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Radicado: 660001 60 00 036 2011 04761 01 Acusado: grg delito: Estafa Asunto: Confirma sentencia de primera instancia




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ii) Que la víctima incurra en error por virtud de la actividad del sujeto agente.
iii) Que debido a esta falsa representación de la realidad (error) el sujeto agente obtenga un provecho económico ilícito para sí o para un tercero, y,
iv) Que este desplazamiento patrimonial cause un perjuicio ajeno correlativo.
El precepto además de exigir la presencia de ciertas modalidades conductuales previas a la obtención del resultado (provecho ilícito), requiere que las mismas se presenten en específico orden cronológico (primero el artificio, luego el error y después el desplazamiento patrimonial), y que entre ellas exista un encadenamiento causal inequívoco, es decir que el uno conduzca necesariamente al otro, de suerte que si estos presupuestos no se dan, o presentándose concurren en desorden, o la cadena causal se rompe, trastoca o invierte, no podrá hablarse de delito de estafa…”11.
6.6.3 Sobre el tema hay que manifestar que en decisión de esta Sala del 30 de mayo de 2018, .adoptada dentro del proceso tramitado contra Luz Mary Cañaveral Ramírez, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, por una conducta similar, se hicieron las siguientes precisiones:
... En lo que corresponde con el requisito de la inducción en error, mediante el empleo de artificios o engaños, de igual forma se debe tener en cuenta que tanto la jurisprudencia como la doctrina han establecido que el reato de estafa no puede tener ocurrencia con cualquier tipo de actos mendaces suscitados durante una relación contractual, pues se requiere que esas falacias sean aptas e idóneas para poder inducir en error a una persona del común, quien en consecuencia deberá sufrir un detrimento patrimonial. Dichos requisitos de idoneidad y de aptitud que se le exige a los actos engañosos, son resultados de la denominada teoría de la mentira eficaz, la cual, según algunos doctrinantes, se torna en una especie de línea intermedia entre las teorías del mero y simple engaño y la de la mise en scéne.
Para la Sala por mentira eficaz, debe entenderse aquella que con visos de certidumbre ha sido “tendenciosamente elaborada hacia un fin…..”12. O aquella que esta “acompañada de hechos externos que la hagan digna de crédito…”13. Razón por la que se puede colegir que no se estaría en presencia del delito de estafa en aquellas hipótesis contractuales o negóciales en las cuales los comportamientos falaces o torticeros de un tercero carezcan de la idoneidad o de la aptitud que se considere como suficiente o necesaria como para poder inducir en error o engañar a una persona del común, y en consecuencia la víctima sería la única responsable de su incuria o torpeza al incumplir con el deber que le correspondía de activar los correspondientes mecanismos de autotutela o autoprotección que estaban a su alcance a fin de evitar un perjuicio económico. En suma, se puede concluir que en aquellos eventos en los que el resultado: el detrimento patrimonial que sufrió la víctima, sea una consecuencia de su torpeza, acorde con el principio de la autopuesta en peligro o acciones a propio riesgo, proclamado por la teoría de la imputación objetiva, no puede serle imputado al accionar del sujeto agente porque si el perjudicado de manera irresponsable asumió bajo su propio riesgo cierto comportamiento que le podía generar un perjuicio patrimonial, solamente el agraviado sería el único quien deba responder como consecuencia de su incuria o negligencia...” (Subrayas Ex –texto).

6.6.4 En ese sentido hay que manifestar que precisamente uno de los argumentos centrales del fallo absolutorio de primera instancia, consistió en el hecho de que la víctima Andrés Felipe Valencia Marín no hizo ninguna negociación directa con el acusado sobre el equipo en mención, sino que esa transacción fue realizada con unos empleados de la empresa Elite Xports en esta ciudad, lo que en principio descarta la intervención del acusado como autor de la conducta punible investigada.


6.6.5 Por lo tanto, y pese a que otorga credibilidad a todas las manifestaciones del denunciante, en el sentido de que con posterioridad a la transacción tuvo comunicación con el señor Ramírez González, quien permanecía generalmente en los EE.UU, para reclamar el cumplimiento del contrato o la devolución de su dinero, fuera de que se acreditó que el acusado dio poder a un profesional del derecho para que lo representara en la audiencia de conciliación que se celebró el 26 de enero de 2012, ante la FGN, donde se le prometió el reembolso de la suma de $2.200.000, promesa que no se cumplió14, lo real es que las situaciones antes referidas fueron posteriores a la transacción que hizo el denunciante con los empleados de la firma Elite Xport (que no fueron identificados en el proceso), y por tal razón no resulta posible atribuirle al señor Ramírez González los actos constitutivos del tipo de estafa, que fueron referidos en las providencias antes citadas.
6.6.6 En ese sentido hay que manifestar que una cosa es que una persona actuando dolosamente induzca a otra en error por medio de artificios o engaños, para obtener provecho para sí o para un tercero, situación que en este evento sería predicable en principio de los empleados de la firma Elite Xports, que negociaron directamente el equipo con el afectado y otra diversa la responsabilidad penal del representante legal de esa empresa por el incumplimiento de un contrato de compraventa en el cual no intervino.
6 6.7 Sobre ese punto hay que indicar que si bien es cierto el señor Ramírez González, como representante de la compañía vendedora de ordenador estaba obligado a cumplir con la entrega del equipo, o en su defecto, con la devolución al adquirente del dinero consignado por el valor del bien, lo real es que no se le puede atribuir la realización del acto que fue denunciado, ya que el mismo delegado de la FGN, que funge como recurrente acepta que la información que recibió el afectado en las oficinas de la empresa Elite Xports de esta ciudad por parte de sus empleados, fue la que lo llevó a hacer la consignación en una cuenta de Bancolombia en la creencia fundada de que iba a recibir el bien, y al haberse acreditado que el señor Ramírez González no intervino directamente en esa negociación, la única posibilidad que tenía la FGN para demostrar su responsabilidad por los hechos era haberlo acusado como determinador de la conducta realizada por las personas que estaban bajo su mando, en el entendido de que el representante de la citada empresa hubiera tenido el propósito de estafar a sus clientes, situación que podría deducirse de actos posteriores como el cierre de sus oficinas en esta ciudad, circunstancia que no hace parte de la narrativa del escrito acusación, donde se convocó a juicio al procesado como autor del tipo de estafa, por lo cual no podría ser condenado como partícipe del hecho punible, de acuerdo al análisis realizado ya que se violaría la regla de congruencia entre acusación y sentencia, según lo dispuesto en el artículo 448 del CPP.
6.6.8 A su vez tampoco resulta aplicable al caso en estudio, el inciso 3º º del artículo 29 del C.P., que dispone lo siguiente: “También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero si en la persona o ente colectivo representado”.
Se afirma lo anterior porque la aplicación de la norma citada exige que quien actúa en alguna de esas calidades realice la conducta punible, lo que indica que se debe contar con pruebas que permitan subsumir la conducta atribuida a una persona, dentro de una norma de prohibición o de mandato, que en el caso sub examen, obligaba a la FGN a demostrar que el señor Ramírez González fue quien realizó los actos que se podían subsumir en el tipo de estafa, de acuerdo al componente descriptivo y el ingrediente subjetivo del tipo de artículo 246 del C.P., ya que las conductas atribuidas al procesado (todas ellas realizadas con posterioridad a la negociación que celebró el afectado con los empleados de la empresa que este representaba), no permiten considerarlo como autor de ese comportamiento punible, por no reunir esa calidad jurídica que fue examinada puntualmente en la sentencia CSJ SP del 2 de septiembre de 2009, radicado 29221, donde se dijo lo siguiente:
·...De acuerdo con los artículos 29 y 30 de la ley 599 de 2000, es dable identificar las siguientes formas de intervención en el delito:

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