;
II. Los denominados Partícipes, cuando inducen directamente al autor o co-autores a ejecutar la actividad típica, y los que cooperan en su ejecución con una conducta sin la cual no se habría efectuado;
III. Los denominados Cómplices que cooperan a la ejecución de la actividad típica con conductas anteriores o posteriores a la misma, previo acuerdo con el autor o co-autores; y
IV. Los que intervinieren con otros en la comisión del hecho, aunque no conste cual de ellos produjo directamente el resultado.
Los autores, partícipes o cómplices a que se refiere el presente artículo, responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
Artículo 128.- Sólo serán considerados inculpados del hecho punible las personas físicas.
Si varias personas toman parte en la realización de un hecho punible determinado y alguna de ellas realiza uno distinto, sin existir acuerdo con las otras, todas serán consideradas como inculpados en la comisión del nuevo hecho punible, salvo que concurran los requisitos siguientes:
I. Que el nuevo hecho punible no sirva de medio adecuado para cometer el principal o inicial;
II. Que el nuevo hecho punible no sea una consecuencia necesaria o natural del principal o inicial, o de los medios utilizados; o
III. Que no se haya sabido antes que se iba a cometer el nuevo hecho punible.
Artículo 129.- El aumento, disminución o exclusión de las penas o medidas de seguridad, fundados en las calidades, en las relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un hecho delictivo, no son aplicables a los demás autores, partícipes o cómplices.
Son aplicables los que se fundan en circunstancias objetivas, si los demás autores, partícipes o cómplices tienen conocimiento de ellas en el momento de la realización del hecho.
Artículo 130.- No existe conducta cuando se provoca un resultado de lesión o de peligro, por fuerza física irresistible, impedimento físico o cualquier otro caso en que haya ausencia de voluntad del inculpado.
Artículo 131.- Cuando algún integrante o representante de una persona jurídica colectiva, con excepción de las instituciones del Estado, facilite los medios para la comisión de un hecho punible, de modo que éste resulte cometido a su nombre, bajo su amparo o en beneficio de ella, los tribunales, con la audiencia del representante legal de aquélla, aplicarán las medidas jurídicas previstas para el efecto por esta Legislación, sin perjuicio de la responsabilidad individual por el o los hechos delictivos cometidos.
Artículo 132.- La tipicidad se integra con la comprobación en el hecho punible de la existencia de los siguientes elementos:
I. El bien jurídico protegido como el concreto interés individual o colectivo, de orden social referido en el particular tipo penal;
II. El resultado de afectación, destrucción, disminución o compresión del bien jurídico protegido o su puesta en peligro, como probabilidad asociada a la afectación, destrucción, disminución o compresión de tal bien jurídico, separable en espacio y tiempo de la conducta;
III. La víctima del hecho punible, o el titular del bien jurídico protegido por la correspondiente figura típica, tomando en cuenta sus calidades específicas, cuando éstas sean exigibles;
IV. El inculpado, sea autor, partícipe o cómplice del hecho punible, por haber realizado o colaborado en la realización de la acción u omisión descrita en la figura típica correspondiente, tomando en cuenta sus calidades específicas, cuando estas sean exigibles;
V. El objeto de la conducta o la persona o entidad material sobre la que recae la acción u omisión descrita en la figura típica correspondiente;
VI. La acción, que es el movimiento corporal descrito en la figura típica correspondiente, adecuada para producir la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido; o la omisión, que es la no realización de la actividad ordenada en la figura típica correspondiente, adecuada para evitar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido; y
VII. Las referencias o modalidades que puedan presentarse en las descripciones típicas, necesarias para su configuración y que describen los medios, tiempo, ocasión y espacio.
Artículo 133.- Un hecho punible se considera antijurídico cuando el inculpado incumple un mandato o viola una prohibición y lesiona o pone en peligro un interés jurídicamente tutelado o protegido por la figura típica de que se trate.
Artículo 134.- La realización de una conducta típica y antijurídica, se justifica:
I. Cuando exista consentimiento de la víctima, legitimada para otorgarlo, y siempre que el bien jurídico afectado sea de aquellos de que puedan disponer libremente los particulares;
II. Cuando se actúa en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, repeliendo una agresión imprevista, actual o inminente, sin derecho, y siempre que exista la necesidad razonable del medio empleado para impedirla o rechazarla, y que no medie provocación suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defienda;
III. Cuando en situación de peligro grave, actual o inminente, para un bien jurídico, propio o ajeno, se lesionare otro bien jurídico de igual o menor jerarquía, para evitar un resultado lesivo mayor, siempre que el titular del bien salvado no haya provocado el propio peligro y que no se tenga al alcance otro medio utilizable y menos perjudicial;
IV. Cuando se actúa en cumplimiento de un deber jurídico, siempre y cuando no exista el solo propósito de causar daño a otro; y
V. Cuando se actúa por obediencia legítima y jerárquica, aún cuando la orden constituya comisión de un hecho delictivo, si esta circunstancia no es notoria, ni se prueba que el sujeto activo la conocía, ni era previsible racionalmente.
Artículo 135.- Para que la conducta típica y antijurídica pueda ser considerada delictiva, debe además realizarse culpablemente.
La culpabilidad consiste en el juicio de reproche que formula la autoridad judicial al inculpado, por ser éste imputable, y a partir de que haya realizado la conducta típica y antijurídica, de manera dolosa o culposa.
Artículo 136.- Si el inculpado, al realizar la conducta típica productora del resultado de lesión o de peligro, padece trastorno mental o se encuentra en una etapa de desarrollo intelectual retardado, que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo a esa comprensión, atendiendo a las peculiaridades de su personalidad y a las circunstancias específicas de su comportamiento, los tribunales, tomando en cuenta opinión médica especializada sobre las características personales de tal inculpado, ordenará la aplicación de una medida de seguridad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica en los casos en que el inculpado hubiere preordenado su estado de trastorno mental, con carácter transitorio, por haber ingerido bebidas alcohólicas o mediante el uso de narcóticos u otras substancias que produzcan efectos semejantes.
Artículo 137.- No se formulará juicio de reproche si el inculpado realizare la conducta típica provocadora de un resultado de lesión o de peligro, bajo coacción o amenaza de un mal actual y grave, sea o no provocado por la acción de un tercero, cuando razonablemente no pueda exigírsele una conducta diversa; o si realiza tal conducta bajo un error invencible, respecto de alguno de los elementos esenciales que integran la descripción típica.
Artículo 138.- Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se producen varios resultados de lesión o de peligro.
Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se producen varios resultados de lesión o de peligro. No hay concurso en los casos de delito continuado.
Artículo 139.- Existe tentativa punible cuando la resolución de provocar un resultado lesivo se exterioriza realizando los actos que deberían producirlo u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del inculpado, pero se provoca con ello la puesta en peligro del bien jurídico protegido por la norma.
Para la aplicación de penas o medidas de seguridad en los casos de tentativa, los tribunales tendrán en cuenta el grado a que se hubiese llegado en la ejecución del hecho de contenido doloso.

LIBRO SEGUNDO


DEL PROCEDIMIENTO PENAL

TITULO PRIMERO


PRINCIPIOS BASICOS
Artículo 140.- A nadie se le aplicará una pena o medida de seguridad, sino después de haberse dictado una resolución firme, obtenida en un procedimiento regular, llevado a cabo conforme a las disposiciones de esta Legislación, con observancia estricta de las garantías establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 141.- Ninguna persona podrá ser procesada, penada o sometida a una medida de seguridad, sino por los tribunales o instituciones designadas y facultadas por la presente Legislación, antes del hecho de la causa.
Artículo 142.- Corresponde exclusivamente a los tribunales del Estado y las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo, conocer de las distintas etapas del procedimiento penal que se instruya a los inculpados por la comisión de hechos punibles, de conformidad con las disposiciones de la presente Legislación.
Artículo 143.- El procedimiento penal ordinario se integra con las siguientes fases:
I. La de averiguación previa, cuyo objetivo será el de llevar a cabo la investigación de los hechos punibles; estará a cargo exclusivamente del Ministerio Público y de sus auxiliares, y será lo suficientemente completa para que pueda determinarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal;
II. La de averiguación procesal, que se subdivide en preinstrucción e instrucción.
La preinstrucción comprende del auto de radicación del procedimiento por la autoridad judicial, hasta la resolución que decide la situación jurídica del inculpado, con el auto de formal prisión o el de libertad por falta de elementos. Tiene por objeto la realización de las actuaciones que permitan determinar la existencia del hecho punible, materia de la instrucción y del juicio, su clasificación conforme a la figura típica aplicable mediante el acreditamiento del cuerpo del delito, y la probable responsabilidad del inculpado, con fijación de los correspondientes niveles de autoría, participación o complicidad.
La instrucción comprende, del auto de formal prisión al auto que la declara cerrada. Abarca las diligencias practicadas por y ante la autoridad judicial, con el fin de averiguar las circunstancias peculiares del inculpado y los factores existenciales concurrentes en el hecho punible típico, para el efecto de determinar la existencia de la culpabilidad o inculpabilidad de aquél y de las posibles causas de justificación, así como la información necesaria para el establecimiento de los montos relativos al pago de la reparación de daños y perjuicios;
III. La del juicio, que comprende del auto que declara cerrada la instrucción a la sentencia ejecutoria. En esta etapa, el Ministerio Público funda su acusación y el inculpado su defensa ante la autoridad judicial, la cual valorará los medios probatorios aportados para pronunciar la sentencia definitiva; y
IV. La de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia dictada por la autoridad judicial hasta la extinción de las penas o medidas de seguridad aplicadas.
Artículo 144.- Los procedimientos especiales que se den con motivo de hechos punibles claramente tipificados y en los que hayan participado personas menores de 16 años de edad, inimputables, servidores públicos con fuero constitucional o fármaco dependientes o alcohol dependientes, se regirán por las disposiciones establecidas en la presente Legislación.

TITULO SEGUNDO


SUJETOS Y AUXILIARES DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO PRIMERO


La Víctima y Ofendido
Artículo 145.- En la integración de los procedimientos penales ordinario y especiales, a cargo de las autoridades facultadas para el efecto, la víctima u ofendido de los hechos punibles materia de la investigación, podrá hacer valer todos y cada uno de los derechos descritos en el Apartado "B" del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se les reconoce legalmente el carácter de sujetos del procedimiento penal. Para tal efecto, podrán solicitar se les tenga por designado como representante legal a quien posea título de Licenciado en Derecho debidamente registrado en términos de ley.
Asimismo, y si la víctima u ofendidos carecen de medios económicos o no son beneficiarios de algún sistema de seguridad social, recibirán de parte del Gobierno del Estado, por medio de la institución autorizada para el efecto, la atención médica y psicológica que sea necesaria, así como el pago de los servicios funerarios que se requieran, en los términos que disponga la ley aplicable, cuyo costo se incluirá en la sentencia que en su momento se dicte y en la que se establezca la responsabilidad penal del inculpado, quien cubrirá al Estado los gastos realizados al efecto. Tal apoyo sólo se realizará en tratándose de hechos punibles que afecten la vida y salud personales, así como la libertad sexual, la seguridad sexual y el normal desarrollo físico y psicosexual.
La víctima, ofendido o sus legítimos representantes, podrán solicitar el aseguramiento de sus derechos o la restitución en el goce de éstos, o que se decrete el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva, en su oportunidad, la reparación de los daños y perjuicios, en los términos previstos por esta Legislación.
Artículo 146.- La víctima u ofendido en un hecho punible, deberá proporcionar al Ministerio Público, todos aquellos datos, indicios y/o medios probatorios que tenga en su poder, que sirvan para acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Artículo 147.- El Ministerio Público deberá notificar personalmente a la víctima u ofendido de un hecho punible, las determinaciones que establezca sobre el No Ejercicio de la Acción Penal, Reserva de la Averiguación Previa o Ejercicio de la Acción Penal.
Artículo 148.- La víctima u ofendido del hecho punible, o sus representantes legítimos, coadyuvarán con el Ministerio Público durante el desarrollo del procedimiento, proporcionando a los tribunales, por conducto de aquél o directamente, todos los elementos que tenga y que conduzcan a comprobar el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del hecho punible. Cuando las autoridades ministeriales o judiciales consideren que no es necesario el desahogo de la diligencia solicitada, deberán fundar y motivar adecuadamente tal negativa.
Reconocida la personalidad procesal de la víctima u ofendidos del hecho punible por el tribunal que conozca del asunto, o de sus representantes legítimos, formularán conclusiones y podrán interponer los recursos que esta Legislación señala.

CAPITULO SEGUNDO


El Ministerio Público
Artículo 149.- Corresponde al Ministerio Público, en los términos previstos por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la investigación de los hechos punibles y la persecución de sus autores, partícipes y cómplices, del ejercicio de la acción penal y de la acusación que corresponda en el procedimiento, ante los tribunales e instituciones facultadas del Estado. Con este propósito, realizará todos los actos necesarios para cumplir este fin, conforme a las disposiciones de esta legislación y a la ley que lo organiza.
Será responsable, específicamente, el de integrar la averiguación previa, dirigir a la policía y a sus auxiliares en tales funciones, y tendrá el carácter de autoridad durante esta fase, con pleno respeto a la investidura jurisdiccional; de sujeto procesal en las fases de la averiguación procesal y del juicio, y de supervisor en la etapa de ejecución. Tratándose de procedimientos penales especiales, el Ministerio Público tendrá la intervención que esta legislación específicamente le señale.
Artículo 150.- Serán auxiliares del Ministerio Público para el desempeño de sus funciones, los servidores públicos que señala la Ley Orgánica de tal Institución.
Artículo 151.- En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la legislación penal y deberá formular los requerimientos e instancias conforme a este criterio.
Artículo 152.- El Ministerio Público formulará sus determinaciones, requerimientos, peticiones y conclusiones, debidamente fundadas y motivadas, de manera que se basten a sí mismas, sin remitirse a dictámenes anteriores.
Artículo 153.- En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público dispondrá sólo de las facultades y poderes que esta legislación le autoriza. Si la regla que otorga tal facultad o poder no discrimina, a él también le corresponderá la respectiva facultad.
Artículo 154.- Los funcionarios del Ministerio Público deberán apartarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los magistrados, jueces y secretarios.
El apartamiento de oficio o la recusación, serán resueltos informalmente, en principio por el superior jerárquico, según su ley orgánica, cuidando de averiguar los hechos que lo fundan y de dar suficiente oportunidad a los interesados para que manifiesten sus puntos de vista. Producido el requerimiento, se reemplazará inmediatamente al funcionario.
La resolución no dará lugar a recurso alguno y sólo podrá renovarse el requerimiento si nuevas circunstancias apoyan el mismo motivo u otro diferente.
Si la resolución establece el apartamiento, el reemplazo será definitivo, aunque posteriormente desaparezcan sus motivos.

CAPITULO TERCERO


La Policía
Artículo 155.- Los funcionarios policiales serán auxiliares del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa.
La policía, por orden del Ministerio Público, deberá investigar los hechos punibles que se le encomienden, impedir que los atentados o cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los presuntos responsables y reunir los elementos de prueba útiles para dar base al ejercicio de la acción penal.
La policía podrá solicitar información a cualquier persona y rendir informes, pero no obtener confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.
Artículo 156.- Los funcionarios o elementos de la policía, sea identificada ésta como preventiva, de vialidad, ministerial, bancaria o privada, realizarán sus tareas de apoyo a la investigación de hechos punibles, bajo la supervisión directa del Ministerio Público, y deberán ejecutar sus órdenes, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual estén sometidos.
Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes penda el procedimiento.
El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de las funciones de la policía en lo que se refiere a la investigación de hechos punibles, y podrá girarle instrucciones generales al respecto, cuidando su organización administrativa, para tales fines.
Artículo 157.- Los funcionarios o elementos de policía, en la tarea de investigación que les es propia, cumplirán con lo siguiente:
I. Cuidar que se conserven los vestigios, rastros o indicios del hecho punible y que el estado de cosas no se modifique hasta que llegue al lugar de los hechos la autoridad ministerial y así lo disponga ésta, por instrucción particular o general, o el tribunal de la causa en su caso, describiendo provisionalmente el estado de personas, cosas y lugares;
II. Allanar domicilios y llevar a cabo las inspecciones de personas y lugares, y los secuestros urgentes, con autorización emitida para el efecto por las autoridades jurisdiccionales;
III. Privar de la libertad personal deambulatoria a los probables responsables, en los casos y términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por esta Legislación, con la obligación de ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público; y
IV. Prevenir todos los hechos punibles que llegaren a su conocimiento, informar al Ministerio Público sobre ellos y proceder a practicar las investigaciones preliminares.
Artículo 158.- Los funcionarios o elementos de policía que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados por sus superiores jerárquicos, a pedido del Ministerio Público responsable de la averiguación previa correspondiente, previo informe del interesado, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta 5 días de salario; o
c) Suspensión de sus labores hasta por 30 días.
Lo anterior sin perjuicio de iniciar persecución penal cuando corresponda.

CAPITULO CUARTO


Los Peritos Oficiales
Artículo 159.- Los peritos oficiales, como auxiliares inmediatos del Ministerio Público, serán responsables con éste y con los funcionarios de policía, del aseguramiento de la prueba o cadena de custodia en la investigación de cada hecho punible.
Artículo 160.- La cadena de custodia se integra por todas aquellas medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de prueba o indicios, sean alterados, ocultados o destruidos, y garantizar la autenticidad de tales elementos, para su adecuado examen, asegurando que pertenecen al hecho investigado, sin confusión, adulteración o sustracción. Estos elementos de prueba o indicios se mantendrán en lugar seguro y protegidos, sin que puedan tener acceso a ellos personas no autorizadas en su manejo.
Al momento de recaudar los elementos materiales de prueba o indicios, se debe dejar constancia en el acta de la diligencia que corresponda, haciendo la descripción completa y discriminada, registrando su naturaleza, lugar exacto de donde fue removido o tomado y funcionario que lo obtiene.
Al solicitarse un procedimiento de análisis técnico o científico, o para la elaboración de dictámenes periciales, la recolección la debe de efectuar el personal calificado, capacitado o entrenado para tal actividad. En consecuencia, toda transferencia de custodia debe quedar registrada en el expediente que corresponda, indicando fecha, hora, nombre, firma de quien recibe y de quien entrega, descripción del elemento material, y el lugar donde habrá de depositarse.

CAPITULO QUINTO


Los Tribunales
Artículo 161.- La valoración jurídica de los hechos punibles consignados por el Ministerio Público y la aplicación de las consecuencias jurídicas de privación de derechos establecidos en esta legislación, le corresponderá a los tribunales que establezcan la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su jurisdicción será improrrogable e irrenunciable.
Artículo 162.- Corresponde exclusivamente a los tribunales con jurisdicción en materia penal del Estado y con sujeción a las disposiciones de esta legislación y de las demás leyes aplicables:
I. Determinar cuando un hecho punible constituye o no delito;
II. Declarar sobre la existencia o no existencia de la responsabilidad penal de las personas consideradas como probables responsables en la comisión de un delito; y
III. Imponer las penas y medidas de seguridad que se establecen en la presente Legislación.
Artículo 163.- Será competente el tribunal del partido judicial en que el hecho punible se hubiera cometido. Si se hubiera ejecutado en más de uno, será competente el que haya prevenido en la causa.
Artículo 164.- Si el hecho punible se hubiere cometido fuera del territorio del Estado, pero hubiera producido su resultado dentro de éste, será competente el juzgador del lugar en el que se haya producido tal resultado; si éste se hubiera producido en más de una circunscripción, será competente el juzgador que haya prevenido en la causa.
Artículo 165.- Cuando una persona hubiere participado en dos o más hechos punibles cuyo conocimiento corresponda a tribunales de distinta competencia, los procedimientos respectivos se tramitarán simultáneamente y se sentenciará, en lo posible, sin atender a ningún orden de prelación, prestándose ambos tribunales el auxilio judicial debido, salvo que para ello se presentaren inconvenientes de carácter práctico, especialmente los derivados de las funciones de defensa, en cuyo caso los procedimientos se tramitarán y se sentenciarán sucesivamente, con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten las sentencias.
Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea posible la tramitación simultánea, tendrá prelación aquel que conozca del hecho punible más grave; a igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua.
En estos casos se suspenderá el término para la prescripción.
Artículo 166.- Los procedimientos que se sigan por hechos punibles conexos, deberán acumularse y será competente:
I. El tribunal que deba conocer el hecho punible típico que tenga señalada una punibilidad mayor; o
II. El tribunal que haya prevenido la causa si la punibilidad es equivalente.
Artículo 167.- Los hechos punibles son conexos:
I. Cuando hayan participado varias personas conjuntamente;
II. Cuando hayan sido cometidos por varias personas en distintos lugares o tiempos, si ha mediado acuerdo entre ellas; o
III. Si se han cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otros, o para procurar a los responsables la impunidad.
Artículo 168.- En cualquier etapa del procedimiento que corresponda a la autoridad jurisdiccional, antes de que se dicte sentencia, los tribunales estarán facultados para declararse de oficio incompetentes para conocer de determinados asuntos y ordenar su remisión a aquél que considere competente. No podrá realizarse tal declaración en los casos en que se tenga que resolver previamente sobre medidas procedimentales urgentes, tales como arraigo, cateo, orden de aprehensión o resoluciones de término constitucional.
Artículo 169.- Cualquiera de los sujetos procesales reconocidos en un procedimiento y con interés legal suficiente, podrán promover una cuestión de competencia, bien por inhibitoria, ante aquel tribunal al cual consideran competente, o por declinatoria, ante aquel tribunal que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente. Quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplearlos simultánea y sucesivamente.
Al promover la cuestión, quien la proponga, deberá expresar, como requisito para que se admita la Instancia, que no ha utilizado el otro medio; si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuere abandonada, se le aplicará una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado.
Artículo 170.- La cuestión de competencia o la fundada en la conexión de causas, sólo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia final de juicio.
Artículo 171.- Propuesta la declinatoria, el tribunal mandará dar vista a los otros sujetos procesales interesados, por el término de tres días comunes y resolverá lo que corresponda dentro de los tres días siguientes. Si el tribunal decide que es competente, continuará conociendo del asunto. En caso contrario, remitirá el expediente al tribunal que estime conveniente. Este último resolverá si acepta o no la competencia en un término de tres días, y en caso afirmativo seguirá conociendo del asunto. Si no la acepta, suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, comunicando de esto al tribunal que le haya remitido tal expediente.
El Supremo Tribunal de Justicia emitirá resolución al respecto dentro de un término de cinco días, contados a partir de la fecha en que reciba el expediente, y enviará el mismo al tribunal que sea declarado competente.
Artículo 172.- La inhibitoria se promoverá ante el tribunal que se estime competente, el cual resolverá lo que corresponde dentro de los tres días siguientes de acordada la solicitud. Si estima que es competente, librará oficio inhibitorio al tribunal que conozca del procedimiento, a fin de que le remita el expediente.
El tribunal requerido dará vista a los sujetos procesales interesados por el término de tres días, para que se manifiesten sobre su competencia, y resolverá dentro de los tres días siguientes. Si admite la competencia del tribunal requirente, le remitirá el expediente. En caso contrario, suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, comunicando de esto al tribunal requirente para que, a su vez, remita sus actuaciones a tal instancia.
El Supremo Tribunal de Justicia emitirá resolución al respecto dentro de un término de cinco días, contados a partir de la fecha en que reciba el expediente y constancias de actuaciones relativas, y enviará éstas al tribunal que sea declarado competente.
Artículo 173.- El tribunal declarado competente, continuará de oficio el procedimiento, a partir del último acto realizado por el primero. Lo actuado por el tribunal incompetente será válido si se tratare del mismo fuero. Si fuere de distinto fuero, el tribunal competente dictará auto declarando abierta la Instrucción, procediéndose enseguida conforme a las disposiciones de esta Legislación.
Artículo 174.- Los incidentes sobre competencia se tramitarán por cuerda separada.
Artículo 175.- Los Magistrados, los Jueces y los Secretarios deben excusarse de conocer los asuntos en que intervengan, cuando exista cualesquiera de las causas de impedimento que enseguida se señalan. Su silencio y omisión se considerará falta grave.
Son causas de excusión las siguientes:
I. Tener parentesco en línea recta, sin limitación de grados; en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad hasta el segundo grado, con alguno de los sujetos procesales interesados, sus representantes o defensores;
II. Tener amistad íntima o enemistad con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;
III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I;
IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los sujetos procesales interesados;
V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados, o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que haya seguido hasta la en que se tome conocimiento del asunto;
VI. Haber sido sujeto de procedimiento penal el servidor público, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la misma fracción I, en virtud de denuncia presentada ante las autoridades por alguno de los sujetos procesales interesados, sus representantes, patronos o defensores;
VII. Tener pendiente de resolución, su cónyuge o sus parientes en los grados expresados por la fracción I, un asunto semejante al que se trata;
VIII. Aceptar presentes o servicios de alguno de los sujetos procesales interesados;
IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los sujetos procesales interesados, sus representantes o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;
X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los sujetos procesales interesados;
XI. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los sujetos procesales interesados, si el servidor público ha aceptado la herencia o legado, o ha hecho alguna manifestación en ese sentido;
XII. Ser el cónyuge o alguno de los hijos del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los sujetos procesales interesados;
XIII. Haber sido el magistrado, juez en el mismo asunto, en otra instancia, o el juez, haber sido secretario en la misma instancia; y,
XIV. Haber sido agente del Ministerio Público, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trate, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los sujetos procesales interesados.
Cuando un magistrado, juez o secretario no se excuse a pesar de tener algún impedimento, las partes podrán recusarlo sólo con expresión de causa.
Las causas de impedimento no pueden ser dispensadas por voluntad de los sujetos procesales interesados.
Artículo 176.- La recusación puede interponerse en cualquier tiempo, pero antes de la audiencia final de juicio en primera instancia o antes de la vista del asunto en segunda instancia, y su promoción suspenderá el procedimiento en lo principal, pero sólo cuando se cuestione a magistrados o jueces.
Si después de las audiencias señaladas en el párrafo anterior, hubiera cambio en el personal de los tribunales, la recusación sólo será admitida si se propone dentro de los tres días siguientes al en que se notifique el auto de cambio de personal.
Artículo 177.- Interpuesta la recusación por la parte interesada, la cuál deberá ser por escrito en el que se indiquen los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes, el recusado deberá dirigir oficio al superior que deba calificar aquélla, con inserción del escrito en que se haya promovido, del proveído correspondiente y de las constancias que sean indispensables. Dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que se reciba la documentación referida, se dictará la resolución que corresponda.
Admitido el impedimento o calificada como existente la causa de una recusación, el impedido o recusado quedará separado del conocimiento del asunto, remitiéndose éste a quien corresponda de conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuando se deseche la recusación, se impondrá al recusante una multa de 10 a 50 días de salario mínimo general vigente en el Estado.
Artículo 178.- No procederá la recusación:
I. Al cumplimentar exhortos;
II. En los incidentes de competencia;
III. En la calificación de los impedimentos para efecto de excusa o recusación; y
IV. Cuando se interponga durante el término constitucional fijado para resolver la situación jurídica del inculpado.
Artículo 179.- Contra las resoluciones que califiquen un impedimento o decidan sobre la procedencia o no de la recusación, no cabe recurso alguno.

CAPITULO SEXTO


El Inculpado
Artículo 180.- Para los efectos de esta Legislación, se denominará Indiciado a toda persona, perseguida penalmente, y en contra de la cual aún no se le haya decretado auto de formal prisión; procesado a aquella persona a quien se le haya decretado auto de formal prisión, y sentenciado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia ejecutoria. El concepto de inculpado se utilizará para hacer referencia a cualquiera de los tres rubros señalados, indistintamente.
Artículo 181.- En la primera oportunidad, el inculpado será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se negare a proporcionar tales datos o los diere falsamente, se procederá a la identificación por testigos o por otros medios que se consideren útiles. La duda o el error sobre ellos, no alterará el curso del procedimiento, y podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución de la pena o medida de seguridad. Si la corrección se realiza en la fase de ejecución de la pena o medida de seguridad impuesta, se informará de ello a las autoridades que conocieron del procedimiento, para que hagan las anotaciones correspondientes.
Durante el desarrollo del procedimiento, se tomarán fotografías del inculpado o se podrá recurrir a la identificación dactiloscópica o a otro medio semejante, aún contra su voluntad, pero ello no implicará su ingreso en un registro o antecedente penal, que solamente podrá establecerse con sentencia condenatoria firme. Tal fotografía e identificación dactiloscópica se agregará necesariamente a las constancias de actuación que correspondan, previa la determinación que señale a una persona como posible autor, partícipe o cómplice de un hecho punible, por parte de las autoridades facultadas para la persecución penal.
En todo caso la expedición de constancias de antecedentes penales, le corresponderá a las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, y sólo a solicitud de las autoridades judiciales en materia penal, para los efectos procedimentales a que haya lugar, y para aquellos casos en que leyes específicas así lo establezcan.
Artículo 182.- El inculpado deberá proporcionar en la primera oportunidad su domicilio real y fijar su domicilio dentro de la jurisdicción de la autoridad que conozca del asunto, y con posterioridad mantendrá actualizados esos domicilios, comunicando al Ministerio Público o al tribunal, según el caso, las variaciones que sufrieren.
La inexactitud de su domicilio real será considerada como indicio de fuga, con todas las consecuencias legales que ello implique, pero las notificaciones realizadas en el domicilio especial, serán válidas. Si tal situación se presenta en la etapa de ejecución y el sentenciado se encuentra gozando de algún beneficio respecto de la pena de prisión que se le haya impuesto, se informará de ello a la autoridad judicial que conoció del asunto, para el efecto de que se ordene la búsqueda y captura del sentenciado.
Artículo 183.- Si el inculpado fuere considerado inimputable conforme a esta Legislación, quien ejerza la patria potestad o su tutor, podrán intervenir en el procedimiento con todas las facultades defensivas que la Ley otorga a los inculpados, sin perjuicio de su propia intervención.
Si la patria potestad fuere ejercida por el padre y por la madre, ellos actuarán bajo una única representación. El conflicto que pudiere suscitarse entre ellos, lo resolverá la autoridad que conozca del asunto.
Artículo 184.- El inculpado deberá ser sometido a exámenes de carácter físico y mental, si el hecho punible que se le atribuye es de contenido sexual o se espera una pena superior a los cinco años de privación de la libertad; si se trata de un menor de dieciséis años de edad o de un mayor que haya cumplido los sesenta años de edad, tales exámenes deberán ser valorados plena y necesariamente por las autoridades encargadas de la aplicación de las penas o medidas de seguridad al momento de dictar resolución definitiva. Lo anterior se hará independientemente de la realización de los estudios técnicos de personalidad a cargo de las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.
Artículo 185.- Se podrá ordenar la investigación corporal o mental del inculpado, para la constatación de circunstancias de importancia para resolver en el procedimiento. Con esta finalidad, serán admisibles pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello y otras intervenciones corporales, así como su inspección u observación, que no provoquen ningún perjuicio para la salud según la experiencia común, y que se efectuarán según las reglas de la ciencia médica, aún sin consentimiento del inculpado. Podrán ser ordenadas por el Ministerio Público o el tribunal, siempre que el experto que lleve a cabo la intervención no la considere riesgosa.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 186.- Será declarado prófugo el inculpado que, sin grave impedimento, no compareciere a una citación, o se fugare del establecimiento o lugar donde estuviere bajo prisión preventiva, o se ausentare, sin permiso del Ministerio Público o del tribunal, del lugar asignado para residir.


La determinación o resolución de estar prófugo será emitida por la autoridad judicial, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiéndose, en consecuencia, las ordenes de reaprehensión relativas. Tales órdenes se darán a conocer también a las autoridades encargadas del control para salir del país, con mandato expreso de que lo impidan. Se podrán requerir informes y la ejecución de las órdenes de forma inmediata, por los medios de comunicación establecidos, publicando, incluso, la fotografía, dibujo, datos y demás señas personales.
Artículo 187.- La determinación o resolución de estar prófugo implicará la revocación de la libertad que le hubiera sido concedida al inculpado, o del beneficio al sentenciado con pena de prisión.
Artículo 188.- Antes de comenzar su declaración ante las autoridades competentes, se comunicará detalladamente al inculpado, el hecho punible que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación típica, un resumen del contenido de las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables.
Se le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, así como del valor de su declaración a partir del conocimiento pleno de los supuestos referidos en el párrafo anterior.
En las declaraciones que preste será además instruido acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho. En este caso, si no estuviere presente, se dará aviso inmediato al Defensor por cualquier medio, para que comparezca y, de no ser hallado, se designará inmediatamente a un Defensor de Oficio.
Será informado también acerca de que puede requerir la práctica de medios de prueba, efectuar las citas de las personas que considere convenientes, dictar su declaración o presentarla por escrito.
Artículo 189.- Si el Inculpado desea declarar, se comenzará por invitarlo a dar su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio real y legal, principales lugares de residencia, condiciones de vida, nombre, estado y profesión de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quien vive, de cuáles dependen o están bajo su cuidado, a expresar si antes ha sido perseguido penalmente, y en su caso, por qué causa, ante qué tribunal, que sentencia recayó y si ella fue cumplida. En las declaraciones posteriores bastará que confirme los datos ya proporcionados.
Inmediatamente después, se dará oportunidad al inculpado para declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho punible que se le atribuye y para indicar los medios de prueba cuya práctica considere oportuna.
Tanto el Ministerio Público como el Defensor podrán dirigir al inculpado las preguntas que estimen convenientes, en la medida en que aquél esté en disposición de responderlas. Si la diligencia se desarrolla ante una autoridad judicial, las preguntas serán autorizadas por quien presida el acto, quien a su vez, podrá hacer las preguntas que considere convenientes.
Las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas, y las respuestas no serán instadas perentoriamente.
Artículo 190.- La declaración del inculpado se hará constar en un acta que reproducirá, del modo más fiel posible, lo que suceda en la diligencia utilizando el propio lenguaje del declarante. En este caso, el acto finalizará con la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes.
Si el inculpado se abstuviere de declarar, total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla, se establecerá el motivo.
El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro. En este caso, quien presida el acto, determinará el resguardo conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.
Artículo 191.- Todos los intervinientes en las diligencias donde declara un inculpado, podrán indicar las inobservancias legales en que se incurra, a su juicio, y de no ser corregidas inmediatamente, exigir que su protesta conste en el acta.
Artículo 192.- En ningún caso se le requerirá al inculpado ratificación solemne de su exposición, ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo aquellas expresamente autorizadas por la presente Legislación, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
Toda medida que menoscabe la libertad de decisión del inculpado, su memoria o capacidad de comprensión y dirección de sus actos, está prohibida, en especial los malos tratos, las amenazas, el agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el engaño, o la administración de psicofármacos.
El inculpado debe ser tratado sólo como presunto responsable durante el procedimiento, hasta tanto una resolución firme le imponga una pena o medida de seguridad.
Las únicas medidas de coerción posibles en contra del inculpado, son las que esta Legislación autoriza; tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes.
Artículo 193.- Nadie debe ser procesado penalmente más de una vez por el mismo hecho punible. Sin embargo, será admisible un nuevo ejercicio de acción penal cuando la primera haya sido intentada ante un tribunal incompetente y que por ese motivo haya concluido el procedimiento, o cuando decretada la negativa de orden de aprehensión o de citación para declaración preparatoria o dictado auto de libertad por falta de elementos o de libertad por desvanecimiento de datos, las actuaciones sean devueltas a las autoridades ministeriales para reintegración de averiguación previa.
Artículo 194.- Es inviolable la defensa en el procedimiento. Salvo las excepciones expresamente previstas en este código, el inculpado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento y a formular todas las observaciones que considere oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario por la autoridad correspondiente, cuando perjudique el curso normal de los actos procedimentales. Cuando esté privado de su libertad personal, podrá formular las observaciones por intermedio del encargado de su defensa, quien las tramitará en las instancias correspondientes.
Artículo 195.- El inculpado tiene derecho a elegir un Defensor de su confianza. Si no lo hiciere, la autoridad que conozca del procedimiento le designará un Defensor de Oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre los hechos que sean motivo de investigación.
Si prefiriese defenderse por sí mismo, la autoridad que conozca del procedimiento así lo autorizará, sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, designará a un Defensor de Oficio, sin que ello menoscabe el derecho del inculpado para formular las observaciones que crea pertinentes.
La misma disposición rige para el sujeto penado o para aquél a quien se le hubiera aplicado una medida de seguridad, en lo pertinente, hasta la extinción de la pena o de la medida de seguridad aplicadas.
Artículo 196.- Las facultades que las leyes fundamentales de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado y que esta legislación otorgan a los inculpados de un hecho punible, pueden hacerlas valer las personas a quienes se les atribuya participación en el mismo, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización.
Se entenderá por primer acto del procedimiento, la determinación que señale a una persona como posible autor, partícipe o cómplice de un hecho punible, por parte de las autoridades facultadas para la persecución penal.
Artículo 197.- Durante la etapa de averiguación previa, el inculpado prestará declaración ante el Ministerio Público cuando él mismo lo pidiere, compareciendo espontáneamente, o cuando lo ordenare tal autoridad, y siempre en presencia de un Defensor.
El inculpado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador.
Artículo 198.- La policía no podrá interrogar autónomamente al inculpado. Sólo podrá dirigirle preguntas para constatar su identidad y los datos básicos de información sobre el hecho punible. En caso de que el inculpado manifieste su deseo de declarar, deberá instruírsele de que esto sólo podrá hacerse ante el Ministerio Público o tribunal respectivo, con asistencia de un Defensor.
Artículo 199.- El inculpado declarará siempre libre en su persona y sin la presencia de personas diferentes a las autorizadas para asistir; pero la diligencia se puede llevar a cabo en recintos cerrados, apropiados para impedir su fuga, cuando estuviere privado de su libertad.
Artículo 200.- Cuando hubiera varios inculpados, se recibirán las declaraciones, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.
Artículo 201.- El inculpado no será obligado a carearse con testigos u otros inculpados.

CAPITULO SEPTIMO


La Defensa
Artículo 202.- Sólo podrán ser designados defensores quienes posean el título de Licenciado en Derecho, debidamente registrado en términos de ley.

La exhibición de título en el tribunal en que pretenda actuar, no será en un primer momento requisito indispensable para autorizar su intervención, pero el juez fijará un plazo, prorrogable según las necesidades del caso, para que el defensor cumpla con tal requisito. Vencido el plazo, cesará su intervención y se procederá conforme a las reglas del abandono.


Artículo 203.- No se admitirá la intervención de un defensor en el procedimiento o se le apartará de la participación ya acordada, cuando haya sido testigo del hecho o cuando, por decisión fundada, se compruebe como muy probable que:
I. Haya participado o participa en alguno de los hechos punibles que conforman el objeto del procedimiento;
II. Participe con el inculpado en una asociación ilícita que guarde relación con el hecho punible que conforma el objeto del procedimiento; o
III. Participe en la evasión del inculpado o en su tentativa.
Artículo 204.- Los defensores serán admitidos por el Ministerio Público, por el tribunal o autoridad competente, así como por las autoridades encargadas de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.
El defensor designado en la averiguación previa o en el término constitucional fijado para resolver la situación jurídica del inculpado, seguirá teniendo tal carácter en todas las etapas e instancias del procedimiento, mientras no se haga nuevo nombramiento.
Para dictar las resoluciones sobre la exclusión de un defensor y sobre su revocación, será competente el Supremo Tribunal de Justicia. Al efecto, el Ministerio Público, los tribunales de primera instancia o autoridades competentes, incluidas las encargadas de la ejecución de penas y medidas de seguridad, ante las cuales penda el procedimiento, efectuarán la petición, cuando adviertan un motivo de exclusión, con todos los elementos disponibles para fundarla.
El Supremo Tribunal de Justicia podrá ordenar en caso necesario, una investigación, encomendando a uno de sus miembros que la lleve a cabo y, previa audiencia del defensor cuestionado, emitirá la decisión. La revocación procederá de oficio o a petición fundada de parte interesada.
Artículo 205.- El trámite de la investigación y la decisión no suspenderán el procedimiento. Se dará oportunidad al inculpado de elegir otro defensor, y si no lo nombra, se procederá a designarle el Defensor de Oficio.
Artículo 206.- La defensa de varios inculpados en un mismo procedimiento por un mismo Defensor es, en principio, inadmisible. El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio Público, a solicitud del defensor, podrá permitir la defensa común cuando con evidencia no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, esta situación podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor.
Artículo 207.- El inculpado no podrá ser defendido simultáneamente por más de dos abogados en las audiencias o en un mismo acto.
Cuando intervengan dos o más defensores, la notificación practicada a uno de ellos bastará respecto de ambos, y la sustitución del uno por el otro no alterará los trámites ni los términos. Ambos, no obstante, conservarán sus facultades autónomas, salvo cuando la ley, expresamente, imponga una división de funciones.
Artículo 208.- Cada defensor podrá designar a un sustituto para que intervenga si tuviere algún impedimento, con el consentimiento del inculpado. En caso de urgencia, se permitirá su actuación, aún faltando ese consentimiento, pero en la primera oportunidad, se recabará la decisión del inculpado.
Negado el consentimiento, si el titular no hubiese continuado la defensa, se procederá conforme a las reglas del abandono.
El abogado sustituto asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá un derecho especial a prórrogas de términos o de audiencias, a menos que la ley lo permita en los casos particulares. Si el titular abandona la defensa, aquél lo sustituirá definitivamente.
Artículo 209.- Conforme a lo previsto en la presente legislación, la designación del defensor se efectuará sin dilación alguna, desde el comienzo del procedimiento y en todo caso, antes de la declaración del inculpado. Si, consultado el inculpado, no lo eligiere, no fuera admitida la defensa personal propuesta o el elegido no aceptare inmediatamente el cargo, se nombrará a un Defensor de Oficio.
Artículo 210.- El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa, en cuyo caso el Ministerio Público o el tribunal competente fijará un plazo para que el inculpado lo reemplace, vencido el cual será sustituido por un Defensor nombrado de Oficio.
El renunciante no podrá abandonar la defensa hasta que intervenga su reemplazante. No se podrá renunciar durante el período del juicio o en el desarrollo de las diligencias o audiencias.
Si el defensor del inculpado abandona la defensa o lo deja sin asistencia técnica, se procederá a su reemplazo inmediato por un Defensor de Oficio y aquél no podrá ser de nuevo nombrado en el procedimiento. La resolución se comunicará de inmediato al inculpado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza.
Artículo 211.- El abandono constituirá falta grave y obligará a quien incurriere en él, al pago de los gastos provocados por el reemplazo, sin perjuicio de las sanciones correspondientes que se establecen en la presente Legislación.
El abandono será comunicado inmediatamente al Supremo Tribunal de Justicia, el cual, previa audiencia del interesado, podrá corregirlo con una multa de 25 a 90 días de salario, según la gravedad del caso.
Artículo 212.- El nombramiento de oficio de un defensor, para los casos en que está previsto, se regirá por las reglas aquí establecidas y de su propia Ley Orgánica.
Artículo 213.- Son derechos del defensor:
I. Consultar el expediente del procedimiento y obtener las copias y certificaciones que solicite sobre constancias que obren en el mismo; y
II. Comunicarse directa y personalmente con el inculpado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal del procedimiento o de las diligencias o audiencias.
Artículo 214.- Son obligaciones del defensor:
I. Asesorar al inculpado sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le imputan;
II. Estar presente en las diligencias o audiencias que se practiquen durante las diversas etapas del procedimiento;
III. Ofrecer y aportar las pruebas necesarias para la defensa del inculpado;
IV. Hacer valer aquellas circunstancias probadas en el procedimiento, que favorezcan la defensa del inculpado;
V. Formular las conclusiones, en los términos previstos en la presente Legislación;
VI. Interponer los medios de impugnación necesarios para la defensa del inculpado, y expresar los agravios correspondientes;
VII. Promover todos aquellos actos procesales que sean necesarios para el desarrollo normal del procedimiento y el pronunciamiento de la sentencia; y
VIII. Solicitar, en la etapa de ejecución, el trámite de los beneficios y estímulos fijados en la presente Legislación, en el caso de la pena de prisión.

TITULO TERCERO


ACTIVIDAD PROCESAL

CAPITULO PRIMERO


Reglas Generales
Artículo 215.- Los agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados, tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se les guarde a ellos, como a las demás autoridades y a los sujetos procesales interesados, el respeto y la consideración debidos, tanto por parte de las personas que ocurren a los tribunales y Agencias del Ministerio Público, como por parte de los servidores públicos adscritos a estas dependencias.
Cuando se presenten actos que contravengan este precepto, realizados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se procederá a la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. En los demás casos se sancionará a los infractores inmediatamente con correcciones disciplinarias.
Artículo 216.- En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados, podrán requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene.
Artículo 217.- En materia penal no se pagarán costas y todos los gastos que se originen en las diligencias que integren un procedimiento, serán cubiertos por el erario del Estado, con excepción de aquellos trámites propuestos en interés directo de los sujetos procesales, así como los pagos que tengan que realizarse a terceros cuya intervención sea necesaria y a solicitud de los mencionados.
Artículo 218.- Cuando cambiare el personal de un tribunal o de una Agencia del Ministerio Público, no se proveerá auto o determinación alguna haciendo saber el cambio, sino que en el primero que proveyere el nuevo funcionario, se insertarán su nombre y apellidos completos.
Cuando no tenga que dictarse resolución alguna antes de la sentencia, se hará saber a los sujetos procesales interesados, en auto especialmente dictado, el cambio de personal.
Artículo 219.- Los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia y los Tribunales dictarán de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, los sujetos procesales interesados podrán solicitar la orientación de tales autoridades sobre puntos del procedimiento que ante éstas se desarrollen, como cómputos, plazos y circunstancias para la promoción y desahogo de pruebas, así como otras cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la debida marcha del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo que las autoridades deban resolver en los autos o en la sentencia. La información que se proporcione constará en acta específica.
Las autoridades que conozcan del procedimiento penal, rechazarán de plano, sin necesidad de sustanciar artículo, incidentes, recursos o promociones notoriamente frívolas o improcedentes.
Artículo 220.- Las actuaciones se deberán practicar usando el idioma nacional para provocar sus efectos propios y poder ser valoradas.
La exposición de personas que ignoren el idioma nacional o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse entender por escrito y los documentos o grabaciones en idioma distinto, u otra forma de transmisión de información, sólo podrán provocar sus efectos una vez realizada su traducción o interpretación, según corresponda.
Artículo 221.- Las personas serán interrogadas en el idioma nacional o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. La autoridad que conozca del asunto, podrá permitir expresamente el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación, pero en este caso, la traducción o la interpretación precederán a la contestación.
Artículo 222.- Las actuaciones podrán practicarse a toda hora y aún en los días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación, y en cada una de ellas se expresará el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se practiquen.
Las autoridades que las realicen podrán constituirse en cualquier lugar del territorio del Estado que abarque su competencia.
Artículo 223.- El Juzgador y el Ministerio Público, estarán acompañados en todas las diligencias que practiquen, de sus secretarios o de dos testigos de asistencia, que los auxiliarán en sus labores. Queda a cargo de los primeros el dar fe o constancia de todo lo que en ellas ocurra.
En las diligencias podrán emplearse, según el caso y a juicio del funcionario que las practique, cualquier medio que tenga por objeto reproducir imágenes o sonidos. Se hará constar en el acta respectiva el medio que se haya empleado en aquéllas, que podrá ser elaborada en la forma convencional o mediante el uso de sistemas de informática o electrónica.
Artículo 224.- A cada actuación se agregará el brevete marginal que indique el objeto de la misma. Todas las fechas y cantidades se escribirán con letra.
En las actuaciones y promociones no se emplearán abreviaturas. Las palabras equivocadas se corregirán según el medio de impresión que se esté utilizando.
Las actuaciones se asentarán en los expedientes en forma continua, sin dejar hojas o espacios en blanco, y cuando haya que agregar documentos, se hará constar cuáles son las fojas que les corresponden.
Artículo 225.- Las actuaciones del Ministerio Público y de los tribunales deberán realizarse con letra clara, por triplicado tratándose del primero y por duplicado en el segundo caso, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos, pudiéndose utilizar los respaldos informáticos o electrónicos autorizados para el efecto.
Artículo 226.- Concluidas las actuaciones del día o agregados los documentos recibidos, la autoridad que realice el trámite foliará y rubricará las hojas respectivas y pondrá el sello que corresponda en el fondo del cuaderno, de manera que abrace las dos caras.
Si alguna de las piezas de actuaciones fuere retirada del expediente, no se enmendará la foliatura, sino que se dejará razón de los folios retirados.
Artículo 227.- Cada diligencia se asentará en acta por separado, que firmarán al final los que en ella intervinieron. Si no supieren firmar, imprimirán la huella de alguno de los dedos de la mano, debiéndose indicar en el acta cuál de ellos fue.
Si no quisieren o no pudieren firmar ni imprimir la huella digital, se hará constar el motivo.
Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieran alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente, expresándose los motivos que dijeron para hacerla.
Artículo 228.- Las promociones que se hagan por escrito deberán presentarse por triplicado o duplicado, según el caso, y estarán firmadas por su autor o llevar su huella digital, pudiéndose ordenar su ratificación cuando se estime necesario; pero deberán ser siempre ratificadas si el que las hace no las firma por cualquier motivo.
Los documentos que se acompañen a las promociones, deberán ser originales o con copia fotostática debidamente autorizada.
En caso de utilización de respaldos informáticos o electrónicos, las promociones también podrán realizarse por ese medio.
Artículo 229.- Los agentes investigadores o secretarios deberán dar cuenta al Ministerio Público o al juzgador, dentro del término de veinticuatro horas, con las promociones que se hicieran, salvo el caso de asuntos urgentes, en que darán cuenta inmediatamente. Para el efecto, se hará constar en el expediente el día y la hora en que se presenten las promociones.
A cada promoción recaerá una resolución específica por separado, que el Ministerio Público o el tribunal fundarán y motivarán en los términos y plazos establecidos por la ley, y de no existir término o plazo, dentro de las 48 horas siguientes.
Artículo 230.- Los expedientes no podrán entregarse a los sujetos procesales interesados, los cuales podrán imponerse de ellos en la Secretaría del Tribunal o en la Agencia del Ministerio Público correspondiente. Esto no operará respecto del Ministerio Público o del Defensor de Oficio, en su caso, cuando se les dé vista para formular conclusiones, pero tal entrega se hará en las propias oficinas adscritas al tribunal correspondiente.
En caso de utilizar medios informáticos o electrónicos, sólo los sujetos procesales autorizados tendrán acceso a la información de tal medio, mediante la aplicación de los mecanismos de control existentes para el efecto.
Artículo 231.- Los Secretarios de los tribunales o el Ministerio Público en su caso, cotejarán las copias o testimonios de constancias que se mandarán expedir, y las autorizarán con su firma y sello correspondiente.
Para sacar copia de algún auto o diligencia se requiere autorización del Ministerio Público o del tribunal en su caso, y sólo será en favor de las personas legitimadas en el procedimiento para obtener dichos documentos.
Artículo 232.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera que se cause perjuicio a cualquiera de los sujetos procesales interesados, así como cuando la ley expresamente determine la nulidad. Esta no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. La nulidad de una actuación se reclamará por quien la promueva, en la actuación subsiguiente en que ésta deba intervenir, y se substanciará conforme al procedimiento previsto para los incidentes no especificados. Cuando se resuelva la nulidad del acto, serán igualmente nulas las actuaciones posteriores al acto anulado que se deriven precisamente de éste. Las resoluciones que resuelvan sobre la nulidad invocada, serán apelables.

CAPITULO SEGUNDO


Términos
Artículo 233.- Los términos son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad.
Los términos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción. Los determinados por días, comenzarán a correr al día siguiente al de la fecha de la notificación. Se computarán sólo los hábiles, salvo que la ley o la resolución judicial indiquen expresamente otra cosa.
Los términos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación.
Artículo 234.- Los términos que sólo tienen como fin regular la tarea de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento, serán observados rigurosamente por ellos; su inobservancia implicará mala conducta en el desempeño de sus funciones y la sanción disciplinaria procederá de oficio, previa audiencia del interesado.
Artículo 235.- El tribunal o servidor público que deba practicar el acto fijará el plazo conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que debe cumplirse, cuando la ley no lo establezca o cuando, al contrario, subordine la extensión del plazo a su voluntad.
Artículo 236.- El Ministerio Público, el inculpado y los demás intervinientes podrán renunciar a los términos establecidos en su favor o consentir su abreviación, por manifestación expresa.
Cuando el término sea común para varios intervinientes o para todos ellos, se necesitará del consentimiento de todos y del tribunal correspondiente, para abreviar o prescindir del término.
Artículo 237.- Quien, sin su culpa, por defecto en la notificación, por fuerza mayor que no le sea imputable o por un acontecimiento fortuito insuperable, se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la reposición íntegra del término, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley, a su pedido.
Artículo 238.- La instancia de reposición del término se presentará por escrito, en el tribunal ante el cual hubiera debido observarse, inmediatamente después de desaparecido el impedimento o de conocido el acontecimiento que da nacimiento al término, y deberá contener:
I. Indicación concreta del motivo que imposibilitó la observación del término, su justificación y la mención de todos los elementos de prueba de los cuales se vale para comprobarlo; y
II. Actividad omitida y la expresión de voluntad de llevarla a cabo.
Artículo 239.- Analizada la solicitud, el Tribunal señalará día y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas y la resolución que corresponda, la cual no será recurrible. Si se acepta la reposición del término, el mismo comenzará a correr al día siguiente de dictada la resolución.

CAPITULO TERCERO


Autos y Resoluciones
Artículo 240.- Las resoluciones judiciales son:
I. Sentencias definitivas, si terminan la instancia resolviendo el asunto en lo principal;
II. Sentencias interlocutorias, si resuelven una cuestión incidental;
III. Autos, si dan principio o ponen fin a una etapa del procedimiento; y
IV. Acuerdos, las demás resoluciones y las de mero trámite.
Artículo 241.- Las resoluciones del Ministerio Público son:
I. Determinaciones, si resuelven sobre el inicio o no de una averiguación previa, sobre el ejercicio de la acción penal, reserva de diligencias y no ejercicio de la acción penal y aquellas que clarifican la identidad del indiciado; y
II. Acuerdos, las demás resoluciones que se dicten dentro de la etapa de la averiguación previa.
Artículo 242.- Toda resolución expresará el lugar, la fecha y hora en que se pronuncia, así como designación de la autoridad que la suscribe, y se redactará por escrito en forma clara, precisa y congruente con la promoción o actuación procesal que la origine y deberá cumplirse o ejecutarse en sus términos.
Igualmente contendrá una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de su motivación y fundamentos legales.
Artículo 243.- Las sentencias definitivas contendrán, además de los requisitos fijados en este capítulo:
I. La totalidad de los datos que se obtengan del inculpado durante el desarrollo del procedimiento;
II. Un extracto breve de los hechos procedimentales conducentes a la resolución;
III. La descripción del hecho o hechos punibles que serán objeto de valoración jurídica, así como de los medios probatorios aportados para demostrar su existencia;
IV. Las consideraciones y los fundamentos legales que se establezcan para acreditar la existencia de la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad correspondientes, y por ende la responsabilidad penal del inculpado;
V. La condena o absolución que proceda, clarificando en el primer caso la pena y/o medida de seguridad que se vaya a aplicar;
VI. Lo relativo a los apoyos que se hayan otorgado por parte del Estado a la víctima y ofendidos, que deberán restituirse al Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito, así como los términos de ello en cumplimiento a la ley aplicable; y
VII. Los demás puntos resolutivos correspondientes.
Deberán dictarse dentro de los 10 días siguientes a la citación para oír sentencia, salvo que el expediente excediera de 300 fojas, en cuyo caso se aumentará un día más por cada 50 de exceso.
Artículo 244.- Los acuerdos que contengan resoluciones de mero trámite, deberán dictarse dentro de 24 horas, contadas desde aquella en que se haga la promoción; los autos, salvo los que la ley disponga para casos especiales, dentro de 3 días.
Artículo 245.- Las resoluciones se dictarán por el servidor público respectivo, y serán firmadas por él y por el secretario que corresponda, o a falta de éste, por testigos de asistencia, asentándose los nombres de quienes las suscriban.
La falta de alguna firma provocará la invalidez del acto.
Artículo 246.- Para la validez de las sentencias y de los autos que no sean de mero trámite, dictados por un tribunal colegiado, se requerirá el voto de la mayoría de sus miembros.
Artículo 247.- Cuando alguno de los componentes de un tribunal colegiado no estuviere conforme con la resolución de la mayoría, expresará sucintamente las razones de su inconformidad, en voto particular que se agregará al expediente.
Artículo 248.- Ninguna resolución después de firmada puede modificarse si no es mediante la substanciación del medio de impugnación o incidente que corresponda.
Artículo 249.- No se estimarán consentidas las resoluciones, sino cuando los sujetos procesales interesados manifiesten expresamente su conformidad o no las recurran oportunamente.
Ninguna resolución judicial se ejecutará sin que previamente se haya notificado de la misma al Ministerio Público y a quien corresponda, conforme a la ley.

CAPITULO CUARTO


Exhortos, Notificaciones y Citaciones
Artículo 250.- Las diligencias del Ministerio Público que deban practicarse fuera del territorio del Estado en que se esté tramitando alguna averiguación, se encargarán a quien toque desempeñar esas funciones en el lugar donde deban practicarse, enviándole la averiguación original o un oficio con las inserciones necesarias, en términos de lo previsto por los Acuerdos de Coordinación ordenados por el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 251.- Cuando tengan que practicarse diligencias judiciales fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conozca del asunto, se encomendará su cumplimiento por exhorto al funcionario judicial de igual categoría del territorio jurisdiccional donde deban practicarse.
Los tribunales se comunicarán con funcionarios públicos o autoridades que no sean judiciales, por medio de oficio.
Artículo 252.- Cuando un tribunal no pueda dar cumplimiento al exhorto, por hallarse en otra jurisdicción las personas o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al tribunal en que aquélla o éstas se encuentren, y lo hará saber al requirente.
El cumplimiento de los exhortos no implica prórroga ni renuncia de la competencia.
Artículo 253.- Los exhortos contendrán las inserciones necesarias, según la naturaleza de las diligencias que hayan de practicarse; llevarán el sello del tribunal e irán firmadas por el servidor público correspondiente y por el secretario respectivo o testigos de asistencia en su caso.
Artículo 254.- En casos urgentes, podrá resolverse que se haga uso de la vía telefónica, del telefax o de cualquiera otro medio de comunicación, expresándose con toda claridad las diligencias que han de practicarse, el sujeto procesal que las solicitó, el nombre del inculpado, si fuere posible, el hecho punible de que se trata y el fundamento de la providencia. En la misma fecha en que se lleve a cabo la comunicación, el tribunal requirente enviará por correo el exhorto u oficio relativos.
Artículo 255.- Para el efecto de cumplimentar alguna orden de aprehensión de inculpado que radique fuera del territorio del Estado, se estará a lo ordenado por los Convenios de Colaboración realizados en términos del Artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 256.- El tribunal que recibiere un exhorto extendido en debida forma, procederá a cumplimentarlo en un plazo no mayor de cinco días contados a partir de la fecha de su recibo; si por la naturaleza o circunstancia de la diligencia no fuere posible su cumplimentación en el plazo indicado, el tribunal lo resolverá así, determinando o razonando las causas de ello.
Artículo 257.- Cuando un juzgador no dé cumplimiento a un exhorto o lo devuelva por fundamentos o motivos que el exhortante considere injustificados, este último podrá ocurrir en reclamación ante el superior de aquél.
Artículo 258.- Si el tribunal exhortado estimare que no debe cumplimentar el exhorto por interesarse en ello su jurisdicción, oirá al Ministerio Público y resolverá dentro de tres días, promoviendo en su caso la competencia respectiva.
Artículo 259.- Se dará entera fe y crédito a los exhortos y requisitorias que libren los tribunales federales o estatales, debiendo cumplimentarse siempre que se llenen los requisitos fijados en la presente legislación.
Artículo 260.- Los exhortos dirigidos a los tribunales extranjeros se remitirán, con aprobación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la vía diplomática y por los conductos nacionales debidos, al lugar de su destino. Las firmas de las autoridades que los expidan, serán legalizadas por el Gobernador del Estado, y la de éste en la forma que determine la ley correspondiente.
Artículo 261.- Los exhortos de los tribunales extranjeros deberán tener, además de los requisitos que indiquen las legislaciones respectivas y los tratados internacionales, la legalización que haga el representante autorizado para atender los asuntos de la República en el lugar donde sean expedidos.
Artículo 262.- Las resoluciones de los tribunales se darán a conocer a quienes corresponda mediante notificación que se efectuará a más tardar el día siguiente al en que se dicten.
Deberán ser practicadas por quien disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial o por quien designe el tribunal especialmente.
Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con 48 horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, salvo que se trate de diligencias a realizar durante la fase de la pre-instrucción.
Artículo 263.- Cuando la notificación se realice respecto de la sentencia que se dicte en primera instancia, el inculpado y la víctima u ofendido, serán informados, verbalmente o por escrito, según la forma de su notificación, acerca de los recursos posibles y el plazo para interponerlos.
De la información se dejará constancia.
Artículo 264.- Las personas que intervengan en un procedimiento y sean sujetos de notificaciones, designarán en la primera diligencia un domicilio ubicado en el lugar, para recibirlas. Si por cualquier circunstancia no hacen designación, cambien de domicilio sin dar aviso a la autoridad que conozca o señalen uno falso, las notificaciones, aún las personales, se les harán por lista. En casos urgentes, podrá resolverse que se haga uso de la vía telefónica, del telefax o de cualquiera otro medio de comunicación electrónica que para el efecto haya sido proporcionado por el sujeto procesal interesado, o que utilice la información electrónica que al efecto adopte el Poder Judicial del Estado.
Artículo 265.- Sólo las sentencias que se dicten en primera y segunda instancia, así como las resoluciones que al efecto se señalan en la presente Legislación, serán notificadas personalmente a los sujetos procesales interesados. Las demás resoluciones judiciales y las determinaciones del Ministerio Público, se notificarán en los términos por esta ley establecidos.
Artículo 266.- Tratándose del Ministerio Público y de los Defensores de Oficio adscritos a los correspondientes tribunales, la notificación que se les haga, siempre será por lista.
Artículo 267.- Cuando el inculpado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para que reciba las notificaciones que correspondan a la defensa.
Si no se hace esta designación, la notificación surtirá sus efectos haciéndola a cualquiera de los defensores nombrados.
Artículo 268.- Los servidores públicos a quienes corresponda hacer las notificaciones que no sean personales, fijarán diariamente en los tableros del tribunal, a primera hora, una lista de los asuntos acordados el día anterior, expresando el número del expediente, el nombre del inculpado y una relación brevísima del acuerdo, y asentarán constancia de este hecho en los expedientes respectivos. Las notificaciones realizadas en esta forma surtirán sus efectos por la simple publicación de la lista.
Artículo 269.- Las notificaciones personales se harán en el tribunal, o en el domicilio designado. Si no se encuentra el interesado en este último, se le dejará con cualquiera de las personas que allí residan, una cédula que contendrá: nombre del tribunal que la haya dictado; causa en la cual se dicta; transcripción, en lo conducente, de la resolución que se le notifique; día y hora en que se hace la notificación, y nombre de la persona en poder de la cual se deje, recabando la firma o huella digital de quien la recibe o la razón de no haber querido hacerlo; expresándose además, el motivo por el cual no se hizo en persona al interesado.
Si el que debe ser notificado se niega a recibir al servidor público encargado de hacer la notificación, o las personas que residen en el domicilio se rehusan a recibir la cédula, o no se encuentra a nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta de la entrada, asentándose razón en autos.
Artículo 270.- Si se probase que una notificación decretada se hizo en forma distinta a lo previsto por este Código, los sujetos procesales interesados podrán promover su nulidad, mediante el trámite previsto para incidente no especificado, nulificándose además, las actuaciones que de dicha mala notificación se deriven y el encargado de hacerla será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la falta y se le juzgará con arreglo a la ley si actuó dolosamente. En caso contrario, se le impondrá alguna corrección disciplinaria.
Si una notificación que sin ser personal, se notifica de esta forma, surtirá plenos efectos y no habrá lugar a lo previsto en el párrafo anterior.
Si se demuestra que falsamente se asentó como hecha una notificación no realizada, se dará vista al Ministerio Público para lo que legalmente proceda.
Artículo 271.- Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que previene este código, la persona que debe ser notificada se muestra sabedora de la providencia, se tendrá por hecha la notificación, sin perjuicio de aplicar, en lo conducente, la corrección que corresponda al servidor público encargado de realizarlas.
Artículo 272.- Cuando sea necesaria la presencia de alguna persona para llevar a cabo un acto, el tribunal o el Ministerio Público la citará por medio de cédula, por telégrafo, por teléfono, telefax o verbalmente, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.
Artículo 273.- Se les hará saber a los citados el tribunal o funcionario ante el cual deban comparecer, el motivo de la citación, la identificación del expediente y la fecha y hora en que deban comparecer. Al mismo tiempo se les advertirá que la incomparecencia injustificada provocará la aplicación de una medida de apremio, y que en caso de impedimento, deberán comunicarlo inmediatamente, por cualquier vía, a quien los cita, justificando plenamente el motivo.
La incomparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento.
Artículo 274.- Quedan exceptuados de esta obligación las personas señaladas en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Artículo 275.- Cuando se ignore la residencia de la persona que deba ser citada, se solicitará al Ministerio Público encargue a la policía que lo averigüe y proporcione el dato. Si esta investigación no tuviere éxito y quien ordene la citación estime conveniente, podrá hacerlo por medio de un periódico de mayor circulación, o por los medios de comunicación social que estime necesarios para el efecto.
Artículo 276.- El empleado del tribunal o de la Procuraduría General de Justicia dará cuenta, por medio de informe que se hará constar en autos, del resultado de la entrega de las citas que se le encomendaren, precisamente antes de la hora señalada para la diligencia para la cual fue expedida, y dentro del mismo tiempo, la policía dará dicho informe, por escrito, cuando a ella se le encomiende la citación.
La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el tribunal o por la Procuraduría General de Justicia con multa de hasta 10 días de salario mínimo vigente en el Estado.

CAPITULO QUINTO


Audiencias Judiciales
Artículo 277.- Las audiencias judiciales serán públicas, excepto en los casos en que la propia moral pública exija lo contrario, y para tal efecto así deberá acordarse en autos. Se consideran como audiencias judiciales las siguientes:
I. Declaración preparatoria del inculpado;
II. Careos;
III. Audiencia final de juicio;
IV. Las incidentales; y
V. Las de segunda instancia.
Artículo 278.- No podrá celebrarse una audiencia judicial sin la presencia del Ministerio Público, del inculpado y del defensor. Si faltare el Ministerio Público o Defensor de Oficio, el juez lo comunicará a sus superiores jerárquicos, según el caso, para que designen a un suplente.
Las audiencias judiciales se suspenderán mientras no estén presentes el Ministerio Público y el Defensor de Oficio. En su caso, el juez solicitará a los superiores jerárquicos la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa conducente. Si no se pudiere celebrar la audiencia, se citará para otra dentro de los tres días siguientes.
Si el defensor fuere particular y no asistiere a la audiencia, o se ausente de ella sin razón, se estará a lo dispuesto en esta legislación en el capítulo relativo a los derechos y obligaciones de la Defensa.
Si faltare el inculpado, y su presencia no sea fundamental para el desarrollo o continuación de la audiencia, se continuará ésta sin su presencia.
Artículo 279.- En las audiencias judiciales el Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa, a su vez, contestar en cada caso.
Artículo 280.- Antes de cerrarse el debate, el servidor público que presida la audiencia preguntará al inculpado si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.
Artículo 281.- En las audiencias judiciales y de desahogo de pruebas, el orden y disciplina estará a cargo del servidor público que presida.
Respecto de las diligencias de desahogo de pruebas, éstas se desarrollarán conforme a las reglas que establece la presente Legislación en el título correspondiente a medios probatorios.

CAPITULO SEXTO


Correcciones Disciplinarias y Medios de Apremio
Artículo 282.- Durante el procedimiento penal, la autoridad que conozca según la fase, podrá aplicar, por acciones u omisiones que realicen las personas o funcionarios, cualquiera de las siguientes correcciones disciplinarias:
I. Apercibimiento;
II. Desalojo de la sala u oficina de audiencias;
III. Multa por el equivalente a entre 1 y 15 días de salario mínimo vigente en el Estado, en el momento en que se cometa la falta que amerite corrección. Tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, el de un día de ingreso;
IV. Arresto hasta por 36 horas; y
V. Suspensión.
La suspensión sólo se podrá aplicar a servidores públicos, con la duración prevista por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
Artículo 283.- Contra cualquier providencia en la que se imponga una corrección disciplinaria, se oirá al interesado, si lo solicita, dentro de las 24 horas siguientes a la en que tenga conocimiento de ella. En vista de lo manifestado por el interesado, el servidor público que la hubiera impuesto, resolverá desde luego, lo que estime procedente.
Artículo 284.- El Ministerio Público en la fase de la averiguación previa y los tribunales en las fases de averiguación procesal y juicio, podrán emplear como medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, las correcciones disciplinarias establecidas en el artículo 282 de esta Legislación y el auxilio de la fuerza pública. Cuando a juicio de la autoridad que haya empleado los medios de apremio, el o los usados resultaren ineficaces para hacer cumplir su determinación, pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales que correspondan.

CAPITULO SEPTIMO


Prisión Preventiva
Artículo 285.- Sólo por hecho punible típico que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la ejecución de las penas o medidas de seguridad.
Artículo 286.- La prisión preventiva no podrá exceder del máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley para el hecho punible típico que motivare el procedimiento. En consecuencia, vencido el plazo, el juez ordenará que se ponga de inmediato en libertad al inculpado, sin perjuicio de continuar con el procedimiento para otros efectos.
Artículo 287.- En toda pena privativa de la libertad que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo en que el inculpado estuvo privado de la misma.
Los inculpados que hayan pertenecido a organismos de policía o al ejército y que estuvieren sujetos a prisión preventiva, deberán permanecer en lugares separados donde no tengan acceso los detenidos con distinta calidad.
Artículo 288.- Cuando deba aprehenderse a un servidor público o a un particular que esté en ese momento trabajando en un servicio público, se procurara que éste no se interrumpa, tomándose las providencias necesarias a fin de que el inculpado no se fugue, entretanto se obtiene su relevo o finaliza su actividad.
Artículo 289.- Cuando se ejecute una orden de aprehensión dictada contra una persona que maneje fondos públicos, se tomarán las providencias necesarias para que no se interrumpa el servicio y se haga entrega de los fondos, valores y documentos que tenga en su poder el inculpado, dictándose entretanto las medidas preventivas que se juzguen oportunas para evitar que se substraiga a la acción de la justicia.
Artículo 290.- Al ser aprehendido un servidor público, empleado o encargado de un servicio público, se comunicará la detención, sin demora, al superior jerárquico respectivo.

CAPITULO OCTAVO


Arraigo
Artículo 291.- Cuando con motivo de la integración de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del inculpado, por temer que pueda sustraerse a la acción de la justicia, solicitará, fundando y motivando la petición, al órgano jurisdiccional, que aquél sea decretado, tomando en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias personales del inculpado.
El arraigo consiste en la vigilancia de la autoridad que ejercerá el Ministerio Público y sus auxiliares sobre la persona del inculpado, para que este no salga del territorio del Estado y sin que deje de asistir diariamente a su domicilio, y que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, no pudiendo exceder de 30 días hábiles.

CAPITULO NOVENO


Restitución
Artículo 292.- Cuando estén plenamente comprobados en el procedimiento los datos que acrediten el cuerpo del delito, el servidor público que conozca del asunto, dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente justificados.
Si se tratare de bienes muebles o inmuebles, únicamente podrán retenerse, previo aseguramiento, cuando, a juicio de quien practique las diligencias, la retención fuere necesaria para el éxito del procedimiento. En caso de no ser necesario, se levantará dicho aseguramiento.
Si la entrega del bien pudiere lesionar derechos de terceros, de la víctima u ofendido, o del inculpado, la devolución se hará mediante caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios. La autoridad que conozca, fijará la naturaleza y el monto de la caución, fundando y motivando su determinación, en vista de las circunstancias del caso.
Cuando el inculpado se encuentre privado de su libertad, la restitución a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, sólo podrá decretarse hasta después de dictado el auto de término constitucional, en que se resuelva sobre su situación jurídica.

CAPITULO DECIMO


Cateos
Artículo 293.- Cuando durante las diligencias que realice el Ministerio Público con motivo de la integración de una averiguación previa, se estimare necesaria la práctica de un cateo, aquél acudirá ante el juez respectivo solicitándole la práctica de la diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justifiquen. Cuando el Ministerio Público considere urgente la práctica de la diligencia de cateo, manifestará al tribunal las razones que tuviere para ello, quedando obligados los jueces a resolver de inmediato, aún en horas y días considerados inhábiles.
El cateo podrá igualmente ser decretado por el juez en cualquier momento del desarrollo de la averiguación procesal, tanto a petición del Ministerio Público como de la Defensa.
Cuando al iniciarse la diligencia de cateo el ocupante del lugar permita la entrada de autoridades que lo hayan de practicar, se recabará su consentimiento por escrito y la diligencia se realizará de acuerdo con las reglas de la prueba de inspección, si se tratare de inspeccionar un lugar o cosas. Si el fin de la diligencia es el de substraer cosas, se recogerán las mismas por la autoridad que las practique, entregándose el recibo correspondiente al ocupante o a la persona con quien se entienda la diligencia. Si se tratare de ejecutar una orden de aprehensión, se cumplimentará la misma si se localiza al inculpado.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 294.- En toda orden de cateo se especificarán:


I. La autoridad judicial que lo ordena y la sucinta identificación del procedimiento;
II. El señalamiento concreto del lugar o lugares que habrán de ser registrados;
III. El lugar o las cosas que han de inspeccionarse o las cosas que han de substraerse o a las personas que haya de aprehenderse;
IV. La autoridad que practicará la diligencia y en cuyo favor se extiende la orden;
V. Los límites a que se sujetará la autoridad al practicar la diligencia; y
VI. El levantamiento de un acta circunstanciada, al concluir la diligencia, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado y en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos datos.
Artículo 295.- El cateo será practicado:
I. Por el funcionario que la autoridad judicial autorice, en los casos de inspección de objetos o lugares, o de substracción de objetos; y
II. Por la Policía, con asistencia del Ministerio Público, cuando se trate de ejecutar una orden de aprehensión.
Artículo 296.- La orden de cateo será notificada a quien habita el lugar o al encargado, entregándole una copia, procediéndose en adelante, conforme a los artículos precedentes.
Si quien habita el lugar se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro, se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo. Este procedimiento constará en el acta respectiva.
Artículo 297.- Para la práctica de un cateo en la residencia o despacho de otro de los Poderes del Estado, o de las autoridades federales, el tribunal recabará la autorización correspondiente.
Artículo 298.- El incumplimiento de los requisitos y formalidades señaladas en este capítulo, produce la nulidad absoluta de la diligencia de cateo.

CAPITULO DECIMO PRIMERO


Inspección Personal
Artículo 299.- Cuando fuere de absoluta necesidad para averiguar la existencia del hecho punible o para aprehender al inculpado, se procederá a la inspección corporal de cualquier otra persona, así como a su observación, separadamente, y cuidando que se respete su pudor. Tal inspección será practicada por una persona del mismo sexo.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO


Embargo Precautorio
Artículo 300.- Dictado el auto de radicación por la autoridad judicial, el Ministerio Público, la víctima u ofendido, o sus legítimos representantes, podrán solicitar al tribunal que decrete el embargo precautorio sobre bienes del inculpado o de un tercero obligado, que garanticen la reparación de daños y perjuicios.
El tribunal ordenará el embargo precautorio sobre todo cuando se trate de hechos punibles típicos calificados de graves, y la diligencia correspondiente se llevará a cabo en los términos previstos por el Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.
Artículo 301.- Los vehículos de motor y otros objetos de uso lícito utilizados en el hecho punible, se podrán embargar de oficio si son propiedad del inculpado o a petición de la víctima u ofendido, o de sus legítimos representantes, si son de tercero obligado, para asegurar el pago de la reparación de daños y perjuicios que pueda determinarse.
Artículo 302.- El embargo no se decretará o en su caso se levantará, cuando el embargado u otra persona a su nombre, otorguen caución bastante para garantizar el pago de los daños y perjuicios causados.
El embargo también se levantará si se decreta la libertad del inculpado, y en el caso del tercero obligado, si es legalmente desligado de la obligación.

CAPITULO DECIMO TERCERO


Aseguramiento
Artículo 303.- La autoridad ministerial o jurisdiccional competente, que esté conociendo del procedimiento, procederá al inmediato aseguramiento, para efecto de decomiso, destrucción o pérdida o posterior embargo precautorio, de los bienes relacionados con el hecho punible, cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos utilizados. Tendrá el carácter de provisional y se ordenará su levantamiento si se determina el no ejercicio de la acción penal o la reserva de diligencias; o cuando se ordene el sobreseimiento del procedimiento, se decrete sentencia absolutoria o la condenatoria no ordene el decomiso, destrucción o pérdida de objetos, instrumentos o productos del delito.

TITULO CUARTO


EL PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO

CAPITULO PRIMERO


Averiguación Previa o Fase Inicial del Procedimiento
Artículo 304.- La averiguación previa consiste en la investigación de la existencia del hecho punible de que tenga conocimiento el Ministerio Público por denuncia, con el objeto de comprobar los datos que acrediten el cuerpo del delito determinado en la figura típica correspondiente y para el establecimiento de la probable responsabilidad del o de los inculpados, y resolver con ello sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal.
El hecho punible se integra con los siguientes elementos fácticos:
I. Un resultado, que puede ser la lesión o puesta en peligro de cualquiera de los bienes jurídicos protegidos por las figuras típicas descritas en la presente Legislación;
II. Una o varias conductas;
III. El nexo existente entre la conducta y el resultado, en el que se determine la atribuilidad (sic) del resultado a la conducta o conductas específicas, o la imputación objetiva de tal resultado; y
IV. Los factores existenciales concurrentes al resultado, a la conducta y al nexo.
La denuncia es el medio por el que cualquier persona hace del conocimiento del Ministerio Público o de sus Auxiliares, del hecho punible, y suficiente para iniciar la averiguación previa.
Artículo 305.- Cualquier persona, legalmente identificada, está facultada para presentar una denuncia, la que se formulará verbalmente o por escrito, y deberá contener, en lo posible, el relato circunstanciado de la totalidad del hecho punible o de alguna de sus partes, sin calificarlo jurídicamente, con indicación de los autores, partícipes, cómplices, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, y los demás datos exigidos para el inicio de una averiguación previa. Agregará también las pruebas documentales en su poder, o indicará el lugar donde ellas están.
La persona que formule denuncia dará a conocer, además de lo señalado en el párrafo anterior:
I. El nombre y apellidos, de su representado, en su caso;
II. El domicilio real y legal, o ambos, en su caso;
III. El documento, nacional o extranjero, que sirva para identificarlos; y
IV. En el caso de personas colectivas, la razón, domicilio social, personas que la dirigen y documento legal que lo identifique.
Cuando la denuncia no reúna los requisitos previstos para cada caso, el Ministerio Público prevendrá al denunciante para que la modifique, ajustándose a ellos. Asimismo, se informará al denunciante, dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurídica del acto que realizan, sobre la punibilidad establecida para quienes se conducen con falsedad ante una autoridad y sobre las modalidades del procedimiento.
El derecho para formular denuncia prescribirá en 2 años, contados a partir del momento en que la víctima u ofendido tenga conocimiento directo del resultado de afectación o de puesta en peligro del bien jurídico protegido por la correspondiente figura típica del que sea titular.
Artículo 306.- Si el denunciante tiene el carácter de víctima u ofendido, podrá otorgar el perdón al inculpado en cualquier etapa del procedimiento.
Se considerará que la víctima u ofendido otorga el perdón:
I. Cuando, citado a participar en la realización de diligencias necesarias para el trámite del procedimiento, no concurriere sin justa causa, o se negare a colaborar en tales diligencias;
II. Cuando no presente los medios probatorios que sean necesarios y que tenga en su poder, en las etapas de averiguación previa y averiguación procesal.
El desistimiento podrá ser declarado de oficio o a petición de cualquiera de los sujetos procesales interesados, y su declaratoria provocará el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento, según el estado del procedimiento, lo que impedirá toda posterior persecución, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su instancia.
Artículo 307.- El perdón otorgado por la víctima u ofendido, extingue el ejercicio de la acción penal y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad.
Cuando sean varias las víctimas u ofendidos y cada uno de ellos pueda ejercer separadamente la facultad de otorgar el perdón, esto sólo surtirá efectos por lo que hace a quien lo concede.
Si los inculpados fueren varios, el desistimiento otorgado a uno de ellos, beneficia a los demás.
Artículo 308.- El otorgamiento del perdón solo operará, para los efectos señalados, respecto de hechos que puedan ser o hayan sido tipificados en relación con las siguientes figuras típicas:
I. Lesiones Dolosas, previstas en el artículo 10, fracciones I, II, III y IV;
II. Lesiones Dolosas en Riña, previstas en el artículo 11;
III. Hostigamiento Sexual, prevista en el artículo 20;
IV. Atentados al Pudor, prevista en el artículo 21;
V. Estupro, prevista en el artículo 23;
VI. Bigamia, prevista en el artículo 31;
VII. Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, prevista en el artículo 33;
VIII. Sustracción de Menores e Incapaces, cuando el inculpado sea familiar de la víctima, prevista en el artículo 35;
IX. Adulterio, prevista en el artículo 36;
X. Allanamiento de Morada, prevista en el artículo 42;
XI. Robo, prevista en el artículo 44;
XII. Robo Calificado, prevista en el artículo 45, cuando el monto de lo robado no exceda trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
XIII. Abuso de Confianza, prevista en el artículo 46;
XIV. Fraude, prevista en el artículo 47;
XV. Despojo Urbano, prevista en el artículo 51;
XVI. Daño en las Cosas Doloso, prevista en el artículo 52;
XVII. Ejercicio Indebido del Propio Derecho, prevista en el artículo 64;
XVIII. Revelación de Secretos, prevista en el artículo 79;
XIX. Violación de Correspondencia, prevista en el artículo 80;
XX. Defraudación Fiscal, prevista en el artículo 89;
XXI. Homicidio Culposo, prevista en los párrafos primero y segundo del artículo 92;
XXII. Aborto Culposo, previsto en los párrafos primero y segundo el artículo 93;
XXIII. Lesiones Culposos, previstas los párrafos primero y segundo, fracciones I y II, del artículo 94; y (sic)
XXIV. Daño en las Cosas Culposo, prevista en los párrafos primero y segundo, del artículo 95;
(ADICIONADA, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

XXV.- Usura, previsto en el Artículo 48.


Artículo 309.- Inmediatamente que el Ministerio Público reciba la denuncia o tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible, determinará sobre el inicio o no inicio de averiguación previa. En el primer supuesto, dictará todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a los ofendidos o víctimas del hecho, y para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho, así como los instrumentos o cosas objeto o efectos del mismo; investigará qué personas fueron testigos; evitará que el hecho siga produciendo sus efectos, y en general, impedirá que se dificulte la elaboración de la averiguación previa, procediendo a privar de la libertad a los probables responsables, en los casos permitidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 310.- En procuración de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible, con todas las circunstancias de importancia para la legislación penal y de los partícipes en él, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o que puedan influir en su punición, verificando también el daño o daños causados por el hecho.
Es obligación del Ministerio Público extender la investigación del hecho punible, no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba o indicios cuya pérdida por demora es de temer. Deberá también procurar el pronto desahogo de las citas de testigos y peritos para aclarar el hecho y su situación.
El incumplimiento o la demora injustificada será considerada falta grave y podrán hacerse efectivas al funcionario las sanciones y responsabilidades previstas en la legislación que regule sus actividades.
Artículo 311.- Todos los actos y diligencias que se realicen en la integración de la averiguación previa serán secretos para terceros extraños.
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por la víctima u ofendido, sus representantes, el indiciado y sus defensores, así como las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento. No obstante lo anterior, tanto los funcionarios como las personas señaladas, están obligados a guardar secreto. Su incumplimiento será sancionado en términos de ley.
Artículo 312.- La víctima u ofendido, sus representantes, así como el indiciado y sus defensores, podrán promover medios de prueba en cualquier momento de la averiguación previa. El Ministerio Público los desahogará si los considera pertinentes y útiles para los fines de la averiguación, debiendo dejar constancias de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.
Artículo 313.- El Ministerio Público puede exigir informaciones de toda persona y de todos los funcionarios públicos, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por sus auxiliares, cualquier clase de diligencias. Los funcionarios policiales estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión del Ministerio Público.
Artículo 314.- El Ministerio Público procurará dar término a la averiguación previa lo antes posible, procediendo con la diligencia que el caso requiera.
Pasados dos meses desde la individualización del o de los indiciados, cualquiera de los intervinientes podrá requerir al superior jerárquico del Ministerio Público que conozca del asunto, la fijación de un plazo prudente para la conclusión de la averiguación. El superior jerárquico le notificará tal plazo, que se fijará según las circunstancias del caso.
Vencido el plazo, se procederá conforme a las reglas que se establecen para la conclusión de la averiguación, y si esto no se hiciera, se encargará el asunto a otro funcionario, previa fijación de sanciones administrativas para el funcionario omiso.
Artículo 315.- Cuando el Ministerio Público estime que la averiguación previa proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento del indiciado, por acreditamiento de cuerpo del delito y probable responsabilidad, realizará el ejercicio de la acción penal en su contra, la cual se formulará tomando en cuenta lo siguiente:
a) Se promoverá la iniciación de la averiguación procesal;
b) Se establecerán los datos que sirvan para identificar al Indiciado y los lugares de su posible localización;
c) Se hará relación clara, precisa y circunstanciada del o de los hechos punibles, con énfasis en el resultado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la figura típica seleccionada, de la forma de autoría o participación del indiciado y la atribución del resultado a la conducta o conductas específicas;
d) Se mencionarán los medios de prueba utilizados para demostrar la existencia del o de los hechos punibles;
e) Se fijará concretamente la figura típica que sea aplicable, haciendo la relación correspondiente entre los elementos objetivos que la integran con el hecho punible comprobado, para acreditar la existencia del cuerpo del delito y probable responsabilidad del indiciado; y
f) Se hará solicitud de la orden de aprehensión que sea procedente, de la citación para declaración preparatoria, o que se decrete el auto de formal prisión que corresponda.
No podrá ejercitarse acción penal en contra de persona alguna, si existe como único medio probatorio el denominado confesión.
Asimismo, en el oficio mediante el cual se ejercite la acción penal, el Ministerio Público señalará el lugar de depósito de los objetos relacionados con el hecho punible, dejándolos a su disposición, e informando de ello al encargado del depósito.
En caso de que en la fase de averiguación previa se haya otorgado al indiciado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se anexará al expediente el documento correspondiente a la garantía exhibida.
La autoridad judicial no dará trámite a la consignación, si el Ministerio Público no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente artículo.
Artículo 316.- El Ministerio Público al concluir una averiguación, no ejercitará la acción penal a su cargo:
a) Cuando los hechos punibles investigados no puedan ser relacionados con el contenido de alguna de las descripciones típicas contenidas en la presente legislación;
b) Cuando no se pueda probar alguno de los elementos que integren el cuerpo del delito establecido en la figura típica aplicable;
c) Cuando no se pueda establecer que la conducta del indiciado haya provocado el resultado de lesión o de puesta en peligro de bien jurídico determinado o haya colaborado en su provocación; y
d) Cuando la responsabilidad penal se hubiese extinguido en los términos establecidos en la presente legislación.
Artículo 317.- Si de las diligencias practicadas en la averiguación previa no se obtiene la información necesaria o no se ha podido individualizar al indiciado, para poder ejercitar o no la acción penal, y no es posible complementarla o clarificarla en forma inmediata, pero existe la posibilidad de allegarse datos con posterioridad para concluir la investigación, se determinará la reserva de diligencias, ordenándose en consecuencia a la policía continúe con la búsqueda tales datos tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho punible.
Artículo 318.- El ejercicio de la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que establezca la descripción típica que corresponda, pero en ningún caso será menor de tres años, y se contará a partir del momento en que se haya concretizado el resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si el delito es calificado de instantáneo; del momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la acción ordenada, si el delito se califica en grado de tentativa; desde el día en que se realizó la última conducta provocadora del resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si se trata de un delito continuado; y desde el momento en que deje de tener sus efectos, si se trata de delito permanente.
Artículo 319.- En los casos de concurso real o ideal, los plazos de la prescripción se computarán separadamente para cada hecho punible, pero correrán en forma simultánea.
Artículo 320.- Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la acción penal sea necesaria una declaración o una resolución previa de autoridad, la prescripción comenzará a correr desde que sea satisfecho tal requisito.
Artículo 321.- La prescripción de la acción penal se interrumpirá:
I. Por las actuaciones que se practiquen para la integración de la averiguación previa correspondiente. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia;
II. Con la aprehensión del inculpado, y en todo caso en que éste se encuentre sujeto a procedimiento; y
III. Cuando el inculpado se encuentre sujeto a procedimiento penal o compurgando una pena de prisión en otra Entidad Federativa o en el Distrito Federal.
Si el inculpado se sustrae a la acción de la autoridad, el término de la prescripción correrá a partir del día siguiente.
En el caso de que el procesado se haya sustraído valiéndose del beneficio de la libertad provisional bajo caución, la prescripción comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en que debió ordenarse la reaprehensión.
Artículo 322.- En tratándose de hechos punibles que puedan ser o sean encuadrados en las figuras típicas descritas en el artículo 308, el Ministerio Público promoverá la conciliación de los sujetos procesales interesados, utilizando las reglas de mediación, así como a las instituciones públicas autorizadas para el efecto. En caso de que tal conciliación sea factible, se elaborará convenio al respecto, en el que se establecerá lo siguiente:
I. Lugar, fecha y hora de su realización;
II. Nombre de los sujetos procesales obligados;
III. Términos del compromiso en cláusulas claramente diferenciadas;
IV. Términos o plazos para su cumplimiento;
V. Garantías para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones establecidas;
VI. La determinación de que dicho convenio tiene el carácter de Documento Ejecutivo Civil.
En caso de no cumplimiento en todos sus términos del convenio de referencia, se deducirán las acciones civiles que correspondan, en términos de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE FEBRERO DE 2004)

En caso de las figuras típicas descritas en el Artículo 308, fracción XXIV, derivadas de la conducción de vehículos de motor, el convenio respectivo podrá celebrarse ante las autoridades de tránsito municipal.
Artículo 323.- Las reglas establecidas en el artículo anterior, también podrán ser aplicadas por la autoridad judicial, antes de que se dicte sentencia en primera instancia. En la etapa de ejecución, podrá llevarse a cabo la elaboración del referido convenio con intervención de las autoridades ejecutoras, si ello es factible para el cumplimiento de los fines de la pena de prisión y con pleno respeto a los requisitos exigidos en el artículo anterior.
Si se trata de delitos calificados como graves y la afectación haya sido de carácter estrictamente patrimonial, las autoridades judiciales y ejecutoras, podrán promover la realización de tales convenios, tomando en cuenta sobre todo el beneficio de la víctima, y que ello no se traduzca en riesgo social, dadas las características del sentenciado.

CAPITULO SEGUNDO


Pre-Instrucción
Artículo 324.- El juez ante el cual se ejercite la acción penal, radicará el asunto inmediatamente y sin más trámite le abrirá expediente en el que resolverá lo que legalmente corresponda, practicando sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan los sujetos procesales interesados.
El juez ordenará o negará la aprehensión o la citación para declaración preparatoria solicitada por el Ministerio Público, en un término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya acordado la radicación del asunto.

Si el juez no resuelve oportunamente sobre los puntos anteriores en los términos señalados, el Ministerio Público adscrito al tribunal podrá recurrir en reclamación ante el Supremo Tribunal de Justicia.


Artículo 325.- Las órdenes de aprehensión que se giren, serán turnadas al Ministerio Público para su ejecución por conducto de la policía.
Artículo 326.- Las órdenes de aprehensión deberán dictarse en términos de lo ordenado por el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y describirán una relación sucinta del hecho punible que la motive, la clasificación típica que corresponda a juicio de la autoridad judicial, independientemente de la que haya propuesto el Ministerio Público en su escrito de consignación, la punibilidad fijada para el mismo y demás fundamentos legales. Asimismo se insertará la media filiación del inculpado, fotografía y datos necesarios con los que se cuente para su identificación y localización.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 327.- Si el juez decide no girar la orden de aprehensión solicitada, o negar la citación para declaración preparatoria, por considerar que no se reúnen los requisitos establecidos en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informará de ello al Agente del Ministerio Público que ejercitó la acción penal, por conducto del representante social adscrito, para que perfeccione la integración de la averiguación previa, especificando los datos que no hayan sido motivo de acreditación. Se dejará copia del expediente, para que se cumpla con lo ordenado en el artículo 328 de la presente legislación. En caso de que el hecho punible consignado sea calificado como no típico por la autoridad judicial, o de que no se acredite la probable responsabilidad del inculpado, tal negativa será apelable.


Artículo 328.- Respecto del contenido del artículo anterior, el Ministerio Público que reciba la información de haberse negado girar la orden de aprehensión solicitada o de citación para preparatoria, tendrá un término de seis meses para realizar las diligencias de complemento que sean necesarias para reformular el ejercicio de la acción penal, ante el propio juez que radicó el asunto, respecto precisamente de los datos que no hayan sido motivo de acreditación inicial. Transcurrido tal plazo sin que se reformule el ejercicio de la acción penal, la autoridad judicial, de oficio o a petición de sujeto procesal interesado, decretará el sobreseimiento.
Artículo 329.- Si se giró orden de aprehensión, y el inculpado se presenta voluntariamente ante el Juez, éste ordenará la inmediata cancelación de aquélla, que turnará al Ministerio Público para que surta los efectos legales que correspondan.
Artículo 330.- Una vez ejecutadas las Ordenes de Aprehensión por la Policía, se pondrán inmediatamente los indiciados a disposición del juez que los requiera, quien decretará su legal detención, y comenzará a correr el término de 72 Horas previsto en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del cual se resolverá sobre la situación jurídica de aquéllos.
Artículo 331.- Si la consignación que realice el Ministerio Público se hace con el indiciado privado de su libertad, por haber sido detenido por cuestión de flagrancia o urgencia, el Juez ordenará la radicación del asunto, para efectos de inicio del término previsto en el artículo 19 Constitucional, y procederá a calificar si la detención fue apegada o no a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el primer caso, ratificará la detención, y en el segundo, decretará la libertad del inculpado bajo las reservas de ley.
Se entiende que se presentó la flagrancia cuando el inculpado:
I. Es privado de su libertad en el momento de estar ejecutando el hecho punible;
II. Es privado de su libertad inmediatamente después de ejecutado el hecho punible, o después de cometido cuando haya sido perseguido materialmente y sin interrupción; o
III. Siendo identificado como partícipe del hecho punible en la integración de una averiguación previa, se encuentren en su poder los objetos o instrumentos con que aparezca cometido, o huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en tal hecho.
Se entiende que existe urgencia cuando de las diligencias que integren la averiguación previa correspondiente se deduzca que el hecho punible puede encuadrarse en cualquiera de las figuras típicas calificadas de graves por esta legislación y de que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar la correspondiente orden de aprehensión o arraigo, por razón de la hora, lugar o circunstancia. El Ministerio Público que gire la orden de detención por esta circunstancia, fundará y expresará los indicios que motiven su determinación, bajo su propia responsabilidad.
Artículo 332.- Si se decreta la libertad del inculpado bajo reservas de ley por considerar no se reúnen los requisitos de la flagrancia o de la urgencia, el Ministerio Público adscrito al juzgado que corresponda, podrá solicitar se gire la orden de aprehensión correspondiente en términos de la presente Legislación.
Artículo 333.- Dentro del término constitucional, el juez ordenará se lleve a cabo la declaración preparatoria del indiciado en audiencia pública, la que se llevará a efecto en el lugar al que tenga acceso el público, sin que puedan estar presentes los testigos que deban ser examinados con relación al hecho punible motivo del procedimiento, tomándose en cuenta lo previsto al efecto por esta legislación en lo relativo a los derechos del inculpado.
Artículo 334.- Dentro de las 72 horas siguientes al momento en que el indiciado quede a disposición del juez, éste dictará auto de formal prisión, cuando de lo actuado aparezcan plenamente probados los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El término referido podrá ser duplicado a solicitud del inculpado o de su defensa, siempre y cuando tal solicitud se haga por escrito y se especifiquen los medios probatorios que pretendan desahogar en dicho término.
Artículo 335.- El auto de formal prisión contendrá, además de los requisitos constitucionales, lo siguiente:
I. Lugar, hora, día, mes y año en que se dicte;
II. Expresión de la figura o figuras típicas por los que el Ministerio Público ejercitó acción penal;
III. Versión de la autoridad judicial del hecho punible que motivó el procedimiento, con expresión del lugar, tiempo y circunstancias de realización del mismo;
IV. Certificación de la existencia de los elementos que integran el cuerpo del delito de la figura típica aplicable, a juicio de la autoridad judicial, independientemente del propuesto por el Ministerio Público en su oficio de consignación, con referencia a los elementos de prueba considerados al respecto;
V. Certificación de la existencia de la probable responsabilidad del indiciado, con referencia a los elementos de prueba considerados al respecto;
VI. Puntos resolutivos, en los que se hará una síntesis del contenido de la resolución; y
VII. Nombre y firma del juez que dictó la resolución y del secretario o testigos de asistencia con quienes actúa.
Artículo 336.- Si dentro del término previsto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se reúnen los requisitos necesarios para dictar el auto de formal prisión, por no haberse comprobado el cuerpo del delito de las figuras típicas consideradas o la probable responsabilidad del indiciado, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos. Tal resolución será notificada al Agente del Ministerio Público que ejercitó la acción penal, para que se proceda en los términos establecidos en el Artículo 327.
Artículo 337.- El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos objetivos que constituyan la materialidad del hecho establecida en la descripción típica correspondiente, especificándose en cada caso los que a continuación se señalan:
I. El resultado de afectación, destrucción, disminución o compresión del bien jurídico protegido o su puesta en peligro, como probabilidad asociada a la afectación, destrucción, disminución o compresión de tal bien jurídico, separable en espacio y tiempo de la conducta;
II. La víctima del hecho punible, o el titular del bien jurídico protegido por la correspondiente figura típica, tomando en cuenta sus calidades específicas, cuando éstas sean exigibles;
III. El inculpado, sea autor, partícipe o cómplice del hecho punible, por haber realizado o colaborado en la realización de la acción u omisión descrita en la figura típica correspondiente, tomando en cuenta sus calidades específicas, y número específico cuando éstas sean exigibles;
IV. El objeto de la conducta como la persona o entidad material sobre la que recae la acción u omisión de la figura típica correspondiente;
V. La acción que es el movimiento corporal descrito en la figura típica correspondiente, adecuada para producir la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido; o la omisión, que es la no realización de la actividad ordenada en la figura típica correspondiente, adecuada para evitar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido; y
VI. Las referencias o modalidades que puedan presentarse en las descripciones típicas necesarias para su configuración y relativas a los medios tiempo ocasión y espacio
La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por acreditada cuando se deduzca su autoría, participación o complicidad en los hechos constitutivos del cuerpo del delito demostrado y que su acción u omisión haya provocado el resultado de afectación o puesta en peligro del bien jurídico tutelado o haya contribuido eficazmente en tal provocación.

CAPITULO TERCERO


Instrucción
Artículo 338.- La instrucción comienza con el auto de formal prisión y concluye con el auto que la declara cerrada. Durante esta fase, la autoridad judicial deberá admitir, preparar y desahogar los medios probatorios que legalmente le ofrezcan los sujetos procesales interesados, en relación con el hecho punible que haya sido tipificado, y específicamente para acreditar la culpabilidad o inculpabilidad del procesado, o para certificar la existencia o no de alguna de las causas de justificación reguladas en la presente legislación, así como los elementos idóneos para la cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados. Además, en dicha fase, el juzgador deberá tomar conocimiento directo del inculpado, de la víctima u ofendido, así como de las circunstancias de realización del hecho punible tipificado, teniendo amplias facultades para allegarse, de oficio, los medios probatorios que estime necesarios.
Artículo 339.- Dictado el auto de formal prisión se ordenará la identificación del inculpado por el sistema que se adopte administrativamente.
Artículo 340.- La etapa de la instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible, sin que se rebasen los límites establecidos en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando exista auto de formal prisión y el hecho punible tipificado tenga señalada una punibilidad que exceda de 2 años de prisión, la instrucción se agotará en un plazo no mayor de 6 meses. Si la punibilidad máxima que se establece es de 2 años de prisión, la instrucción deberá terminarse en un plazo que no exceda de 3 meses. Los plazos que se establecen en este artículo, se contarán a partir del día siguiente de la fecha del auto de formal prisión.
Artículo 341.- Una vez concluido el término establecido para la instrucción, se procederá a declarar cerrada aquélla.
Artículo 342.- Si dictado auto de formal prisión los sujetos procesales interesados manifiestan expresamente su conformidad con el mismo o no hicieron valer los recursos correspondientes de impugnación, si a juicio del juez obran en el expediente pruebas suficientes para acreditar el monto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a que pudiera ser condenado el inculpado, o tales daños y perjuicios han quedado cubiertos a satisfacción de la víctima u ofendidos, se pondrá el expediente a la vista por el término de tres días para ofrecimiento de pruebas. En caso de no promoción o concluido el desahogo de las admitidas, se dictará el auto que declara cerrada la instrucción y se citará a la audiencia final de juicio, en la que el Ministerio Público, la víctima u ofendido, el acusado y su defensor, expresen las conclusiones que correspondan. El juez dictará sentencia en la misma audiencia o en un término no mayor de diez días, tomando en cuenta para la individualización de la pena, las circunstancias atenuantes descritas en la presente legislación.

CAPITULO CUARTO


Juicio
Artículo 343.- Cerrada la instrucción, el juez mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la víctima u ofendido por el plazo que estime prudente, de acuerdo con el número de fojas que integren el expediente, pero que en ningún caso podrá ser menor de 5 días ni mayor de 10, para que formulen conclusiones por escrito.
Transcurrido el plazo que se haya fijado sin que el Ministerio Público haya presentado conclusiones, el juez deberá informar al Procurador General de Justicia acerca de la omisión, para que dicha autoridad formule u ordene la formulación de las conclusiones pertinentes en un término igual al fijado originalmente.
Si transcurren los plazos establecidos en los párrafos anteriores sin que se formulen las conclusiones, el tribunal tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad, sobreseyéndose el procedimiento.
Las conclusiones que formule la víctima u ofendido, versarán sobre los aspectos relativos a la relación víctima - victimario, y los puntos relativos a la reparación de daños y perjuicios, y su no presentación en tiempo y forma legales, no provocará ninguna sanción de carácter procesal.
Artículo 344.- El Ministerio Público al formular conclusiones, lo hará de la siguiente manera:
I. Hará una exposición de los hechos punibles de acuerdo a como se hayan probado, definiendo los niveles de autoría, participación o complicidad del o de los procesados y sus circunstancias particulares;
II. Razonará lógica y jurídicamente el o los hechos punibles probados para concluir sobre la existencia en tales hechos de la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad correspondientes, respecto del o de los inculpados;
III. Propondrá las cuestiones de derecho que se presenten y citará los fundamentos legales, jurisprudencia o doctrinas aplicables al respecto; y
IV. Si estima que ha lugar a la acusación, fijará en proposiciones concretas, el delito que atribuya al procesado, las modalidades que concurran, y solicitará la aplicación de las penas y medidas de seguridad que estime procedentes, haciendo especial énfasis en los montos relacionados a la reparación del daño material y moral.
El documento que las contenga, se presentará con las copias suficientes para que los inculpados las contesten.
Artículo 345.- Si las conclusiones del Ministerio Público fueren de no acusación, contrarias a las constancias procesales o no reúnen la totalidad de los requisitos exigidos para el efecto en el artículo anterior, el juez las mandará al Procurador General de Justicia, para que éste las modifique o las confirme, en un plazo igual al fijado para la elaboración de las conclusiones por el Ministerio Público. En su caso, el Juez señalará la contradicción existente o los requisitos faltantes. Si transcurren los plazos establecidos sin que se resuelva sobre la no acusación inicial, la contradicción existente o se complementen los requisitos faltantes, el tribunal tendrá por formuladas conclusiones de no acusación y el procesado será puesto en inmediata libertad, sobreseyéndose el procedimiento.
Artículo 346.- Las conclusiones acusatorias que se hayan formulado y las de la víctima u ofendido, se le darán a conocer al inculpado y a su defensor, mediante notificación personal, para que en un término igual que al fijado al Ministerio Público y a la víctima u ofendido, procedan a contestarlas y formulen a su vez, las conclusiones que estimen procedentes.

Cuando los procesados fueren varios, el término será igual para todos, salvo que la situación procesal fuere distinta.


Artículo 347.- Si al concluir el plazo concedido al inculpado y a su defensor, éstos no hubieran presentado conclusiones, el juez tendrá por formuladas las de no responsabilidad, sin perjuicio de decretar la aplicación de la corrección disciplinaria que estime procedente imponerle al defensor.
Artículo 348.- El inculpado y la defensa podrán presentar sus conclusiones por escrito en el término fijado para ello, sin sujeción a ninguna regla especial.
Artículo 349.- En el acuerdo en que se tenga por recibidas las conclusiones del inculpado y de la defensa, o por formuladas las de no responsabilidad, la autoridad judicial citará a la audiencia final de juicio, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.
Artículo 350.- La audiencia final de juicio deberá celebrarse con la presencia del juez y de los sujetos procesales interesados. A falta de alguno de ellos, se procederá en los términos del Artículo 278.
Artículo 351.- En la audiencia final de juicio, el juez, el Ministerio Público y la defensa podrán interrogar al inculpado sobre los hechos punibles típicos materia del procedimiento; podrán ampliarse o corregirse las diligencias desahogadas en la etapa de la Instrucción, si para ello existe razón suficiente a juicio del juez y los sujetos procesales interesados lo hubieran solicitado dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la citación para la audiencia; se leerán las constancias que las partes soliciten y que el juez estime conducentes; las partes podrán formular alegatos por escrito o verbalmente; la víctima u ofendido, o sus representantes legítimos podrán hacer uso de la palabra, y al final se preguntará al procesado si desea hacer uso de la palabra, y en su caso, se asentará en el acta lo que manifieste. Finalmente el juez declarará visto el procedimiento y citará para oír sentencia.
Artículo 352.- El juez dictará la sentencia en términos de lo ordenado por el artículo 243, dando respuesta a las conclusiones formuladas por los sujetos procesales interesados. Si se trata de figuras típicas culposas, deberá además determinarse lo siguiente:
a) Cuál debió ser el deber de cuidado motivo de observación de parte del inculpado, y cuál la base legal de su existencia y obligatoriedad;
b) Si tal deber de cuidado pudo ser observado por el inculpado según sus circunstancias personales y las condiciones del hecho;
c) Establecer el lugar, tiempo y circunstancias en que se violó el correspondiente deber de cuidado; y
d) Explicar si el incumplimiento a tal deber de cuidado fue lo que provocó el resultado típico que se le atribuye al inculpado.
Artículo 353.- El juez al dictar la sentencia que corresponda, fijará las penas que estime justas dentro de los límites señalados en cada figura típica, teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del hecho, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de realización, los motivos determinantes de la conducta, los niveles de autoría, participación o complicidad establecidos, la relación víctima - víctimario, y las demás circunstancias que determinen la gravedad del hecho y la culpabilidad del responsable.
Para el efecto, se consideran circunstancias atenuantes, aplicables a todos los hechos punibles:
a) Actuar el inculpado por causas o estímulos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante;
b) Informar el inculpado de la existencia del hecho punible a las autoridades competentes, antes de que éstas hayan tenido conocimiento del mismo; y
c) Reparar el inculpado los daños y perjuicios ocasionados, o disminuir sus efectos, antes de que se dicte sentencia, o se encuentre en el supuesto procesal establecido en el artículo 342.
Para el efecto, se consideran circunstancias Agravantes, aplicables a todos los hechos punibles:
a) Realizar la conducta con Alevosía, mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o falta de auxilio, que debiliten la defensa de la víctima o la impunidad del inculpado;
b) Realizar la conducta mediante precio o recompensa;
c) Aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios durante la ejecución de la conducta;
d) Obrar con abuso de confianza;
e) Pertenecer o haber pertenecido el inculpado a un cuerpo de seguridad pública o privada; y
f) Tener el inculpado antecedentes de ser persona conflictiva para la sociedad, según informes que proporcionen al respecto las autoridades policíacas, o ser reincidente, según informes que proporcione al respecto la autoridad encargada de la aplicación de las penas y medidas de seguridad previstas en la presente legislación, a las que la propia autoridad jurisdiccional obtenga por informes de las instituciones del Poder Judicial.
Artículo 354.- Las medidas de seguridad que establezca el juez, además de tener en cuenta las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, atenderán a los objetivos por la que se instituyeron, de acuerdo con su naturaleza jurídica.
Artículo 355.- El juez deberá tomar conocimiento directo de las víctimas e inculpados, así como de las circunstancias de realización del hecho punible.
Para los fines de la aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juez requerirá siempre de los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del inculpado, y en los casos específicos, de su relación con la víctima.
Artículo 356.- Cuando los errores a que se refiere la parte final del artículo 137 sean vencibles, se aplicará al responsable que se encuentre en dicha situación, hasta la mitad de la punibilidad prevista en la figura típica de que se trate.
Artículo 357.- En los casos de tentativa, la punibilidad establecida en la figura típica del hecho que el inculpado quiso realizar, se reducirá a la mitad en sus mínimos y máximos.
Artículo 358.- En los casos de concurso ideal, se tendrá en cuenta la punibilidad correspondiente a la figura típica que establezca la mayor, la cual se aumentará hasta en una mitad más del máximo de su duración.
En los casos de concurso real, se impondrán las penas descritas en cada figura típica demostrada, unificándose las mismas en una sola, para efectos de ejecución.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 359.- En los casos de complicidad correspectiva a que se refiere la fracción IV del artículo 127, se aplicará a los responsables hasta la mitad de la punibilidad señalada en la descripción típica que corresponda. Este mismo supuesto se aplicará cuando se opte por el procedimiento previsto en el artículo 342 de la presente legislación, a solicitud expresa del inculpado y/o su defensor.


Artículo 360.- Cuando el responsable hubiese sufrido consecuencias graves en su persona que hicieran notoriamente innecesaria o irracional la aplicación de una pena privativa o restrictiva de la libertad, el juez podrá prescindir de ella.
Artículo 361.- Si se trata de Homicidio Culposo o Lesiones Culposas, y la víctima resulta ser un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado del responsable, el juez podrá prescindir de la aplicación de penas privativas o restrictivas de libertad.
Esta disposición no se considerará si el responsable en el momento de la realización del hecho, se encontrare bajo el efecto de bebidas embriagantes o narcóticos, o no auxiliare debidamente a las víctimas.
Artículo 362.- La aclaración de sentencia procede únicamente tratándose de sentencias definitivas y sólo una vez puede pedirse.
Se solicitará ante el tribunal que haya dictado la sentencia dentro del término de tres días contados desde la notificación, debiendo expresarse claramente las contradicciones, ambigüedades, obscuridades, omisiones o deficiencias de que, en concepto del promovente, adolezca la sentencia.
La víctima u ofendidos también podrán solicitar la aclaración de sentencia por lo que se refiere a la reparación de daños y perjuicios.
Artículo 363.- De la solicitud respectiva se dará vista a los sujetos procesales interesados por el término de tres días para que expongan lo que estimen procedente. El juzgador resolverá dentro de los siguientes tres días si es de aclararse la sentencia y en qué sentido o si es improcedente la aclaración. En ningún caso se alterará, con el pretexto de aclaración, el fondo de la sentencia.
La resolución que aclare una sentencia se reputará parte integrante de ella.
Artículo 364.- La solicitud de aclaración de la sentencia interrumpe el plazo señalado para la apelación de ésta.
Artículo 365.- La pena de prisión puede ser sustituida por el juez, atendiendo a las condiciones personales del sentenciado, por:
I. Multa, cuando no exceda de dos años;
II. Tratamiento en libertad, cuando no exceda de tres años; y
III. Semilibertad, cuando no exceda de cuatro años.
Artículo 366.- El Tratamiento en libertad consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas autorizadas por esta legislación y conducentes a la reeducación social del responsable, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.
Artículo 367.- La Semilibertad implica alternación de períodos de privación de libertad y de tratamiento en libertad, y su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida.
Se ejecutará según las circunstancias del caso, y en las instalaciones propias y construidas para el efecto, del siguiente modo:
I. Externación durante la jornada de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana;
II. Salida de fin de semana con reclusión durante el resto de ésta; o
III. Salida diurna con reclusión nocturna, o viceversa.
Artículo 368.- La multa que resulte de la sustitución es independiente de la establecida, en su caso, como pena. Ambas deben pagarse totalmente para que proceda la sustitución.
Artículo 369.- Para que proceda la sustitución, se requiere que el sentenciado pague totalmente la reparación de los daños y perjuicios causados y el juzgador estime la conveniencia de este medio en atención a sus fines y a las condiciones personales del beneficiado.
Artículo 370.- La sustitución dejará de surtir sus efectos y se procederá a ejecutar la pena de prisión impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones que le hayan sido fijadas para el efecto, o se le declare responsable en la comisión de otro hecho delictivo.
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiese cumplido con los términos de la sustitución.
Artículo 371.- Se podrá de oficio suspender condicionalmente la ejecución de la pena de prisión que no exceda de dos años en beneficio del sentenciado, si se cubren los siguientes requisitos:
I. Que sea la primera vez que delinque el responsable del hecho y ha observado buena conducta, en general;
II. Que por sus antecedentes personales y modo honesto de vivir, así como la naturaleza, modalidades y móviles del hecho delictivo, se presuma fundadamente que no se volverá a delinquir;
III. Que durante el desarrollo del procedimiento penal no se haya sustraído de la acción de la justicia;
IV. Que haya pagado totalmente la reparación de daños y perjuicios, en su caso; y
V. Que no haya necesidad de sustituir la pena de prisión, en función del fin para el que fue impuesta.
Artículo 372.- Para gozar del beneficio de la suspensión condicional, el sentenciado deberá:
I. Garantizar su comparecencia ante la autoridad ejecutora, cada vez que sea requerido y no causar daños o molestias a la víctima u ofendidos del hecho;
II. Obligarse a residir en determinado lugar e informar cualquier cambio de residencia a la autoridad ejecutora;
III. Comprobar que desarrollará una ocupación lícita; y
IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de narcóticos u otras substancias que produzcan efectos similares, salvo que sea por prescripción médica.
Artículo 373.- La suspensión condicional de la pena de prisión comprenderá la multa que haya sido impuesta conjuntamente con aquélla. En cuanto a las demás penas impuestas, el juzgador resolverá discrecionalmente sobre las mismas, al igual que sobre las medidas de seguridad.
Artículo 374.- La suspensión condicional tendrá la duración de la pena de prisión suspendida. Transcurrido el término, se considerará extinguida la pena de prisión impuesta, siempre que el sentenciado no diere motivo para un nuevo procedimiento penal que concluya con sentencia condenatoria. Si esto sucediere, se ejecutarán en forma sucesiva ambas sentencias.
Si el beneficiado no cumpliere con las obligaciones contraídas, se podrá hacer efectiva la pena de prisión aplicada en su totalidad.
Artículo 375.- El sentenciado que considere que al dictarse su sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la sustitución o de la suspensión condicional, y por inadvertencia de su parte o del Juez no se le hubieren otorgado, se podrá promover su concesión mediante el trámite de un incidente.
Toda resolución relativa a sustitución de prisión u otorgamiento de suspensión condicional de pena de prisión, será notificada inmediatamente a la entidad dependiente del Poder Ejecutivo encargada de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, para provocar la participación de ésta en lo que legalmente le corresponda, precisamente para informar si existen las condiciones operativas para llevarla a cabo.
Artículo 376.- Son irrevocables y por tanto causan ejecutoria:
I. Las sentencias de primera instancia cuando sean expresamente consentidas por los sujetos procesales interesados; cuando dentro del plazo que la ley señala no se interponga el recurso de apelación; cuando se declare desierto el recurso de apelación o cuando exista desistimiento del recurso interpuesto; y
II. Las sentencias definitivas de segunda instancia.
Artículo 377.- Cuando una sentencia haya causado ejecutoria, la autoridad hará la declaratoria correspondiente, de oficio o a petición de parte, para que surta sus efectos legales.
Tal acuerdo será notificado personalmente:
I. Al sentenciado;
II. A la Procuraduría General de Justicia en el Estado; y
III. A la autoridad encargada de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.
Con tal notificación se les hará entrega de las copias autorizadas de la sentencia y de la declaración de ejecutoria, necesarias para que se inicie la fase de ejecución. En caso de que el sentenciado se encuentre privado de la libertad, se computará el tiempo de privación de libertad preventiva. Si el sentenciado se encuentra privado de la libertad por estar en fase de ejecución diversa pena de prisión, se indicará el momento en que ésta última debe iniciar su propia ejecución. Se encuentra estrictamente prohibida la práctica de ejecutar diversas penas de prisión en forma simultánea.

TITULO QUINTO


MEDIOS PROBATORIOS

CAPITULO PRIMERO


Disposiciones Generales
Artículo 378.- El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con lo establecido por esta Legislación al respecto.
Artículo 379.- Salvo previsión expresa en contrario, serán objeto de prueba todos los hechos punibles que puedan constituir delito, así como los datos que impiden su configuración, las circunstancias de interés para la correcta solución de caso, las concernientes a la individualización de las penas y/o medidas de seguridad, y las consecuencias y montos patrimoniales del daño provocado por el hecho punible, por cualquier medio permitido por la presente legislación.
Un medio de prueba para ser admitido, debe referirse directamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando ellos resulten manifiestamente excesivos.
Son inadmisibles en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.
Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todos los sujetos procesales interesados, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede, de oficio, provocar el acuerdo.
Además de los medios de prueba previstos en este Título, se podrán utilizar otros distintos, sobre todo aquellos que sean resultado de los avances de la ciencia y de la tecnología, siempre que no supriman las garantías y facultades de los sujetos procesales interesados o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento, se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos, en lo posible.
El derecho no requerirá prueba, salvo que sea extranjero.
Artículo 380.- Todo elemento de prueba, para ser valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al expediente conforme a las disposiciones de esta legislación.
Durante la fase de Instrucción, las pruebas deben ser recibidas por el Juez con citación de los sujetos procesales interesados.
Artículo 381.- Toda persona en cuyo poder se hallen cosas o documentos que deban servir de prueba, tienen la obligación de exhibirlos, cuando para ello sea requerido en forma por el Ministerio Público, durante la fase de la averiguación previa, o por el juez, durante las fases de la averiguación procesal, con las salvedades que establezcan las leyes.

CAPITULO SEGUNDO


Comprobación Inmediata y Medios Auxiliares
Artículo 382.- Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del hecho punible o se presuma que en determinado lugar se oculta el inculpado o alguna persona evadida, se procederá a su registro.
Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiese, de utilidad para la averiguación del hecho punible o la individualización de los partícipes en él. De ella se elaborará acta que describirá detalladamente esos elementos y se atenderán las reglas establecidas en la presente legislación para la cadena de custodia. Para una lógica descripción de lo que sea motivo de inspección, se agregarán las imágenes o fotografías que para tal efecto se realicen.
Artículo 383.- Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra.
Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública, pero la restricción de la libertad sólo será por el tiempo necesario para la realización de la diligencia, salvo que se trate de casos de flagrancia o de urgencia, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 384.- Cuando la investigación versare sobre una muerte sospechosa de haber sido provocada en un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso o después de su exhumación, se hará la descripción correspondiente y se lo identificará por medio de testigos, procediéndose a su identificación dactiloscópica o, de no ser posible, por otro medio aconsejable.
En estos casos, se ordenará la necropsia, para establecer de manera determinante la causa o causas que produjeron la muerte.
Para certificar la pérdida de la vida, deberá comprobarse previamente la existencia de los signos de muerte, en términos de lo ordenado por la Ley Federal de Salud o normatividad relacionada.
Artículo 385.- Para mayor eficacia de los registros, requisas e inspecciones, se podrán ordenar las operaciones técnicas, científicas o informáticas pertinentes, así como los reconocimientos y reconstrucciones que correspondieren.
Artículo 386.- Los objetos y documentos relacionados con el hecho punible o los que pudieren ser de importancia para la investigación y los sujetos a decomiso, serán asegurados y conservados según las reglas establecidas para la cadena de custodia.
Quien tuviere en su poder objetos o documentos de los señalados estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando sea requerido para ello, rigiendo los medios de coacción permitidos para el testigo que se rehusa a declarar.
Si las cosas que se hallan en poder de una persona no son entregadas voluntariamente, se dispondrá su aseguramiento.
Artículo 387.- La orden de aseguramiento estará a cargo del funcionario que conozca de la investigación, y sólo podrán ser devueltos mediante la autorización del tribunal, si se consigna la averiguación previa, o por el Ministerio Público a cargo de la investigación, si se determina el no ejercicio de la acción penal o la reserva de diligencias.
Artículo 388.- Los objetos asegurados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición de la autoridad que corresponda.
Artículo 389.- Los objetos asegurados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo, serán devueltos tan pronto como sea necesario, al tenedor legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron.
Artículo 390.- Cuando para la averiguación de un hecho punible fuera indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles, que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, se ordenará lo conducente para su realización, en la medida que contribuya esto para el éxito de la investigación.

CAPITULO TERCERO


Testimonios
Artículo 391.- Todo habitante del país o persona que se halle en él, tendrá el deber de concurrir a una citación practicada con el fin de que preste declaración testimonial, el de declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación, y el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración. En la citación correspondiente se le informará sobre la necesidad de identificarse legalmente ante la autoridad que ordena su presentación.
Artículo 392.- Toda persona que tenga que rendir declaración ante la autoridad ministerial o judicial, tendrá derecho a hacerlo asistida por un abogado nombrado por ella. El abogado podrá impugnar las preguntas que se hagan al declarante si éstas son inconducentes a los hechos motivo de investigación o contra derecho. No pueden, sin embargo, producir ni inducir las respuestas de la persona asistida.
Artículo 393.- Los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Secretarías de Estado o equivalentes, así como Directores de Organismos Públicos Descentralizados, si tienen el carácter de testigos de un hecho punible, podrán solicitar que su declaración se lleve a cabo en el lugar donde cumplen sus funciones o en su domicilio, para lo cual propondrán, oportunamente, la fecha y el lugar correspondiente.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 394.- No estarán obligados a declarar como testigos las personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar un secreto particular u oficial; pero si tuvieran voluntad de hacerlo y así lo consiente la persona respecto de la cual deban guardar el secreto profesional, se hará constar tal circunstancia y se recibirá el testimonio.


En caso de ser citadas, deberán comparecer, y si no desean declarar, explicarán el motivo por el cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar.
Si la autoridad que conozca de la investigación estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración. La resolución que se dicte al respecto deberá estar debidamente fundada y motivada.
Artículo 395.- Si el testigo no compareciere a declarar, a pesar de haber sido citado legalmente para ello, o si después de comparecer se negare a declarar, se le aplicarán los medios de apremio correspondientes, sin perjuicio de su enjuiciamiento, cuando corresponda.
Artículo 396.- Se comenzará instruyendo al testigo acerca de sus obligaciones y de la importancia y fines de la diligencia en la que participa, así como de la punibilidad establecida en la legislación vigente respecto a las personas que se niegan a declarar o declaran falsamente, y se les tomará la protesta de decir verdad.
A los menores de dieciséis años de edad, sólo se les exhortará para que se conduzcan con verdad, y a los menores de trece años, se les solicitará información mediante el uso de instrumentos psiquiátricos válidos para ello, por personal capacitado para el efecto, y tal personal entregará a la autoridad correspondiente el resultado obtenido.
El testigo será interrogado sobre sus datos personales y las demás circunstancias útiles para valorar su testimonio. Luego continuará la declaración sobre lo que conozca del hecho punible o las particularidades del inculpado o de la víctima.
Artículo 397.- Los testigos declararán de viva voz sin que les sea permitido leer las respuestas que tengan escritas; pero podrán consultar algunas notas o documentos que lleven consigo, cuando sea pertinente según la naturaleza del asunto y a juicio de quien practique la diligencia.
Si la declaración del testigo se realiza durante la fase de averiguación procesal, el Ministerio Público y la defensa tendrán derecho de interrogar, pero el juzgador podrá disponer que los interrogatorios se hagan por su conducto cuando así lo estimen necesario; además, tendrá la facultad de desechar las preguntas que a su juicio sean capciosas e interrogar al testigo sobre los puntos que estime convenientes.
Artículo 398.- Las preguntas y declaraciones se redactarán con claridad y usando las mismas palabras empleadas por quien interroga y el testigo. Si éste quisiera dictar o escribir su declaración, se le permitirá hacerlo. En todo caso, el declarante deberá expresar la razón de su dicho.
Artículo 399.- Si la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, después de interrogar al testigo sobre las señales que caractericen dicho objeto, se le pondrá a la vista para que lo reconozca. En todo caso, lo que resulte se anotará en el acta.
Artículo 400.- Si la declaración es relativa a un hecho que hubiese dejado vestigios en algún lugar, el testigo podrá ser conducido a él para que haga las explicaciones convenientes.
Artículo 401.- Concluida la diligencia se leerá al testigo su declaración o la leerá él mismo, si quisiere, para que la ratifique o la enmiende, y después de esto será firmada por el testigo y su asistente legal, si lo hubiere, al calce de las actas. Si no puede o no sabe leer ni escribir, la declaración será leída por el secretario y firmada por éste y por el juez, haciéndose constar tal circunstancia.
Artículo 402.- Si de lo actuado apareciere que algún testigo se ha producido con falsedad, se mandarán compulsar las constancias conducentes para la investigación de este hecho y se dará vista inmediatamente al Ministerio Público para los efectos legales a que haya lugar; si en el momento de rendir su declaración el testigo apareciere que es manifiesta la comisión del hecho punible tipificado como de Falsedad ante la Autoridad, por existir en autos declaración o declaraciones esencialmente contradictorias, se estará en el supuesto de la flagrancia y, por lo mismo, será desde luego privado de la libertad deambulatoria e iniciada averiguación previa, para lo cual se le expedirá copia certificada de las constancias relativas.
Artículo 403.- El tribunal no podrá dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten los sujetos procesales interesados, en la medida que sea necesario para los fines de la misma.
Artículo 404.- No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado, ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, ni a los que estén ligados con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad; pero si estas personas tuvieren voluntad de declarar se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declaración.
Artículo 405.- Si el testigo se hallara en el lugar de residencia del servidor público que practique las diligencias, pero tuviere imposibilidad física debidamente comprobada para presentarse ante él, dicho servidor público podrá trasladarse a donde se encuentre el testigo para tomarle su declaración.
Artículo 406.- Los testigos deberán ser examinados separadamente y no podrán ser asistidos por nadie al contestar, salvo en los casos siguientes:
I. Cuando el testigo sea ciego;
II. Cuando sea sordo o mudo; y
III. Cuando ignore el idioma castellano.
En el caso de la fracción I, el servidor público que practique las diligencias designará a otra persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después de que ésta la haya ratificado. En los casos de las fracciones I y II, se procederá conforme a lo dispuesto en esta legislación.
Artículo 407.- Cuando tuviere que ausentarse del lugar en que se practiquen las diligencias alguna persona que pueda declarar acerca del hecho punible, de sus circunstancias o de la persona del inculpado o la víctima, la autoridad que conozca, a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales interesados, procederá a examinarla desde luego si fuere posible; en caso contrario, podrá arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable para que rinda su declaración. Si resultare que la solicitud fue infundada y por lo mismo indebido el arraigo, el testigo podrá exigir al que lo solicitó que lo indemnice de los daños y perjuicios que le haya causado, situación que será resuelta por la autoridad que conozca de la investigación.
Artículo 408.- El servidor público que practique las diligencias podrá dictar las providencias necesarias para que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio de otra persona, antes de que rindan su declaración.

CAPITULO CUARTO


Pericial
Artículo 409.- Serán ofrecidos o designados como peritos quienes, según la legislación estatal correspondiente, acrediten idoneidad en la materia a que pertenece el tema sobre el cual han de manifestarse. Si la ciencia, arte o técnica no está reglamentada o si, por obstáculo insuperable no se pudiere contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, se designará a una persona de idoneidad manifiesta.
Artículo 410.- El Ministerio Público y los jueces en el desarrollo del procedimiento, seleccionarán a los peritos y determinarán el número de los que deban intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de los sujetos procesales interesados.
Al mismo tiempo, fijará con precisión y en preguntas concretas los temas de la peritación, de oficio o a petición de los interesados, según corresponda.
El Ministerio Público y los jueces, fijarán los plazos dentro de los cuales presentarán los peritos designados los dictámenes solicitados. En la aceptación y protesta del cargo que hagan los peritos, con excepción de los oficiales, explicarán el tiempo necesario que requieren para realizar su encargo. Si transcurrido el plazo no elaboran su dictamen o si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio.
Si a pesar de haber sido apremiado el perito no cumple con las obligaciones impuestas en el párrafo anterior, se hará del conocimiento del Ministerio Público para que proceda conforme a derecho.
Artículo 411.- Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará la orden de practicar una peritación en la forma prevista en esta legislación, y los designados tendrán el deber de comparecer y de protestar su fiel desempeño, con excepción de los peritos oficiales titulares.
Artículo 412.- Los peritos podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos para los magistrados, jueces y secretarios. Previo incidente que se tramitará en torno al motivo invocado, el Ministerio Público o tribunal resolverá lo que corresponda. Podrá por ese motivo suspender las operaciones periciales y, si admite la recusación, ordenar el reemplazo del perito, de oficio a instancia de quien lo propuso.
Artículo 413.- Cualquiera de los sujetos procesales interesados, fundadamente puede proponer los temas para la pericia y objetar los ya admitidos o los ya propuestos por otros, resolviendo el tribunal la procedencia de la solicitud.
Artículo 414.- La designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo.
Artículo 415.- En ausencia o a falta de peritos oficiales, se hará la designación sobre personas que presten sus servicios en dependencias del Gobierno, Municipios, Escuelas o Universidades del Estado, o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en el Estado, y en tal designación se solicitará en forma expresa, las actividades que deberán desarrollar, las personas u objetos que sean motivo de análisis, y los cuestionamientos que deban resolverse. En estos casos los honorarios se cubrirán según se acostumbre pagar en los establecimientos permanentes de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo que los peritos debieron ocupar en el desempeño de su comisión. En tales supuestos, el perito propondrá el monto de sus honorarios, los cuales, una vez regulados por la autoridad judicial se ordenará su pago.
Artículo 416.- Cuando se trate de lesiones provenientes de hecho punible y el lesionado se encontrare en algún hospital o centro de salud, los médicos de éste se tendrán por nombrados como peritos, sin perjuicio de que los médicos legistas oficiales comprueben los certificados y rindan dictamen definitivo, previo y necesario examen de la persona lesionada.
Artículo 417.- La necropsia se practicará siempre por los peritos médicos legistas oficiales.
Artículo 418.- Cuando el servidor público que practique las diligencias lo juzgue conveniente, asistirá al reconocimiento u operación que efectúen los peritos.
Artículo 419.- Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su dictamen, y responderán de manera clara, todos y cada uno de los cuestionamientos que se les hayan formulado, sin anexar datos o informes que no les hayan sido solicitados.
Artículo 420.- Los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en diligencia especial. También podrán formularlo mediante comparecencia ante la autoridad que lo haya solicitado, y el acta que al efecto se elabore, deberá referir todos los cuestionamientos solicitados, para su validez. Los peritos oficiales no necesitarán ratificar sus dictámenes sino cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime necesario.
Artículo 421.- Cuando las opiniones de los peritos discordaren, se nombrará un perito tercero en discordia.
Los sujetos procesales interesados estarán facultados para cuestionar a los peritos, en las diligencias de ratificación correspondientes, respecto de las opiniones vertidas en sus dictámenes.
Artículo 422.- Cuando el peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis sino cuando más sobre la mitad de la substancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo, lo cual se hará constar en el dictamen respectivo.
Artículo 423.- Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá pedirse o decretarse el cotejo de letras o firmas, que se practicará con documentos indubitables o con los que los sujetos procesales interesados reconozcan como tales; con aquellos cuya firma o letra haya sido reconocida judicialmente, y con el escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquél a quien perjudique.

CAPITULO QUINTO


Documental
Artículo 424.- Son documentos públicos los que señala como tales el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Artículo 425.- Para que se reputen auténticos los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán ser legalizados por el representante autorizado para atender los asuntos de la República Mexicana en el lugar donde sean expedidos.
La legalización de las firmas del representante se hará en los términos de la Ley del Servicio Exterior.
Artículo 426.- El tribunal recibirá las pruebas documentales que le presenten los sujetos procesales interesados hasta antes de que se declare cerrada la Instrucción, y como se desahogan por su propia naturaleza sin necesidad de practicar diligencia alguna, mandará agregarlas al expediente asentando razón en autos.
Artículo 427.- Siempre que alguno de los sujetos procesales interesados pidiere copia o testimonio de algún documento que obre en los archivos públicos, los otros tendrán derecho de pedir, dentro de tres días, que se adicione con lo que crean conveniente del mismo asunto. El tribunal resolverá de plano si es procedente la adición solicitada.
Artículo 428.- Los documentos existentes fuera de la jurisdicción del tribunal en que se siga el procedimiento, se compulsarán en virtud de exhorto que se dirija al del lugar en que se encuentren.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 429.- Los documentos privados y la correspondencia proveniente de los sujetos principales de la relación procesal que se presenten, se tendrán por reconocidos si no son objetados por su autor en términos legales. Tal objeción se hará en el término de 5 días, contados a partir de que hayan sido admitidos o conocidos por la parte que los objeta.


Respecto de documentos presentados para comprobar los montos relativos a pago de los daños y perjuicios ocasionados, no habrá necesidad de ratificación alguna por quien los emitió, si tales documentos cumplen con los requisitos fiscales de expedición y serán valorados conforme a lo previsto en el artículo 455 de la presente legislación.
Artículo 430.- Cuando se ordene por el Ministerio Público o Juez, se mandará sacar testimonio de documentos privados existentes en los libros, cuadernos o archivos de comerciantes, industriales o de cualquier otro particular, debiéndose pedir la compulsa e indicar la constancia que se solicita, para estar en condiciones de ordenar la exhibición de aquellos y se inspeccione lo conducente.
Artículo 431.- Los documentos redactados en idioma extranjero se presentarán originales, acompañados de su traducción al castellano.
Si la traducción fuere objetada, se ordenará que sean traducidos por los peritos que designe el funcionario que conozca de la investigación.
Artículo 432.- Los sujetos procesales interesados tienen el derecho para redargüir de falsedad los documentos públicos que obran en autos y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos.

CAPITULO SEXTO


Confesión
Artículo 433.- La confesión es la aceptación voluntaria llevada a cabo por el inculpado del hecho punible que se le imputa, que haya sido motivo de investigación y previamente acreditado por medios probatorios diversos. Tal aceptación sólo será válida si la emite persona mayor de dieciséis años, en pleno uso de sus facultades mentales, ante el Ministerio Público o el juez de la causa, en presencia de su Defensor y emitida además con las formalidades señaladas por el apartado A del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la presente legislación. Se admitirá en cualquiera de las etapas del procedimiento previas al dictado de sentencia irrevocable.

CAPITULO SEPTIMO


Medios Complementarios
Artículo 434.- Los careos se practicarán siempre a petición del procesado cuando exista contradicción en las declaraciones vertidas por éste y las de los testigos o del denunciante, y se practicarán siempre en presencia del juez.
Si los hechos motivo del procedimiento fueron tipificados como Secuestro o en relación con las descripciones típicas establecidas en el libro primero, título primero, capítulo segundo de la presente legislación, tales careos no se podrán celebrar.
Artículo 435.- Los careos se llevarán a cabo llamando la atención sobre las contradicciones advertidas, instando al diálogo a las personas que intervengan para superar las diferencias y averiguar la verdad sobre el hecho punible tipificado y de las características del inculpado y de la víctima.
Artículo 436.- Toda persona que tuviere que referirse a otra, lo hará de un modo claro y preciso, mencionando, si le fuere posible, el nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para identificarla.
Artículo 437.- Cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiere, pero exprese que podrá reconocerla si se le presentare, el funcionario que conozca del asunto procederá a realizar la confrontación.
Lo mismo se hará cuando el que declare asegure conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce.
Artículo 438.- Al practicarse la confrontación se cuidará de:
I. Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure ni borre las huellas o señales que puedan servir al que tiene que designarla;
II. Que aquélla se presente acompañada de cuando menos cinco individuos vestidos con ropas semejantes y aún con semejantes características físicas que las del confrontado; y
III. Que los individuos que acompañen a la persona que va a confrontarse sean de clase análoga, atendidas su educación, modales y circunstancias especiales si fuere posible.
Artículo 439.- Si alguna de las partes solicitare que se observen mayores precauciones que las previstas en el artículo anterior, el Ministerio Público podrá acordarlas cuando existan motivos suficientes.
Artículo 440.- La autoridad que conoce del asunto cuidará prudentemente el lugar en que se colocará el confrontado con relación a los que lo acompañen y para que se excluya del grupo a cualquiera persona que parezca sospechosa.
Artículo 441.- En la diligencia de confrontación se procederá colocando en una fila a la persona que deba ser confrontada y a las que hayan de acompañarla, y se interrogará al declarante sobre:
I. Si persiste en su declaración anterior;
II. Si conocía con anterioridad a la persona a quien se atribuye el hecho punible o si la conoció en el momento de ejecutarlo; y
III. Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar, por qué motivo y con qué objeto.
Se le colocará frente a las personas que formen el grupo; se le permitirá mirarlas detenidamente y posteriormente manifestará ante el funcionario que practique la diligencia quién es la persona y en qué se basa para señalarlo.
Artículo 442.- Cuando la pluralidad de las personas amerite varias confrontaciones, éstas se verificarán en actos separados.
Artículo 443.- La reconstrucción del hecho punible tendrá por objeto determinar la veracidad de las declaraciones que se hayan rendido y los dictámenes periciales que se hayan formulado. Se podrá llevar a cabo siempre que la naturaleza del hecho punible tipificado y las pruebas rendidas así lo exijan, a juicio de la autoridad judicial que conozca del asunto.
Artículo 444.- La reconstrucción del hecho punible deberá practicarse precisamente a la hora y en el lugar donde se realizó, cuando estas circunstancias tengan alguna influencia en la determinación del hecho que se reconstruya; en caso contrario podrá efectuarse en cualquiera hora y lugar.
Artículo 445.- No se practicará la reconstrucción del hecho sin que hayan sido examinadas las personas que hubieran intervenido en aquél o que lo hayan presenciado y deban tomar parte en ella. Es necesario, además, que se haya llevado a cabo la inspección del lugar.
Artículo 446.- Cuando alguna (sic) de los sujetos procesales interesados solicite la reconstrucción del hecho punible tipificado, deberá precisar cuáles son los datos y circunstancias que desea esclarecer, pudiéndose repetir la diligencia cuantas veces sea necesario, a solicitud del procesado, de su defensor, del Ministerio Público, o del propio tribunal, quien calificará la pertinencia de tal solicitud.
Artículo 447.- En la reconstrucción del hecho estarán presentes, si fuere posible, todos los que hayan declarado haber participado en él o haberlo presenciado. Cuando no asistiere alguno de los primeros, podrá comisionarse a otra persona para que ocupe su lugar, salvo que esa falta de asistencia haga inútil la práctica de la diligencia, en cuyo caso se suspenderá. Asimismo, se citará a los peritos que sean necesarios.
Artículo 448.- Cuando hubiesen versiones distintas acerca de la forma en que ocurrió el hecho, se practicará, si fueren conducentes al esclarecimiento del mismo, la reconstrucción relativa a cada una de ellos, y en caso de que se haga necesaria la intervención de peritos, éstos dictaminarán sobre cuál de las versiones puede acercarse más a la realidad, debiendo de tener en cuenta tan sólo, para emitir su opinión, sus observaciones y los conocimientos que les proporcionen su ciencia, especialidad o práctica.
Artículo 449.- En el procedimiento penal, los sujetos procesales interesados podrán hacer valer la denominada prueba circunstancial, basada en una operación lógica mediante la cual, partiendo de datos conocidos y demostrados, se pueda llegar a la aceptación de otro u otros desconocidos o inciertos.
Esta prueba podrá ser ofrecida, analizada y valorada, para determinar la existencia de todos y cada uno de los elementos del delito que corresponda en relación con los hechos investigados, siempre y cuando los datos conocidos y demostrados se hayan obtenido con apego irrestricto a las disposiciones de la presente normatividad.

CAPITULO OCTAVO


Valoración de la Prueba
Artículo 450.- Todas las pruebas desahogadas conforme a la presente legislación, incluyendo las actas levantadas con motivo de la práctica de inspecciones y cateos, acreditarán la existencia de los hechos a que se refieren, salvo que durante la instrucción hayan sido objetadas por las partes y tales objeciones resulten indubitablemente probadas durante la misma instrucción.
Artículo 451.- La autoridad judicial calificará el valor de la confesión, si ésta fue realizada por el inculpado con pleno conocimiento de los hechos punibles que se le imputan y de los medios probatorios aportados para configurarlo, así como de la trascendencia de su acto y de los beneficios procesales que le pueda reportar, y que la misma haya sido realizada sin coacción y sin violencia, física o moral, en presencia de su defensor y con pleno conocimiento de las características del procedimiento.
Artículo 452.- Los dictámenes periciales serán apreciados por los jueces según las circunstancias del caso, y sólo a partir de lo solicitado por los sujetos procesales interesados.
Artículo 453.- Para apreciar la declaración de un testigo, el juez tendrá en consideración:
I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para apreciar el hecho o circunstancia sobre las que declara;
II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;
III. Que el hecho o circunstancias sobre las que declara sean susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, que el testigo los conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro;
IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y
V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza.
Artículo 454.- Todos los medios de prueba o de investigación, quedarán al prudente arbitrio judicial. En el ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba, respecto de los testimonios de referencia, declaración de co-inculpados y situaciones análogas, sólo se les dará valor cuando se encuentren apoyados con otros medios probatorios corroboradores de tales testimonios.
Artículo 455.- Los tribunales, en sus resoluciones, expondrán los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente los medios probatorios, con arreglo a la lógica y a la experiencia. La duda en la valoración de específico medio probatorio, se resolverá analizando objetivamente la situación del inculpado y la víctima en cada caso concreto.

TITULO SEXTO


IMPUGNACIONES E INCIDENTES

CAPITULO PRIMERO


Recursos
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 456.- Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.


El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea otorgado expresamente. Cuando la ley no distinga, tal derecho corresponderá a todos, pero únicamente podrá recurrir aquel que invoque y acredite un interés directo en la eliminación, revocación o modificación de la resolución.
El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al procesado, pero éste podrá desistirse de los recursos interpuestos por aquél, previa consulta con el defensor, dejándose constancia de ello en autos.
Artículo 457.- Para ser admisibles, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley.
Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse de él antes de su resolución, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes.
El defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso del procesado.
Artículo 458.- Cuando en el procedimiento hubiese varios procesados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales.
Artículo 459.- La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario.
Artículo 460.- Los recursos tienen por objeto examinar si en la resolución impugnada no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valorización de la prueba; si se alteraron los hechos motivo de la investigación o si no se fundó o motivó correctamente, para el efecto de que la confirme, revoque o modifique, y en su caso, ordenar la reposición del procedimiento.
El juzgador que deba conocer del recurso, estará obligado a analizar en primero término, todos y cada uno de los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, independientemente de poder hacer efectivas las facultades de suplencia otorgadas a la autoridad judicial.
Artículo 461.- El recurso de revocación procede solamente en contra de los autos o acuerdos contra los cuales no se conceda por esta legislación el recurso de apelación o de reclamación, y los que se dicten en segunda instancia antes de que se dicte sentencia.
Artículo 462.- Interpuesto el recurso, en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, el tribunal lo resolverá de plano si estimare que no es necesario oír a los sujetos procesales interesados. En caso contrario, las citará a una audiencia verbal que se efectuará dentro de las 48 horas siguientes a la admisión del recurso, y en ella dictará su resolución, contra la que no procede impugnación alguna.
Artículo 463.- El recurso de reclamación procede contra las conductas omisivas de los jueces de primera instancia, cuando no emitan las resoluciones o no señalan la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos que señala la presente legislación; o cuando no cumplan con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a lo establecido por el presente ordenamiento.
La reclamación podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la situación que la motiva y por escrito ante el Supremo Tribunal de Justicia.
Artículo 464.- El Supremo Tribunal de Justicia en el plazo de 24 horas, le dará entrada al recurso y requerirá al juez para que rinda informe dentro del plazo de 24 horas.
Transcurrido este plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución que proceda en un término que no excederá de 48 horas. Si se estima fundado el recurso, el Supremo Tribunal de Justicia requerirá al juez para que cumpla las obligaciones determinadas en la ley.
La falta del informe al que se refiere el párrafo anterior, establece la presunción de ser cierta la omisión atribuida y se aplicará al juez de 15 a 50 días multa.
El Supremo Tribunal de Justicia llevará un control del número de reclamaciones que hayan sido procedentes, para el efecto de establecer la responsabilidad correspondiente al funcionario omiso en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Si la interposición del recurso se califica de notoriamente improcedente, se aplicará al promovente de 15 a 50 días multa.
Artículo 465.- El recurso de apelación procede contra:
I. Las sentencias definitivas;
II. Los autos en que se niegue o se conceda el sobreseimiento;
III. Los autos en que se niegue o se conceda la suspensión del procedimiento por la autoridad judicial;
IV. Los autos en que se niegue o se conceda la acumulación de autos;
V. Los autos de formal prisión;
VI. Los autos que resuelvan situaciones concernientes a medios probatorios;
VII. Los autos en que se niegue o se conceda la libertad provisional bajo caución;
VIII. Los autos en que se niegue la libertad por desvanecimiento de datos;
IX. Las resoluciones que se dicten para concluir un incidente no especificado;
X. Los autos que nieguen la orden de aprehensión o citación para declaración preparatoria; los de libertad por falta de elementos y los de libertad por desvanecimiento de datos, según las indicaciones establecidas en el Artículo 327;
XI. Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial o arraigo del indiciado;
XII. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos especiales para inimputables permanentes y transitorios; y
XIII. Las resoluciones que señale esta legislación como específicamente apelables.
No se suspenderá el trámite del procedimiento en lo principal en los casos de las fracciones II, III, V, VI, VII, VIII y IX.
Artículo 466.- La apelación debe interponerse por escrito, ante el juez que pronuncie la resolución impugnada dentro del término de diez días, en el que se expresarán los agravios que le cause la resolución recurrida. Al escrito se acompañarán copias simples de los agravios, para que se corra traslado a los sujetos procesales interesados, por el plazo de 5 días, para su contestación en segunda instancia.
Artículo 467.- Al notificarse al procesado y a la víctima u ofendidos la sentencia definitiva de primera instancia, se les hará saber el término que la ley concede para interponer el recurso de apelación, lo que se hará constar en el expediente.
Artículo 468.- Interpuesto el recurso dentro del término legal, el tribunal que dictó la resolución apelada lo admitirá de plano, conforme a las disposiciones anteriores.
Artículo 469.- Admitida la apelación, se remitirá original del expediente al Supremo Tribunal de Justicia. Si fueren varios los sentenciados y el recurso solamente se refiere a alguno o algunos de ellos, el tribunal que dictó la resolución motivo del recurso, ordenará se expidan los testimonios correspondientes al trámite del mismo.
Artículo 470.- Recibido el expediente o el testimonio en su caso, el tribunal calificará la admisión del recurso, y si lo admite, se señalará día para la vista, que se efectuará dentro de los quince días siguientes.
En caso de no admitir el recurso, devolverá el expediente o testimonio al juzgado de su origen.
Artículo 471.- Siempre que se haya interpuesto el recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva, el tribunal tiene facultad para admitir las pruebas que no se hubieran promovido o practicado en primera instancia, para justificar la procedencia de la suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión y para resolver sobre ella al fallarse el asunto, aún cuando no haya sido motivo de agravio el no haberse conocido ese beneficio en la primera instancia.
Artículo 472.- El día señalado para la vista comenzará la audiencia haciendo el secretario del Supremo Tribunal de Justicia una relación del asunto; enseguida se valorarán los escritos de agravios expuestos por el apelante y a continuación lo manifestado, en su caso, por los demás sujetos procesales interesados, en el orden que indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o más los apelantes, se hará la valoración en el orden que designe el mismo servidor público. Tal diligencia se celebrará con o sin la concurrencia física de los sujetos procesales interesados.
Artículo 473.- Declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de apelación pronunciará el fallo que corresponda, a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de vista.
Artículo 474.- La reposición del procedimiento se decretará a petición de parte, debiendo expresarse los agravios en que se apoye la petición. No se podrán alegar aquellos en los que el sujeto procesal agraviado se hubiera conformado expresamente, ni los que cause alguna resolución contra la que no se hubiera intentado el recurso que la ley conceda o, si no hay recurso, si no se protesta contra dichos agravios al tenerse conocimiento de ellos en la instancia en que se causaron.
Artículo 475.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa a la víctima o al inculpado, podrá suplir la deficiencia del agravio y ordenar que se reponga el procedimiento.
Artículo 476.- Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes:
I. Por no haberse hecho saber al inculpado durante los períodos procedimentales correspondientes, el motivo del procedimiento, o el nombre de las personas que le imputen la comisión del hecho punible;
II. Por no haberse permitido al inculpado nombrar defensor o no nombrársele el de Oficio en los términos que señala la ley; por no habérsele facilitado la manera de hacer saber al defensor su nombramiento, o por habérsele impedido comunicarse con él, o que dicho defensor lo asistiere en alguna de las diligencias del procedimiento;
III. Por no haberse ministrado al procesado los datos que necesitare para su defensa y que constaren en el expediente;
IV. Por no haberse citado al procesado a las diligencias que tuviere derecho a presenciar;
V. Por no haberse recibido al procesado, injustificadamente, las pruebas que hubiera ofrecido con arreglo a la ley;
VI. Por haberse celebrado la audiencia de final de Juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario o testigos de asistencia, y del Ministerio Público;
VII. Por haberse negado a alguna (sic) de los sujetos procesales interesados los recursos procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho;
VIII. Por no haberse hecho saber a la víctima u ofendido durante los períodos procedimentales correspondientes, de los derechos o garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga en el desarrollo del procedimiento; y
IX. Por no habérsele permitido a la víctima u ofendido, actuar en coadyuvancia en los términos que señala la ley; por negárseles la posibilidad de nombrar representante legal en el desarrollo del procedimiento, por no habérseles facilitado los datos que necesitare para el aseguramiento del pago de la reparación del daño o por no habérseles recibido medios probatorios de su parte necesarios para asegurar y hacer efectivos sus derechos constitucionales.
Artículo 477.- Una vez que se haya notificado en forma personal el fallo emitido a los sujetos procesales interesados, se remitirá desde luego la ejecutoria al tribunal de primera instancia, devolviéndole el expediente, en su caso.
Artículo 478.- Siempre que el tribunal de apelación encuentre que se retardó indebidamente el despacho del asunto o que se violó la ley durante las etapas del procedimiento a cargo del personal del Poder Judicial, si esas violaciones no ameritan que sea repuesto el procedimiento, ni que se revoque o modifique la resolución de que se trata, llamará la atención al inferior y podrá imponerle una corrección disciplinaria.
Artículo 479.- Cuando el tribunal de apelación notare que el defensor faltó a sus deberes, por no haber interpuesto los recursos que procedían, por haber abandonado los interpuestos, cuando de las constancias de autos apareciere que debían prosperar, por no haber alegado circunstancias probadas en el procedimiento y que hayan favorecido notablemente al procesado, o por haber alegado hechos no probados en autos, podrán imponerle una corrección disciplinaria. Si el defensor fuere de Oficio, el tribunal deberá además, dar cuenta al superior de aquél, llamándole la atención sobre la negligencia o ineptitud de dicho defensor.

CAPITULO SEGUNDO


Incidentes
Artículo 480.- Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución en términos de lo establecido por la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Formulada la solicitud en cualquier etapa del procedimiento, con excepción de la de ejecución, el funcionario que conozca la concederá, siempre que se garantice debidamente la reparación de daños y perjuicios, así como la pena de multa que pudiera aplicársele.
En la determinación que dicte el funcionario que conozca, se fundará y motivará el otorgamiento o la negativa de tal libertad, así como la revocación de ésta, en su caso, tomando en cuenta las prevenciones constitucionales y legales aplicables.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 481.- Se negará el beneficio de la libertad provisional bajo caución, cuando los hechos punibles que se imputen al inculpado puedan ser tipificados en las siguientes figuras típicas, que se califican de graves:


I. Homicidio Doloso, prevista en los artículos 3º y 5º;
II. Homicidio Doloso Calificado previsto en el artículo 13; y Lesiones Dolosas Calificadas, previstas en el artículo 13, en relación con el artículo 10, fracciones IV, V y VI;
III. Corrupción de Menores, prevista en el artículo 22;
IV. Violación, prevista en el artículo 24;
V. Violación Equiparada, prevista en el artículo 25;
VI. Abuso Sexual, previsto en el artículo 26;
VII. Abuso Sexual Equiparado, previsto en el artículo 27;
VIII. Tráfico de Menores, prevista en el artículo 34;
IX. Sustracción de Menores, prevista en el artículo 35, salvo que el inculpado sea familiar del menor o incapaz objeto de sustracción o retención;
X. Desaparición Forzada de Personas, prevista en el artículo 39;
XI. Secuestro, prevista en el artículo 40;
XII. Robo Calificado, previsto en el artículo 45, en relación con el artículo 44, cuando el valor de la afectación patrimonial exceda de trescientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado;
(ADICIONADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005)

XIII. Robo calificado, previsto en la fracción XII del artículo 45, en relación con el artículo 44, cualquiera que sea el valor de la afectación patrimonial;


XIIV. Extorsión, prevista en el artículo 49;
XV. Atentados a la Estética Urbana, prevista en el artículo 54;
XVI. Atentados al Desarrollo Urbano Ordenado, prevista en el artículo 55;
XVII. Rebelión, prevista en el artículo 83; y
XVIII. Homicidio Culposo, prevista en el artículo 92, párrafo tercero;
XIX. Aborto Culposo, prevista en el artículo 93, párrafo tercero; y
XX. Lesiones Culposas, previstas en el artículo 94, último párrafo, en relación al artículo 10, fracciones IV, V y VI.
En lo que se refiere a la figura típica de Atentados a la Estética Urbana, se podrá conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, si el inculpado repara el daño causado, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 482.- Si el ejercicio de la acción penal respecto de las figuras típicas señaladas en el artículo anterior, se formula por grado de tentativa, al inculpado no se le negará la obtención del beneficio solicitado.


Artículo 483.- También tendrá derecho a obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución el que haya sido procesado por hechos punibles que hayan sido tipificados en términos de las figuras señaladas en el Artículo 481, cuando en la sentencia que se dicte en primera instancia se le aplique pena de prisión no mayor de 5 años.
Artículo 484.- Se podrá negar el beneficio de la libertad provisional bajo caución al inculpado que tenga el carácter de reincidente, entendiéndose como tal a la persona que se le haya dictado sentencia condenatoria con anterioridad por algún hecho tipificado en cualquiera de las figuras señaladas en el Artículo 481, o cuando el Ministerio Público compruebe ante el juez que el otorgamiento de la libertad al inculpado representa un riesgo para la víctima u ofendido, o para la sociedad misma, dadas las características personales del inculpado, en relación con su conducta precedente o por las características del hecho punible que se le imputa.
La única documentación válida para acreditar la reincidencia, será la que emita la autoridad judicial respecto de las sentencias ejecutorias que haya dictado en su momento, o con las constancias que para el efecto emita la autoridad ejecutora.
Artículo 485.- Cuando proceda la libertad provisional bajo caución, inmediatamente que se solicite se decretará en la misma pieza de autos.
La naturaleza y monto de la caución quedará al prudente arbitrio de la autoridad que la otorgue, quien hará señalamiento específico sobre los daños y perjuicios ocasionados, en la medida en que las actuaciones se desprendan datos para fijar unos y otros, y de la pena de multa que pudiera aplicársele, fijada en el tipo penal correspondiente.
Se podrá disminuir el monto de la caución inicial, siempre que con ello no se afecte la garantía de reparación del daño a favor de la víctima u ofendidos del hecho punible.
Si el monto de la caución no es suficiente para garantizar debidamente el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima u ofendidos, éstos tendrán derecho a la interposición del recurso de apelación respecto de tal rubro, en la forma y términos descritos en la presente legislación.
Artículo 486.- La caución consistente en depósito en efectivo, se hará por el inculpado o por terceras personas en la institución de crédito autorizada para ello o en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, o ante la propia autoridad ministerial o judicial, si son horas inhábiles para llevar a cabo el depósito ante las instituciones referidas.
El certificado correspondiente se depositará en la caja de valores del tribunal o de la Dirección General de Control de Procesos, según corresponda, asentándose constancia de ello en autos.
Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el depósito directamente en las instituciones mencionadas, la autoridad correspondiente recibirá la cantidad exhibida y la mandará depositar en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el primer día hábil siguiente.
Artículo 487.- Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble propuesto no deberá tener gravamen alguno y su valor fiscal será, cuando menos, de tres veces el monto de la suma fijada como caución. El tribunal ordenará la inscripción de la garantía en el Registro Público de la Propiedad.
Artículo 488.- Las fianzas que otorguen las instituciones legalmente autorizadas para ello, se extenderán en la misma pieza de autos o se agregarán a éstos, según el caso.
Las pólizas correspondientes para ser aceptadas por la autoridad que realice el trámite, deberán especificar los siguientes datos:
I. Autoridad ante la que se presenta;
II. Nombre del inculpado o fiador;
III. Número de averiguación previa o número de expediente judicial;
IV. Monto de la fianza;
V. Compromiso de la institución afianzadora que se establecerá en términos de la siguiente leyenda:
"…Para garantizar por el inculpado o fiado, el pago de la reparación de daños, material y moral, perjuicios y multa que establezca la autoridad judicial, y que sean causados con motivo de los hechos punibles que se investigan en el presente procedimiento, y que se hará efectiva hasta por la suma asegurada, en caso de que el inculpado en el procedimiento se sustraiga de la acción de la justicia o no cumpla voluntariamente con la sentencia ejecutoria que le imponga pena de pago de reparación de daños y perjuicios y multa...".; y
VI. Nombre y domicilio del agente autorizado en el Estado de Aguascalientes por la institución afianzadora emisora de la póliza, para la formulación de requerimientos legales, en su caso.
Artículo 489.- Al notificarse al inculpado el auto que le concede la libertad provisional bajo caución, se le hará saber que contrae las siguientes obligaciones:
I. Presentarse a la agencia del Ministerio Público o tribunal que conozca de su caso, los días fijos que estime conveniente señalarle, y cuantas veces sea citado o requerido para ello;
II. Comunicar a las autoridades referidas en el inciso anterior los cambios de domicilio que tuviere; y
III. No ausentarse del Estado de Aguascalientes sin permiso de las autoridades referidas, permiso que no se podrá conceder por tiempo mayor de un mes.
También se le harán saber las causas de revocación de la libertad caucional.
En la notificación se hará constar que se hicieron saber al inculpado las anteriores obligaciones y las causas de revocación, pero la omisión de este requisito no librará de ellas ni de sus consecuencias a los interesados.
Artículo 490.- Cuando se haya garantizado la libertad en los términos descritos en esta Ley, aquélla se le revocará en los casos siguientes:
I. Cuando aparezca, con el desarrollo del procedimiento, que el monto de los daños y perjuicios es mayor que los inicialmente garantizados; o
II. Cuando en el procedimiento cause ejecutoria la sentencia y se haya pagado voluntariamente el monto de los daños y perjuicios y multa a que haya sido condenado el inculpado.
Artículo 491.- Cuando un tercero haya garantizado la libertad del inculpado por medio de depósito en efectivo, de fianza o de hipoteca, aquélla se revocará:
I. En los casos que se mencionan en el artículo anterior;
II. Cuando el tercero pida que se le releve de la obligación y presente al inculpado; o
III. Cuando con posterioridad se demuestre la insolvencia del fiador.
Artículo 492.- Cuando un tercero haya constituido depósito, fianza o hipoteca para garantizar la libertad de un inculpado, las órdenes para que comparezca éste, se entenderán con aquél, sin que esto impida que se cite también directamente al procesado.
Si el tercero no pudiere presentar al procesado desde luego, el tribunal podrá otorgarle un plazo hasta de 30 días para que lo haga. Si concluido el plazo concedido, no se obtiene la comparecencia del procesado, se hará efectiva la garantía correspondiente en términos de ley y se ordenará la reaprehensión del inculpado.
Artículo 493.- El tribunal ordenará la cancelación de la garantía:
I. Cuando remita al sentenciado al establecimiento donde vaya a ejecutarse la pena privativa de libertad impuesta y haya cubierto el pago de la reparación de daños y perjuicios y multa a que haya sido condenado;
II. Cuando se decrete el sobreseimiento o la libertad del procesado;
III. Cuando el procesado sea absuelto; o
IV. Cuando se declare plenamente responsable al procesado y se presente voluntariamente a cumplir con la totalidad de las penas y medidas de seguridad que se le hayan aplicado.
Artículo 494.- El tribunal mandará hacer efectiva la garantía y ordenará la reaprehensión del procesado:
I. Cuando desobedeciere, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal que conozca del asunto y esto impida el normal desarrollo del procedimiento;
II. Cuando se sustraiga de la acción de la justicia;
III. Cuando en el procedimiento en el que se le concedió la libertad, aún no se concluya con sentencia ejecutoria y participare en un nuevo hecho punible; o
IV. Cuando amenazare a la víctima u ofendidos o a algún testigo de los que hayan depuesto en su contra, o tengan que deponer en su asunto, o tratare de cohechar o sobornar a alguno de estos últimos, a algún servidor público del tribunal o al Agente del Ministerio Público que intervenga en el caso.
Artículo 495.- Cuando se ordene hacer efectiva la garantía, se harán los trámites correspondientes para ello, en relación con el tipo de caución aceptada, y las cantidades obtenidas serán entregadas a la víctima u ofendidos del hecho, por concepto de pago de los daños y perjuicios acreditados hasta ese momento, aunque no se haya concluido la tercera fase del procedimiento penal. Si quedara disponible alguna otra cantidad, ella se depositará en el fondo de apoyo a las víctimas del delito, que administrará la unidad o entidad gubernamental correspondiente que para el efecto se determine.
Si se continúa el procedimiento y finaliza con sentencia condenatoria, se tomará en cuenta el pago realizado por concepto de reparación de daños y perjuicios, exigiendo sólo las diferencias que resulten a favor de la víctima u ofendidos. Si la diferencia es a favor del inculpado o a éste se le decreta sentencia absolutoria, el pago realizado a favor de la víctima u ofendidos, les será exigible a éstos mediante la acción civil correspondiente.
Concluido el procedimiento en lo principal y cuantificado el monto de la reparación de daños y perjuicios, así como de la multa, en la sentencia condenatoria respectiva, se cubrirá inmediatamente aquella a favor de los beneficiarios asignados y el Estado. Si quedara disponible alguna otra cantidad, ella se depositará en el fondo de apoyo a las víctimas del delito, que administrará la unidad administrativa correspondiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Artículo 496.- La libertad por desvanecimiento de datos procede cuando en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos o medios probatorios que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Artículo 497.- Para substanciar el incidente respectivo, hecha la petición por el inculpado o su Defensor, el tribunal citará a una audiencia a celebrarse dentro del término de cinco días, a la que el Ministerio Público deberá asistir.
La resolución que proceda se dictará dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia.
Artículo 498.- La resolución que conceda la libertad por desvanecimiento de datos, tendrá los mismos efectos que el auto de libertad por falta de elementos, por lo que se estará a lo dispuesto en el Artículo 327 de la presente Legislación, en lo conducente.
Artículo 499.- Continuado el procedimiento en las etapas que corresponde conocer a la autoridad judicial, aquél no podrá suspenderse sino en los casos siguientes:
I. Cuando el procesado se hubiese substraído a la acción de la justicia;
II. Cuando el procesado se encuentre en un estado de inconsciencia física que le impida participar en el desarrollo del procedimiento o formular declaraciones o manifestaciones en relación con el mismo; y
III. Cuando el procesado acceda a un estado de enajenación mental permanente o transitorio, o tenga el carácter de fármaco dependiente o alcohol dependiente, cualquiera que sea el estado del procedimiento, y que sea comprobada tal circunstancia previos los trámites especificados para el efecto en la presente Legislación.
Artículo 500.- La substracción de un procesado a la acción de la justicia, no impide la continuación del procedimiento respecto de los demás inculpados que se hallaren a disposición del tribunal.
Artículo 501.- Lograda la captura del prófugo, el procedimiento continuará su curso sin que se repitan las diligencias ya practicadas, a menos que el tribunal lo estime indispensable.
Artículo 502.- El tribunal resolverá de plano sobre la suspensión del procedimiento, de oficio, a petición del Ministerio Público o del defensor del inculpado.
Artículo 503.- La acumulación tendrá lugar:
I. En los procedimientos que se sigan contra una misma persona, en los casos de concurso real o ideal de delitos;
II. En los casos que se sigan en investigación de hechos punibles conexos; o
III. En los casos que se sigan contra los coautores, partícipes o cómplices de un mismo hecho punible o contra éstos y sus encubridores.
Artículo 504.- La acumulación no podrá decretarse en los procedimientos después de cerrada la instrucción.
Artículo 505.- Cuando alguno de los procedimientos ya no estuviere en estado de instrucción, pero tampoco estuviere concluido o cuando no sea procedente la acumulación, el tribunal cuya sentencia cause ejecutoria, la remitirá en copia certificada al tribunal que conozca del otro procedimiento, para los efectos procesales correspondientes.
Artículo 506.- Si los procedimientos se siguen en el mismo tribunal, la acumulación podrá decretarse sin substanciación alguna.
Si la promoviere alguna de las partes, el tribunal la oirá en audiencia verbal que tendrá lugar dentro de 3 días y, sin más trámite, resolverá dentro de los tres días siguientes.
Artículo 507.- Si los procedimientos se siguen en diversos tribunales, será competente para conocer de todos los que deban acumularse, el tribunal que conociere de las diligencias más antiguas; y si éstas se comenzaron en la misma fecha, conocerá de los procedimientos acumulados aquél ante quien se promueva la acumulación por alguno de los sujetos procesales interesados.
Artículo 508.- La acumulación deberá promoverse ante el tribunal que, conforme al artículo anterior, sea competente; y el incidente a que dé lugar se substanciará en la forma establecida para la fijación de competencia por inhibitoria.
Artículo 509.- Los incidentes de acumulación se tramitarán por separado, sin suspenderse el procedimiento.
Artículo 510.- La reposición de autos procede cuando se ha perdido o extraviado algún expediente o determinadas constancias que deben obrar en el mismo. Se acordará a petición de parte interesada o de oficio.
Artículo 511.- Cuando la pérdida o extravío sea de determinadas constancias, el secretario del juzgado certificará esta circunstancia y se ordenará la reposición con las que obren en el duplicado, mediante la copia certificada correspondiente.
Cuando la pérdida o extravío se trate del expediente original o del duplicado, se hará constar esta circunstancia y se ordenará la reposición con el que exista.
Cuando la pérdida o extravío sea del original y duplicado o de constancias que no obren en ninguno, se hará constar su existencia previa y falta posterior, dándose vista a los sujetos procesales interesados por diez días para que aporten las constancias y copias de promociones que obren en su poder y señalen en su caso, las que obren en determinados archivos. Por su parte, la autoridad ordenará que se recaben las resoluciones que obren en los archivos oficiales en las que se hayan insertado actuaciones, los acuerdos que obren en la lista de notificaciones y demás documentos que permitan la reposición.
Las constancias que se aporten para tal efecto harán prueba plena, salvo que hayan sido objetadas por las partes y se demuestre su objeción.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior y recabadas las constancias existentes, se citará a una audiencia dentro de los tres días siguientes, en la que las partes podrán alegar lo que a sus intereses convenga y a continuación la autoridad pronunciará su resolución, en la que se precisarán las constancias que serán validas para la reposición.
Artículo 512.- El responsable de la pérdida o sustracción de algún expediente o constancia del mismo, tendrá la obligación de pagar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado, independientemente de la responsabilidad de carácter penal o administrativo que pudiere surgir.

CAPITULO TERCERO


Sobreseimiento
Artículo 513.- El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando se demuestre la extinción de la pretensión punitiva;
II. Cuando se demuestre que el procesado ya fue sentenciado por los mismos hechos punibles, independientemente de que hayan sido calificados como delictivos o no delictivos en otro procedimiento;
III. Cuando el Procurador General de Justicia confirme o formule conclusiones no acusatorias;
IV. Cuando el Procurador General de Justicia confirme el desistimiento de la acción penal formulado por el Agente del Ministerio Público;
V. Cuando el Ministerio Público o el Procurador General de Justicia no formulen conclusiones dentro del término que se les fije para el efecto, en términos de la presente normatividad;
VI. Cuando la víctima y ofendido otorgue el perdón a favor del procesado o se le tenga por otorgado en términos de la presente legislación; o
VII. Cuando el Ministerio Público no reformule en un término de seis meses el ejercicio de la acción penal ante el juez que haya negado la orden de aprehensión o citación para declaración preparatoria; o haya decretado libertad por falta de elementos o por desvanecimiento de datos.
Artículo 514.- El sobreseimiento puede decretarse de oficio o a petición de parte.
Se resolverá de plano cuando se decrete de oficio, y si fuere a petición de parte, se tramitará por cuerda separada y en forma de incidente no especificado.
Artículo 515.- Cuando sean varios los procesados o los hechos punibles motivo del procedimiento, el sobreseimiento se decretará solamente de aquellos en los que proceda, continuándose el trámite por los demás.
La resolución de procedencia del sobreseimiento surtirá efectos de una sentencia absolutoria y una vez ejecutoriada, tendrá autoridad de cosa juzgada.

CAPITULO CUARTO


Incidentes No Especificados
Artículo 516.- Los incidentes cuya tramitación no se detalle en esta Legislación, se resolverán, por regla general, de plano, por el tribunal.
Artículo 517.- Cuando el tribunal estime que no deben resolverse de plano y sean de aquellos que no deben suspender el curso del procedimiento, se substanciarán por separado y del modo siguiente:
Se dará vista de la promoción del incidente a los sujetos procesales interesados, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente. Si el tribunal lo creyera necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de 5 días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los 3 días siguientes.
Concurran o no las partes, el tribunal fallará desde luego el incidente.

TITULO SEPTIMO


PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA INIMPUTABLES PERMANENTES Y TRANSITORIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CON FUERO CONSTITUCIONAL
Artículo 518.- Si a partir del auto de formal prisión que se dicte en el procedimiento penal ordinario, hubiese razones para suponer que el inculpado padece enajenación mental, desarrollo intelectual retardado, trastorno mental transitorio o cualquier otro estado mental que requiera tratamiento, el juez de oficio o a solicitud de parte interesada, procederá conforme a las disposiciones siguientes.
Artículo 519.- El tribunal suspenderá el procedimiento penal ordinario e iniciará un procedimiento alterno. Ordenará que el procesado sea examinado por dos peritos psiquiátricos o en su defecto, por los médicos legistas, dando oportunidad a los sujetos procesales interesados para que ofrezcan los suyos. Dichos peritos dictaminarán sobre el estado de salud mental del procesado, clarificándose:
I. La clase de trastorno mental;
II. Desde qué tiempo lo padece o época en que lo padeció; y
III. Si es de carácter transitorio o permanente.
Se respetarán en este caso las reglas fijadas en la presente Legislación para la prueba pericial.
En casos urgentes y notorios sobre la afectación mental del procesado, el juez podrá ordenar su depósito en la institución especial de salud de que disponga el Estado, o en su defecto, la que propongan los familiares de aquél, para su atención médica, en tanto se da cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 520.- Para determinar la imputabilidad o inimputabilidad del procesado, deberá precisarse siempre:
I. El estado en que debió encontrarse en el momento de participar en la realización del hecho punible;
II. En qué medida lo incapacitó para la comprensión del carácter ilícito de su conducta;
III. Si está en condiciones de comprender las características del procedimiento penal ordinario y su trascendencia; y
IV. Si su estado mental le permite permanecer en prisión preventiva o requiere de reclusión en establecimiento especial o en custodia familiar.
Para estar en condiciones de determinar la medida de seguridad que deba aplicarse, deberán precisarse los tipos de tratamientos posibles, que podrán ser de carácter psiquiátrico, psicológico, médico, quirúrgico o mixtos.
Artículo 521.- El tribunal con vista en los dictámenes y demás constancias de autos, resolverá lo procedente en un término de cinco días a partir del momento en que se hayan desahogado las pruebas ordenadas. Tal resolución será apelable.
Artículo 522.- Cuando la resolución sea en el sentido de que el procesado realizó la conducta en estado de inimputabilidad permanente o transitoria, le aplicará cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:
I. Tratamiento en internamiento o en libertad; o
II. Tratamiento de desintoxicación;
Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado en la institución correspondiente para su tratamiento, durante el tiempo necesario para su curación.
Artículo 523.- Si la inimputabilidad proviene de trastorno mental transitorio, no habrá lugar a imposición de medida de seguridad alguna, a no ser que el inculpado aún manifieste perturbaciones mentales, sin perjuicio de establecer la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 524.- Si se ordena tratamiento en libertad, se ordenará se lleve a cabo la vigilancia de autoridad, para que se lleve a cabo su adecuado cumplimiento. Por virtud de los informes de incumplimiento, se ordenará la cancelación de la medida, y se fijará la correspondiente de tratamiento en internamiento.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 525.- En ningún caso la medida de seguridad impuesta por el juzgador excederá de la duración que corresponda al máximo de la pena de prisión aplicable al hecho delictivo que la origina, y se requiere además de la firmeza del auto de formal prisión. Esta clase de resoluciones no impide que la víctima u ofendidos continúen los trámites procedimentales establecidos para hacer efectivo el pago de los daños y perjuicios ocasionados, ante el mismo juez que conozca del asunto.


Artículo 526.- Cuando el inculpado haya sido sentenciado por un hecho delictivo que obedezca a la inclinación o al abuso de bebidas alcohólicas, de narcóticos o substancias que produzcan efectos similares, se le aplicará, independientemente de la pena que corresponda, un tratamiento de desintoxicación, según sea el caso.
Artículo 527.- Cuando los tribunales tengan conocimiento de que el procesado es fármaco dependiente o alcohol dependiente, ordenarán que dos peritos en la materia, o en su defecto, los médicos legistas, dictaminen sobre la fármaco dependencia o alcohol dependencia que el procesado tenga y sobre la necesidad de suministrarle un tratamiento de deshabituación o de desintoxicación. Los sujetos procesales interesados podrán ofrecer peritos que dictaminen al respecto.
En caso de que del dictamen o dictámenes se desprenda la necesidad del tratamiento, el tribunal podrá ordenar que éste se lleve a cabo en el lugar donde se encuentre privado de su libertad, en su domicilio si se encuentra en libertad provisional bajo caución o en un establecimiento especial de carácter sanitario dependiente del Estado o de carácter particular.
Si el caso lo amerita, podrá suspenderse el procedimiento penal ordinario hasta en tanto se aplique el tratamiento respectivo.
Artículo 528.- Una vez lograda la desintoxicación o deshabituación del procesado, se asentará constancia en el expediente y se agregarán los informes o certificados de sanidad correspondientes, a efecto de continuar con el procedimiento penal ordinario.
Artículo 529.- Cuando de la resolución se desprenda que el procesado accedió a estado de inimputabilidad después de realizado el hecho punible motivo del procedimiento, solamente se suspenderá el procedimiento penal ordinario en tanto se aplica el tratamiento de carácter curativo que se establece en este Título, y una vez obtenida la curación del procesado, se reanudará el procedimiento penal ordinario correspondiente.
Mientras dure el tratamiento, no correrá el término para la prescripción de la acción penal.
Artículo 530.- En la investigación y juzgamiento de hechos punibles en los cuales intervenga como indiciado un menor de 16 años de edad, se procederá de la siguiente manera:
I. El Ministerio Público lo comunicará inmediatamente al Consejo Tutelar de Menores en el Estado, con todos los datos y elementos de que se disponga, para que asuma la tutela prevista en la Ley que lo regula, si correspondiere;
II. La privación de libertad del menor sólo procederá en casos excepcionales, cuando no exista otra manera de asegurar la sujeción del indiciado al procedimiento y concluir adecuadamente la averiguación previa;
III. Concluida la averiguación previa en términos de esta legislación y establecido plenamente el nivel de autoría, participación o complicidad del menor y que su conducta provocó el resultado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico correspondiente al hecho tipificado, o colaboró para que ello sucediera, remitirá el expediente al Consejo Tutelar de Menores, para la continuación del procedimiento.
Artículo 531.- Recibida la averiguación previa por el Consejo Tutelar de Menores, procederá a certificar la existencia de los elementos que acrediten el cuerpo del delito de la figura típica correspondiente y el nivel de autoría, participación o complicidad del menor en el hecho punible, base fundamental para continuar con el procedimiento.
Si el menor se encuentra privado de su libertad, se analizarán sus circunstancias personales, resolviendo con ello, en el término de 72 horas, si queda en libertad incondicional, si se entrega a quienes ejerzan la patria potestad sobre él, a quienes tengan su guarda o custodia, o si debe continuar internado en el Consejo.
Artículo 532.- Determinada la continuación del procedimiento, éste tendrá por objeto el de valorar la autoría, participación o complicidad del menor en el hecho punible tipificado, o para el acreditamiento de alguna de las causas de justificación descritas en la presente Legislación, para el efecto de aplicarle la medida de seguridad correspondiente, trámite que deberá concluir en un término que no exceda de treinta días.
Artículo 533.- Quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o en su caso, la guarda o custodia del menor, tendrán la representación legal de éste en el procedimiento, y tendrán todas las garantías y facultades que se otorgan a los gobernados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias aplicables.
Se podrá disponer que el menor no presencie los actos del procedimiento, salvo cuando fuere imprescindible su comparecencia, y en la medida que esto no afecte su salud mental.
Artículo 534.- La resolución que determine la aplicación o no de una medida de seguridad al menor partícipe en un hecho punible tipificado, clarificará también los aspectos relacionados con los daños y perjuicios causados a la víctima u ofendido, para que éstos sean cubiertos en términos de lo previsto por la presente legislación.
La víctima u ofendido podrá aportar, en consecuencia, al procedimiento especial, los elementos idóneos para valorar adecuadamente los daños y perjuicios que se les hayan causado.
Si la medida que se ordene debe aplicarse al menor consiste en tratamiento en internamiento, la misma se ejecutará hasta su total terminación, independientemente de que se rebase la edad de los 16 años del sujeto en tratamiento.
Para la aplicación de esta medida, se requiere de la existencia de un hecho punible considerado típico y que la conducta del menor no se encuentre amparada por una causa de justificación.
Artículo 535.- En la investigación de hechos punibles en que se señale como indiciado a un servidor público que goce de fuero constitucional en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público estará imposibilitado para ordenar la detención por causa de urgencia o de ejercitar la acción penal en su contra, hasta en tanto se realiza el procedimiento para la declaración de procedencia, a cargo del Gran Jurado del Congreso del Estado, en términos de lo ordenado por su Ley Orgánica y por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

TITULO OCTAVO


INDEMNIZACIONES
Artículo 536.- Si una vez concluida la tercera fase del procedimiento penal ordinario, el procesado fuere absuelto o en su favor se dictare el sobreseimiento, por decisión de la propia autoridad judicial o por cumplimiento de ejecutoria de amparo, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad, salvo que él haya provocado su propia persecución, confesando falsamente el hecho punible imputado u ocultado o alterado dolosamente la prueba que condujo al error judicial.
Este precepto también regirá en los procedimientos que tengan por objeto la aplicación de una medida de seguridad.
Artículo 537.- El organismo que dicte cualquiera de las resoluciones que dan derecho a indemnización fijará su importe en ella en términos de lo ordenado por las leyes aplicables, tomando en cuenta los días que haya estado privado de la libertad el inculpado absuelto.
Artículo 538.- La indemnización fijada en el artículo anterior, no impedirá que, quien pretenda una indemnización superior, la reclame ante los tribunales competentes por la vía que corresponda, pero la aceptación de la suma fijada inicialmente, impedirá toda reclamación posterior.
Artículo 539.- El Estado estará siempre obligado al pago, sin perjuicio de su derecho a repetir de algún otro obligado. Para ello, una vez realizado el pago al sentenciado absuelto, se podrá exigir a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial, el monto de la cantidad entregada, por vía judicial.
Artículo 540.- La aplicación de una ley posterior más benigna durante el procedimiento que torne injusta la pena o la medida de seguridad, no habilitará la indemnización en este título regulada, así como la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que en su momento se haya aplicado.
Artículo 541.- Las reglas del presente Título también se aplicarán en los casos relativos a procedimientos seguidos a personas menores de 16 años de edad o a inimputables.

LIBRO TERCERO


EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

TITULO PRIMERO


EJECUCION
Artículo 542.- No se ejecutará pena o medida de seguridad sino después de que la sentencia que la imponga haya causado ejecutoria, salvo las medidas de seguridad que expresamente establezca la ley en los procedimientos especiales.
Artículo 543.- El Ejecutivo del Estado a través de la Dirección General de Reeducación Social, tendrá a su cargo la ejecución de las penas y medidas de seguridad, en términos de lo previsto por la presente Legislación, con las variables y limitaciones que al efecto se señalen.
Artículo 544.- Es obligación del Ministerio Público, vigilar y promover lo conducente, a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas, y para tal efecto, estará facultado para gestionar ante las autoridades correspondientes lo que legalmente proceda.
Artículo 545.- Por cada sentencia ejecutoria que sea remitida por los tribunales del Estado a la autoridad ejecutora, se abrirá el correspondiente expediente de ejecución, en el cual se llevará noticia de los acuerdos y del cumplimiento exacto de las penas y medidas de seguridad que se hayan ordenado y ejecutado. Las constancias del expediente de ejecución se ajustarán a las formalidades exigidas para las actuaciones en las primeras fases del procedimiento penal señaladas en la presente legislación. Cumplida alguna pena o medida de seguridad, la autoridad ejecutora lo informará a la autoridad judicial correspondiente y a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Artículo 546.- La pena de prisión se ejecutará en los Centros de Reeducación Social para Varones y para Mujeres en el Estado, destinados para el efecto.
Artículo 547.- En los referidos centros, se implantará un régimen de reeducación basado en la individualización del tratamiento y en el estudio y trabajo, cuya finalidad inmediata es la de modificar las tendencias, inclinaciones y predisposiciones antisociales del sentenciado, así como de facilitarles la adquisición de conocimientos que puedan serles útiles en su vida libre.
Para la mejor individualización del tratamiento, se clasificará a los internos en instituciones especializadas entre las que podrán configurar establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, así como instituciones psiquiátricas especializadas en el tratamiento de inimputables permanentes o transitorios.
Artículo 548.- La pena de prisión no tiene por objeto infligir sufrimientos físicos, ni humillar la dignidad personal de los sentenciados, por lo que el tratamiento que se les aplique deberá estar exento de toda violencia, tortura o maltrato corporal.
Artículo 549.- El expediente de ejecución no solamente se integrará con la copia certificada de la sentencia definitiva, sino que debe agregarse necesariamente la identificación mediante la signación antropométrica, ficha dactiloscópica y fotográfica, así como el día y hora de su ingreso al centro de prisión preventiva y al propio para la ejecución de la pena de prisión.
Artículo 550.- Toda persona que ingrese a un Centro de Reeducación Social por motivo de ejecución de una pena de prisión, se le abrirá expediente médico en el que se establezca su estado físico y mental y conocer su historia clínica; asimismo se le realizarán los exámenes que sean necesarios para ubicar su nivel cultural y comprobar sus capacidades y habilidades para la realización de actividades laborales.
Artículo 551.- A su ingreso al Centro correspondiente, el sentenciado recibirá una información por escrito, seguida de las explicaciones verbales necesarias, acerca del régimen a que se le someterá, de las normas de conducta que debe observar, del sistema disciplinario, de las reglas para formular peticiones o quejas, y toda aquella información relacionada con sus obligaciones al interior del Centro, a fin de permitirles su adaptación a la vida del establecimiento.
El dinero, los objetos de valor y demás bienes propios que el interno posea a su cargo, serán mantenidos en depósito, previo inventario y recibo.
Tales objetos le serán devueltos al obtener su libertad, o antes, a petición del interno o de sus familiares.
Artículo 552.- En el expediente de ejecución se incluirán los resultados de los estudios que se le practiquen al sentenciado, así como la copia de los dictámenes de personalidad que se hayan realizado durante el desarrollo de la fase principal del procedimiento.
Artículo 553.- En el expediente de ejecución se destacarán, además, las siguientes secciones:
I. De Comportamiento, donde se harán constar los antecedentes sobre la conducta del interno, las sanciones disciplinarias de que haya sido objeto, así como de los estímulos y recompensas que haya recibido;
II. Médico - Psiquiátrico, donde se incluirán los estudios que se le realicen respecto de su estado de salud física y mental;
III. De Desarrollo Humano y Formativo, donde se establecerá el grado inicial de instrucción, así como los progresos y calificaciones durante su estancia en el establecimiento, así como su desarrollo en los valores personales y de convivencia;
IV. Laboral, que comprenderá el grado inicial de aptitud para el trabajo, así como las labores desempeñadas y el grado de capacitación para el trabajo que se obtenga;
V. Social, que comprenderá el estudio del ámbito social y familiar del interno, así como su nivel de vida; y
VI. Psicocriminológico, en donde se establecerán los avances en su tratamiento y el grado de probabilidad de reincidencia.
El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará para su desarrollo de los siguientes períodos:
a) Estudio Inicial;
b) Diagnóstico;
c) Tratamiento; y
d) Reintegración.
Artículo 554.- Tomando en cuenta los resultados en la integración de los expedientes de ejecución, el sentenciado será clasificado en grupos de acuerdo con su capacidad, su edad, salud mental y física. Si cuenta con una edad que oscile entre los 16 y 22 años, deberá estar separado, en lo posible, de los demás internos.
El estudio integral de personalidad del sentenciado, deberá de actualizarse con una periodicidad de seis meses a fin de constatar el grado de avance que registre durante dicho período en su proceso de reeducación social.
Artículo 555.- Los hechos meritorios del sentenciado serán objeto de los siguientes estímulos y beneficios, que serán debidamente documentados en el expediente de ejecución:
I. Libertad de movimiento dentro del establecimiento;
II. Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas;
III. Exención de servicios manuales no retribuidos;
IV. Empleo de cargos o comisiones auxiliares de confianza;
V. Preliberación;
VI. Libertad Preparatoria; e
VII. Indulto.
El período de reintegración se iniciará con la obtención de la libertad preliberacional, preparatoria o definitiva. Durante este período se proporcionará a los liberados ayuda, a fin de reincorporarlos al medio social por medio de los organismos especializados para ello, sean de carácter privado o público.
Artículo 556.- La autoridad de los Centros de Reeducación Social concederá discrecionalmente el estímulo que corresponda, dando al sentenciado la oportunidad de elección entre aquellos que hubiese obtenido por su conducta, sin considerar la Preliberación, la Libertad Preparatoria y el Indulto, cuyo otorgamiento se maneja con criterios legales diferentes.
Artículo 557.- La Libertad preparatoria se otorgará al sentenciado cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(REFORMADA, P.O. 10 DE ABRIL DE 2006)

I. Que no se trate de interno reincidente, o que no haya sido sentenciado por el delito de secuestro en cualquiera de sus modalidades;


II. Haber cumplido las tres quintas partes de la pena de prisión que se haya aplicado por comisión de delito grave, y las dos quintas partes, en caso de comisión de delito no grave;
III. Haber observado durante su internamiento buena conducta, sin limitarse al simple cumplimiento de los reglamentos del centro, sino también a su mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, y que ello revele un afán constante de reeducación social;
IV. Ofrecer dedicarse en un plazo determinado en el acuerdo de otorgamiento del beneficio, a un oficio, arte, industria, profesión o cualquier otra actividad honesta para vivir; y
V. Que haya reparado totalmente los daños y perjuicios causados o se establezca convenio de pago, en términos de la presente Legislación, ante la autoridad judicial.
Para otorgar tal libertad preparatoria, debe acreditarse que el sentenciado efectivamente se encuentra reeducado.
Artículo 558.- La preliberación consiste en la obtención de permisos de salida diaria con reclusión nocturna, así como reclusión entre semana con salida de fin de semana (sábado y domingo), y se otorgará a todo sentenciado que cumpla con los requisitos señalados para la libertad preparatoria, y un año antes de que se cumplan los términos de reclusión fijados para el efecto.
Artículo 559.- La solicitud del sentenciado que crea tener derecho a los beneficios de la preliberación o de libertad preparatoria, la dirigirá por escrito a la Dirección General de Reeducación Social, con copia a la dirección del Centro de Reeducación correspondiente. Recibida la solicitud, se analizará el expediente de ejecución, el informe que emite el Director del Centro con apoyo del Consejo Técnico Interdisciplinario y se resolverá sobre la procedencia de la misma, en un término no mayor de cinco días. Si se autoriza el beneficio por la autoridad del centro, se dará vista al Ministerio Público responsable de la Ejecución de Penas, para que emita Determinación al respecto en un término de tres días. Con determinación o sin ella, la autoridad encargada resolverá lo conducente en un término no mayor de ocho días, la que se notificará por escrito al interesado.
Artículo 560.- Los sentenciados que disfruten de la preliberación o de la libertad preparatoria, quedarán sujetos a la vigilancia de Dirección General de Reeducación Social por el tiempo que les faltare para cumplir con la pena de prisión.
Artículo 561.- Cuando el beneficiado con la preliberación o la libertad preparatoria deje de cumplir alguna de las condiciones establecidas en la resolución que haya otorgado el beneficio o participe en otro hecho delictivo doloso declarado como tal por sentencia ejecutoria, se le privará nuevamente de la libertad para que extinga toda la parte de la prisión que no se haya ejecutado directamente, con la correspondiente revocación del beneficio concedido.
En su caso, si el sentenciado que incumple con las condiciones establecidas se encuentra gozando de su libertad, la autoridad a cargo de la ejecución solicitará al juez de la causa, gire la correspondiente orden de reaprehensión.
Artículo 562.- El indulto procede en los casos siguientes:
I. Cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación o al Estado;
II. Cuando el sentenciado haya alcanzado su efectiva reeducación según el dictamen del área técnica, cumpla con su trabajo, haya observado intachable conducta, participado en las actividades educativas que se organicen y que se destaque en alguna actividad a favor de diversa persona o en beneficio del centro correspondiente;
III. Cuando el sentenciado haya contraído una enfermedad infecciosa y mortal que ya no pueda ser controlada médicamente o se encuentra en estado de senectud; o
IV. A juicio del Gobernador del Estado, respecto de los hechos punibles tipificados en términos de las figuras típicas previstas en el Libro Primero, Título Primero, Capítulo Décimo Quinto de la presente legislación.
Artículo 563.- El indulto no extingue la obligación de pagar los daños y perjuicios ocasionados.
Artículo 564.- La solicitud del indulto se integrará al expediente respectivo de ejecución, al que se agregarán las pruebas suficientes para comprobar su procedencia. Una vez analizado totalmente el expediente de ejecución por las autoridades competentes, el Gobernador del Estado dictará la resolución que corresponda dentro del término de treinta días, que será notificada personalmente al interno o a su Defensor.
Artículo 565.- Una vez declarada la sentencia ejecutoria, que deberá clarificar plenamente el monto relativo a reparación de daños y perjuicios, así como las personas beneficiarias, de oficio o a petición de parte, se requerirá al sentenciado para que realice su pago en forma voluntaria, en un plazo que no excederá de 5 días hábiles, en caso de que tal pago no se haya realizado o que existiera constancia fehaciente de la víctima u ofendidos, de que ya se pagaron tales daños y perjuicios.
En caso de no hacerlo, se tomarán en cuenta las siguientes disposiciones:
I. Si el sentenciado obtuvo durante el trámite del procedimiento el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se ordenará la aplicación de la garantía al pago correspondiente. Si fuese depósito ante la Secretaría de Finanzas o Institución de Crédito, se hará la entrega del billete de depósito correspondiente al beneficiario. Si fuese garantía hipotecaría, se realizará el trámite correspondiente de remate, en términos de lo previsto por el Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Si se otorgó póliza de garantía de compañía autorizada para ello, iniciará el trámite previsto por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;
II. Si se ordenó se hiciera efectiva la garantía durante el procedimiento y fue depositada en el fondo de apoyo a las víctimas del delito que administrará la unidad o entidad gubernamental que para el efecto se determine, se solicitará a esta, disponga de la cantidad correspondiente del fondo común a su cargo, para ser entregada a los beneficiarios;
III. Si se ordenó el embargo precautorio de bienes durante el procedimiento, se procederá a su remate en términos de lo previsto por el Código de Procedimientos Civiles en el Estado;
IV. Si no existe garantía alguna, se informará de ello a la Dirección General de Reeducación Social, para que en el correspondiente expediente de ejecución del sentenciado, se hagan los descuentos correspondientes para el efecto, en caso de que el obligado al pago, realice actividades laborales remuneradas.
Artículo 566.- Todas las cantidades que se reciban por concepto de pago de reparación de daños y perjuicios, serán entregadas inmediatamente a los ofendidos o sus beneficiarios, quienes expedirán los recibos correspondientes, cuyos originales serán entregados al sentenciado, dejando una copia de los mismos en el expediente de ejecución correspondiente de la Dirección General de Reeducación Social, para constancia.
Artículo 567.- Estas disposiciones serán aplicables, en lo conducente, cuando se trate de ejecutar el pago de reparación de daños y perjuicios en los procedimientos especiales para inimputables.
Artículo 568.- La acción para exigir la reparación del daño a personas distintas del inculpado, debe ejercitarse por quien tenga derecho a ello, ante el tribunal que conozca de lo penal; pero deberá intentarse y seguirse ante los tribunales del fuero civil, en el juicio que corresponda, cuando haya recaído sentencia irrevocable en el procedimiento sin haberse intentado dicha acción, siempre que el que la intente fuere un particular. Esto último se observará también cuando, concluida la instrucción, no hubiese lugar a juicio penal por falta de acusación del Ministerio Público y se promueva posteriormente la acción civil.
Cuando promovidas las dos acciones hubiese concluido el procedimiento sin que el incidente de reparación del daño esté en estado de sentencia, continuará conociendo de él el tribunal ante quien se haya iniciado.
Artículo 569.- Todos los incidentes sobre reparación del daño exigible a terceras personas, que se sigan ante los tribunales penales, se tramitarán y decidirán conforme a lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles para los juicios únicos y se tramitará por separado. Las notificaciones se harán en la forma que señala éste Código.
Artículo 570.- Si el incidente llega al estado de alegar antes de que se concluya la instrucción, se suspenderá hasta que el procedimiento se encuentre en estado de sentencia, la que se pronunciará resolviendo a la vez sobre la acción penal y sobre la reparación del daño exigible a personas distintas del inculpado, produciéndose los alegatos en la audiencia del procedimiento penal.
Artículo 571.- En el caso de hallarse prófugo el procesado, se continuará la tramitación del incidente hasta dictarse sentencia.
Artículo 572.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará el monto de la pena de multa que se haya aplicado, para el efecto de requerir al sentenciado a su pago voluntario, fijándosele un plazo de diez días para ello.
Si el pago no se realiza en tal plazo, se procederá en términos de lo previsto por el Código Fiscal del Estado, en lo relativo al procedimiento administrativo de ejecución, quedando su trámite a cargo del personal de la autoridad ejecutora en colaboración con la Secretaría de Finanzas del Estado.
Artículo 573.- Todas las cantidades que perciba el personal de la autoridad ejecutora por concepto de pago de multas, serán remitidas inmediatamente a la Secretaría de Finanzas del Estado, quien expedirá los recibos correspondientes, cuyos originales serán entregados al sentenciado, dejando una copia de los mismos en el expediente de ejecución, para constancia.
Artículo 574.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará si existe alguna pena relativa a suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones, para el efecto de que mantenga la vigilancia correspondiente sobre el sentenciado durante el tiempo que dure la pena, y se cumpla la misma en los términos que fijen los tribunales.
En cuanto se tenga conocimiento de que alguna entidad pública o privada pretenda habilitar al sentenciado en la función, cargo, comisión, empleo o cargo motivo de la suspensión, privación o inhabilitación, le dará a conocer el contenido de la sentencia para que la misma sea cumplida en todos sus términos.
Artículo 575.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria por la Dirección General de Reeducación Social, si el tribunal ha ordenado su publicación, la tramitará respecto de sus puntos resolutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en el Estado, y los gastos se cobrarán al sentenciado, en términos de lo previsto para la pena de multa.
Artículo 576.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará si el tribunal ha ordenado el confinamiento o la prohibición de ir o residir en lugares determinados. Si así fuere, tal autoridad designará al personal de vigilancia correspondiente, para que en caso de incumplimiento por parte del sentenciado, se levante acta, la cual se remitirá a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, para la elaboración de la averiguación previa correspondiente.
Artículo 577.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará si el tribunal ha ordenado el decomiso, destrucción y pérdida de objetos, instrumentos y productos del delito. En ese caso, se determinarán exactamente los objetos a decomisar o destruir, para el efecto de que se hagan los trámites correspondientes por el personal de tal autoridad, y se logre el decomiso y destrucción correspondientes, informando de su ejecución a la Procuraduría General de Justicia en el Estado y a la autoridad judicial que haya emitido la sentencia.
Artículo 578.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará si el tribunal ha ordenado otorgamiento de caución sobre posesión de las cosas y/o para no ofender, la cual será presentada a la mencionada autoridad en cualquiera de las formas aceptadas por la ley.
Una vez otorgada, se establecerá vigilancia sobre el sentenciado para que no altere dolosamente las cosas de las que tenga posesión o no moleste a las personas que se le ordenó no hacerlo, y en caso de que ello ocurra, se procederá a hacer efectiva la garantía en favor de los beneficiarios, en los términos previstos en esta Ley, dependiendo de la clase de garantía aceptada y se comunicará de lo anterior a la Procuraduría General de Justicia para los efectos legales correspondientes, así como a la autoridad judicial que haya emitido la sentencia.
Artículo 579.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará si el tribunal ha ordenado vigilancia de autoridad sobre el sentenciado, y si así fuere, se procederá a establecer la vigilancia correspondiente en los términos ordenados, por lo que cualquier comportamiento inadecuado del sentenciado será comunicado a la Procuraduría General de Justicia en el Estado para los efectos legales correspondientes.
Artículo 580.- Una vez recibida copia de la sentencia ejecutoria, la Dirección General de Reeducación Social verificará si el tribunal ha ordenado aplicación de multa, pago de reparación de daños y perjuicios y/o publicación especial de sentencia en contra de una persona jurídica colectiva. Si así se establece, se hará la ejecución correspondiente en términos de la presente legislación para cada supuesto.
Si de la sentencia se desprende la intervención, suspensión, disolución o liquidación, prohibición para realizar determinados actos u operaciones o remoción de funcionarios, se ordenará al personal de la autoridad ejecutora la realización de los trámites correspondientes ante los tribunales del orden civil del Estado, para que en términos de la ley aplicable correspondiente, se proceda a hacer efectiva la sentencia de carácter penal.

TITULO SEGUNDO


DE LAS CAUSAS DE EXTINCION DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 581.- Son causas de extinción de la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, las siguientes:
I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;
II. Muerte del sentenciado;
III. Amnistía;
IV. Perdón del ofendido o de la persona legitimada para realizarlo, en los casos autorizados por la presente legislación;
V. Reconocimiento de inocencia; y
VI. Prescripción.
Artículo 582.- El cumplimiento de la pena, así como aquella que la sustituya, o de la medida de seguridad, la extingue con todos sus efectos.
La pena de prisión sustituida o cuya ejecución se hubiera suspendido, se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento, y en su caso, una vez transcurrido el término de la pena impuesta o del tiempo para compurgarla.
Artículo 583.- La muerte del sentenciado extingue la acción penal y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad, excepto lo relacionado con el decomiso, destrucción y pérdida de objetos, instrumentos y productos del hecho delictivo, y la reparación de daños y perjuicios.
Artículo 584.- La amnistía extingue la acción penal y la potestad de ejecutar las penas impuestas, a excepción del decomiso, destrucción de los objetos, instrumentos y productos del hecho delictivo, y la reparación de daños y perjuicios. Si aquélla no expresare su alcance, se entenderá que la acción penal y la potestad ejecutiva se extinguen con todos sus efectos, en relación con todos los responsables del hecho delictivo.
Artículo 585.- El perdón legal de la víctima u ofendidos en su caso, en los supuestos descritos en la presente Legislación, extingue la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad.
Artículo 586.- El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas por la sentencia, y procede en los siguientes supuestos:
I. Cuando la sentencia se haya basado exclusivamente en medios probatorios cuya falsedad sea declarada con posterioridad;
II. Cuando después de la sentencia se presenten documentos públicos que invaliden los medios probatorios en que se haya basado la sentencia;
III. Cuando dictada sentencia por homicidio de persona que haya desaparecido, se presentare ésta o medio probatorio pleno de que la supuesta víctima vive;
IV. Cuando dos personas hayan sido sentenciadas por el mismo hecho punible con la calidad de autores, y se demuestre la imposibilidad de que uno de ellos lo hubiere realizado; o
V. Cuando el sentenciado lo hubiere sido por los mismos hechos en dos procedimientos diversos. En este caso, será nula la segunda sentencia.
(REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)

Artículo 587.- El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de inocencia, presentará solicitud al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en el que expondrá la causa en que funda su petición, anexando los medios probatorios correspondientes o protestando exhibirlos oportunamente. Solo será admitida la prueba documental, salvo que se trate del caso a que se refiere la fracción III del artículo 586 de la presente legislación.


En la misma solicitud, designará al Licenciado en Derecho que lo represente durante el trámite del procedimiento, hasta su total conclusión.
Artículo 588.- Recibida la solicitud, el Supremo Tribunal de Justicia solicitará los expedientes relacionados y señalará día y hora para el desahogo de los medios probatorios propuestos, citando al Ministerio Público del tribunal donde se haya tramitado el expediente que dio motivo al trámite.
Artículo 589.- Desahogadas las pruebas admitidas, se pondrá el expediente a la vista del promovente para que formule alegatos por escrito; si no lo hace, se declarará improcedente la solicitud. Formulados los alegatos, se pondrán a la vista del Ministerio Público, para que los conteste en igual término.
Con respuesta o sin ella, el Supremo Tribunal de Justicia resolverá lo conducente en un término que no excederá de diez días.
Artículo 590.- Si se declara procedente la solicitud, se notificará inmediatamente a la autoridad ejecutora para que surta desde luego sus efectos legales. En caso contrario, se mandará archivar el expediente, previa notificación personal a los sujetos procesales interesados.
Artículo 591.- Por la prescripción se extingue la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad. Es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley. Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado, si por esta circunstancia no es posible ejecutar una pena o medida de seguridad.
Artículo 592.- Los términos para la prescripción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se substraiga a la acción de la autoridad, si las penas son privativas o restrictivas de la libertad, y si no lo son, desde la fecha en que la sentencia sea ejecutoria.
Artículo 593.- La potestad de ejecución de la pena de multa prescribirá en dos años y la de reparación de daños y perjuicios en cuatro años, contados a partir de la fecha en que haya causado ejecutoria la sentencia.
Artículo 594.- La potestad de ejecutar la pena de prisión prescribirá en un lapso igual al fijado en la sentencia, pero no podrá ser inferior a tres años, ni superior a veinte años. Cuando se haya cumplido parte de la pena de prisión, se necesitará para la prescripción un tiempo igual al que falte para su cumplimiento, tomando en cuenta los límites fijados en este artículo.
Artículo 595.- La potestad de ejecutar las demás penas y las medidas de seguridad, prescribirá por el transcurso de un término igual al de su duración, pero ésta no podrá ser inferior a dos años ni exceder de diez años. Las que no tengan temporalidad, prescribirán en tres años contados a partir de la fecha en que la resolución haya causado ejecutoria.
Artículo 596.- La extinción de la potestad para ejecutar penas y medidas de seguridad, podrá resolverse de oficio o a petición de la parte interesada.

T R A N S I T O R I O S :


(REFORMADO, P.O. 13 DE ENERO DE 2004)

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 16 de febrero del año 2004.


SEGUNDO.- Se abroga el Código Penal para el Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de agosto de 1994.
TERCERO.- Se abroga el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de abril de 1992.
CUARTO.- Se abroga la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado el 7 de agosto de 1994.
QUINTO.- La LVIII Legislatura del Estado de Aguascalientes, deberá realizar las modificaciones correspondientes y necesarias para la efectividad de la aplicación de la Legislación que con este Decreto se aprueba, de las siguientes normas vigentes:
a) Ley Orgánica del Poder Judicial;
b) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;
c) Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia;
d) Ley de Consejos Tutelares y de Reeducación Social para Menores del Estado;
e) Ley de Seguridad Pública para el Estado;
f) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;
g) Código Civil del Estado de Aguascalientes;
h) Código de Procedimientos Civiles para el Estado;
i) Código Electoral del Estado,
j) Ley Orgánica Municipal del Estado,
k) Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes,
l) Código Fiscal para el Estado de Aguascalientes,
m) Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes; y
Las demás leyes que resulten necesario adecuar.
SEXTO.- Se recomienda a los Honorables Cabildos de los Municipios del Estado, a realizar las modificaciones correspondientes a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, para el efecto de que incluyan como acciones motivo de sanción administrativa, aquellas que de acuerdo a la presente Legislación no se consideran delictivas, pero que pueden generar conflicto social.
SEPTIMO.- Las actividades legislativas descritas en el Artículo Transitorio Quinto del presente Decreto, se realizarán antes de la entrada en vigencia de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes.
OCTAVO.- Los trámites iniciados conforme al contenido de los códigos y ley que con este decreto se abrogan, seguirán su curso conforme a las disposiciones de la misma. No obstante, puede aplicarse la normatividad que con este decreto se aprueba, previo acuerdo general sobre situaciones específicas de orden procedimental, dictaminado por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Supremo Tribunal de Justicia y Secretaría General de Gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil tres.
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 29 de mayo del 2003.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Humberto David Rodríguez Mijangos,

DIPUTADO PRESIDENTE.


Dip. Luis Santana Valdés,

PRIMER SECRETARIO.


Dip. José Alfredo Cervantes García,

SEGUNDO SECRETARIO.

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEGISLACION.
P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2003.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 13 DE ENERO DE 2004.


UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004.


UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 27 DE FEBRERO DE 2004.


ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005.


DECRETO NUMERO 78
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005.


DECRETO NUMERO 79
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005.


DECRETO NUMERO 82
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Los artículos 20 y 23 de la legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, vigentes hasta la entrada en vigor del presente decreto, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesales o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por dichos artículos.

P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2005.


DECRETO NUMERO 85
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- El artículo 13 de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, seguirá aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia y respecto a las personas procesadas o sentenciadas por la comisión del mismo.

P.O. 15 DE MARZO DE 2006.


ARTICULO UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

P.O. 10 DE ABRIL DE 2006.


DECRETO NUMERO 80
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

P.O. 10 DE ABRIL DE 2006.


DECRETO NUMERO 153
UNICO.- El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

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