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“Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante” [Ley 62-2014]




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Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”
Ley Núm. 62 de 11 de Junio de 2014

Para crear la “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”; a los fines de crear la Junta de Apoyo para las Microempresas, los Pequeños y Medianos Comerciantes de Puerto Rico; para añadir los Artículos 8.15 y 8.16 a la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de viabilizar la concesión de permisos de uso expeditos a individuos o microempresas, pequeñas y medianas empresas para el establecimiento y operación de ciertos negocios; para enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 161-2009, supra, para requerir estudios de impacto económico regional a determinados proyectos; para enmendar los Artículos 2, 6, y 7 de la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de aumentar la reserva de compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 20%; para crear el “Programa Renta Preferencial”; para enmendar la Sección 12B de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, para establecer una reserva del 60% para las pequeñas y medianas empresas, al momento que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico otorgue dichos subsidios al sector privado; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En todo modelo de desarrollo económico, el sector de los pequeños y medianos comerciantes ejerce un rol fundamental en la creación de empleos, y en la generación de riquezas en la Isla. La importancia de este sector empresarial no sólo es un fenómeno local, sino que en una gran cantidad de países, tales como: México, los Estados Unidos y España, existe el convencimiento de que el Estado debe y tiene que formular herramientas específicas para atender las necesidades de este sector, como parte de un modelo económico sostenible. Por ejemplo, en los Estados Unidos las (Pequeñas y Medianas Empresas “PYMES”) crean una proporción de empleos de dos (2) de cada tres (3) que se generan en la Nación[1]. Dada la importancia de este sector, en los Estados Unidos se han establecido ayudas y estrategias concretas para asistir a las PYMES a enfrentar la crisis económica mundial, la cual golpea con mayor severidad al pequeño y mediano comerciante.

A esos efectos, el Gobierno Federal de los Estados Unidos, durante este cuatrienio, ha promulgado leyes más agresivas para facilitarle a las PYMES el acceso al crédito y a nuevas estrategias para exportar sus productos, proveerles acceso gratuito o a bajo costo a las asesorías, así como para garantizarles mejores herramientas para reducir las barreras regulatorias y los



[1]Barack Obama, Mayo, 12, 2011, “Presidential Proclamation-Small Business Week”.

costos de operación. Cabe destacar que el Gobierno Federal además posee una sólida política pública de reservar compras del gobierno para el pequeño y mediano comerciante.

A esos efectos, se han establecido procesos de total transparencia y rendimiento de cuentas sobre el ritmo de compras del gobierno en el sector de los pequeños y medianos comerciantes.

En Puerto Rico, este sector constantemente enfrenta los retos que suponen los altos costos de operación, la falta de acceso al crédito y al dominio de nuevas tecnologías, así como la dificultad para innovar. Mención aparte, están también los otros problemas que enfrenta este sector debido al exceso de reglamentación o procedimientos administrativos, alguno de los cuales han sido impuestos por virtud de ley.

Año tras año, los pequeños y medianos comerciantes han visto como se incumple con la “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y con las leyes que pretenden garantizarles un pronto pago. Lo anterior es de suma relevancia, debido a que la reserva de compra para las PYMES es una materia de total control e injerencia del aparato gubernamental, y sólo es necesario que exista el compromiso de cumplir con esta política pública.

El alto costo energético es otro factor que ha afectado grandemente a los pequeños y medianos comerciantes de la isla, colocando a este sector en la difícil situación de cerrar o quebrar. El pequeño y mediano comerciante, durante el cuatrienio 2009-2012, sufrió un aumento en su tarifa de luz para los periodos del 2009 al 2010, y del 2010 al 2011 de 26% y 19% puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, durante el cuatrienio 2009-2012, cerca de doce mil (12, 000) negocios de nueve (9) empleados o menos, cerraron.

Es importante para todo país que aspire a un desarrollo económico adecuado, empezar por reforzar al sector de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios. Hay que devolverle la confianza para que puedan arriesgarse, y que se convenzan que el gobierno no los va a abandonar.

Para atender las distintas necesidades que posee este sector, es imperativo proveerle herramientas inmediatas para facilitarle su operación en la Isla. Entre el ofrecimiento de medidas que esta Ley provee, se encuentran los siguientes: simplificar el marco legal para obtener permisos cuando se trate de comenzar operaciones; reforzar la política de reserva de compras del gobierno para las PYMES; incentivar la inserción del profesional y nuevo empresario en el mundo empresarial; proveerles prioridad a las PYMES en el otorgamiento de fondos discrecionales que tiene el Estado para subsidiar el pago de nómina de nuevos empleos o de empleos existentes; entre otras medidas adicionales.

La política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para lograr mejores condiciones económicas en la Isla, tiene que situar al pequeño y mediano comerciante como motor de nuestra economía, y a esos efectos, considerar todos los beneficios que pueda otorgar el gobierno para incentivar la actividad económica en la Isla, atendiendo primero a este sector.

Esta legislación constituye un primer paso, para fortalecer a este sector así como para propiciar el surgimiento de nuevas pequeñas y medianas empresas. A su vez, pretende ser la primera, de muchas otras más medidas, que se estarán formulando para ciertamente crear las bases sostenibles para el fortalecimiento de las PYMES.

En los asuntos correspondientes al área de la otorgación de permisos, esta legislación busca garantizar que la actividad económica que generan las PYMES no se detenga por asuntos relativos a la obtención de permisos gubernamentales, proceso que en ocasiones resulta ser muy burocrático y excesivo. La pieza legislativa de marras, propone enmendar la “Ley de Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” para viabilizar la concesión de permisos de carácter condicional o temporero para actividades que, de su faz, no representan riesgo para la salud, el ambiente, ni la seguridad. Con esta enmienda se persigue garantizar que un grupo significativo de pequeños y medianos comerciantes que vayan a operar un negocio que posea un permiso de uso previo, puedan comenzar a operar de inmediato, así como aquellos pequeños y medianos comerciantes que desean comenzar sus operaciones en locales vacíos que no poseen previamente un permiso de uso, pero sus operaciones constituyen un uso a tono con la calificación del lugar.

Por otro lado, conscientes de que existe la urgencia de retomar políticas públicas responsables que le permitan al gobierno hacer una debida planificación, esta medida establece los requisitos para la realización de estudios de impacto económico regional, previo a la determinación de conceder o no autorización a proyectos con considerables extensiones de pies cuadrados. Esto de forma consistente con la práctica prevaleciente en otras jurisdicciones. Véase The Informed Growth Act, 30-A M.R.S.A. § 4365, et seq.; Op. Me. Att’y Gen. 2009-04, 2009 WL 1305482 (Me. A.G. Apr. 30, 2009); Vt. Stat. Ann. Tit. 10, § 6086; In re Wal-Mart Stores, Inc., 702 A.2d 397 (Vt. 1997). Véase además Wal-Mart Stores, Inc. v. City of Turlock, 483 F. Supp. 2d 987, 1012 (E.D. Cal. 2006) ("There is no constitutional right to do business in a retailer's optimally profitable store configuration, if the resulting operation burdens environmental, traffic-pattern, economic-viability, and land-use-planning interests of the host municipality.").

Este estudio será la herramienta esencial para evaluar adecuadamente el impacto de proyectos de considerables pies cuadrados en el renglón de ventas al detal y al por mayor. Contendrá criterios objetivos para evaluar la aprobación o no de este tipo de proyectos, en virtud de criterios en los cuales toda política económica y de planificación debe centrarse.

Esta herramienta de evaluación y de información toma mayor pertinencia en Puerto Rico debido al limitado espacio para el desarrollo de proyectos de gran tamaño a causa de nuestra realidad como isla. Esta herramienta de evaluación se concentrará en una evaluación integral del proyecto propuesto para que se pueda realizar una determinación informada al momento de aprobar o no el mismo. De igual forma, mediante esta medida legislativa también se le provee al pequeño y mediano comerciante la posibilidad de beneficiarse de locales del gobierno en desuso, donde puedan establecer su negocio bajo un programa de renta preferencial.

Cabe destacar que tan reciente como el 10 de agosto de 2012, la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) expuso en los principales medios del país que posee mil seiscientas (1,600) propiedades en inventario, de las cuales un treinta por ciento (30%) está desocupado. De igual forma, existe consenso de que tales locales en desuso podrían facilitarle a los pequeños y medianos comerciantes arrendamientos bajo términos económicos favorables.

Por último, mediante esta Ley se establece una política de preferencias en los subsidios que el gobierno otorga mediante la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Seguridad en el Empleo de Puerto Rico”, la cual provee para la concesión de incentivos para el pago de éstos a las empresas.



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