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Radicado: 660001 60 00 036 2011 04761 01 Acusado: grg delito: Estafa Asunto: Confirma sentencia de primera instancia




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3. IDENTIDAD DEL ACUSADO
Se trata de GRG, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 9.860.259 de Pereira, nacido el 44 de abril de 1982 en Florida, Estados Unidos, es hijo de Martha Cecilia y Germán, de ocupación comerciante.

4. SOBRE LA DECISION QUE FUE OBJETO DEL RECURSO


  • El artículo 381 del CPP, exige que la prueba practicada en el juicio genere en el juez la convicción suficiente sobre la existencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado frente a ella. Su segundo inciso dispone que una sentencia de condena no puede fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.




  • El artículo 7º del mismo estatuto establece los principios de presunción de inocencia y de In Dubio Pro Reo, que solo se pueden desvirtuar con las pruebas que presente la FGN en el juicio oral, en aplicación de las reglas sobre necesidad de prueba que se desprenden del artículo 372 del CPP y los medios de conocimiento que enuncia el artículo 382 ídem.




  • En el presente caso, según el testimonio del denunciante, presuntamente el acusado, a través de una empresa que se dedicaba a la importación de mercancía, se comprometió a conseguirle un computador de alta gama, que en ese entonces no estaba disponible en el país, y se quedó con el dinero que consignó el señor Valencia Marín, con lo cual obtuvo un lucro indebido, ya que no se le hizo entrega del equipo acudiendo a diversas evasivas, hasta que esa compañía desapareció de su lugar de funcionamiento súbitamente.




  • El delito de estafa descrito en el artículo 246 del C.P., tiene varios componentes, los cuales vale la pena analizar en detalle haciendo uso de fuentes como la jurisprudencia y la doctrina. En ese sentido citó jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ, sobre el delito de estafa1.




  • La presunta responsabilidad del acusado se le endilgó a título de autor, por ser el representante legal de la empresa en la que la víctima supuestamente adquirió dicho equipo.




  • Se debe partir de un principio básico del derecho penal, según el cual las personas jurídicas, entre ellas las sociedades, no tienen capacidad para ser responsables penalmente.




  • En nuestro ordenamiento se tiene que aplicar el principio de culpabilidad unas de cuyas formas son el dolo y la culpa, en los casos expresamente previstos en la ley.




  • El principio de responsabilidad personal enseña que se debe responder por actos propios, es decir, que la responsabilidad debe ser individualizada y las personas físicas que se encuentran detrás de una sociedad deben responder penalmente conforme a los preceptos generales del C.P., salvo en el delito de Omisión del Agente Retenedor o Recaudador (art. 402 C.P.) por expreso mandato de la Ley.




  • Según las pruebas presentadas por la FGN se cuenta con las siguientes evidencias: i) un recibo de consignación elaborado por la víctima dirigido a “GR”; ii) el certificado de existencia y representación de la empresa de la cual era representante legal el acusado; y iii) unos extractos bancarios que introdujo una investigadora, donde se ingresa una suma de dinero a un homónimo del acusado de nombre GRD, que presuntamente era su padre, situación que no se probó en el juicio.




  • La conducta del estafador, y de la víctima, está concatenada en una serie de pasos de los que no puede prescindirse para que se configure el delito y que se deben precisar, ya que en la doctrina pertinente se ha expuesto: “al realizarse el acto de disposición patrimonial el estafador obtiene el provecho ilícito que buscaba se consuma el atentado contra el patrimonio económico sin que importe para este efecto que quien lo realice tenga capacidad jurídica para ello. El acto de disposición no es un negocio jurídico y por tanto no es necesario que quien lo realiza tenga la facultad para ejecutarlo.” 2

  • La estafa no puede presentarse simplemente en virtud de un contrato, sino que exige la obtención de un provecho ilícito que se logra a través de la inducción en error a la víctima. Al respecto citó al mismo autor referido anteriormente.




  • Los elementos expuestos por el autor citado deben concurrir necesariamente, so pena de que la conducta sea atípica o constituya otro delito, como lo expone el tratadista Gustavo Balmaceda Hoyos, en su obra “El delito de la estafa”(cita sus apartes relevantes)3.




  • Se presentan inconsistencias relevantes en el testimonio del denunciante, así: i) manifestó que en ningún momento tuvo contacto personal con el acusado, por lo cual no quedan claras las razones por las cuales lo pudo reconocer a través de fotografías; ii) dijo que quienes se encargaron de realizar la venta del equipo fueron los empleados del acusado; ii) a pesar de haber afirmado que se comunicó por correo electrónico con el señor Ramírez, no hay pruebas como registros, “pantallazos” de computador o impresiones de los mismos- que den cuenta de alguna comunicación que haya sostenido con el acusado, ni de su contenido o de las supuestas evasivas o excusas para no hacerle entrega del equipo o la devolución del dinero que entregó.




  • En consecuencia surgen dudas respecto a la responsabilidad del acusado por las siguientes razones: i) no se probó el empleo de artificios o engaños, con respecto a la compañía que vendió el computador y los servicios que prestaba, ya que se trataba de una empresa que estaba legalmente constituida como lo acredita el certificado de existencia y representación; ii) se pudo haber inducido al error a la víctima en el sentido de hacer que consignara el dinero en la cuenta de un homónimo del representante legal de dicha compañía; iii) no quedó claro quién pudo haber dispuesto de la suma de dinero consignada, y en caso de que hubiera sido ese homónimo este no fue vinculado como acusado dentro del presente juicio; iv) tampoco se estableció quién obtuvo el provecho ilícito con la conducta denunciada; y v) no existió desmedro patrimonial en la víctima, pues si bien se probó que realizó la consignación no está clara la lesividad del acto, circunscrita a una disminución cuantificable de su patrimonio.

  • No se puede tener como un hecho en contra del acusado, el poder que le otorgó a un abogado para que lo representara en una diligencia de conciliación, para considerarlo como un indicio o una manifestación expresa o tácita de la comisión del delito, como efectivamente lo señaló el defensor en sus alegatos, ya que el artículo 8º, literal D) del CP proscribe ese proceder, máxime si esa onciliación no se hizo efectiva.




  • En consecuencia, si bien podrían haber méritos suficientes para un reproche por la vía civil en términos de garantías, reembolsos o pretensiones de naturaleza contractual, esta pertenece a otra jurisdicción.




  • En el presente caso existen dudas sobre la identidad del autor de la conducta y sobre cuáles fueron las estratagemas utilizadas para hacer incurrir a la víctima en error y afectar su patrimonio económico, por lo cual no se demostró la materialidad de la conducta investigada, ni se desvirtuó la presunción de inocencia que ampara al acusado, lo que ameritaba proferir una sentencia absolutoria.

4.1 La decisión fue recurrida por el delegado de la FGN.




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