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Reseña Legislativa




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2.- Banco del Estado.


El proyecto autoriza la transferencia, desde el fisco de Chile al Banco del Estado, de la cantidad de US$ 500.000.000 (unos $ 333.500.000.000), con el objeto, según se indica en el mensaje, de que las empresas de menor tamaño no queden excluidas del acceso a los mercados financieros; además por esta vía se proveerá financiamiento para fines habitacionales y se continuará el esfuerzo de incorporar a segmentos emergentes a servicios financieros, incluyendo la “Cuenta RUT”, del mismo Banco.
Es frecuente en nuestro país que se invoque un fin considerado apropiado o popular, para las que las iniciativas sean aprobadas sin mayor estudio. Tal es el caso de planteamientos sobre las “pyme” o sobre personas sin acceso al crédito.
El aumento de capital propuesto supone destinar dineros fiscales, esto es, de todos los chilenos, para ayudar a sectores supuestamente postergados de forma injusta, pero en la práctica significa inducir al Banco del Estado a tomar mayor riesgo financiero y más allá de lo razonable. Esta acción contradice las regulaciones y la política de control del riesgo y favorecen la estabilidad en el sistema bancario nacional; política que precisamente hoy es la que permite enfrentar la difícil coyuntura financiera internacional con un grado de solvencia del sector que distingue claramente a nuestro país.
En efecto, los bancos están sujetos a restricciones en el monto de los préstamos que pueden conceder. La legislación vigente les exige cumplir dos razones: a) Su capital básico (capital y reservas) no puede ser inferior al 3% de sus activos (entre los cuales están fundamentalmente los préstamos otorgados) netos de provisiones, esto es, no pueden efectuar préstamos más allá de 33 veces dicho capital, que constituye un límite bastante amplio; y b) mantener una relación mínima entre su patrimonio efectivo (capital, reservas y bonos subordinados) y los activos ponderados por riesgo, no inferior al 8%, que es el límite verdaderamente restrictivo. Es importante precisar que los préstamos comerciales, categoría en la que cae la generalidad de los créditos, ponderan 100%, esto es, son los que exigen más capital o provocan el mayor deterioro relativo de la razón exigida por la ley.
Según la información de la Superintendencia respectiva4, el Banco del Estado actualmente presenta una relación bajo el promedio del sistema en ambos límites. En relación con el capital básico exhibe un 3,87 %, siendo el promedio del sistema financiero de 6,68%; respecto del capital efectivo alcanza al 10,78%, frente a un 12,18% del promedio del sistema. Por lo mismo, tiene margen limitado para incrementar sus préstamos comerciales, que —como se dijo— son los más riesgosos. Sin embargo, tiene un mayor margen para otorgar otros menos riesgosos, como los préstamos hipotecarios para la vivienda.
Si bien los indicadores anteriores pudieran servir de argumento para sostener que objetivamente el Banco requiere de más capital, en la práctica el aumento no se hace tanto para que preste más, como para que sitúe en un segmento de mayor riesgo.
Ahora bien, precisado lo anterior, conviene preguntarse por qué el sector bancario privado, que es el que lidera en la economía nacional, no incrementa sus préstamos a las Pyme, toda vez que tiene amplios márgenes para hacerlo. El motivo está en que hacerlo afecta relativamente más sus índices y exige un mayor capital, el mismo que los accionistas no están dispuestos a aportar en función de un análisis de rentabilidad/riesgo del proyecto. Porque de ser rentable, no cabe duda que los agentes privados estarían dando aquellos préstamos. Como el sector privado es eficiente y ágil, las necesidades de financiamiento de las PYME más solventes actualmente ya se encuentran cubiertas, por lo que el Banco del Estado con su nueva capacidad crediticia abarcará necesariamente un segmento más expuesto al riesgo.
Por consiguiente, el discurso pro PYME esconde una decisión de inversión del dinero de todos los chilenos, proveniente de los impuestos, en un negocio en que un inversionista privado no invertiría; más bien, en el cual nadie invertiría su propia plata. Lo chilenos suelen creer que los recursos fiscales no provienen de su propio bolsillo, sino que de un ente ajeno a ellos, como es el Fisco, cuando en realidad el Estado administra los recursos de los ciudadanos.
Desde otro punto de vista, cabe considerar que con esta iniciativa el Estado termina compitiendo deslealmente con la banca privada, pues dispone de una fuente de capital obligada —los tributos— que por lo mismo no tiene que pasar el test de la rentabilidad que se exige en el mundo privado.
Finalmente, la medida también es cuestionable desde el punto de vista del riesgo del sistema financiero, que es un activo muy importante preservar. En efecto, el aumento del riesgo en los créditos, no solo afecta el patrimonio del Banco, que al final es de todos los chilenos, sino que en una caso extremo puede producir un efecto de contaminación que afecte la estabilidad y prestigio del sistema bancario como un todo. En este sentido, la primera medida equivocada, aunque se suponga de muy baja entidad y de poca relevancia en el contexto de fortaleza actual del sistema financiero, puede marcar el inicio de un rumbo equivocado, porque una medida cuestionable que se adopta sirve después de precedente para tomar otras que sean menos rigurosas, y la suma ya no será indiferente.
En resumen, la inversión que se hará en el Banco de Estado es altamente cuestionable e innecesaria, por cuanto, los bancos privados y otros agentes de crédito (como factorings, empresas de leasing, etc.) proveen todo el crédito que es necesario para las empresas, en función de un nivel de riesgo aceptable. A su vez, esos recursos tienen alternativas de inversión que son socialmente más rentables, como en educación, salud o —incluso— disminución de la carga tributaria de las personas.





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